* Más de 3,700 presos políticos en los tres países donde hay dictaduras.
** Leyes restrictivas, estigmatización de la sociedad civil y el autoritarismo, son algunas de las causas que incrementan la persecución política, denuncian en foro de Diálogo Interamericano y Freedom House.
Yarely Madrid / Expediente Público
Los tres regímenes autoritarios del continente de América como son Cuba, Nicaragua y Venezuela no solo mantienen una política de encarcelamiento y tortura a sus opositores, sino, que están incrementando sus acciones contra los disidentes.
Así lo manifestó Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, durante el foro “Prisión política y derechos humanos en América Latina y el Caribe”.
“Está incrementando la persecución a actores considerados opositores”, dijo Romero en el evento organizado por Diálogo Interamericano y Freedom House en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos, este 10 de diciembre de 2024.
“Adicionalmente les está llevando a la cárcel en donde, además, son víctimas de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”, continuó.
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Más presos políticos como herramienta de control
La relatora de la ONU sostuvo que esta persecución incrementa a la par de la estigmatización de activistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y sociedad civil. Pero en especial a organizaciones que trabajan en temas de anticorrupción, gobernanza, derechos de las minorías, de las mujeres, ambiente, tierras y personas LGTBIQ+.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, una organización que monitorea los derechos humanos en Cuba explicó a Expediente Público que, la prisión política se convirtió en “una herramienta de control y una forma de castigo” en ese país.
De acuerdo con la organización Prisioner Defenders desde el 1 de julio hasta octubre del 2024 hay un total de 1,751 presos políticos en Cuba.
Las cifras muestran que en el último año Cuba sumó 134 presos políticos.
La isla se encuentra sumida en una de las peores crisis energéticas y alimentarias de los últimos años, lo que ha elevado las manifestaciones en contra del régimen de Miguel Díaz Canel.
Diversent lamentó que muchas veces el Gobierno de Díaz Canel no responde a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Esto es una forma de evadir su responsabilidad en la materia y por supuesto la firma de estos instrumentos jurídicos internacionales del Sistema Interamericano”, señaló.
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Nicaragua, sumida en miedo
Desde 2021 un total de 427 opositores fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según el más reciente reporte de Naciones Unidas.
Nada al Nashif, Alta Comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que en Nicaragua impera un clima de “miedo y ansiedad” entre los nicaragüenses, incluidas las personas exiliadas.
Este aumento es debido a “las reformas legales promulgadas recientemente” que amplían los poderes del Estado para procesar delitos y apuntan a organizaciones de la sociedad civil críticas para el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“Al clasificar los delitos cibernéticos como delitos organizados, autorizar la confiscación de activos y permitir a la policía el acceso sin control a los datos personales, estas leyes allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos y una erosión alarmante de los derechos fundamentales”, expresó Nashif.
La comisionada añadió que existe un aumento de detenciones arbitrarias de opositores, líderes indígenas, defensores de derechos humanos e importantes figuras religiosas.
“Al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, lo que ha convertido a muchos de ellos en apátridas, y sus bienes han sido confiscados. Han sido expulsados y abandonados en condiciones precarias en el extranjero”, recordó.
Gina Romero explica que en los regímenes se utilizan leyes bajo cargos de terrorismo, lavado de activos, desorden público, agentes extranjeros que funcionan como un instrumento de persecución y encarcelamiento.
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Venezuela: cárcel, desapariciones y torturas
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela señala graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias que aumentaron desde las elecciones del 28 de julio del 2024.
Internacionalmente se cuestiona mucho la transparencia en estas elecciones y existen sospechas de fraude electoral para que, el régimen de Nicolás Maduro se quede en la presidencia.
Según el último boletín de Foro Penal, al 2 de diciembre del 2024, alrededor de 1,905 personas son presas políticas en Venezuela. Al menos 300 presos desde las elecciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) reprendió que “la “persecución policial y detenciones arbitrarias en contra de personas opositoras con el objetivo de impedir la asociación y participación política”.
Además, pidió poner fin a la persecución política, emitir salvoconductos a los asilados en la residencia oficial y liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
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Regímenes violan derechos internacionales
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, establece el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) por la cual se celebra cada 10 de diciembre el Día Internacional de DDHH.
Verónica Hinestroza, experta en Derecho Penal Internacional, dijo a Expediente Público que la tortura constituye un crimen de “guerra” y de lesa humanidad.
Hinestroza recuerda que la Convención Contra la Tortura pide investigar o extraditar a los autores de estos crímenes a los países firmantes.
Explicó que la Corte Internacional Penal es uno de los caminos que tienen los países para buscar justicia por graves violaciones de derechos humanos.
“Cuando la Corte Penal Internacional decide abrir una investigación sobre un país, puede hacerlo porque la sociedad civil le manda información, porque el Estado mismo pide la investigación y la fiscalía considera que tiene la suficiente información que le permita abrir un caso”, reiteró.
