*El sábado 26 de marzo se registraron 62 homicidios, el día más violento en El Salvador desde el fin de la guerra civil hace tres décadas.
**A petición del presidente, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que restringe cuatro derechos constitucionales. La medida generó críticas y preocupación de opositores y defensores de Derechos Humanos.
Expediente Público
El Salvador amaneció el domingo bajo régimen de excepción -estado de emergencia- y el gobierno de Nayib Bukele suspendió algunas garantías constitucionales tras una inusual ola de violencia el sábado que quedó marcado como el día más violento desde el fin de la guerra civil, hace tres décadas.
La Asamblea Legislativa -a iniciativa de Bukele- aprobó la madrugada del domingo un régimen de excepción que restringe por 30 días los derechos de libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas -lo amplia a 15 días- y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.
La medida entró en vigencia el mismo domingo 27, según anunció Bukele, quien sostuvo que “las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuándo sea necesario. Para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal”.
Bukele anunció que los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., “pueden seguirse realizando normalmente”.
“A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, advirtió el mandatario.
El Viernes, la policía salvadoreña contabilizó 14 homicidios, un número considerado alto desde que Bukele asumió el poder en 2019. Pero el sábado 26 de marzo se desató una ola de violencia totalmente inusual: 62 homicidios, el número más alto que registran las autoridades salvadoreñas desde el fin de la guerra civil en 1992. El número superó el récord de 2015 cuando hubo 53 homicidios en un día durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén ahora exiliado en Nicaragua.
“Desde ayer (viernes), tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás, financiando esto”, escribió Bukele en sus redes sociales.
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La noche del sábado 26 de marzo se anunciaron capturas de algunos cabecillas de pandillas que las autoridades señalaron como responsables de haber dado las órdenes de los homicidios.
También se intensificaron los retenes policiales y militares y hubo extensos operativos en zonas de alta incidencia delincuencial. En las carreteras de acceso a San Salvador podían verse también retenes militares.
“Ningún terrorista implicado en esta ola de violencia contra el pueblo salvadoreño quedará impune. Los sacaremos de las calles y los pondremos tras las rejas. A los pandilleros solo les toca el cementerio, cárcel o la cama de un hospital. ¡El Estado se Respeta!”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien personalmente participó en algunos de los operativos.
Al menos 170 personas habían sido detenidos hasta el mediodía del domingo, como sospechosos de participar en la ola de violencia y otros delitos como extorsión o tenencia ilícita de armas.
Bukele también ordenó la mañana del domingo emergencia máxima en todos los recintos carcelarios de seguridad y máxima seguridad, la prohibición de visitas y que los pandilleros presos salieran a los patios.
El Salvador sufre de la violencia de pandillas desde hace un cuarto de siglo y los últimos tres gobiernos han sido criticados por supuestos treguas con las cúpulas de las pandillas a cambio de una reducción de homicidios.
Estados Unidos y El Salvador han calificado a las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha y Barrio 18 como “grupos terroristas”.
Las críticas
El debate legislativo no estuvo carente de críticas de parte de los diputados opositores. Tres legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) votaron a favor del estado de excepción. El izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN) se abstuvo de votar.
“No conocemos cuál ha sido el éxito del Plan Control Territorial porque nunca se ha divulgado. Ahora recurre el presidente a la Asamblea Legislativa para tratar de justificar algo que se le fue de las manos”, dijo René Portillo Cuadra, el jefe de la bancada de ARENA.
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Sin embargo, Portillo Cuadra anunció que “vamos a contribuir desde nuestra fracción legislativa para que haya una herramienta jurídica más del combate a la delincuencia. Sin embargo advirtió que “este régimen de excepción es importante, pero es insuficiente”.
Su compañero de partido, Francisco Lira, quien también votó a favor, dijo que “el decreto del Régimen de Excepción no es la solución del problema”.
“El Gobierno debe transparentar los cientos de millones de dólares aprobados para el plan control territorial y además, del régimen de excepción se debe de extraditar a los pandilleros reclamados por la justicia de Estados Unidos. Solamente se necesita voluntad política del oficialismo ¿Para cuándo?”, sostuvo Lira.
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Estados Unidos ha pedido en extradición a cuatro de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) pero el gobierno salvadoreño se ha negado a esa petición.
La diputada opositora Claudia Ortiz, quien no asistió a la sesión de la madrugada del domingo por tener diagnóstico positivo de Covid-19, también cuestionó -desde sus redes sociales- la política de seguridad de Bukele.
“¿Cuándo empieza el control territorial? ¿Cuándo empieza las extradiciones de criminales solicitados por Estados Unidos? ¿Cuándo empiezan las víctimas de la violencia social a recibir justicia?
