* Testimonio del líder de los Cachiros, Devis Rivera, en juicio contra exdiputado Midence Oquelí Martínez muestra que el crimen organizado apuesta por sobornar a toda la clase política de izquierda a derecha.
** Exagente de la DEA considera sospechoso que el Gobierno de Honduras cancelara tratado de extradición en el contexto de nuevas revelaciones en tribunal de Nueva York.
*** La eliminación del tratado de extradición por parte del gobierno hondureño podría derivar en sanciones económicas y políticas por parte de Estados Unidos.
Sharon Ardon / Expediente Público
El nuevo testimonio del exlíder del cártel “Los Cachiros” Devis Leonel Rivera Maradiaga y un video filtrado en un juicio por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York revela cómo grupos criminales infiltran las estructuras políticas en Honduras.
En la transcripción oficial del video presentado durante la audiencia probatoria celebrada el 12 y 16 de diciembre de 2024 contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, Rivera aseguró que el grupo de narcotraficantes “Los Cachiros” sobornaba a líderes de los principales partidos.
Rivera mencionó en la audiencia contra Martínez, acusado en Nueva York por narcotráfico, a miembros del Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) e incluso al Partido Anticorrupción (PAC).
“Lo que nos abre el testimonio del Cachiro en la audiencia de Oquelí es precisamente (…) que el narcotráfico no tiene partidos políticos, sino que funciona más por una cuestión territorial en búsqueda del poder”, dijo a Expediente Público Óscar Estrada, escritor, abogado y periodista hondureño.
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“Irnos a una votación con una sola melcocha (mezclar a todos) de Libre, Liberales, de PAC” menciona en el video al entonces diputado del Partido Liberal, Fredy Nájera.
El encuentro grabado en secreto por Rivera ocurrió en enero del 2014 y evidencia una reunión que tuvo con Juan Ramón Matta Waldurraga (hijo del capo hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros), y los entonces diputados, Midence Oquelí y Víctor Sabillón.
En el contexto de esa reunión es relevante como los narcotraficantes afirman que consolidaron una estrategia alrededor del empresario y político del Partido Liberal, Yani Rosenthal, además dejan entrever la intención de posicionar a Óscar Nájera como presidente del Congreso Nacional en el 2014.
Finalmente, Nájera no fue electo para presidir el Congreso en 2014, cargo que ocupó Mauricio Oliva, también del Partido Nacional.
“Queremos alguien que sea amigo, que tenga un carácter conciliador, alguien con el cual podamos platicar (…), que le pidamos un favor para un correligionario, y aquí el único que reúne los requisitos es don Óscar Nájera”, se lee en la transcripción. Sin embargo, Nájera no fue electo.
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¿De qué se le acusa a Martínez Turcios?
La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa al exdiputado hondureño del Partido Liberal, Midence Martínez, de conspiración para importar cocaína, uso de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para su utilización.
Carolina Meléndez, investigadora jurídica hondureña radicada en Estados Unidos y testigo en el caso, compartió con Expediente Público pormenores de la audiencia.
Meléndez expuso que tras su apoyo al brindar información del caso a los medios hondureños fue blanco de una campaña de desprestigio y amenazas por simpatizantes del actual partido en el gobierno, Libre.
La investigadora jurídica detalló cómo Devis Leonel Rivera, exlíder de “Los Cachiros” en su testimonio señaló a Martínez Turcios de participar directa e indirectamente de al menos siete asesinatos.
De acuerdo con Meléndez, Rivera detalló que Martínez Turcios colaboraba con la estructura criminal dando información para cometer los homicidios, además, afirmó ser testigo de cómo él mismo torturaba a algunas de las víctimas.
Las actividades de colaboración entre Martínez Turcios y los Cachiros en el narcotráfico implicaban el uso de pistas clandestinas en los departamentos de Olancho, Yoro, Atlántida y Copán, donde se realizaban los traslados de drogas por lanchas, camiones y aviones.
Infiltración narco al más alto nivel
El testimonio de Rivera Maradiaga dio a conocer también cómo Martínez Turcios utilizó su posición como diputado en dos periodos (2010-2018) para proteger y facilitar el trasiego de droga.
Se detalló el uso de carros blindados con placas del Congreso Nacional en actividades del narcotráfico.
El documento del testimonio del Cachiro sostiene que el exdiputado Midence Martínez reveló información del Gobierno de Honduras, la policía militar y de inteligencia para evadir los retenes contra el tráfico de drogas.
Además, Rivera relató que Martínez Turcios, con su experiencia militar y el conocimiento sobre la Policía Nacional, utilizaba indumentaria militar para entrenar sicarios de la Mara Salvatrucha MS-13 para proteger los cargamentos de drogas.
Sobornos a políticos
Durante el interrogatorio, el Cachiro confirmó que se sobornó a políticos hondureños miembros de los partidos Liberal, Nacional y Libre.
Para la investigadora Meléndez, los narcotraficantes en Honduras están dispuestos a sobornar a los políticos sin importar el color o partido al que pertenezcan.
Cachiro, testigo clave
Rivera Maradiaga empezó a colaborar con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desde 2013, y grabó videos de reuniones con políticos y figuras vinculadas al narcotráfico utilizando dispositivos ocultos en botones, gorras y relojes.
