*El Partido Nacional, del presidente Juan Orlando Hernández, impulsa reformas a la nueva Ley Electoral que criminalizan a los consejeros del órgano encargado de las elecciones y condicionan la transmisión de resultados el día de los comicios, lo que tiene estancada la aprobación del presupuesto que necesita el órgano electoral.
Expediente Público
A menos de cuatro meses de las elecciones generales del 28 de noviembre, el proceso en Honduras enfrenta retrasos que no solo comprometen su calidad y confiabilidad, sino que podrían tener un efecto de abstencionismo en las urnas, según los analistas consultados por Expediente Público.
El 27 de julio venció el plazo establecido en la nueva Ley Electoral para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hiciera la adjudicación de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), un sistema que estuvo ausente en las primarias del 14 de marzo debido, en parte, a que el órgano electoral dispuso del dinero en el último momento. Ante la premura, las empresas mejor calificadas se retiraron del proceso de licitación.
Esta vez, el CNE tampoco cuenta con los recursos debido a que el Congreso Nacional de Honduras, con mayoría del oficialista Partido Nacional (con 61 de los 128 diputados), ha bloqueado la aprobación de la ampliación presupuestaria solicitada desde junio para comprar tecnología que permita la certeza de los resultados y una rápida divulgación en los comicios generales, como manda la nueva ley Electoral.
El Legislativo tampoco ha aprobado una normativa especial para que el CNE pueda hacer compras y contrataciones directas, ya que el atraso con que fue aprobada la Ley, el pasado 25 de mayo y apenas dos días antes de la convocatoria a elecciones generales, hizo imposible cumplir con los plazos establecidos en la misma.
La semana anterior, la consejera (magistrada) del CNE, Rixi Moncada, alertó que el cronograma electoral “está en rojo” debido al retraso con la asignación de los fondos solicitados.
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Pretenden reformar la nueva ley
“Si el espíritu del Partido Nacional era obstaculizar (el proceso) la verdad es que ya lo hicieron”, dijo a Expediente Público el analista político Rafael Jerez.
Al no aprobar el presupuesto adicional de 800 millones de lempiras (alrededor de 33.7 millones de dólares) que pide el CNE se incumple la Ley Electoral recién aprobada, “y eso ya es un mal síntoma porque sienta las bases para el inicio de la vigencia de una ley que no se está respetando”, explicó el analista. Con esto se acorta el tiempo al Consejo, incluso, para hacer una contratación directa del TREP.
“Es mejor tener un sistema de transmisión de resultados preliminares a no tenerlo, pero los tiempos también son importantes” y si el Congreso aprueba el presupuesto, el CNE “tiene que moverse para hacer un proceso expedito”, pero además garantizar que la empresa contratada sea la mejor, dijo el analista.
“Quienes deciden y quienes hacen todo son los tres partidos políticos (Liberal, Nacional y Libre) y ellos son los que están enredados”, declaró a Expediente Público la diputada del opositor Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez.
La parlamentaria es parte de la comisión especial encargada de dictaminar los decretos de la ampliación del presupuesto y el de compras directas del CNE, así como un contrato de préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el gobierno de Honduras por 9.4 millones de dólares para el proyecto Identifícate que realiza el Registro Nacional de las Personas (RNP), que se ha visto obligado a suspender varias veces la entrega de ese documento.
“Ahí van a extender el período a la tarjeta de identidad y no descartemos que al final digan que vayamos a votar con las dos tarjetas como hicieron en las elecciones internas y primarias”, dijo Gutiérrez sobre los atrasos en el proceso de identificación que también se ha visto afectado por la falta de acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso hondureño.
En la sesión virtual del 20 de julio, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo que en la víspera los tres partidos mayoritarios habían llegado a un consenso sobre esas tres iniciativas de ley, pero que horas antes de que se juntara el pleno los diputados del partido Libre “dijeron que ya no acompañaban los dictámenes”, y desde entonces todo se estancó.
Para la diputada Gutiérrez, el “nudo gordiano” tiene que ver con las reformas a siete artículos de la Ley Electoral que fueron añadidas en el decreto de compras directas del CNE, cuya redacción se le atribuye a los diputados oficialistas, quienes a su vez culpan a los de Libre. El Pinu votó también contra esas reformas.
Una de ellas es la ampliación hasta el 15 de agosto del plazo para la adjudicación del TREP, pero las más polémicas tienen que ver con el día de los comicios generales.
