*Los universitarios fueron los protagonistas de las protestas antigubernamentales, pero a la fecha los líderes fueron desplazados y encarcelados.
**Las madres de los jóvenes que se enfrentaron al régimen de Daniel Ortega se han convertido en la voz de sus hijos y demás presos políticos.
***Director para las Américas de IDEA Internacional insiste en que la comunidad internacional debe cambiar su estrategia contra el régimen sandinista y perseguir a los hijos de la pareja presidencial.
Expediente Público
Lesbia Alfaro y Heydi Meza tienen una historia en común: son madres, víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; sus hijos son líderes estudiantiles que participaron activamente en las protestas antigubernamentales y están en prisión desde el pasado 5 de julio de 2021.
Los estudiantes, particularmente de las universidades públicas, fueron los principales protagonistas de las protestas de abril 2018 en Nicaragua. Se levantaron contra una impopular reforma al Seguro Social que fueron respondidas con una brutal represión que les costó la vida a 328 personas, persecución, encarcelamiento y más de cien mil nicaragüenses, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lesther Alemán y Max Jerez, respectivamente, son los hijos de estas dos mujeres que viven días terribles. Los jóvenes estudiantiles son dos de los 136 presos políticos del régimen y desde su captura sus familias no sabe nada de ellos. No se les permite verlos, hablarles o entregarles alimentos.
“Aún estén presos tenemos derecho tan siquiera de verlos como hacen por ahí en otros lugares tal vez por cámara, verlos, saludarlos, ya vos salís con eso en tu mente y tu corazón que lo viste, que está bien, pero aquí solo eso te dicen dos pomos de agua, aquí tiene comida. Pero quién me garantiza a mí que mi hijo tiene comida ahí”, denunció Alfaro, de 59 años.
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En ambos casos, como en el de otras voces disidentes que fueron encarceladas en los últimos dos meses en un contexto electoral convulso, en el que Ortega busca su cuarta reelección consecutiva, tampoco se cumple con el derecho de tener un abogado contratado por la familia. No se les ha visto en el juzgado, pero el Ministerio Público es la institución que se encarga de anunciar a través de comunicados que se les amplió el plazo de detención a 90 días a los 30 dirigentes opositores, entre ellos estudiantes, seis precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, campesinos y empresarios.
A la precandidata presidencia Cristiana Chamorro se mantiene «casa por cárcel» al ser investigada por supuesto lavado de dinero y activos, al resto de opositores se les acusa de violar la llamada «Ley de los Pueblos», por supuestamente gestionar sanciones de gobiernos extranjeros contra el régimen Ortega-Murillo por violaciones a los derechos humanos.
Lesther, el de excelencia académica
Lesther Alemán alcanzó notoriedad el 16 de mayo de 2018. A sus 21 años se convirtió en la voz de miles en Nicaragua. Con tan solo 20 años, este estudiante de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA) exigió de frente a Ortega su salida del Gobierno, en el primer diálogo nacional cuando la represión estatal ya había cobrado 76 muertos, se contabilizaban 868 heridos y 438 personas detenidas arbitrariamente, reportó la CIDH.
Exigirle la salida al mandatario centroamericano le cambió su vida, incluso la de su familia.
“Tuvimos que salir de nuestra casita, dejar todo, para andar en la clandestinidad (…) Teníamos una vida bien cómoda, en el aspecto que siempre su papá trabajaba para los dos nosotros, su papá se esmeraba en todo, que no le faltara nada”, explicó Alfaro a Expediente Público.
Cuando estallaron las protestas por las reformas al Seguro Social, Lesther Alemán era un estudiante de excelencia académica que cursaba el segundo año de Comunicación en la UCA. Tenía una beca por ese buen rendimiento.
Desde niño dio muestras de ser un excelente estudiante. Según Alfaro, Lesther siempre hacía que se sintiera muy “orgullosa como madre”.
