*Organizaciones que supervisan el proceso electoral no descartan que se produzcan incidentes de violencia durante la jornada de este domingo.
*Las elecciones en el país centroamericano se desarrollan bajo un ambiente totalmente “hostil”, marcado por la inhabilitación de candidatos, persecución contra la prensa y la sombra del narcotráfico.
Expediente Público
Las elecciones de este domingo en Guatemala, donde 9.3 millones de ciudadanos están habilitados para elegir los cargos de presidencia y vicepresidencia, alcaldías y poder legislativo, se desarrollan en un contexto de deterioro de los derechos humanos, civiles y electorales.
Ante este panorama, los ojos del mundo están sobre la nación centroamericana.
Kristina Rosales, portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a Expediente Público que a la administración del presidente Joe Biden, le “preocupa” el desarrollo de las elecciones por el antecedente con los candidatos que fueron inhibidos de la contienda.
“Esperamos, obviamente, que el que el Gobierno de Guatemala ejerza esas elecciones y que las haga de forma justa, que las haga de una forma libre, que el pueblo guatemalteco pueda ser quien de verdad dé su voz y su voto (…) Vamos a estar observando ese proceso obviamente como Gobierno de Estados Unidos, pero esperando de que sean elecciones libres y justas”, mencionó la funcionaria estadounidense.
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Candidatos presidenciales inhabilitados, agresiones contra la sociedad civil, ataques contra la libertad de expresión y de prensa, corrupción y narcotráfico, además de la inseguridad y la violencia que se vive en gran parte del país centroamericano son hechos que anteceden la jornada del domingo.
Violencia y narcotráfico
“Estamos inmersos este gobierno y en gobiernos anteriores, no solo Guatemala, sino todo el istmo centroamericano, está envuelto o afectado por el tema de narcotráfico, violencia y crimen organizado ha incrementado su actividad en los últimos años”, explicó a título personal Roberto Bianchi, un guatemalteco incorporado al Programa de Observación Electoral (PROE).
Según Bianchi, el problema de narcotráfico incrementó la corrupción en Guatemala.
Expediente Público te explica los aspectos más relevantes que empañan la credibilidad de estos comicios electorales en Guatemala.
Corrupción
La corrupción es solo un síntoma de la sociedad guatemalteca.
En 2019, tras 12 años de trabajo desde 2007, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) salió del país advirtiendo en su último informe -El legado de justicia en Guatemala- de la “cooptación y captura del Estado”.
Una de sus investigaciones, conocida como “La Línea”, reveló la presencia de una red criminal dedicada a la defraudación aduanera y evasión fiscal, que dejó millonarias ganancias al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos pagan una condena de 16 años de prisión.
Varios casos documentados por la CICIG y expuestos por los medios de comunicación ejemplifican los niveles de corrupción existentes en el país centroamericano, donde el futuro de la democracia dependerá en gran medida del compromiso de las personas que resulten electas.
“La corrupción no la vas a resolver de la noche a la mañana de un plumazo. Es un problema bastante más serio que va más allá del empleado de Gobierno que te está pidiendo una mordida por hacer un trámite o no, el problema de la corrupción es muy complicado, involucra a muchos actores”, afirmó Bianchi.
Narcotráfico
Otro de los problemas que afecta a los guatemaltecos es el narcotráfico.
Durante su mandato, la CICIG también expuso la forma de penetración de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el territorio nacional, así como los vínculos de éstas con agentes del Estado.
“El narcotráfico es el primero que te va a corromper a todas las instituciones, sobre todo de seguridad porque a ellos no les interesa que el policía haga bien su trabajo, y así poco a poco al juez, al Ministerio Público, es decirte van corrompiendo toda la estructura gubernamental”, señaló Bianchi.
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En la antesala de esta jornada, varios guatemaltecos señalados de actos de corrupción y narcotráfico inscribieron sus candidaturas, pero en el camino fueron rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Otros como Sofía Hernández, que ha sido reelegida por tres periodos consecutivos en el Congreso guatemalteco y está en campaña para aspirar a una cuarta reelección, lograron pasar el colador.
