* El militar retirado Benedicto Lucas García enfrenta su tercer caso por delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad en Guatemala.
** El Ministerio Público solicitó una condena de 2,860 años por los crímenes del siglo pasado.
*** Se trata del segundo proceso por genocidio tras la condena al expresidente de facto Efraín Ríos Montt en 2013.
Por Marysabel Aldana/ Expediente Público
El nombre de Benedicto Lucas García está asociado con algunos de los episodios más oscuros en la historia de Guatemala.
Según analistas y defensores de derechos humanos, este militar retirado cometió crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Lucas García ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de su hermano, el general Romeo Lucas García (1978-1982),
El Ministerio Público pidió 2,860 años de prisión por la masacre de 1,200 indígenas, pero recursos de la defensa anularon el juicio iniciado en abril 2024.
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Benedicto Lucas y las acusaciones de genocidio
La fiscalía de Guatemala acusó a Benedicto Lucas García de ser responsable de crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos durante su jefatura militar.
Entre los delitos incluidos están ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura y desplazamientos forzados de comunidades indígenas.
El conflicto armado interno, que se extendió por 36 años (1960-1996), dejó un saldo de más de 200,000 muertos y desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Durante el periodo en el que García estuvo al frente del Ejército es señalado como uno de los más violentos y represivos de la historia de Guatemala.
En este caso particular, uno de los tres que ha enfrentado el exmilitar, el Ministerio Público presentó evidencia sobre masacres, desplazamientos y el uso sistemático de la violencia como herramienta de represión estatal.
Los testimonios de las víctimas y peritajes respaldan las acusaciones. Sin embargo, las 99 audiencias realizadas hasta ahora deberán repetirse ante un nuevo tribunal, debido a un recurso legal de la defensa que detuvo el juicio.
Anulan proceso contra Benedicto Lucas
La Sala Primera de la Corte de Apelaciones aceptó la recusación contra Tribunal de Mayor Riesgo A, suspendiendo el jueves 28 de noviembre el juicio contra Benedicto Lucas García, de 92 años, por el caso de genocidio, cuando ya se estaba a punto de dictar sentencia.
Para recusar al Tribunal de Mayor Riesgo «A», la defensa del exmilitar argumentó que carecía de imparcialidad.
«Por unanimidad, los magistrados (…), declaramos con lugar la recusación planteada» por la defensa de Lucas García contra el Tribunal de Mayor Riesgo «A», indicaba el fallo leído al concluir la audiencia de la sala de apelaciones, en la ciudad de Guatemala.
El juicio, que inició el 4 de abril pasado deberá ser trasladado a otro tribunal.
García está enjuiciado por tercera vez debido a su supuesto rol en la matanza de más de 1,200 indígenas entre 1978 y 1982, a quienes los militares acusaron de apoyar a guerrilleros.
En este periodo gobernaba el hermano del acusado, Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en 2006.
Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas.
El general Lucas García seguía las audiencias por videoconferencia desde un hospital militar en la capital, donde guarda prisión, tras su primera condena en 2018.
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El retroceso judicial
Las audiencias fueran anuladas bajo el argumento de que existían irregularidades en el tribunal que llevó el caso.
“Esto implica que todos los testimonios, peritajes y procedimientos realizados hasta ahora tendrán que repetirse desde cero, un golpe para las víctimas y organizaciones que buscan justicia”, comentó a Expediente Público el abogado penalista Byron Ortiz.
La abogada Teresa Martínez, defensora de Benedicto Lucas García, argumentó que los jueces del tribunal actuaron con parcialidad. Mientras que las organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trata de una táctica dilatoria para evitar que enfrente una condena.
“No es posible que ya cuando se iba a llegar a la etapa de condena y cuando supieron la cantidad de años que pedía el Ministerio Público, este caso se detenga. Es una muestra clara de la poca justicia que ofrece el país”, dijo a Expediente Público Alicia López, integrante de la organización Mujeres Ixiles en la Defensa de Los Derechos Humanos.
Los hermanos Molina Theissen
Uno de los casos emblemáticos de Benedicto Lucas García es el de Emma Guadalupe Molina Theissen, activista secuestrada, torturada y violada por el Ejército en 1981.
Después de nueve días de cautiverio, Emma logró escapar de una base militar en Quetzaltenango.
Como represalia, el Ejército secuestró a su hermano menor, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, lo llevó a una instalación militar el 6 de octubre de 1981 y desapareció sin dejar rastro.
En 2018, condenaron a García a 58 años de prisión por su participación en este crimen. El tribunal determinó que, como jefe del Estado Mayor del Ejército, Lucas García fue responsable en la cadena de mando que ordenó la desaparición de Marco Antonio.
“Este caso es considerado un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado interno, pues se dieron grandes avances en la justicia guatemalteca”, mencionó a Expediente Público, Rogelio Tux.
Tux es activista y representante de la organización Guatemala tiene Memoria, organización que le ha dado seguimiento a los casos contra las comunidades indígenas en Guatemala.
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Otros señalamientos y el contexto del conflicto armado
Acusaron a Benedicto Lucas García en otros procesos relacionados con masacres y desapariciones forzadas durante su tiempo al frente del Ejército.
“Uno de los episodios más sangrientos atribuidos a su liderazgo es la masacre de las Dos Erres, ocurrida en 1982 en Petén, donde el Ejército asesinó a más de 200 personas, incluyendo mujeres y niños, como parte de una estrategia de “tierra arrasada” contra comunidades consideradas simpatizantes de la guerrilla”, comentó Tux.
García también implementó los denominados “polos de desarrollo”, una estrategia militar para concentrar a las comunidades desplazadas y controlar sus movimientos. Esto generó condiciones inhumanas y más violencia hacia las poblaciones indígenas, según las organizaciones en pro de los derechos humanos.
Críticas a decisión de tribunal
“La anulación de las audiencias no solo representa un retraso significativo, sino también un desgaste emocional y económico para las víctimas y sus familiares”, comentó Alan Mazariegos, integrante del colectivo Guatemala Pide Justicia, a Expediente Público.
El obispo Álvaro Ramazzini, defensor de los derechos humanos, señaló a Expediente Público, que estos retrasos perpetúan la impunidad y revictimizan a quienes buscan justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instó al Estado guatemalteco a garantizar procesos justos y expeditos en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
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El impacto histórico y social
Los crímenes atribuidos a Benedicto Lucas García y otros mandos militares impactaron no solo a víctimas directas, sino también a toda una generación de guatemaltecos, según Mazariegos.
Algunos sectores ven a Lucas García como un «héroe» contra la insurgencia, mientras otros lo consideran símbolo de represión y sufrimiento para las comunidades vulnerables.
“Lamentablemente, este debate refleja las heridas abiertas que el país aún no ha podido sanar”, mencionó Pablo Contreras, analista político a Expediente Público.
La impunidad arraigada
El caso de Benedicto Lucas García ejemplifica la complejidad de buscar justicia en un contexto de impunidad arraigada.
“Si bien los avances en los juicios por crímenes de lesa humanidad han sido significativos en los últimos años, los recientes retrocesos muestran que aún queda un largo camino por recorrer”, concluyó Contreras.
“La repetición de las audiencias representa un desafío adicional para las víctimas, pero también una oportunidad para que el sistema judicial demuestre su compromiso con la verdad y la justicia”, agregó.
“En un país donde el pasado sigue pesando sobre el presente, estos procesos son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo”, finalizó Tux.
