* Fuentes del Departamento del Tesoro de Estado Unidos explicaron a Expediente Público cómo afectaría a los bancos y las exportaciones nicaragüenses acatar la reciente ley de Daniel Ortega para evadir sanciones.
** Cualquier intento de los bancos en Nicaragua para habilitar transacciones internacionales a los sancionados activaría una alarma.
Expediente Público
Una nueva ley del régimen de Daniel Ortega, diseñada para evadir las sanciones, pone en “riesgo” las operaciones de los bancos privados de Nicaragua con el sistema financiero internacional, advirtieron dos fuentes del Gobierno de los Estados Unidos consultadas por Expediente Público.
Las fuentes explicaron bajo anonimato que, si las instituciones financieras nicaragüenses abren cuentas a los funcionarios y empresas del régimen y les permiten transacciones bancarias internacionales, se activará una alerta global.
Con una alerta el Departamento del Tesoro bloquearía esa transacción y acabaría actuando contra el banco.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
La Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas (Ley 1224) —aprobada el 25 de noviembre de 2024— que mencionaron los funcionarios obliga a los bancos nicaragüenses a operar con individuos y las instituciones sancionadas por la comunidad internacional.
Sin embargo, las fuentes estadounidenses advirtieron que esta legislación es imposible de sostener para los bancos en Nicaragua.
“Cuando hablamos de sanciones no solo hablamos de las estadounidenses”, explicó una de las fuentes del Gobierno de Estados Unidos que habló en anonimato.
Ambos funcionarios del Tesoro explicaron que no solo son las sanciones estadounidenses que deberán respetarse, recordaron que contra los violadores de derechos humanos en Nicaragua pesan medidas similares de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Canadá.
“Se me hace una locura (la ley), porque están poniendo en riesgo la parte financiera, la estructura internacional que tienen los bancos hacia el exterior (…). Dirán lo que quieran, pero la realidad es muy distinta”, agregó otra de las fuentes de la administración de EE. UU.
Corresponsalías de los bancos en riesgo
Según la explicación de los contactos del Departamento del Tesoro, frente a esta encrucijada, los bancos internacionales probablemente cortarían lazos con la banca privada nicaragüense.
“Si yo fuera Bank of America, y tengo tratos con Lafise para que le pague a las empresas estadounidenses o las empresas estadounidenses le paguen a Lafise por la carne, los textiles, lo que importamos de Nicaragua, yo dijera: ¿sabes qué?, hay mucho riesgo con Nicaragua por esta ley nueva, no me parece bien hagamos este trato comercial”, se explicó.
Las fuentes del Gobierno de EE.UU. sugieren que habría algunas excepciones humanitarias a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un organismo de control financiero del Departamento del Tesoro.
“Si es algún tema humanitario; digamos que hospitales allá en Nicaragua necesitan equipo para hacer operaciones de manera segura. Entonces, yo pediría una licencia de la OFAC para que permitieran la parte humanitaria”, se explicó.
Además: Daniel Ortega desafía sanciones con maniobras al estilo Maduro
No obstante, se advierte que el movimiento de dinero a nombre de personas sancionadas, por ejemplo, con destino a países como Suiza o inversiones en Hong Kong no podrán ejecutarse.
“De ninguna manera. (Ese dinero) se va a congelar; en primer lugar, no va a salir del país de Nicaragua”, sostuvo una de las fuentes en anonimato.
Operaciones con sancionados
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) envió un comunicado a las instituciones financieras el 27 de noviembre donde pide la lista de sancionados por violar la ley contra el lavado y terrorismo. Sin embargo, ningún miembro del régimen está sancionado por esos delitos.
De esta forma, la Siboif secunda la ley que desconoce las sanciones por violaciones a los derechos humanos y busca obligar a los bancos a darle acceso a los sancionados al sistema financiero.
Hay 110 funcionarios del régimen que están sancionados por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
De acuerdo con las fuentes del gobierno estadounidense, la Ley 1224 permitirá a las personas sancionadas solo realizar operaciones bancarias “domésticas”, si es que llegasen a obtener una tarjeta de débito, por ejemplo.