“Cuando yo iba a las reuniones, igual desde primaria, de secundaria, siempre decían: `que se ponga de pie la mamá de Lesther Alemán’. ¡Qué orgullo para mí como madre!”, recordó Alfaro.
A la edad diez años, Lesther participó en actividades religiosas. “Él anduvo sirviéndole al Señor en las iglesias adventistas, anduvo de misionero en Jinotega, la zona del Atlántico, anduvo con misioneros que vinieron de Puerto Rico. En mi barrio él siempre era el presidente de jóvenes a nivel nacional”, rememoró su mamá.
Max Jerez: El “profesorito”
Max Jerez es hijo único, amante de la música y un estudiante de excelentes calificaciones. A la edad de ocho años formó parte de “Música en los barrios”, un proyecto que promovía el acceso de los niños y niñas a estas artes.
“Aprendió a tocar muy bien la flauta, estudió violín, guitarra, piano, incluso estuvo dando clases en el barrio y muchos le conocían como el ´profesorito´ porque daba clase a niños en el barrio”, recordó su mamá Heydi Meza Torres, de 66 años, en entrevista con Expediente Público.
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Después de bachillerarse entró a la UCA para estudiar la carrera de Contaduría Pública, pero después de seis meses lo dejó. Intentó sin éxito estudiar Ciencias Religiosas y Pastorales, incluso quiso ser sacerdote, pero no lo aceptaron en el Seminario por ser “hijo único”, así que desistió y empezó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), uno de los principales bloques de las protestas que estallaron hace tres años.
“Fue un cambio radical, completamente diferente, él cursó hasta su segundo año. En 2018 estaba en tercero y ya no lo pudo terminar, ni pudo seguir estudiando”, afirmó Meza Torres.
Arrestos de noche
Cuando el estallido social de abril de 2018, ambos jóvenes se involucraron en las protestas, pese a que sus mamás les rogaron que no lo hicieran. A Lesther eran constantes las amenazas de fanáticos sandinistas después de su discurso contra Ortega en el diálogo nacional, y ese mismo año tomó la decisión de exiliarse en Estados Unidos.
Después de un año retornó para incorporarse en la lucha, porque anhelaba ver una Nicaragua diferente en democracia. “Cuando él se regresó le dije ay hijo te van a echar preso y no sé qué va a ser de vos y siempre, (pero) él siempre firme”, dijo Alfaro.
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Max no se exilió, pero desde mayo de 2018 que le dijo a su madre que se incorporaba de lleno en la lucha cívica, jamás volvió a su casa.
“Ya en mayo, me dice yo me voy a ir y le digo ‘ay Max no te metas, te vas a frustrar tu vida, tu futuro’, pero me dijo me voy”, recurdó Meza Torres.
El pasado 5 de julio de 2021, ambos jóvenes fueron “secuestrados” por las fuerzas policiales del régimen. Alfaro vio cuando se llevaban a su hijo minutos después que regresaron a su casa por unas “cositas” que él necesitaba.
“Me lo arrebataron de mis manos, secuestrado, porque no te dan ninguna explicación (…) Cómo vas a creer que llegan hasta seis, siete móviles, aparte de motorizados, los antimotines como que van a sacar a un asesino, no sé ni cómo explicarme, expresarme, como un delincuente de primera, o como un narco, así te sacan”, relató Alfaro el arresto de su hijo, de noche y sin orden judicial.
Cuando lo montaron a la patrulla todavía alcanzó a escuchar: “Madre sea fuerte, porque Cristo vence pronto, entonces, él mantiene una fe y yo confío que Dios me lo va a guardar, porque Dios es fiel”.
Antes de ser detenido Lesther aseguró estar preparado para dos escenarios “cárcel y muerte”, incluso mencionó que había preparado a su familia pensando en esos dos escenarios.