Un video publicado por Insight Crime muestra una de esas reuniones de narcotraficantes negociando sobornos con Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional quien renunció al cargo tras esa publicación.
El diputado salió de Honduras el 25 de octubre del 2024 y desde entonces se desconoce su paradero, es cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
Carlos Zelaya es hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien también es vinculado en el narco video.
El 26 de junio de 2024, el Ministerio Público de Honduras abrió una investigación donde pedía presentarse a declarar a Carlos Zelaya y otras 30 personas.
Asimismo, ante la presión generada por este caso y las revelaciones sobre vínculos entre exdiputados y actuales legisladores de los tres principales partidos políticos con el narcotráfico, el MP envió una comisión de fiscales a la audiencia en Nueva York para profundizar las investigaciones.
Sin embargo, para los investigadores fue innecesario y un gasto para el Estado de Honduras porque la audiencia fue de dos días y las transcripciones de las pruebas las pudieron obtener desde la Corte estadounidense.
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Eliminación de tratado de extradición
Para Mike Vigil, exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) es «curioso” que 19 días después que Martínez Turcios se declarase culpable de conspiración para traficar drogas, el gobierno hondureño eliminará el tratado de extradición con Estados Unidos. Eso fue el 28 de agosto del 2024.
“El Gobierno actual estaba buscando una excusa para anular el tratado de extradición, porque ya estaban saliendo nombres que iban a afectar a la familia presidencial (Zelaya)”, señaló Vigil a Expediente Público.
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Además, el exagente de la DEA recordó que inicialmente el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales negó públicamente que se eliminaría, pero terminaron anulando el tratado de extradición “al momento que iba a tener impacto en contra de ellos».
Vigil advirtió sobre las posibles repercusiones entre el Gobierno de Honduras y la relación con Estados Unidos con un presidente tan “radical” como Donald Trump, quien asume el 20 de enero.
“Esto puede causar muchas consecuencias a Honduras” indicó, como el impuesto en las remesas o aranceles a las importaciones a Estados Unidos como se está anunciando, porque causaría daño a la económica hondureña.
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Repercusiones internacionales
La investigadora Meléndez coincidió en que terminar con el tratado de extradición “ha golpeado las relaciones con Estados Unidos (…) y que las expectativas que vienen con la administración de Trump son diferentes porque viene con todo para lograr restablecer ese acuerdo”.
El congresista republicano Marco Rubio, quien asumirá el 20 de enero como secretario de Estado de Estados Unidos, expresó su descontento por la medida de la presidenta Castro.
Meléndez advierte que podría no renovarse el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los hondureños, aprobado en enero de 1999 tras el Huracán Mitch y vigente hasta el 5 de julio de 2025.
“Este Gobierno no tuvo la capacidad de sentarse con las autoridades estadounidenses para negociar un nuevo TPS”, lo que podría provocar la deportación de al menos 38 mil hondureños que se benefician de ese programa.
La investigadora proyecta que “sí Trump ve que Honduras no tiene la disposición de negociar y retomar lo del tratado de extradición lo que va a hacer es sancionar y deportar” migrantes hondureños.
Revelaciones continuarán
Durante la audiencia contra el exdiputado Martínez Turcios, su abogada Kristen Santillo intentó presentar audios y transcripciones como pruebas, pero el juez Lewis Kaplan las desestimó debido a la ausencia de traducciones certificadas.
Mientras la fiscalía volvió a interrogar al Cachiro sobre la participación de Martínez Turcios en los asesinatos y otros cargos, cuya respuesta siempre fue afirmativa.
La última pregunta que le hizo fue si el acusado hondureño colaboró en el transporte de drogas con el apoyo de otros políticos y cerraron el testimonio con el “sí” de Rivera Maradiaga.
“Me llamó la atención cuando cerró con esa pregunta (el fiscal): ‘¿contaban con la colaboración de otros políticos?’ como en suspenso, como la historia continuara”, señala Meléndez.
Además, la fiscalía de Nueva York anunció que aportará evidencias relacionadas con los casos de otros narcotraficantes hondureños para fortalecer las pruebas contra Martínez Turcios.
La sentencia está programada para marzo de 2025.
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“Una guerra que no se puede ganar”
Carlos Estrada critica que en Honduras “el sistema de persecución penal y la Corte Suprema de Justicia no da las condiciones para una persecución real de narcotráfico”.
Estrada desconfía del actual Ministerio Público por la forma en la que fue electos (los fiscales) y por algunos procesos judiciales que le parecieron sumamente politizados y “no por una persecución judicial correcta”.
Por ejemplo, los casos que se reabrieron corresponden a la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Sin embargo, la desconfianza es mayor sobre la Corte Suprema de Justicia.
“Veo que es una Corte Suprema favorable a ciertos grupos de narcotraficantes que podrían estar muy contentos de tener esta Corte”, aseguró.
Para Estrada, la lucha contra el narcotráfico en Honduras parece una batalla perdida.
“Estoy convencido de que es una guerra que no se puede ganar; podríamos morir todos en este país y el narcotráfico seguiría existiendo”, dijo.