“Esa tarjeta se puede usar de manera doméstica, con que no tenga el logotipo Visa, Mastercard o American Express, que no tenga ningún toque a Estados Unidos, por supuesto”, expresó una de las fuentes.
Bancos de Nicaragua podría quedar aislados
Los únicos canales bancarios internacionales que le queda a la cúpula del régimen de Ortega son a través de Rusia y China.
“Me da mucha risa, porque no se va a poder” evadir las sanciones, mencionó uno de los contactos del gobierno.
“Lo pueden hacer desde ya a través de Rusia y China. Pero, formalmente, les mal aconsejaron, porque la parte internacional se va a cortar”, particularmente la relación de un banco corresponsal, se insistió.
Activarían alerta global
El artículo 4 de la ley del régimen declara “nulas y sin efecto jurídico” las sanciones internacionales. Agrega que no se pueden justificar para “negar o suspender” servicios financieros a los individuos o instituciones del Estado.
Cualquier intento de los bancos privados en Nicaragua para procesar transacciones internacionales para personas sancionadas activaría una respuesta automática de los bancos corresponsales en el extranjero, de acuerdo con la explicación de las fuentes del Departamento del Tesoro.
Sigue leyendo: Instituto Social Militar del Ejército de Nicaragua en la mira de futuras sanciones contra el régimen de Daniel Ortega
“Cuando las violaciones ocurren, sale un informe de que este movimiento no tenía que pasar; si es algo que tiene que ver con sanciones, nos avisa el banco correspondiente estadounidense que tenga relación con un banco nicaragüense”, se ejemplificó.
Las instituciones bancarias estadounidenses están obligadas por ley notificar al Departamento del Tesoro.
El aviso del banco estadounidense a las autoridades de que “hubo un movimiento que no tenía que haber sido” de parte del banco nicaragüense, incluye informar “la acción que tomaron” como el congelamiento de los activos.
Un ejemplo de México
En México, la aplicación de sanciones a miembros del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, generó la misma encrucijada legal al sistema financiero de ese país.
Después que, en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró cuentas a cuatro personas relacionadas con Caro Quintero, surgieron reclamos por supuestas violaciones a los derechos humanos.
La queja de las familias de Quintero era que no podían pagar los recibos de servicios básicos de la mansión que tenían.
También: Persecución política en Nicaragua acelera sanciones del congreso de Estados Unidos
En marzo de 2024, la UIF descongeló cientos de cuentas bancarias de narcotraficantes, entre ellas familiares del capo Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
En este caso, el Gobierno de EE.UU. permitió abrirles una cuenta bancaria, basado en el respeto a los derechos humanos de esas familias, pero no al narcotraficante.
Pero esas excepciones tienen límites en que “los bancos le pueden abrir la cuenta bancaria, puede depositar dinero a la cuenta y el banco hace los movimientos necesarios para mantener la casa, la colegiatura de los hijos, salud, pagar una hospitalización, como un asunto de derechos humanos”.
Sin embargo, las transacciones están limitadas al territorio nacional.
Una de las fuentes del Departamento del Tesoro explicó que “movimientos al extranjero” de parte del sancionado no se permiten.
Si el banco local le abre la cuenta a la persona sancionada y le habilita hacer transacciones bancarias internacionales, arriesgan a perder las corresponsalías.
“Los bancos correspondientes van a romper los lazos que tienen con ese banco y decir: ¿sabes qué? No puedes, se termina la relación correspondiente porque estás en violación de las sanciones de Estados Unidos y, por lo tanto, cortamos la relación contigo y ya no pueden hacer el movimiento”, explicó una de las fuentes del gobierno de EE. UU.
¿Qué opción tienen los banqueros en Nicaragua?
A la fecha, las sanciones de la comunidad internacional alcanzaron a 110 funcionarios y familiares del régimen, así como a 16 instituciones, que incluye a la Policía.
Ante este panorama, de acuerdo con las fuentes del Departamento del Tesoro, a los banqueros nicaragüenses le quedan pocas opciones.
“Como están las cosas en Nicaragua, de hecho, si yo si fuera un banquero, pues, no tuviera de otra o cierro el banco o permito los movimientos a nivel local”, dijo uno de los contactos.
Pero, igual que en México, las transacciones estarían limitadas a lo interno de Nicaragua.
