*Una fuente del interior del Centro Penitenciario de Támara explicó a Expediente Público cómo una de las organizaciones criminales mantiene el poder absoluto dentro del lugar.
** Los detenidos tienen dentro de las cárceles armas de grueso calibre como AK-47, granadas y hasta lanzagranadas caseros.
***Las cárceles tienen una población de casi 19,464 personas privadas de libertad de las cuales el 52% están todavía sin procesar.
Expediente Público
La crisis histórica del sistema penitenciario de Honduras continúa agudizándose a gran escala en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro sin importar la puesta en práctica de algunas medidas del Plan de Intervención de Solución Contra el Crimen (SCC) dado a conocer hace 15 días.
Ahora, los agentes penitenciarios amenazan en cesar sus labores a nivel nacional si no se les dan las condiciones básicas para continuar realizando su labor.
Además, los constantes enfrentamientos armados de los pandilleros en centros penitenciarios como el de Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, evidencian el control del crimen en las cárceles y la poca intervención del Estado para solucionar el conflicto.
En el Centro Penitenciario Nacional de Támara se encuentran suspendidas las visitas desde el 14 de abril de este año, luego de que ahí y en otras tres cárceles del país ocurrieran enfrentamientos entre maras el 8 de abril.
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Expediente Público conversó con una fuente interna del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, quien pidió que su identidad fuera protegida por temor a represalias.
Presos asesinados
En este módulo de mediana seguridad, impera el crimen y nadie hace nada por detenerlo. Según denunció la fuente, el Gobierno no está cumpliendo con ninguna medida de seguridad y los pandilleros continúan haciendo de las suyas en el interior del lugar.
“Yo nunca he visto a Julissa Villanueva en Támara, ella no sabe la problemática, tiene miedo a entrar (a los centros penitenciarios)”, expresó.
Denunció que el hecho ha llegado a tal extremo que carretas que son utilizadas para transportar la comida de los reos, son devueltas con “encarretados”, es decir presos asesinados” y “nadie hace nada, porque nadie sabe quién fue”.
También aclaró que las últimas reyertas en el interior de la cárcel son producto de que la MS-13 quiere el control del centro penitenciario, puesto que estos enfrentamientos son una lucha de territorio entre esa mara y la pandilla-18.
Pandilleros armados
“Cuando uno comienza a conocer el sistema, uno escucha a los privados, algunos se van de los módulos, uno les pregunta por qué te fuiste y le dicen: es que miré armado al coordinador (líderes de la mara), ellos así siembran el temor”, relató.
“Ellos están construyendo su imperio dentro de la cárcel”, dijo evidenciando que dentro de la cárcel los pandilleros de esa mara construyen sus propios módulos.
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El pasado 2 de mayo los agentes penitenciarios anunciaron la paralización de sus funciones a nivel nacional si no se les realizaba un incremento laboral que ya se había hablado desde el 2019.
Horas más tarde la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, explicó que se les pagará a los agentes un aumento retroactivo de 1,200 lempiras (unos 48.85 dólares) a partir de enero del 2023 y también bonos extras, es decir que hasta abril los agentes recibirán 6,000 lempiras ( unos 243 dólares).
Bajos salarios
Sin embargo, de acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) el salario de un policía de rango básico en Honduras es de 8,000 a 10,000 lempiras (U$S 324.56 y US$405.69). La canasta básica en el país centroamericano es L.8,500 lempiras (340 dólares), agregando también los costos de servicios públicos y otras necesidades.
La fuente consultada por Expediente Público explicó que las condiciones en las que viven los agentes penitenciarios, por ejemplo, en Támara no son las adecuadas, puesto que además de ser pocos viven en hacinamiento.
Tampoco tienen uniformes, botas, chalecos antibalas y otros recursos básicos para realizar sus funciones, razón por la cual muchas veces se estarían vendiendo al crimen organizado para lograr remuneración de ese lado, pues con “10,000 lempiras que reciben” no se puede vivir en este país.