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Los diputados hondureños estarían siendo convocados a sesión entre este lunes o mañana martes 3 de agosto, pero la diputada Doris Gutiérrez dijo que “yo dudo de que estén interesados en que vayamos a una sesión».
El diario El Heraldo publicó el 30 de julio que los diputados nacionalistas “desistieron” de las reformas, exceptuando la ampliación para la adjudicación del TREP, tras el llamado del presidente Juan Orlando Hernández a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo.
Censuran y criminalizan
Una de las reformas propuestas establece la prohibición de difundir, publicar o comentar de forma directa o indirecta resultados totales o parciales el día de las elecciones hasta después de cuatro horas del cierre de la votación. Esta prohibición incluye a los consejeros del CNE, excepto al presidente, un cargo que es rotativo y que a partir de septiembre recaerá en el oficialista, Kelvin Aguirre, lo que no es una casualidad ya que desde hace varios procesos electorales el Partido Nacional se ha asegurado de que su representante esté al mando de la institución al momento de las votaciones generales.
En caso de incumplimiento, la ley estipula sanciones pecuniarias al medio de comunicación y a los miembros del CNE, pero además, en el caso de estos, una pena de 4 a 6 años de prisión.
Los consejeros o magistrados, excepto el presidente del CNE, no podrán entonces divulgar datos oficiales sobre los resultados preliminares ni verter sus opiniones personales, directa o indirectamente, de aprobarse esa propuesta del partido del presidente Juan Orlando Hernández.
“Prácticamente se está criminalizando el ejercicio de la función electoral (…) y eso no tiene precedente”, opinó el analista Rafael Jerez.
Esta pretensión tiene que ver con lo que ocurrió en las elecciones del 2017, cuando el entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros “dijo una cosa” sobre los resultados preliminares, pero el magistrado Marco Ramiro Lobo “salió denunciando otra”, recordó Jerez.
A su juicio “eso es lo que ellos quieren evitar, porque el riesgo es mayor en esta elección, lo que se juega es mayor, no solo para los partidos sino para el país” centroamericano.
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En las elecciones de 2017, el Tribunal Electoral en sus primeros resultados daba una amplia ventaja al entonces candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla sobre el actual mandatario Juan Orlando Hernández. En un primer corte, realizado 9 horas después del cierre de urnas, Nasralla tenía casi 94,000 votos más, con un 57 por ciento de escrutinio. La diferencia era de cinco puntos. Repentinamente los funcionarios pararon el conteo porque supuestamente faltaba incluir las “actas rurales”, de sitios donde no había transmisión electrónica.
Luego de varias “caídas” del sistema y de la inclusión de esas actas, los resultados favorecieron a Hernández, quien logró la reelección con un 42.95 por ciento sobre Nasralla, que quedó con 41.42 por ciento de los votos.
Jerez señaló que las reformas son una muestra de cómo los partidos “quieren inmiscuirse en las decisiones de los tres consejeros” encargados de declarar ganador a quien gobernará Honduras los próximos cuatro años.
Como presidente del CNE, Aguirre “lo que tiene que dar a conocer el día de las elecciones son sencillamente los resultados que vienen de las actas (…) pero ya que los partidos tienen un interés tan alto en que su consejero o consejera pueda hablar, entonces ya ahí miramos que son los intereses de los partidos los que afloran”, dijo el analista.
Buscarían alargar el silencio electoral
La pretendida reforma también estipula que la divulgación de los resultados de las votaciones no se podrá hacer hasta contar con un escrutinio representativo mínimo del 12% de cada uno de los 228 municipios (de los 298 en total) de mayor carga electoral. Con esta medida, denunció el Pinu, lo que se quiere es extender el silencio electoral ya que es imposible que en cuatro horas se tenga ese porcentaje de la totalidad de los municipios indicados.
Aunque el proyecto de decreto relacionado con las reformas a la Ley Electoral es uno y el del presupuesto es otro, los diputados no han aprobado ninguno.
Para Rafael Jerez “se percibe que el Partido Nacional quiere utilizar el tema del presupuesto como una carta de negociación”, para que los demás partidos aprueben las reformas que ponen un “bozal” a los consejeros el día de las elecciones.
Desconfianza en transmisión de resultados
Para el expresidente del desaparecido TSE, Augusto Aguilar, la tardanza del Partido Nacional en aprobar el presupuesto tiene que ver también con un tema de confianza hacia las otras organizaciones políticas.
