* La Asamblea Legislativa dio seis meses de permiso al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para una campaña por la reelección “de trámite”.
** Juana Rodríguez es la primera persona no electa que asume la Presidencia desde el Gobierno de transición de Álvaro Magaña (1982-1984).
*** Los partidos opositores en los comicios demandan el pago retrasado de la llamada “deuda política” que establece la ley salvadoreña.
Eric Lemus / Expediente Público
Una extesorera municipal que trabaja en la Presidencia, Juana Rodríguez de Guevara está encargada del Gobierno de El Salvador. La noche del 30 de noviembre la Asamblea Legislativa designó a Rodríguez como la delegada presidencial mientras Nayib Bukele se dedica a la campaña por la reelección.
La Constitución de El Salvador prohíbe en su artículo 154 la reelección, pero una Corte nombrada por el partido gobernante habilitó a Bukele.
Mientras el artículo 155 constitucional da la facultad de escoger a un sustituto por ausencia temporal del presidente por un tiempo menor de seis meses.
Rodríguez de Guevara, así como Bukele, tiene estudios universitarios incompletos y trabaja como gerente financiero interinstitucional en la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Es un cargo de asistente.
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¿Quién es la encargada del Gobierno en El Salvador?
La designada a la presidencia está al lado de la familia Bukele desde 2012. Entonces administraron la Alcaldía Municipal de Nuevo Cuscatlán, un pequeño poblado aledaño a la capital San Salvador. Ahí empezó el movimiento político Nuevas Ideas (NI).
Bukele, sin embargo, no envío ninguna terna con candidatos a la Asamblea como estipula el inciso 16 del artículo 168 de la Constitución salvadoreña. Solo propuso a Rodríguez.
En contexto: Nayib Bukele inscribe su candidatura para la reelección en El Salvador
Además, el inciso 17 del artículo 131 de la Carta Magna también estipula que es obligación de los diputados “elegir, para todo el período presidencial respectivo, en votación nominal y pública, a dos personas que en carácter de designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinado por esta Constitución”.
Ambos cumplimientos fueron omitidos.
Elecciones costarán US$129.3 millones
Los comicios generales de 2024 tendrán un financiamiento de 129.3 millones de dólares, 30 menos de lo requerido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El monto cubrirá las elecciones presidenciales, previstas para el 4 de febrero y los legislativos y municipales el 3 de marzo.
La suma será distribuida entre US$70,3 millones asignados para organizar las elecciones en El Salvador, mientras que US$59 millones para los salvadoreños que votan en el extranjero.
En proporción a los comicios previos, el TSE aumentó la estimación presupuestaria que hubo en 2019 y 2021.
Los comicios presidenciales pasados costaron US$27 millones, en las que ganó Nayib Bukele. Y US$45 millones fue el gasto de los comicios de diputados y alcaldes de 2021, cuando el partido oficialista Nuevas Ideas consolidó el poder territorial en todo El Salvador.
En profundidad: ¿Por qué cada año más de 100 mil salvadoreños abandonan el paraíso de Nayib Bukele?
La campaña electoral para 2024, que oficialmente inició este 3 de octubre, está eclipsada por la imagen de Bukele que no desaprovecha ningún espacio para hacer proselitismo.
En las últimas horas del 30 de noviembre, por ejemplo, presidió una cadena nacional de radio, redes sociales y televisión para inaugurar la construcción del estadio que será financiado por China en una zona forestal protegida, que está en la periferia de la capital San Salvador.
Oposición política sin fondos
Sin embargo, los partidos de la oposición en la contienda electoral reclaman el pago de la deuda política, que contempla la Constitución salvadoreña como mecanismo para que el Estado garantice la participación y pluralidad en un proceso de esta naturaleza.
