*Expediente Público verifica que Ortega no mencionó alternativas para salir de las sanciones y el aislamiento internacional y se aferra a una retórica que solo aplaude regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Rusia, Irán y China.
Expediente Público
Daniel Ortega tiene 15 años consecutivos de gobernar Nicaragua y su cuarto mandato al hilo lo terminaría a la edad de 81 años, en enero de 2027. Nadie en la historia de Nicaragua ha permanecido más tiempo que él en la silla presidencial, desde la cual ha torcido los hechos históricos y coyunturales como en su discurso del pasado 10 de enero de 2022.
La Unión Europea y Estados Unidos saludaron con sanciones a instituciones y funcionarios de Nicaragua el inicio del quinto mandato de Daniel Ortega, quien se reeligió sin competencia en noviembre de 2021.
El mandatario nicaragüense, aunque hace referencias históricas constantes, cree que es posible borrar las masacres y crímenes de Estado de su último mandato y pese a la posibilidad de perder espacios comerciales con Estados Unidos y Europa por las sanciones sobre funcionarios e instituciones, concluyó su discurso aspirando a sepultar los hechos cometidos por su régimen en 2018.
“Hay que seguir luchando lógicamente, y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 2018. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante”, mencionó.
Estos son los hechos descritos en su discurso que merecen una verificación de Expediente Público.
Presos políticos en Estados unidos
“Ahí [en Estados Unidos] son 700 presos políticos, ¿qué esperan para ponernos en libertad? Ahí están duros contra ellos. Ah, mientras por otro lado lanzan actividades terroristas, las organizan contra países hermanos”, dijo Ortega.
Ortega trata de desestimar las peticiones por la liberación de 170 personas presas políticas en Nicaragua; esta vez argumentó que Estados Unidos tiene a 700 presos por los hechos violentos del 6 de enero de 2021 en el capitolio, que fue atacado por simpatizantes de Donald Trump que argumentaban un fraude en las elecciones de ese año que ganó Joe Biden.
En términos generales, un preso político es una persona que está detenida sin haber cometido un delito, solo por su postura política.
Aunque más de 725 personas han sido detenidas en Estados Unidos por asaltar el capitolio en 2021, solo 71 han sido sentenciadas, de las cuales 35 han recibido penas menores de 45 días de cárcel en procesos judiciales con abogados de su preferencia y garantías constitucionales.
Ninguno está preso por ser republicado o partidario de Trump, si no, por haber ingresado de forma violenta en la sede legislativa y atacar a guardias o amenazar a empleados y miembros del legislativo, provocando con esta la muerte de cinco personas.
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En el caso de Nicaragua, existen entre los encarcelados miembros del sector privado, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, miembros de partidos opositores, de quienes no se conocen actividades criminales o ilegales en el marco de sus funciones, pero sí son opositores o críticos al régimen que ni siquiera están detenidos por las protestas de 2018.
En todo caso, Ortega se rodeó de mandatarios que igual compiten en presos políticos, como Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba, donde según la organización Prisoners Defender hay 683 detenidos y condenados por razones de conciencia en los doce meses previos a noviembre de 2021.
En el caso de Venezuela, la organización Foro Penal reporta 243 presos políticos a inicios de enero 2022.
Muerte de 40 policías y cientos de ciudadanos
“¿Cómo habrían reaccionado los yanquis si se les dieran actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018? Para ellos esos no eran actos de terrorismo. Para ellos simplemente era el Gobierno que estaba violando los Derechos Humanos de unos ‘pobres ciudadanos’ que asesinaron más de 40 policías y asesinaron a más de un centenar, casi dos centenares de ciudadanos, y que tuvieron paralizado el país durante varios meses”, dijo Ortega.
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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron 23 policías los que murieron en las protestas de 2018, sin embargo, no existe una investigación independiente sobre las circunstancias de estas muertes.
Por otra parte, las familias de víctimas civiles y los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, sostienen que la mayoría de los asesinatos, un total de 355 según la CIDH, se debe al excesivo uso de la fuerza policial y paramilitar que reprimió las protestas en 2018.
La gran mayoría de víctimas eran manifestantes opositores, incluso antiguos simpatizantes del gobierno. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos encontró evidencias de crímenes de lesa humanidad en las acciones de represión estatal en Nicaragua.
El verdadero terrorismo en la tarima
“Para ellos (Estados Unidos) eso no es terrorismo, ¿por qué? Porque ellos organizan el terrorismo. Cuando ellos organizan el terrorismo, entonces no hay terrorismo, más bien es lucha por la democracia, es lucha por los derechos humanos”, dijo Ortega.
Con frecuencia Ortega recurre a llamar terroristas a los opositores, esta vez se refirió con el mismo tono a Estados Unidos, pero no existe evidencia que este país financiara las protestas de 2018 ni planificara acciones internas de desestabilización.
Las manifestaciones de abril de 2018 iniciaron por una reforma al sistema de pensiones del Seguro Social e incrementaron por la represión estatal, la cual provocó el asesinato en pocos días de decenas de jóvenes que se manifestaron y refugiaron en universidades, templos v barricadas en sus barrios.
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Por el contrario, en el acto de investidura presidencial participó como delegado de Irán, Mohsen Rezai, a quien Argentina considera uno de los autores intelectuales del atentado contra la mutual judía en Buenos Aires, que provocó en 1994 la muerte de 85 personas inocentes y más de 300 heridos.
Ortega, a pesar de presentarse como un aliado del gobierno de izquierda en Argentina, se fotografió con Rezai, provocando indignación en el país del cono sur.
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Defiende a corrupto
“Y que cese el bloqueo en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un bloqueo brutal, criminal, donde los persiguen, los encausan, les inventan crímenes, simplemente, porque buscan cómo garantizar los alimentos de las familias venezolanas, que es lo que estaba haciendo ese hermano que estaba delegado por Venezuela ante la Comisión de Diálogo allá en México, Alex Saab”. Fue la defensa de Ortega contra uno de los principales operadores del régimen venezolano.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab fue extraditado de Cabo Verde en octubre de 2021, además, tiene nacionalidad colombiana y estaba circulado a nivel internacional por Interpol.
Se le acusa por lavado de dinero y participar en un esquema de sobornos aprovechando el manejo al sistema cambiario controlado del régimen de Nicolás Maduro. “Saab y (Álvaro) Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero sobre las que tenían la titularidad o el control”, aseguró el Departamento de Justicia.
Respeto a los derechos humanos
“En la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se logró abrir ese espacio. Y sabemos que ahí se manifiestan posiciones de posiciones, y mucho se habla de los derechos humanos, nosotros lo hemos dicho, precisamente porque somos defensores de los derechos humanos”, aseguró Ortega.
Nicaragua expulsó en el 2018 a los organismos internacionales de derechos humanos, cerró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y provocó el exilio de decenas de defensores de derechos humanos.
Además, el régimen de Ortega tiene 813 recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo acusan de cometer crímenes de lesa humanidad.
Generales del ejército, comisionados de la policía, alcaldes, jueces, fiscales, funcionarios y hasta una exministra de Salud han sido sancionados por la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.
“Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas, y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diferentes candidatos y candidatas, libres de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet en septiembre de 2021.
