*Cristosal, organización de derechos humanos con más de 20 años de experiencia, presentó tres recursos legales que denuncian la falta de transparencia del Gobierno de Nayib Bukele en el uso de fondos públicos para adquirir la criptomoneda.
**En agosto de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de Fideicomiso Bitcoin que sería manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), por US$150 millones. Actualmente el país registra pérdidas por US$ 60 millones.
*** Este 22 de noviembre el Gobierno envió a la Asamblea la iniciativa “Ley de Emisión de Activos Digitales”, que permitirá crear una Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, que en la práctica no lograría regular la moneda digital.
Expediente Público
Después de 14 meses de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele enfrenta tres acciones legales, a nivel nacional e internacional, por la poca transparencia en el uso de fondos públicos para la compra de la moneda digital, una política económica improvisada que ha dejado pérdidas por más de US$60 millones y que abre las puertas a que el país centroamericano se convierta en un “paraíso” de lavado de criptomonedas, según especialistas consultados por Expediente Público.
Aunque la situación en El Salvador tras la implementación de la criptomoneda “no es caótica o no hay crisis”, debido a que la gran mayoría de salvadoreños decidieron no usar el bitcoin como moneda de curso legal, el país está pagando un alto costo y se expone a otros riesgos, explicó a Expediente Público el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Ricardo Castaneda.
“El Salvador actualmente no tiene las condiciones necesarias para poder regular un mercado de este tipo y pues, básicamente, existe el riesgo de que El Salvador continúe o incluso se fortalezca una especie de paraíso en donde se lave los bitcoins provenientes de otro tipo de actividades”, advirtió Castaneda.
Bitcoin el pérdidas pero Nayib Bukele sigue comprando
El 7 de septiembre de 2022 se cumplió un año desde que entró en vigencia la Ley del Bitcoin. La Asamblea Legislativa aprobó US$225.3 millones para su implementación, sin embargo, a la fecha se desconoce cómo se han utilizado esos recursos, porque la “opacidad ha sido la norma”, señaló el economista sénior del Icefi.
Castaneda advirtió que los salvadoreños están pagando un “alto costo” por la implementación del bitcoin, debido a que esos recursos bien pudieran estar utilizándose para sectores más sensibles como educación o salud.
«Desde que se aprobó la Ley Bitcoin hasta este momento ninguna persona tiene acceso a información pública para saber cuánto dinero en realidad se ha ejecutado. Cuando uno pide la información se declara como información reservada o que esa información no existe, la única fuente de información son los tuits del presidente”, mencionó Castaneda.
Nayib Bukele y el derroche de fondos públicos
Un año después, los salvadoreños no conocen la información relativa a las operaciones de los fideicomisos manejados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
En agosto de 2021, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron con 64 votos la emisión de una Ley de Creación de Fideicomiso Bitcoin que acompañaría el proyecto de adopción de la moneda virtual en El Salvador.
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Para Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización de derechos humanos de El Salvador, la administración de Nayib Bukele se ha caracterizado por ser un gobierno muy poco transparente en la rendición de cuentas a la población.
“Hay dos políticas muy claras en el caso de la administración Bukele, una es la opacidad que casi se convierte en una política pública porque realmente enervó la opacidad a toda la gestión pública, no hay una institución transparente que rinda cuentas (…) Y la otra política es el uso de los recursos públicos para la instalación de una imagen gubernamental para el fortalecimiento de la imagen del presidente de la República”, señaló López.
En su cuenta en la red social Twitter, desde antes que entrara en vigencia la Ley Bitcoin, el mandatario salvadoreño inició una campaña promoviendo “los beneficios” del uso de la criptomoneda, anunciando que tendrían 10 millones de nuevos usuarios potenciales y sería la forma de más rápido crecimiento para transferir 6 mil millones de dólares al año en remesas al país centroamericano.
Crecen problemas económicos para El Salvador
La criptomoneda, sin embargo, le ha generado pérdidas superiores a los US$60 millones al Estado salvadoreño desde su implementación en septiembre de 2021 y tiene más problemas de acceder a financiamiento externo.