“Antes de cada elección se le pone valor al voto. Por ejemplo, el presidencial U$$15, diputado U$$10 y alcalde U$$5. El Estado entonces adquiere una deuda política con cada partido, que, por lo general, se paga antes de la siguiente elección”, detalla a Expediente Público un técnico del TSE que pide omitir su nombre para evitar represalias.
Según el artículo 210 de la Constitución, “el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”.
Pero el desembolso depende de la disposición presupuestaria del gobierno de Bukele.
Nuevas Ideas con amplias ventajas
Y ese es uno de los factores que anticipa la organización no gubernamental Acción Ciudadana (AC) en relación a si los candidatos tendrán igualdad de condiciones.
La ONG solicitó al Tribunal Electoral (TSE) que “debe garantizar a la ciudadanía un proceso electoral íntegro”. “Eso supone hacer cumplir las reglas electorales de la campaña, no permitiendo ventajas indebidas ni condiciones inequitativas”.
El jefe de la bancada oficialista y presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara, dijo esgrimió que “desde esta Asamblea hemos cumplido en tiempo y en forma con el objetivo de otorgar los recursos necesarios para los comicios de 2024”.
“Lo estamos haciendo con antelación, no como se hacía en las anteriores legislaturas”, afirmó.
El director ejecutivo de AC, Eduardo Escobar, explicó a Expediente Público, que “es un escenario bastante complicado para la oposición”.
Uno de los antiguos partidos gobernantes, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tiene un proceso de embargo de sus bienes por investigación en casos de corrupción. Tres expresidentes del país que eran de Arena: Alfredo Cristiani, que reside en Italia; Francisco Flores, que ya falleció, y Antonio Saca, que guarda prisión.
Elecciones sin campaña
El abogado detalló que la organización que representa efectuó un censo donde los partidos opositores confirmaron que todavía no han recibido los fondos para la campaña.
“Si nos atenemos al hecho de que si los recursos de fuentes privadas, como empresas o personas particulares se ha venido a pique -porque nosotros tenemos ese monitoreo y seguimiento- adicional a que hay donantes que han abandonado a los partidos”, dice Escobar.
El centro de monitoreo político de AC elaboró una investigación con el objetivo de fiscalizar el financiamiento que reciben quienes acuden a las elecciones en 2024.
Para el director ejecutivo de AC eso explica por qué estamos a las puertas de las elecciones generales, pero muy lejos del ambiente político que tradicionalmente prevaleció en un evento cívico de esta naturaleza.
“Los partidos no van a poder ejecutar una campaña electoral que permita plantear sus candidaturas, plantear sus propuestas, no vamos a tener propaganda o una campaña y eso sería una manera sutil de inclinar la balanza a favor del partido oficialista y su candidato”, previene el abogado.
Sin pacto de entendimiento
El Tribunal Electoral, que invitó el 23 de noviembre a los inscritos a firmar el “Pacto de entendimiento entre los partidos políticos para las buenas prácticas en el desarrollo de las campañas electorales y la no violencia política”.
El acto recibió el portazo de los partidos opositores Nuestro Tiempo, VAMOS, Partido Demócrata Cristiano, ARENA y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La diputada Claudia Ortiz del partido VAMOS declaró a Expediente Público que ellos “no necesitan firmar un pacto de entendimiento para cumplir la ley porque cumplirla es nuestro compromiso con la ciudadana”.
“Contrario a eso lo que estamos viendo son ataques de violencia política hacia la mujer. Estamos viendo también la utilización de una gran cantidad de cuentas falsas y anónimas para difundir mensajes falsos y de violencia”, denunció Ortiz acuerpada del resto de candidatas que rechazaron el acto.
El FMLN, que gobernó dos quinquenios (2009-20199), declinó asistir al acto porque sostiene que “el papel jugado hasta ahora por el TSE es contrario a lo que busca generar este pacto”.
“Actualmente no existen las condiciones para que esta contienda electoral se desarrolle en igualdad de condiciones y menos en un ambiente libre de violencia política”, determinó el partido.
