*Las tácticas utilizadas en la década de los 80’s por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para enjuiciar y condenar a los antiguos aliados del régimen somocista, guardan similitud con las aplicadas hoy en día también con Daniel Ortega gobernando Nicaragua.
** Procesos legales irregulares, mutilación del sistema de defensa para los encarcelados políticos y torturas de todo tipo son los elementos que ambos contextos mantienen en común.
***Al igual que en los 80’, hoy los presos políticos no tienen derecho a la defensa, están aislados y han sufrido torturas físicas, sicológicas y hasta abusos sexuales.
Expediente Público
“En 1979, después de que el sandinismo tomó el poder, hubo juicios prácticamente sumarios. Cienes fueron enjuiciados. Esos son los que anduvieron con suerte. Otros fueron fusilados”, rememoró Luis Fley el excombatiente de la “Contra” y exaspirante a la presidencia, también conocido como “Comandante Johnson”.
Hoy la llamada “justicia” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha provocado la captura y el encarcelamiento de 177 presos políticos tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018.
El 31 de enero del presente año, el Ministerio Público anunció a través de un comunicado que a partir del 01 de febrero se realizarían los juicios para condenar a los presos políticos, entre ellos, líderes opositores y precandidatos presidenciales. Desde entonces han sido condenados ocho opositores entre ellos los jóvenes Yasser Vado y Yader Parajón, las opositoras Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, el líder estudiante Lesther Alemán, la exguerrillera Dora María Téllez y los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, este último exprecandidato presidencial.
Fley y Roberto Samcam, mayor retirado del ejército, expusieron a Expediente Público cómo las estrategias actuales son similares a las aplicadas en los juicios ejecutados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la década de los 80’s, para condenar y encausar a los conocidos como “Contras” y excolaborares de la dictadura somocista.
Las pocas diferencias presentes entre un contexto y otro, son única consecuencia del desarrollo humanitario y tecnológico acontecido en Nicaragua, que obligó al régimen a modernizar sus tácticas de enjuiciamiento. La evolución de sus estrategias represivas solo responde a seguir castigando a cualquier tipo de oposición en Nicaragua.
Los tribunales
Ortega-Murillo tiene el completo dominio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conformada en su mayoría por magistrados sandinistas y dirigida por Alba Luz Ramos, sancionada por la Unión Europea.
Esta institución ha colocado a disposición del Gobierno los juzgados para que en ellos se condene a los opositores y en adición ha aceptado las acusaciones inconstitucionales que se les imputan.
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Algo parecido ocurrió en la década de los 80, cuando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creó los conocidos “Tribunales Opositores Antisomocistas (TPA)”.
En ellos, según una investigación de Expediente Público “gran cantidad de campesinos fueron sometidos, incluso muchos que solo dejaron pasar a la contra por su zona o les dieron alimento”.
Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército aseguró a Expediente Público que “en los TPA, bastaba con que a alguien se le señalara de somocista, (para) caer preso y purgaba largas condenas. Ahí se fueron justos y pecadores”.
Ley 1055 y Ley 1074
La Ley, 1074, de mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública fue aprobada el 6 de julio de 1982 y establecía lo siguiente: Cometen delito contra la Seguridad Pública los que realicen actos dirigidos a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia e integridad.
En aquel entonces, se enjuiciaba a cualquiera que representara una mínima amenaza para el sandinismo bajo la idea de “menoscabar la independencia de Nicaragua”, una narrativa que Ortega mantiene en el presente y que perpetuó a través de la «Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», utilizada para imputar cargos de “traición a la patria” a los líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos que son parte de los 170 presos políticos en la actualidad.
“Ortega y Murillo han promovido entre su militancia, que la llegada de Ortega al poder, es la segunda etapa de la revolución. […] Ortega persigue con todas estas leyes y sobre todo con la Ley 1055, justificar el encarcelamiento de quienes habían planteado que iban a disputarle el poder” señaló Samcam.
