*Debido a la dramática caída en la carga procesal de los juzgados anticorrupción creados a instancias de la MACCIH, el Poder Judicial de Honduras decide unificarlos en un solo circuito con los tribunales especializados en extorsión
**Con la nueva estructura judicial, un juez o jueza que ha estado en el circuito antiextorsión podrá conocer temas de corrupción o delitos tributarios y viceversa, lo que le resta relevancia a la atención especializada en cada caso.
Expediente Público
La creación por parte de la Corte Suprema de Justicia de un nuevo circuito judicial que conocerá los delitos de corrupción, criminalidad organizada y tributarios pone de relieve el rezago en la lucha anticorrupción desde la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que operó entre 2016 y 2020.
Con la disposición se pretende “fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, corrupción y extorsión” mediante la “distribución correcta de personal y recursos materiales”, se lee en el acuerdo No. 8-CSJ-2023 publicado el 14 de septiembre y anunciado el 21 de ese mes.
Al nuevo circuito judicial se adhiere el Juzgado de Letras, el Tribunal de Sentencia y la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, un sistema especializado para la investigación y el procesamiento de casos de corrupción creado en 2016 a instancias de la MACCIH, que colaboró en la selección y certificación de los jueces de esa jurisdicción nacional anticorrupción.
También estará integrado por otra estructura judicial especializada, la del juzgado de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Extorsión, creada en 2016, y por el juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios.
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Cómo funcionará contra la corrupción en Honduras
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia argumenta la escasa judicialización de casos de corrupción, que en el período 2018-2023 representaron sólo el 3% de los ingresos totales que recibieron los juzgados de Letras en Materia de Corrupción, Extorsión y Competencia Nacional, mientras que los delitos por extorsión alcanzaron el 80%.
El acuerdo que crea el nuevo circuito establece que la carga laboral de los órganos que lo integran será distribuida “equitativa y aleatoriamente” entre todos los jueces que laboran en el mismo, con excepción del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal que continuará conociendo delitos de criminalidad organizada.
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“Ya no vamos a tener un circuito especializado únicamente en materia anticorrupción, sino que ampliamos la competencia para que distintos jueces y juezas que conocen de otras causas puedan conocer allí lo referido a corrupción y criminalidad organizada”, declaró a Expediente Público el magistrado Mario Díaz.
“Desde nuestro punto de vista, lo que hemos hecho es juntar las capacidades técnicas y profesionales, sobre todo de los jueces en materia de corrupción, que por las particularidades en que llegan los casos a los tribunales tienen una menor carga procesal”, precisó el magistrado.
Con ello se pretende mejorar la mora que existe en otros espacios del Poder Judicial, como en el caso de materia de extorsión y crimen organizado, pero “el circuito va a tener las mismas condiciones, las mismas particularidades y el mismo apoyo de la dirección central”, aseguró.
A noviembre de 2022, el número de expedientes en mora judicial era de 35,613, según la memoria anual del Poder Judicial.
Mora histórica de la corrupción en Honduras
La exfiscal del Ministerio Público, Aída Romero, opinó a Expediente Público que “al fusionarlos con otras materias están dándoles (a los casos de corrupción) la misma categoría de criminalidad organizada”.
El problema es que también “le resta relevancia a la atención especializada del tema cuando las cortes de apelaciones conocerán no solo casos anticorrupción sino de otras materias”, agregó.
El magistrado Díaz acotó que las capacidades de los jueces de los circuitos de corrupción y extorsión “son más o menos las mismas” ya que en ambos fueron seleccionados en base al formato de la MACCIH.
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“Históricamente, Honduras ha tenido un déficit en materia de casos de corrupción que han sido judicializados”, reconoció el magistrado Díaz.
Ese déficit “se mejoró mucho” con la llegada de la MACCIH, que proveyó de capacidades técnicas y profesionales y contaba con una unidad fiscal “muy poderosa en ese momento”, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
Los tropiezos
Pero una vez expulsada la MACCIH, desaparece la Ufecic y se crea una debilitada Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
En 2022, el Congreso Nacional le dio “súper poderes”, pero al final “eso no pesaba, era más tema mediático que lo que de verdad representaba para esta unidad fiscal”, dijo a Expediente Público el director de seguridad y justicia en la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), Nelson Castañeda.
Díaz acotó que la capacidad de la Uferco ha disminuido a menos de la mitad y por ende también la de producir requerimientos fiscales y eso se refleja en la disminución “bastante dramática” que ha tenido la carga procesal en los tribunales.