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“Me decía ‘mamá tienes que ser fuerte por lo que nos venga, tenés que ser fuerte, usted sabe’, me decía que ‘aquí es vencer o morir’, igual a sus hermanos, incluso él llamó a su papá (…) Yo hoy en día como madre no sé ni qué pensar desesperada, porque no sé qué le pueden estar haciendo, no sé, pero Dios me da la fuerza, porque también soy una mujer de Fe, gracias a Dios soy conocedora del nombre de Dios”, dijo Alfaro.
Sin poder regresar a Nicaragua
El pasado 16 de julio, la familia del líder estudiantil sufrió otra embestida del régimen cuando le negaron el ingreso a Nicaragua a Lesther Javier Alemán, padre del joven que increpó a Ortega, pese a que es un ciudadano nicaragüense que “no ha renunciado a su país” y a su “nacionalidad”.
Dos personas vestidas con uniforme militar, dos agentes policiales y personal de migración lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y le dijeron que era “orden de arriba”, según relató a su esposa.
“Hay orden desde arriba que no podés ingresar a este país, pero decime por qué. ¿Que no sabés lo que hizo tu hijo? Entonces, él le dijo: Él no ha matado a nadie. Ha desestabilizado este país, ha querido dar golpe de Estado (le dijeron). Y él le dijo: ¿Qué poder tiene mi hijo que vos me estás diciendo que quiere dar golpe de Estado? Si es un chavalo, es estudiante y quien lo mantiene soy yo. ¿De dónde él va a tener esa potencia para dar un golpe de Estado aquí en Nicaragua?”, denunció.
Ese mismo 5 de julio, Max se comunicó con su madre unas horas antes de que lo arrestaran. “Mamá, ‘creo que hoy me detienen, está rodeada la casa, hay gente motorizada vestida de civil, me imagino que están esperando solo la orden para venirme a llevar. Cuídese’, recordó las palabras del joven estudiante.
Desde entonces, ambas mujeres no dejan de ir a la Dirección de Auxilio Judicial, la cárcel conocida como “El Chipote”, ubicada al Sur de Managua, la capital, para intentar tener noticias de sus hijos.
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“Mi vida cambió completamente porque desde el 13 de mayo (2018) que se fue él, pasé mucho tiempo sin verlo, ni sabía dónde estaba, en qué casa de seguridad (estaba). Solo me comunicaba (con él) por teléfono. Me enfermé mucho, las preocupaciones me afectaron y hasta la fecha no estoy muy bien de salud”, dijo Meza Torres a Expediente Público.
La vida les cambió tan drásticamente desde 2018 que hoy son una “familia dividida”, ya que desde entonces Máximo Jerez se distanció de su hijo Max. “Su papá piensa diferente y no lo apoya en nada, como dicen, mi hijo murió para mí. A la fecha él no pregunta nada de Max, no existe Max”, dijo Meza Torres con voz entrecortada.
A esta madre ahora se le ve públicamente gritar por la liberación de su hijo y los demás presos políticos. “Yo soy la voz de mi hijo”, aseguró.
Ser estudiante en Nicaragua
En el contexto de las manifestaciones un total de 150 estudiantes fueron expulsados de instituciones educativas como represalia por su participación en las protestas sociales, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al 14 de julio de 2021, el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró un total de 136 nicaragüenses en las cárceles del régimen que fueron detenidos en el contexto de las protestas, y diez que están en prisión desde antes del estallido social.
Al menos 109 de los presos políticos se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, y el resto se presume están en la Dirección de Auxilio Judicial.
En la lista están otros estudiantes universitarios detenidos durante y posterior a las protestas, entre ellos John Christopher Cerna Zúniga y Kevin Roberto Solís de la UCA, y Kevin Antonio Zamora Delgado que cursaba quinto año de secundaria.
Los malos tratos a personas presas políticas han variado a lo largo del tiempo, en el último periodo se conoció de un aumento en los hostigamientos a encarceladas y a sus familiares, sostuvo el Mecanismo en su más reciente informe.
“Estos hostigamientos consistieron en vigilancia policial y parapolicial fuera de viviendas de personas excarceladas y familiares”, recoge el documento.
