* El Gobierno de El Salvador estima recortar más de 11,000 plazas del sector público.
** Desarticulación de sindicatos y despidos de empleados públicos son la respuesta del gobierno de Nayib Bukele contra las protestas.
*** 41 directivos sindicales del magisterio y salud han sido despedidos tras participar en marchas de protesta contra el recorte presupuestario.
Eric Lemus / Expediente Público
El recorte al Presupuesto General de la Nación en los rubros Educación y Salud previsto para el 2025 enfrenta a sindicatos y organizaciones gremiales contra el gobierno de Nayib Bukele.
La propuesta presupuestaria está pendiente de la aprobación en el Congreso de El Salvador y contiene un severo ajuste estructural en la distribución de los fondos estatales.
De acuerdo con el anteproyecto que presentó el ministro de Hacienda Jerson Posada a la Asamblea Legislativa, el presupuesto es US$9,663 millones de dólares. El texto anticipa US$90.8 millones menos para Salud y US$31.1 millones menos para Educación.
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En un análisis presupuestario elaborado por Expediente Público, que comparó la distribución de 2024 en el sector Educación, destaca que Bukele prioriza cinco proyectos presidenciales por encima de los rubros esenciales.
Estos rubros esenciales abarcan desde Nivel Parvulario hasta Educación Media y formación docente, donde, incluso, no hay fondos asignados desde el año pasado.
Desplazaron dichos proyectos durante el primer quinquenio de Bukele (2019-2024). Ahora, en el segundo periodo, apuesta por programas como «Mi nueva escuela», «Crecer y aprender juntos», «Mejora de la calidad y cobertura educativa: nacer, crecer, aprender», que están vinculados a iniciativas derivadas de la esposa del mandatario, Gabriela Rodríguez.
No más leche ni paquetes para escolares
Durante las administraciones de los exmandatarios Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), el Gobierno priorizó en el sistema escolar público con el financiamiento de programas sociales como el vaso de leche diario y la entrega de paquetes escolares gratuitos.
El ajuste presupuestario enfrenta al Gobierno de Bukele con dos de los gremios que otrora paralizaron las administraciones de Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009); pero que ahora no tienen contrapeso debido a la popularidad de Bukele.
Los recortes anunciados desembocaron en protestas en El Salvador. La segunda marcha blanca de médicos, docentes y empleados públicos del 23 de noviembre la respaldaron diferentes organizaciones sociales que rechazan la disminución presupuestaria.
La profesora Idalia Zúñiga, que dirige el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), aseguró a Expediente Público que el Ejecutivo planea el despido de cientos de docentes. Aunque lo matizará bajo el concepto de eliminación de plazas.
“Recortarle presupuesto a Salud significa muerte para los salvadoreños y en el caso del recorte para el sector Educación se trata del desmontaje de la educación pública”, anunció.
Zúñiga era docente en el Complejo Educativo República de Perú, en el municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador, hasta que fue destituida por participar en la primera marcha blanca del 19 de octubre.
Maniobras contra la primera marcha
El viernes 18 de octubre, la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de Gobierno, Martha Carolina Recinos de Bernal, invitó a todos los sindicatos a negociar un aumento salarial si los docentes no iban a la concentración prevista para el día siguiente.
En el encuentro que Recinos sostuvo con el magisterio, algunos dirigentes aceptaron cancelar su participación a cambio de la promesa de un encuentro en el futuro.
“A esa reunión ella no llegó con las manos vacías”, ironiza a Expediente Público un exmiembro de la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que prefiere omitir su nombre.
Recinos ocupa una posición de confianza dentro de la administración Bukele e, incluso, algunos miembros de su familia tienen actualmente funciones públicas.
Carolina Recinos desempeña cargos de bajo perfil desde 2003, pero que son estratégicos para un sector derivado del antiguo Partido Comunista Salvadoreño (PCS). Ese partido integró al FMLN cuando fue grupo guerrillero.
“Su poder estriba en la confianza que le deposita José Luis Merino concretamente”, agrega la fuente.
Douglas Farah, consultor de seguridad nacional de IBI Consultants, recuerda a Expediente Público que Merino administró millones de dólares provenientes de Alba Petróleos, que financió la carrera política de Bukele desde 2012.
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Merino está en la Lista Engel desde julio de 2021 y definido como alguien que “participó en una trama de blanqueo de capitales”. José Luis Merino es exjefe guerrillero del PCS convertido en empresario.