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Desatención del Gobierno
Para Castañeda, los pocos resultados en la lucha contra la corrupción y la extorsión “se están viendo reflejados con estos cierres del circuito especializado”.
La baja efectividad de una institución repercute en otra, entonces “no es culpa del Poder Judicial que el Ministerio Público no genera requerimientos fiscales, ellos también tienen que ver costos y no es viable, está saliendo más caro mantener estos circuitos que los resultados que se le está dando a la ciudadanía”, continuó.
Atribuyó esa baja producción, que no solo es del Ministerio Público, sino de la Policía y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a la desatención del mismo Gobierno.
Para el caso, el presupuesto del Ministerio Público, de alrededor de 2 mil millones de lempiras (unos $82 millones), se ha venido replicando en los últimos dos a tres años, y en su mayoría se va en sueldos y salarios y poco en el fortalecimiento y la contratación de personal.
Recordó que desde 2019 no se han contratado más fiscales, aunque ese año “aparentemente se iban a contratar cien fiscales”, algo que si se planteó era porque se necesitaban, pero al final no se hizo.
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Tampoco en el Poder Legislativo se está viendo un interés real en la lucha contra la corrupción, “ya llevamos un mes y no tenemos fiscal general (…), entonces ya desde ahí va perdiendo credibilidad esa agenda de lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, declaró Castañeda.
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Se invisibiliza lucha anticorrupción
Consultado por Expediente Público, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, expresó que los juzgados anticorrupción se crearon para volver mucho más visible la lucha contra la corrupción, pero al unificarlos lo que se haces es invisibilizarla.
Consideró que el combate de la corrupción pasa más por la voluntad de los funcionarios involucrados que por la existencia de un juzgado anticorrupción, “pero en Honduras lamentablemente no es así”.
Santos recordó que el nuevo circuito judicial recibirá causas de narcotráfico y extorsión, que pueden ser miles sólo en el caso de extorsión, y se le dará prioridad porque hay detenidos, por lo que de alguna manera se estará disminuyendo la importancia que se le debería dar a los casos que se interponen ante los juzgados anticorrupción.
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Personal idóneo
Santos convino también en que el circuito anticorrupción fue bueno en un inicio, pero después fue cooptado por la administración del anterior presidente de la CSJ, Rolando Argueta, quien nombró de dedo al 50 por ciento del personal que lo integraba, incluyendo a personas que daban protección a algunos implicados.
El problema con el nuevo circuito judicial es que no se asigne al personal idóneo y se excluya a los jueces certificados por la MACCIH, aunque señaló que la mayoría ya no está trabajando en el tema de la corrupción porque pidieron traslado o fueron ascendidos a otros puestos diferentes.
Santos puso como ejemplo a la jueza Vera Barahona, quien llevó el caso de la primera dama Rosa Bonilla, el único que llegó a tener sentencia condenatoria, mientras que “los demás casos que fueron conocidos por otros jueces no han tenido la efectividad esperada”.
Al respecto, el magistrado Díaz sostuvo que todos los jueces certificados bajo el proceso MACCIH siguen en sus funciones y cualquier cambio “no va a ser nada arbitrario, sino que va a ser en función de los intereses de la carga que ahora se va a conocer en ese circuito especializado”.
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Discurso oficial versus realidad
Castañeda reflexionó que actualmente el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro “menciona y hace uso de los discursos y los espacios internacionales para decir que hay una efectiva lucha contra la corrupción”, pero los resultados no se ven.
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), a más de 20 meses del actual Gobierno, “no está instalada”, la lucha contra la corrupción “no es una realidad porque no vemos los requerimientos fiscales y la justicia en general en Honduras no es una realidad, pero la impunidad sí”.
“Es por ello que después, cuando salen esos índices de percepción de la corrupción, Honduras se mantiene en ese porcentaje tan lamentable que nos pone como uno de los países más corruptos de la región”, añadió Castañeda.
En el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2022 que publica Transparencia Internacional, Honduras no sufrió ninguna mejora con respecto a 2021.
“Después queremos ser parte, por ejemplo, de la Cuenta del Milenio y de otros beneficios internacionales, pero ese tipo de percepción, ese tipo de hechos, ese tipo de situaciones que se ven actualmente nos aleja totalmente de todos esos beneficios porque todavía seguimos siendo un país con una transparencia muy debilitada”, puntualizó.