Jóvenes perseguidos
Organismos internacionales de derechos humanos han documentado que como consecuencia de la crisis social y política, más de 108 mil nicaragüenses están en el exilio.
Entre los desplazados se encuentran estudiantes que fueron los rostros visibles de las protestas sociales como Edwin Carcach, Byron Corea Estrada y Nahiroby Olivas, quienes salieron de Nicaragua para evitar ser encarcelados nuevamente. Ellos estuvieron en las cárceles acusados de terrorismo por ser líderes de las manifestaciones antigubernamentales entre 2018 y 2019, siendo liberados a través de la polémica Ley de Amnistía.
Nahiroby Olivas, un joven originario de León, en el occidente de Nicaragua, estuvo preso nueve meses y 16 días, se vio obligado a exiliarse y después de permanecer estudiando en Colombia, donde no le renovaron visa, partió a Estados Unidos, donde solicita asilo.
Por su parte, Edwin Carcache fue liberado el 11 de junio de 2019, después de permanecer casi un año preso.
El pasado 6 de junio de 2021, el expreso político Byron Corea Estrada informó que tomó la decisión de exiliarse debido a las amenazas y el asedio que sufría su familia a quien la Policía allanó su casa.
Otros líderes estudiantiles como Amaya Coppens, también sufrió la cárcel hasta 2019. Ese mismo año, el 14 de diciembre de 2019, fue detenida junto a otras 15 personas defensoras de derechos humanos cuando llevaban agua a las madres de presos políticos que estaban en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, siendo liberada el 31 de ese mismo mes.
Acabar con la “dictadura familiar”
El régimen excarceló a más de 700 personas presas políticas entre 2018 y 2019, pero la intensa jornada de hostigamiento, asedio y persecución se ha acentuado en el proceso electoral del 2021.
La Organización Víctimas de Abril (OVA) no ve una salida “mágica” a la crisis sin que los principales liderazgos de la oposición nicaragüense se replanteen la situación de violación de derechos humanos, principalmente en el contexto de las elecciones.
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El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), un evento virtual el 28 de julio, analizó el comportamiento cada vez más autocrático de Daniel Ortega en Nicaragua y cómo la comunidad internacional puede continuar manteniendo la presión por ayudar a restituir la democracia.
El director para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), Daniel Zovatto, analizó que en este momento la comunidad internacional debe repensar los mecanismos de sanciones impuestos contra el régimen nicaragüense.
“Además de ir a Ortega, además de ir a Murillo, además de ir al grupo de apoyo de soporte, vayamos con la familia, vayamos con los hijos, vayamos a investigar todos y cada uno de los activos que tienen basados en la corrupción, dónde los tiene, tratemos de incautarle, congelarle esos bienes, hagámosle la vida imposible”, señaló Zovatto en el foro.
Enfatizó que se deben diseñar nuevas medidas que “le duelan a este tipo de autoritarismo”, donde Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y América Latina deben ejercer más presión.
“El balance le está siendo positivo de momento a Ortega, está sintiendo, no es totalmente impune, pero en realidad las acciones que se han venido tomando, las sanciones que se le han venido aplicando a él y a su círculo íntimo” no han logrado ser efectivas, advirtió Zovatto.
La activista Bianca Jagger, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger, también participó en el evento y externó que los “secuestros” perpetrados por el régimen son parte de una “estrategia maquiavélica” concebida por Daniel Ortega y Rosario Murillo para evitar celebrar elecciones democráticas y libres.
“El régimen está utilizando su sistema judicial como un instrumento de represión en contra de la población. La gente está siendo secuestrada y la única explicación para estas acciones del régimen se encuentran en los comunicados de prensa de la Fiscalía, que hacen referencia a las leyes represoras donde no tenemos acceso a esos archivos y los abogados no tienen acceso a esos archivos ni medios para defender a sus clientes”, expuso Jagger.