Coludidos
“La MS es un cartel de narcotráfico más”, indicó la fuente consultada por Expediente Público.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras, explica la figura de los “autogobiernos” o “gobiernos compartidos” de las maras en los cuales determinados reclusos llamados “coordinadores” desempeñan funciones esenciales sobre la población penitenciaria.
Dentro de las cárceles hondureñas existe tráfico de drogas, extorsión y diversos delitos graves, evidenciados incluso por las autoridades del Estado.
Durante años se ha cuestionado cómo los reos tienen a disposición armas de grueso calibre dentro de los presidios. También se ha vinculado este hecho a agentes penitenciarios coludidos con el crimen organizado.
En las cárceles se han hecho decomisos de armas de uso prohibido como AK-47, granadas, y hasta lanzagranadas caseros.
Poco recurso humano
En Támara trabajan 400 personas, entre administración, agentes penitenciarios y policías. El problema es que la población de ese centro penitenciario es de 6,000 personas y la situación en los otros 25 centros penitenciarios del país no es distinta.
La fuente del interior de Támara manifestó a Expediente Público que se han realizado reportes sobre la situación, solicitando al Estado dotar de más personal el centro asistencial, pero hasta el momento no ha existido respuesta.
Además, este medio accedió a una serie de fotografías que muestran la deficiencia de la infraestructura de la cárcel. En una de las imágenes se observa un policía penitenciario en un torreón, un espacio donde hacen vigilancia para evitar la fuga de los presos. Algunos están sin construir y para llegar a la torre de vigilancia deben de utilizar una escalera.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras: “Los establecimientos penitenciarios contarán con las condiciones necesarias para proporcionar una vida digna a los internos y el respeto de sus derechos humanos, tanto en su arquitectura como en su equipamiento. Los locales destinados a estas, especialmente los de alojamiento nocturno, satisfarán las exigencias de la higiene y salubridad en lo que a espacio, luz, ventilación e instalaciones sanitarias”.
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¿Y el presupuesto?
Julissa Villanueva reveló que el presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario para este año es de 70 millones de dólares, sin embargo, antes de poner en marcha el Plan de Intervención en los centros penitenciarios se haría una revisión para ver si este presupuesto se ha invertido de la mejor manera.
No obstante, en años anteriores se demostró que existe corrupción en los manejos de estos fondos. En el 2022 el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la vivienda de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario, Karla Patricia Pavón Bustillo, por el supuesto desvío de más de siete millones de lempiras (284,601,82 dólares).
Encima, un medio nacional investigó que mientras las Fuerzas Armadas (FFAA) estaban a cargo de los centros penitenciarios, existió un desfalco de más de 13 millones de lempiras (528, 704,32 de dólares) destinados para indemnizaciones de privados de libertad.
El estado de excepción en el cual se encuentra Honduras desde el pasado 6 de diciembre del 2022, que ha sido renovado cuatro veces, ha agudizado la crisis en las cárceles, puesto que se han realizado más arrestos y los centros penitenciarios ya se encuentran en hacinamiento.
Mitad de casos sin procesar
Según los datos del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) en las cárceles existe una población de casi 19,464 personas privadas de libertad de las cuales el 52% están en condición de procesar.
En su informe de Situación de Derechos Humanos en Honduras del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (Oacnudh) también registró que existe un 34.2 % de hacinamiento en las cárceles de Honduras.
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No obstante, el gobierno de Castro pretende construir más cárceles para aliviar la situación que según expertos entrevistados por Expediente Público anteriormente no solucionará el problema, solo mediante una verdadera política de reinserción social.
Origen es la corrupción
De acuerdo a Human Rights Watch de las Naciones Unidas, el crimen organizado también está coludido con el sistema de justicia en Honduras.
“Los jueces son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos”, evidencia.
Es por eso que reitera la importante de una misión internacional como la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) para que investigue lo que ocurre en las cárceles de Honduras.
