*La Policía de Nicaragua ha cometido actos de violaciones sexuales, condiciones inhumanas de detención, tratos verbales degradantes, golpizas, amenazas de muerte contra detenidos y sus familiares, quemaduras, choques eléctricos, colgamiento simulado, desprendimiento de uñas y simulación de ejecución o asesinato.
*El Observatorio Nicaragüense para la Tortura documenta 158 casos de tortura cometidos contra opositores y excarcelados políticos en centros policiales, clandestinos y sistemas penitenciarios.
***Víctimas señalan la participación directa de jefes de las delegaciones policiales de Jinotega, León y Masaya en las torturas.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha empleado más de 40 diferentes métodos de tortura en contra de opositores y presos políticos que fueron secuestrados y encarcelados bajo el contexto de las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018 reveló el Observatorio Nicaragüense para la Tortura.
Condiciones extremas e inhumanas de detención, tratos verbales degradantes, golpizas, amenazas de muerte contra ellos/as y/o sus familiares, desaparición Forzada Temporal, quemaduras, choques eléctricos y tortura por suspensión o “colgamiento”, desprendimiento de uñas y simulación de ejecución o asesinato, son los métodos identificados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en contra de 158 prisioneros políticos del régimen sandinista.
Este es el octavo informe que presenta el Colectivo sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra los reos de conciencia, explicando que debido a la “gravedad” del contexto que se vive en el país centroamericano y para proteger las víctimas y sus familiares mantuvieron bajo anonimato los nombres.
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En el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.
De nada sirven los convenios
Nicaragua, además, es firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que indica que “todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.
Yader Valdivia, del área de documentación de casos y de acompañamiento del Colectivo aseguró a Expediente Público que este informe es “sin precedentes” en Nicaragua debido a la cantidad de testimonios que fueron documentados y también es un aporte a la búsqueda de justicia, para visibilizar este tipo de crímenes contra los opositores.
Valdivia señaló que, con este informe, además de conocer las identidades de las víctimas de tortura, también han identificado a los funcionarios, con nombres y cargos, que perpetraron estos delitos.
“Los principales perpetradores de este crimen de lesa humanidad son oficiales de la Policía”, refirió Valdivia, quien mencionó la participación directa de jefes de las delegaciones policiales de Jinotega, León y Masaya en las torturas, ya que “las víctimas los han identificado” plenamente.
¿Quiénes sufrieron las torturas?
Según el informe, del total de 158 casos presentados, 151 sufrieron tortura y el restante fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, identificaron que 130 son hombres, entre ellos dos menores de edad, así como 28 mujeres, incluyendo una mujer trans.
Sobre el perfil de las víctimas, el informe reveló que 153 de los ciudadanos participaron en las protestas sociales de abril de 2018, y 123 fueron agredidos, amenazados y asediados, lo que reveló un esquema de constante vigilancia, acoso y persecución.
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Los sitios donde fueron cometidas estas prácticas de tortura, según el organismo, fueron en centros policiales, centros clandestinos o irregulares y establecimientos penitenciarios lo que “nos ayuda a visibilizar a la tortura como una práctica sistemática y generalizada, extendida en la mayoría del país”, se lee en un resumen ejecutivo.
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Hace cinco años, los nicaragüenses iniciaron protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su respuesta ineficiente a un incendio en la reserva Indio Maíz y por unas controvertidas reformas a la seguridad social. La respuesta del régimen ha sido ataques armados a la población civil usando grupos paramilitares, policías y soldados del Ejército, cárcel, hostigamiento, así como despojo de su nacionalidad, destierro y confiscación de bienes.
Durante la presentación del informe, el abogado Gonzalo Carrión sostuvo que el escenario de la dictadura Ortega – Murillo es lo que provoca los crímenes de lesa humanidad y dijo que “el movimiento grande de defensores y defensoras de derechos humanos está comprometido con el pueblo de Nicaragua».
