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Atentado contra excomandante de la Resistencia dejó a un menor muerto

Javier Raitte Aráuz, conocido en el ejército irregular de la Resistencia Nicaragüense como comandante Johnny, no aparece en las listas de excontra aniquilados por el Ejército Popular Sandinista (Ejército de Nicaragua desde 1994) en los 90, porque se salvó de milagro de un atentado, pero en su lugar murió baleado un menor de edad que jugaba en el frente de la casa y otro niño resultó herido de gravedad, pero logró salvarse.

UNA TRAGEDIA ECHADA AL OLVIDO

El comandante Johnny cuenta su historia con vibrante emoción, usando sus manos, dándole énfasis a sus palabras como si se tratará de una de esas películas de acción.

El hecho sucedió un lunes, 23 de diciembre de 1991, a las siete de la noche, después de terminar su jornada laboral en Waslala, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a unos 241 kilómetros de la capital Managua.

En Waslala se desmovilizaron 2,600 comandos y Raitte pertenecía al equipo que les daba asistencia desde la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV/OEA).

Después de su jornada laboral notó que:

Javier Raitte Aráuz, excomandante del ejército Irregular de la Resistencia Nicaragüense, se había desmovilizado a los 23 años, en junio de 1991, y había sido convocado a trabajar con la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV/OEA) encargada del proceso de desmovilización de los miembros de la Contra.

“Mientras estoy en Waslala con la atención a los desmovilizados, tuve una discusión con el jefe del Ejército que estaba ahí, porque hubo una captura en un lugar que le dicen Santa María de Tasuá, de un muchacho de la Resistencia que desapareció, nunca volvió a salir, nunca apareció, ni vivo ni muerto”, contó Raitte.

Después de esta discusión con el militar, la revancha no se hizo esperar. Sus 8 años de experiencia con armas y haber librado batallas en las montañas, le permitieron salvarse.

UN MENOR ES ASESINADO EN LA EMBOSCADA Y OTRO ES HERIDO DE GRAVEDAD

El día del atentado, 8 personas entre jóvenes y adolescentes conversaban alegremente sobre una vieja carreta de bueyes, frente de la casa donde residía el comandante Johnny, los menores Jhony Baltodano de 12 años (cuñado del comandante Johnny) y Julio Cordero de 15, no tuvieron tiempo de huir, fueron baleados por los 3 armados vestidos de civil.

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A Julio, las balas le atravesaron la espalda hasta llegar al ombligo, exponiendo las vísceras. Murió instantáneamente. Mientras que a Jhony Baltodano las balas le atravesaron las caderas y las dos piernas. Fue trasladado de emergencia al municipio  de Matagalpa, a 111 kilómetros del Municipio de Waslala. Se salvó, pero le tomó dos años de su juventud volver a caminar. Ninguna institución del Gobierno le apoyó durante su recuperación.

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La madre del joven Jhony, Aydalina Baltodano, puso la denuncia en la estación policial de Waslala, pero “el caso quedó en el olvido. Pusimos formalmente la denuncia por los muertos y llegó el Ejército, aparentemente a hacer investigaciones”, comenta Raitte.

Sobreviviente de la masacre junto a su hijo.

Según Silvio Díaz, encargado del seguimiento a los acuerdos de desmovilizados en la década de los noventa, en esa época las comunidades rurales de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí y Nueva Segovia tenían escasa seguridad, los asesinatos eran muy frecuentes y las pocas autoridades presentes en estos territorios no facilitaron justicia.

Pese a su trabajo en la CIAV-OEA, Raitte no recibió protección, por lo cual tuvo que huir y exiliarse después de ese suceso. Se fue a Managua y después vivió seis meses en Panamá.

“Se deberían desempeñar (apoyar) a un grupo que confió en ellos y que tenía la esperanza en la OEA, sin embargo, no ha hecho absolutamente nada por resguardar la vida de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familias, no han tenido la mínima intención de resguardar a la población opositora al comunismo en Nicaragua, ese es mi sentimiento y pienso que estoy en la verdad”, opina.

Sin embargo, la CIAV-OEA, a través del Informe de la Comisión Tripartita para Alcanzar la Paz y Reconciliación, advirtió en 1992 que la violencia había adquirido niveles dramáticos con más muertes de connotación política a excombatientes de la Resistencia.

Por este informe, la CIAV-OEA fue tachada de parcial por el fallecido exministro de la Presidencia Antonio Lacayo.