Hernández está incluida en la lista de actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalada de «abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos”. Sus hermanos y otros miembros de su familia están vinculados a grupos de narcotráfico.
Inseguridad y violencia
El Tribunal Supremo Electoral identifica al menos ocho municipios, de San Marcos, Huehuetenango, Zacapa, Jutiapa e Izabal, considerados de “muy alto riesgo”, donde podrían registrarse conflictos durante el proceso electoral de este 2023.
En esa misma línea, la Misión de Observadores de Guatemala (MOE-Gt), determinó que “hay una tendencia o un ciclo de violencia electoral”.
“A medida que nos vamos acercando al día de las elecciones, la violencia aumenta en incidentes y también en cuanto a intensidad, van modificándose, digamos, los tipos de hechos delictivos que identificamos en el proceso”, manifestó Natalia Gámez, secretaria técnica y de comunicación de la MOE-Gt.
El ciclo de violencia inició en enero con el intento de asesinato de Edvin Aroldo Callén Ardón, candidato a alcalde del partido Semilla en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y con el asesinato de Edwin Aradio Pop Artola, candidato a alcalde del partido Todos en Chahal, Alta Verapaz, en febrero.
A partir de ahí, los hechos registrados han ido en aumento, señala la MOE-Gt en su informe del 20 de junio. En total, hasta el 15 de junio de 2023, la MOE-Gt registró ocho casos de asesinato que cobraron la vida de 15 personas, entre ellas, cuatro mujeres.
Candidatos presidenciales inhabilitados
En el contexto de estas elecciones, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco y la justicia del país centroamericano está en juego y bajo la observación también internacional.
Serias dudas existen tras no permitir la inscripción de tres candidatos con posibilidades de ganar las elecciones y que lideraban las encuestas.
La indígena, Thelma Cabrera, representante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), quien obtuvo 10 por ciento de los votos en las elecciones de 2019, fue inhabilitada tras conocerse una denuncia penal que hasta ahora no ha sido precisada por parte del actual procurador de derechos humanos.
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Roberto Arzú, de Podemos, también expulsado de la carrera presidencial por infringir una reglamentación cuyo desacato pudo ser sancionado con una multa.
El último en ser expulsado fue Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, acusado de que su partido no cumplió con los requisitos legales cuando se realizó la asamblea en la que se le eligió como candidato a finales del 2022.
“Para que un presidente pueda participar y gane las elecciones en Guatemala, tiene que unirse a todos los corruptores del Estado”, dijo Pineda a Expediente Público, luego de conocer que quedó fuera de las elecciones.
Tras sacar del juego electoral a estos tres candidatos, los grandes ganadores son Zury Ríos Sosa, Sandra Torres Casanova y Edmond Mulet, denominados aliados del oficialismo.
“Algunos candidatos investigados por corrupción y narcotráfico han podido inscribirse, otros candidatos que desafían el statu quo han sido inhabilitados”, expresó Human Rights Watch en una nota resumen publicada después de una visita que el equipo realizó a Guatemala junto a otras organizaciones.
Agresiones contra la sociedad civil
En Guatemala, igual que otros países de la región centroamericana, se está criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos.
Solo en 2022, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó 3,574 agresiones contra individuos, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, incluyendo criminalización, acoso, intimidación, amenazas y violencia contra las mujeres.
“Esta dinámica de violencia representa el mayor número de agresiones registradas en 22 años”, denunció la UDEFEGUA.
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La política de represión es una “manifiesta venganza contra aquellas personas que impulsaron y lideraron los procesos de justicia, contra actores políticos, empresariales y miembros del crimen organizado”, señala el organismo de derechos humanos.
Persecución contra la prensa
El grave deterioro del Estado de derecho en Guatemala, también se ve reflejado en la persecución contra la prensa y se usa el sistema judicial para perseguir y encarcelar periodistas como ocurrió como José Rubén Zamora, fundador y presidente del diario El Periódico.
Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 y el 14 de junio de este año fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
En 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 117 casos en que la libertad de prensa fue restringida o violada, destacando 12 casos de acoso judicial y 36 de obstrucción a la labor periodística. Solo durante la presidencia de Alejandro Giammattei, la APG registra 404 agresiones a la prensa.