Este día de luto no salió de la nada. Esto ya había pasado. ¿Cómo es que nada ha cambiado?”, cuestionó Ortiz.
Cacería, pena de muerte, guerra contra pandillas
Funcionarios del gobierno salvadoreño escribieron en sus redes sociales expresiones altisonantes sobre la situación de violencia tras el anuncio del régimen de excepción, generando críticas y preocupación.
“Hoy sí, yo creo que ya no van a alcanzar a llegar a un penal. Guerra contra las pandillas”, escribió el director de Centros Penales en su redes sociales, Osiris Luna, uno de los funcionarios salvadoreños incluidos en las sanciones estadounidenses por corrupción.
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Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, tuiteó: “Cacería… El Estado y la vida de los salvadoreños se respeta. Adelante PNC y Fuerza Armada”.
El diputado del oficialista partido GANA, Guillermo Gallegos, aprovechó el debate legislativo de la madrugada del domingo para promover una reforma constitucional que restablezca la pena de muerte en El Salvador.
“Yo estoy convencido que el problema de las pandillas o terroristas, como fueron declarados por la Sala de lo Constitucional en su momento, para mí en lo personal la única manera de acabar con las pandillas es acabando de una vez con todos y cada uno de ellos aplicándoles la pena capital”, dijo Gallegos.
Expresiones como esas generaron preocupación por parte de defensores de Derechos Humanos y activistas de la Sociedad civil.
“Es alarmante el discurso de funcionarios de alto nivel refiriendo estas medidas como una caceria o anticipacion de ejecuciones extrajudiciales. El sinsabor que queda en el ambiente, en medio de la ya tradicional publicidad gubernamental, es que se busca quien pague y no quien o quienes realmente son responsables se esta nueva ola de violencia”, dijo Celia Medrano, defensora de Derechos Humanos, en declaraciones a Expediente Público.
Medrano recordó que el último Estado de Excepcion en el pais aprobado en el 2020 en el marco de la pandemia fue declarado inconstitucional.por la sala de los constitucional de la CSJ.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dijo la mañana domingo en conferencia a medios salvadoreños “que un fiscal general hable de cacería y no tener piedad muestra la lógica en la que enmarca el desempeño de su cargo. Son palabras terribles para el Estado de derecho”.
La Procuraduría de Derechos Humanos, en un comunicado divulgado la noche del sábado expresó su preocupación y condena por la ola de violencia y reconoció los esfuerzos de las autoridades para la prevención y erradicación de la violencia.
El domingo, el procurador Apolinio Tobar anunció que había dado instrucciones a procuradores específicos y delegados departamentales, “a efecto de estar atentos y vigilantes del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
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Un último recurso
Para Celia Medrano, “un estado de excepcion y toque de queda deben ser siempre el último recurso”.
“En este caso, no se han agotado medidas previas y si bien no menos de 70 homicidios en 48 horas indiscutiblemente es una situacion alarmante, el recurrir a una medida extrema cuestiona la capacidad estatal de controlarlo, sin tomar una medida creada para condiciones extremas que rebasan las capacidades institucionales para contrarrestar hechos delincuenciales”, subrayó Medrano.
La activista de Derechos Humanos se cuestionó “qué intereses estarian realmente detrás de estos hechos”.
“Tan terroristas podrian calificarse a quienes premeditamente generan terror a la poblacion mediante violencia homicida como poderes politicos que justifiquen esta violencia o pacten con los actores responsables de la misma. Igual terror genera en la población gritos de guerra desde el poder político e institucional”, afirmó Medrano.
Por su parte, la organización Acción Ciudadana, dijo que “el gobierno debe agotar las vías y procedimientos ordinarios para combatir el delito, antes de adoptar medidas extremas que signifiquen la afectación de los derechos de la ciudadanía honesta, como lo sería el régimen de excepción solicitado”.
Acción Ciudadana, que ejerce funciones de contraloría social, llamó al gobierno a que haga “uso más eficiente de los organismos de inteligencia del Estado para desarticular a los grupos criminales que están actuando con total impunidad, sin afectar los derechos de la ciudadanía honesta”.
Human Rights Watch: “muy preocupante”
El investigador senior de Human Rights Watch, Juan Pappier, calificó de “muy preocupante” la adopción del régimen de excepción.
“En El Salvador, acaban de aprobar un “régimen de excepción” que suspende por 30 días los derechos de asociación y reunión, defensa judicial e inviolabilidad de las comunicaciones. Muy preocupante, en especial, en un país donde no quedan instituciones democráticas independientes”, escribió Pappier en Twitter.
Pappier sostuvo que Human Rights Watch está “monitoreando, con preocupación, el grave aumento de homicidios en el país” e instó al gobierno que proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. “La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de derecho”, subrayó Pappier.