Recinos, cuyo esposo Arnoldo Bernal fue embajador en Moscú, también está incluida en la Lista Engel porque “incurrió en corrupción significativa al hacer uso indebido de fondos públicos en beneficio personal». Además, porque “participó en un importante esquema de lavado de dinero”.
¿Despidos por protestar?
Cinco días después de la primera concentración multitudinaria anunciada por médicos, enfermeras y personal sanitario, el Gobierno despidió a 42 trabajadores agremiados en el Sindicato de los Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SIMPAS).
Pero hasta este noviembre hay un total de 107 cesados arbitrariamente, entre quienes están 28 líderes sindicalistas de Salud y 13 de Educación.
Los despidos en El Salvador, conforme lo que dicta el Código de Trabajo en la sección sexta, describe el proceso y las causales que lo provocan.
El artículo 57 reza que “en aquellos casos en que, estando suspendido el contrato, se hallare el trabajador, por razón de la ley, gozando de prestaciones, el despido de hecho o el despido con juicio previo, no producirá la terminación de dicho contrato”.
Jerson Posada, ministro de Hacienda, rechaza que el recorte laboral en el Gobierno equivalga a despidos. Asegura que la mayoría corresponde a “vacantes no utilizadas,” muchas de las cuales quedaron desocupadas tras el retiro voluntario de casi 8,000 empleados en 2023.
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Al inicio del primer mandato de Bukele, en 2019, el aparato gubernamental tuvo 181,744 burócratas. Al terminar el quinquenio aumentó a 23,558 y totalizó 205,302 plazas.
Pero en el presupuesto de 2025 prevén eliminar 11,115 puestos de trabajo
Sin embargo, el 23 de octubre de este 2024, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) informó la destitución del secretario general Roberto Gómez Arias y el secretario de Organización y Estadística, Jaime Sánchez Nájera.
Una contrapropuesta al presupuesto
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) elaboró una contrapropuesta del proyecto de presupuesto general 2025 y exhortó al mandatario para que no debilite el enfoque social.
Una de las portavoces del BRRP, Marisela Ramírez, insiste a Expediente Público que Bukele debe reconsiderar la asignación que ha previsto.
“Nosotros desde el Bloque hemos venido denunciando los graves recortes que están sufriendo no solo el sector de Educación y Salud. De los 13 ministerios, once sufren recorte de plazas, que están orientados a golpear a los sectores populares”, afirmó Ramírez.
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La organización social denunció que el Gobierno manipula la información porque anuncia inversiones sociales que nunca llegan a la práctica.
“Elaboramos una propuesta de presupuesto con la misma cantidad de dinero para demostrar al señor presidente que se puede invertir en el pueblo y en los sectores más necesitados”, añade la vocera del Bloque de Rebeldía.
En tanto, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) informó que hay 23,000 empleados públicos cesados desde 2019 hasta este septiembre de 2024. Este personal laboraba en 46 instituciones del Gobierno, 25 alcaldías municipales, Asamblea Legislativa o en la Fiscalía General de la República.
Más problemas en Salud y menos dinero
El infectólogo Iván Solano advierte un empeoramiento de la atención primaria en la salud de los salvadoreños a partir de 2025.
“Además de una reducción de 91 millones de dólares, hay un recorte de 1,120 plazas en un sistema de Salud que no es capaz de una atención a tiempo en cuanto a consultas médicas o realización de exámenes de laboratorio”, remarca Solano a Expediente Público.
El profesional lideró brevemente el principal gremio médico porque el Gobierno negó las credenciales a la junta directiva electa.
“Pensaría que con menos presupuesto esos problemas se van a profundizar y por eso es importante que la población comprenda que será la más afectada con esta reducción del presupuesto, pues ellos van al sistema público de salud”, sostiene el médico.
La última marcha contra el recorte presupuestario de Bukele para 2025 reunió a movimientos sociales surgidos durante el Estado de Excepción para desmantelar pandillas.
En la última concentración por las calles de San Salvador también participaron familiares de detenidos sin antecedentes penales, junto a las víctimas de un caso de estafa piramidal (cuya información el Estado declaró en reserva), y madres de desaparecidos que buscan a sus hijos y exigen al Estado salvadoreño la identificación de los cementerios clandestinos utilizados por los pandilleros para eliminar a inocentes.
