*El régimen de Daniel Ortega rechazó el ingreso al país de una Comisión, integrada por activistas y diputados de Argentina, Costa Rica, México, Brasil, República Dominicana y Panamá, quienes pretendían verificar in situ la situación de presas y presos políticos de Nicaragua.
Expediente Público
Desde horas de la madrugada de este viernes 8 de julio salió del Parque La Democracia, de San José, Costa Rica, la histórica caravana “300 km de Dignidad”, promovida por la Comisión Internacional por la Vida y Libertad de las personas presas políticas en Nicaragua, integrada por miembros de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de la izquierda de América Latina.
Expresos políticos y madres de nicaragüenses asesinados en las protestas de 2018, en el exilio, acompañaron a los miembros de la Comisión en buses y microbuses hasta la comunidad de La Cruz, provincia de Guanacaste, a 20 kilómetros de la zona fronteriza de Peñas Blancas. En ese lugar, realizaron una ceremonia simbólica para recibir el apoyo solidario de miembros del Movimiento Campesino, también en el exilio, quienes se unieron a la exigencia de libertad.
Sin embargo, la Comisión Internacional en la que participaron alrededor de 300 personas, bajo el apoyo de la Liga Internacional Socialista, no logró ingresar al país y cumplir su misión, pero aseguran que ha sido “un primer paso”. Los activistas provenían de Argentina, México, Costa Rica, Brasil, Panamá y República Dominicana e incluía a 9 parlamentarios.
Mariano Rosas, de nacionalidad argentina y coordinador general de la Comisión, confirmó a Expediente Público el cierre de la frontera de Nicaragua con la presencia de militares, policías e incluso francotiradores.
“Cerraron la frontera con Costa Rica ante nuestra presencia, y la policía migratoria de Costa Rica nos planteó que no estaba en condiciones de garantizar nuestra seguridad”, agregó.
Por otro lado, Rosas señaló que no había expectativas de que el gobierno de Daniel Ortega pudiera tomar una decisión diferente. Consideró que su discurso es contradictorio, al no permitirles el ingreso aun cuando se identifican como una organización de izquierda e independiente de injerencia extranjera. Sin embargo, la iniciativa de llegar hasta la frontera fue “una decisión acertada” porque pusieron en agenda la situación del país, confirmó.
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Casi 200 personas privadas de libertad
El objetivo de la campaña era exigir la libertad y verificar la situación de 190 presos políticos nicaragüenses, algunos con varios años bajo arresto y con condenas de entre 8 y 13 años de reclusión. En su mayoría han sido declarados culpables por el supuesto delito de “conspiración para el menoscabo a la integridad nacional”, una de las leyes represivas aprobadas en diciembre de 2020 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Las constantes denuncias de familiares de presos políticos por su mal estado de salud, aislamiento, incomunicación y demás tratos inhumanos dentro de las cárceles han alarmado a la comunidad internacional. Esto originó la iniciativa de esta Comisión Internacional, cuyos integrantes viajaron hasta San José para luego hacer el recorrido por tierra hacia suelo nicaragüense.
“Ortega, por más que no nos deje entrar, no nos puede tapar los ojos, ni callar nuestra voz, así que hoy más que nunca vamos a hacer ver lo que está pasando, que es gravísimo, hasta que caiga esta dictadura”, agregó en conferencia de prensa Luciana Echeverría, legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), del Frente de Izquierda Unidad, de Córdoba, Argentina.
Según declaraciones de representantes de la Comisión Internacional, el operativo descomunal de más de 300 militares que les impidió el paso a la oficina de Migración de Nicaragua, y el despliegue policial de las últimas 24 horas en la frontera, confirma sus denuncias de abusos contra la población civil.
Dichas acciones fueron vistas como “una actitud intimidatoria, amenazante de la dictadura, frente a una Comisión Internacional que tiene un propósito humanitario” denunció Rosas, en conferencia de prensa en la frontera con Costa Rica. “Un régimen dictatorial que no hace más que darnos la razón”, reiteró.
Por su parte, Pablo Almeida, legislador de la ciudad de Buenos Aires (IS-FIT Unidad) Argentina, manifestó que el “régimen dictatorial Ortega Murillo” está confirmando que en Nicaragua se están violando los derechos humanos.
“Si no nos permiten acercarnos a un puesto fronterizo, y si han hecho semejante acto de hostigamiento y no nos dejan ingresar es porque hay un motivo político y es que nosotros, visitando a los presos, confirmaríamos lo que venimos denunciando” afirmó.
Almeida, en conferencia de prensa previo a la caravana planificada por meses, y de la que no recibieron respuesta por parte del “régimen dictatorial”, aseguró que no existía ningún impedimento legal para ingresar al país.
Para el activista es evidente, al bloquear su ingreso, “que el régimen dictatorial de Ortega, quiere ocultar lo que verdaderamente está sucediendo en su país con las violaciones a los Derechos Humanos”.
La Comisión aseguró que no será disuelta luego de salir de Costa Rica y que seguirán activando a favor de los presos políticos y los derechos humanos en Nicaragua.