El país centroamericano sigue a esta fecha negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un Acuerdo de Servicio Ampliado, que incluye un apoyo financiero potencial de US$1,300 millones, el cual a la fecha no se ha concretado porque “su perfil de riesgo se ha disparado”, añadió Castaneda.
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El economista sénior del Icefi consideró que el país debe dejar de utilizar recursos públicos en la compra de bitcoin, porque tiene un “costo de oportunidad muy alto para la sociedad” salvadoreña.
“Hay que decir que el bitcoin no ha sido la causa de todos los problemas económicos y financieros, no ha sido la solución y ya se ha convertido en parte de los problemas, entonces, lo que debería de hacerse es eliminar la obligatoriedad de utilizar bitcoin como moneda de curso legal y establecer un marco únicamente regulatorio para aquellos que de manera opcional lo quieran hacer”, dijo Castaneda a Expediente Público.
Desde que la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Bukele, aprobó la Ley Bitcoin, el Gobierno supuestamente compró 2,381 bitcoins por aproximadamente US$107 millones, pero su valor ha disminuido más del 60 % por las caídas que ha tenido la criptomoneda.
El 16 de noviembre, Bukele tuiteó que El Salvador estaría comprando un bitcoin diario a partir del 17 de este mismo mes.
Las acciones legales de Cristosal
La falta de información en todo el montaje físico y virtual de la billetera Chivo Wallet y hasta el fraude por hurto de identidad son otras violaciones a los derechos de la población desde la implementación de la Ley Bitcoin. Recientemente fallos de seguridad en la billetera digital han provocado robos por casi un millón de dólares.
La organización Cristosal denunciará al Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras considerar que no se protegió la identidad de 228 ciudadanos frente a una empresa que “ha vulnerado la vida privada” de los salvadoreños.
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López consideró, sin embargo, que existe una “cantidad de víctimas indeterminadas” porque puede ser que más personas denunciaron su caso a otras organizaciones de derechos humanos o directamente a la Fiscalía. “Hay gente que no supo ni siquiera que le habían tomado su información o tampoco conoce cuál era el mecanismo”, mencionó López.
Cristosal, que tiene más de 20 años defendiendo derechos en El Salvador, hace un año promovió un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema contra Chivo S.A de C.V, encargada de la billetera electrónica creada por el Gobierno de El Salvador para realizar pagos en dólares o en bitcoin, pero debido a su silencio busca elevar la petición ante el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Los riesgos de los salvadoreños
“Hay una desprotección sobre los datos personales de la ciudadanía, pero además a la existencia de un juez imparcial. Evidentemente no se resuelve a partir de que ha sido el propio presidente de la República que impuso a los magistrados que están ahí y que ocupan esos espacios de manera ilegítima”, dijo Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Cristosal presentó otro recurso por inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), en la que explican que se violan los artículos 6 y 144 de la Constitución, pues permite mantener en reserva toda la información concerniente a las operaciones de los fideicomisos que se administran.
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También se presentó una acción ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para conocer estado de la denuncia interpuesta hace un año, relacionada al uso irregular de fondos para implementación del bitcoin.
“Hay que sumarle a todo esto el derroche de fondos públicos en la instalación de todo el sistema, es decir, estamos hablando de cajeros, cabinas (…) Ante la inexistencia de un sistema de control, de pesos y contrapesos, un sistema de rendición de cuentas, lo que nos queda es la exposición pública y acudir a instancias internacionales para advertir sobre lo que está ocurriendo”, dijo López.
Gobierno apela a otras iniciativas
El 22 de noviembre de 2022, la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, envió a los diputados una iniciativa en nombre del Ejecutivo en la que pide aprobar la “Ley de Emisión de Activos Digitales”, que permitirá crear una Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, que sería dirigida por un funcionario nombrado por el presidente Nayib Bukele.
La iniciativa tiene como objetivo resguardar e invertir los fondos provenientes de las ofertas públicas que de activos digitales realice el Estado de El Salvador y sus instituciones autónomas. Además, establecer su estructura organizativa, fiscalizar y controlar a las entidades en donde se ha realizado inversiones.