“Un grupo de diputados del partido que gobierna sienten una gran desconfianza en esa digitalización porque la transmisión la harían los secretarios de las mesas electorales y ellos se sienten en desventaja”, manifestó Aguilar a Expediente Público.
La tecnologización del proceso electoral incluye, además del TREP, lectores de huellas digitales y el acta electrónica que transmitirá los resultados de las mesas al CNE, a los partidos políticos y a los medios de comunicación.
Para tal fin, la institución pretende adquirir 20 mil tabletas a un costo de 242 millones de lempiras (alrededor de un millón de dólares), entre otros insumos.
El acta electrónica estará bajo la responsabilidad de un secretario electo de entre los integrantes de la mesa receptora de votos. En la nueva Ley Electoral se les conoce como Juntas Receptoras de Votos y estarán integradas por un presidente, un secretario y un escrutador de los tres partidos políticos más votados en la última elección, así como por dos vocales nombrados por el CNE a propuesta de los partidos minoritarios.
A nivel nacional serán 18,400 mesas receptoras de votos con alrededor de seis mil secretarios por cada uno de los partidos políticos mayoritarios.
Sin embargo, en el oficialista Partido Nacional “suponen que el Partido Liberal y Libre están en la misma dirección o que están aliados de hecho”, explicó el exmagistrado, y temen que al momento de elegir a la junta directiva de cada mesa quede como secretario alguien afín a la oposición que podría alterar los datos que se van a transmitir.
Para Aguilar ese argumento no tiene razón ya que “la transmisión de los resultados es en base al acta» y esta en base al escrutinio de todos los integrantes de la mesa, quienes a su vez tendrán una copia de los datos. Si alguien los adultera “caería en responsabilidad penal”, además “la digitalización de la transmisión se hace en presencia de los otros cuatro miembros de mesa”, añadió.
La causa de esa desconfianza “ha sido la cantidad de irregularidades que se han cometido en los procesos electorales anteriores, sobre todo el último” de 2017, dijo el exfuncionario.
Aguilar consideró que el tiempo se le reduce al CNE y el retraso en la aprobación del presupuesto pone en riesgo la calidad y confiabilidad del proceso, “no solo se trata de la compra de las famosas tablet, también se trata de la compra de los lectores de la huella dactilar” para evitar lo que “en Honduras se ha dicho que votan los muertos”, apuntó.
Pero también el tiempo corre en contra para la capacitación de los miembros de la mesas.
“El día de la elección no habrá un ganador y tampoco habrá probablemente una tendencia clara, va a depender realmente de si esa acta electrónica funciona bien”, expresó por su parte Rafael Jerez.
Mayor abstencionismo
Rafael Jerez opinó también que “el riesgo aquí no solo es la desconfianza que pueden tener los partidos entre sí, si no la confianza que la gente pueda tener en el proceso”, lo cual podría tener como efecto “el incremento en los número de abstencionismo” en las urnas.
“No tenemos que esperar a noviembre para entender que esta elección va a tener vicios de ilegitimidad social, sino que desde ahora con todos esos juegos políticos que hay de por medio ya se está estropeando el proceso”, analizó.
Si la situación sigue tal y como se está desarrollando ahora, el riesgo para Honduras es que al asumir un presidente o presidenta con bajos índices de legitimidad, en un ambiente de mayor polarización, la crisis social empeoraría debido a la ingobernabilidad resultante.
La sombra del fraude
Para Jerez, el fraude no solo es cuando se trastocan las actas, sino cuando no se cumplen los requisitos de una elección libre y justa. “Todo eso influye y es fraude porque sencillamente contribuye a que el proceso sea menos transparente”, continuó.
En esas condiciones, a lo que se puede aspirar es a que todo del proceso electoral sea más irregular y por ende fraudulento.
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El analista político consideró que detrás del atraso está el hecho de que hay “tantos candidatos acusados por corrupción que están participando”. Entonces, “no solo están pensando como políticos, ellos están pensando como un acusado o potencial acusado formal de corrupción, que mira el tema electoral como un canal para seguir en el poder”.
Los partidos de la oposición que están en el Congreso Nacional de Honduras “tienen una parte de la responsabilidad porque tampoco vemos un interés” de ejercer una presión real mediante la instalación de una sesión extraordinaria, que “por lo menos” fuerce la discusión de estos temas, dijo el experto.
Y si el oficialista Partido Nacional vota en contra, “eso se verá en la sesión” y quedará en evidencia quiénes están detrás del atraso en el proceso electoral.