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Ataques contra familiares y niños
Las prácticas, aseguró el Observatorio, se cometieron desde el momento que los opositores fueron detenidos, pues los agentes policiales actuaron con violencia física a través de golpizas, empujones, amenazas de violación sexual y de muerte. Estas, además, alcanzaron a los familiares de las víctimas.
“Resulta especialmente grave que, en medio de estas detenciones, en siete casos se denunciara que los agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños/as (hijos/as o sobrinos/as de las personas detenidas)”, sostuvo.
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El informe destacó la variación de los métodos de tortura empleados por el régimen sandinista empleados en los últimos cinco años, que va desde las agresiones físicas a agresiones psicológicas, que buscan debilitar y destruir la personalidad y estabilidad emocional y mental de las personas presas políticas como el aislamiento y sobreexposición sensorial.
También conocieron de muchos casos de familiares de los presos políticos que durante las visitas eran sometidos a «desnudez forzada, tratos inhumanos y degradantes”.
Pero este informe ha seguido creciendo. Después de que se hizo el cierre a mediados del mes de abril, han continuado recopilando testimonios de víctimas de tortura y seguirán documentándolos, a través del Observatorio.
Violencia sexual
También tienen como meta recopilar los testimonios de los 222 excarcelados políticos, que fueron despojados de su nacionalidad en febrero del 2023, ya que solo cuentan con algunos relatos.
El Observatorio, además, identificó una práctica sistemática de violencia sexual en las cárceles en contra de 113 personas, en los últimos cinco años, y denunció que conforma “un patrón sistemático del Estado utilizado por las fuerzas encargadas de las detenciones arbitrarias”.
Estas violaciones, contabilizadas en 71 actos, se cometieron, en su gran mayoría, en contra de mujeres, presas políticas y familiares. Se identificó nueves formas de tortura: amenazas de matar o quitar a los hijos, privación de medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer, trabajo forzoso, abuso sexual y violación sexual.
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“Considerando a la población a la cual fue dirigida como un patrón diferenciado, y la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del acto, las formas más graves de violencia sexual (tales como el abuso sexual y violación sexual) utilizadas constituyen también crímenes de lesa humanidad”, sostiene.
Documentados por organismos internacionales
El organismo instó a que los responsables de estas acciones, directos e indirectos, respondan por las graves violaciones a los derechos humanos.
“El presente informe está planteado como una herramienta que contribuye no solo a las demandas de justicia de las víctimas de este crimen, sino también a la construcción de memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas contra personas presas políticas y sus familiares”, resumieron.
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Las violaciones a los derechos humanos también han sido documentados por organismos internacionales como la CIDH, que ha emitido, a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2018, al menos 19 resoluciones sobre medidas en beneficio de personas presas políticas y defensores de derechos humanos de Nicaragua que no han sido atendidas.
En marzo pasado, la Corte IDH verificó que las detenciones a reos políticos en Nicaragua tienen un objetivo de tipo político y no penal general; y que el desacato permanente a las resoluciones que ha emitido la corte y que han sido desacatadas, “erosiona las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho de Nicaragua”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, lamentó en noviembre de 2022, la negativa del régimen de brindar información sobre la situación de la tortura en Nicaragua.
Constante incumplimiento
«Los Estados tienen que asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento de sus obligaciones relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos, incluyendo cuando no se aporta la información requerida sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras sus visitas de país, como es el caso de Nicaragua tras nuestra visita en 2014 «, señaló en ese momento Suzanne Jabbour, presidenta del Subcomité.
El defensor del Colectivo explicó que el informe puede ser utilizado por los países que vayan a denunciar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la justicia internacional.
“Si algún país quisiera obtener este informe, poderlo analizar y poder elevar alguna denuncia internacional como es la justicia penal internacional, ya eso quedará a voluntad de los países. Este informe cuenta con la calidad y cuenta con la información suficiente para poder señalar a las personas que han denunciado las víctimas de tortura”, afirmó.