Después de los procesos de desmovilización, el líder del extinto ejército de la Resistencia Nicaragüense Enrique Bermúdez, llamado comandante 3-80, fue asesinado en febrero de 1991 en Managua, mientras Israel Galeano, comandante Franklin, el exjefe del Estado Mayor de la Contra falleció en mayo de 1992, en un accidente de tránsito que para algunos excomandos fue un acto de inteligencia militar.

Asimismo, Estados Unidos condicionó la ayuda por 116 millones de dólares al gobierno de Violeta Barrios, si no aclaraba las muertes de exmienbros de la Resistencia, según un reportaje publicado en el diario La Prensa el 15 de febrero de 2001.

El Gobierno nunca aclaró las muertes, pero finalmente consiguió el desembolso de la cooperación. Por el contrario, en 1993 dio carta abierta al Ejército Popular Sandinista, dirigido por Humberto Ortega, hermano del actual mandatario Daniel Ortega, para tomar acciones contra las bandas de rearmados que pertenecieron a la Contra, con el supuesto motivo de conservar la paz y estabilidad en el país, según investigaciones de Xóchitl Lara y René Herrera publicadas en “La pacificación en Nicaragua de 1996”.

SUSPENDEN GARANTÍAS EN MUNICIPIOS CONTRAS

“Sin capacidad para ordenar el proceso de titulación de tierras, el Gobierno siguió mostrando que la fuerza militar podría frenar la violencia. Pasadas las celebraciones del tercer aniversario de su gobierno, Violeta Chamorro anunció en mayo de 1993 que para frenar la violencia emitiría un decreto de suspensión de garantías constitucionales en un total de 14 municipios del norte (Decreto 30-93). EI 18 de mayo de 1993, en un claro retroceso democrático el Gobierno hizo descansar su sobrevivencia en la fuerza militar, reafirmando la posición de Humberto Ortega, quien había declarado meses antes que ‘el peso de la ley caerá sobre los grupos armados que insistan en retomar las armas’», citan Lara y Herrera.

Johnny era un militar muy cercano a las líneas del poder dentro de la Resistencia.

“Fui electo A5 (Analista Político) en el Estado General de la Contra y pasé a trabajar con el comandante Franklin (Israel Galeano Cornejo) en el Estado Mayor. Franklin pidió un equipo para que le ayudara en las cinco ramas de la Resistencia Nicaragüense”, dijo Raitte.

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Según el excomandante, las cinco ramas de la Resistencia Nicaragüense, que dirigía Israel Galeano, el jefe del Estado Mayor en los 90, eran las siguientes:  A1 Personal de recursos humanos, A2 Contrainteligencia militar, A3 Operaciones militares, A4 Logística y A5 Análisis político.

“Me tocaba trabajar con él y en las situaciones políticas, o sea, agarrar la información de lo que acontecía en el día, para transmitir a los batallones la política que se estaba manejando en ese tiempo”, cuenta Raitte.

MANTENERSE A SALVO

El excomandante Johnny está muy claro que su vida corre riesgo por haber pertenecido a la Resistencia, asegura que le ha valido mantenerse armado, expresar con claridad su tendencia política y enfrentar cara a cara a sus opositores, e incluso ser amigo de algunos de ellos.

Otros excontras como el excomandante Fabio, (quien pidió que omitieran su nombre), tienen su propio plan de seguridad, el suyo consiste en tener aliados e informantes en las comunidades donde se mueve, cambiar de rutas de entrada y salida, cuando sale de su casa.

Maximino Rodríguez, excomandante Wilmer, y actual diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo a Expediente Público que una manera de sentirse a salvo, pese a tener recursos para procurarse la protección, es no asistir a bares o centros nocturnos.

ASESINATOS CONTINÚAN

Los asesinatos selectivos en el campo no terminan. Según un informe presentado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre 2011 y 2016 se han reportado el aniquilamiento de unas 22 personas, relacionadas con rearmados en la zona norte de Nicaragua. Esta cantidad coincide en nombre y cantidad con el Libro Blanco del Ejército de Nicaragua, un documento público que justifica las ejecuciones en el periodo 2007-2017 por tratarse de “grupos delincuenciales”.

Además, en 2019 se supo del asesinato, en tiempos y lugares distintos, de cuatro miembros de la familia Montenegro Centeno, quienes estuvieron relacionados a la antigua Contra y participaron en las protestas antigubernamentales de 2018.

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Durante entrevistas que sostuvo Expediente Público con exmiembros de la Resistencia Nicaragüense en abril de 2019, los excontras expresaron que el Ejército mantiene una lista negra de personas que pertenecieron a esta organización, los cuales son perseguidos y vigilados.

Un registro de Expediente Público de los asesinatos de excontras desde 1990 hasta la fecha, reporta más de 350 casos.