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Nombres distintos, mismas tareas
Según los entrevistados, en la actualidad existen instituciones estatales que desarrollan una tarea represiva, que en la década de los 80’s era también llevada a cabo por una entidad del Estado con un nombre distinto. “En aquel tiempo la Seguridad del Estado hacía el papel que está ejerciendo la Policía ahora. Muchos miembros de la Seguridad del Estado son parte de la Policía”, dijo Fley.
Bajo esa misma línea Samcam explicó que la función de la actual Dirección de Auxilio Judicial era desarrollada por la Dirección de Operaciones, que era parte de la Dirección General de la Seguridad del Estado.
“La dirección de Operaciones era la que realizaba capturas, interrogatorios o asesinatos. Hoy es la Dirección de Auxilio Judicial. Antes la Dirección de Operaciones te encarcelaba y te llevaba preso a las cárceles de operaciones” aseguró.
Un dato importante a mencionar es que el jefe actual de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas sancionado por los Estados Unidos, fue oficial de la Dirección de Operaciones en la década de los 80´s.
El comisionado general Pérez fue sancionado “por su intervención como altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua y líderes de la PN” en la represión contra civiles en Nicaragua.
Falta de procesos legales justos
El Comandante Johnson aseguró que, al igual que en el presente, los presos políticos son víctimas de procesos judiciales repletos de irregularidades. Los acusados de somocistas tras el derrocamiento de la dictadura sufrieron “simulacros de juicio” en donde no contaban con ninguna posibilidad de salir libres, rememoró.
El ex combatiente señaló que en ocasiones los acusados ni siquiera llegaban a atravesar un juicio, simplemente se despertaban un día y recibían la noticia de que habían sido condenados a 30 años de cárcel.
Esto anulaba por completo la posibilidad de tener un abogado defensor. “No había derecho a la defensa, ni siquiera la figura del que se ve en la jurisprudencia moderna, que es el abogado de oficio. Todo el mundo tenía miedo de ser abogado de alguien” declaró Samcam.
Una situación parecida a la que en la actualidad atraviesan los presos políticos, a quienes se les imposibilita tener encuentros con su defensor legal previo al juicio. “Ahora tampoco hay derecho a un abogado defensor. Si te ponen un abogado defensor, le entorpecen toda su labor. No puede ejercer la defensa del reo y sencillamente está sujeto al vaivén político”, agregó el mayor en retiro.
Torturas y otras violaciones
Fley afirmó que las torturas eran comunes en las cárceles de los presos políticos de la década de los 80’s: “Los prisioneros campesinos que colaboraron con la contra fueron torturados, sin juicios tampoco. Los torturaron, los colocaban en posición fetal y los quemaban con un cigarrillo encendido”.
Por su parte, el ingeniero Samcam explicó que el Tribunal de Conciencia en septiembre del año 2020 registró gran cantidad de casos de violencia sexual en contra de prisioneros políticos a manos del régimen.
Hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI fueron abusados sexualmente por su carcelero en cárceles clandestinas, la mayoría en “El Chipote”.
Es imposible pasar por alto las constantes denuncias realizadas por los familiares de los presos políticos en las que aseguran que los encarcelados son víctimas de torturas y desatención de todo tipo como retención de medicamentos, aislamiento, falta de atención médica, entre otros.
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Las pocas diferencias
Una mayor rapidez de denuncia y un tendido legal mejor construido son las únicas diferencias presentes entre un contexto y el otro. Fley aseguró que la primera de ambas se debe a la modernización tecnológica que ha permitido también que las instituciones internacionales estén atentas de los que ocurre dentro del país.
“No pueden ocultar la captura de una persona. La gente recurre por lo menos a las redes y lo denuncia. Antes no se podía hacer eso. No tenía dónde recurrir. Solo la ANPDH (Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos) existía como organismo de derechos humanos”, sostuvo.
Por otro lado, Fley agregó que un tendido legal mejor construido en comparación a la década de los 80’s es otra prueba más del desarrollo en las tácticas represivas de Ortega.
“Leyes que sustentan las acusaciones y los juicios. Eso es lo que antes no existía. Enjuiciaban a los opositores, pero no había un sustento jurídico amplio. Ahora primero crearon el sustento jurídico para tener la base para acusar a los opositores. Esa es la diferencia, que (primero) crearon el marco jurídico” concluyó.
