*La periodista Lucy Chay, subdirectora general de El Periódico de Guatemala, en entrevista con Expediente Público, relata los momentos vividos por los empleados de la redacción durante el asalto policial del 29 de julio del 2022.
** Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, teme que este caso sea la punta de lanza para que se ejecute una “cacería de brujas” contra periodistas en el país centroamericano.
Expediente Público
El asalto policial del pasado 29 de julio en la sede de El Periódico en Guatemala, que duró aproximadamente 16 horas, es el más reciente zarpazo a la libertad de prensa en el país centroamericano, que dejó como resultado el embargo a sus cuentas bancarias y la detención de su presidente y fundador, el periodista José Rubén Zamora Marroquín, cuyo domicilio también fue allanado por casi diez horas.
Fueron momentos de total incertidumbre, cruce de llamadas y preocupaciones entre los reporteros que quedaron incomunicados con los trabajadores del diario.
“En ese momento se descontroló todo, comenzaron a sonar los teléfonos de contactos preguntando qué estaba pasando, pero ni siquiera nosotros sabíamos. Había mucho tráfico y se nos dificultaba mover a toda la gente, pero en realidad nunca pensamos que algo así pudiera pasar”, dijo la periodista Lucy Chay, subdirectora general de El Periódico en entrevista con Expediente Público.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) acababan de ejecutar el último zarpazo contra El Periódico de Guatemala, uno de los medios más críticos que ha denunciado casos de corrupción y abusos de poder de la administración del presidente Alejandro Giammatei.
Se trataba del más reciente ataque a la libertad de prensa en ese país centroamericano. A medida que pasaron los minutos, se conocían más detalles de la operación y a eso de las cinco de la tarde, el diario a través de sus redes sociales informó sobre el allanamiento.
Policías simularon ser repartidores
Los primeros funcionarios policiales que ingresaron a las oficinas con cajas en manos simularon que llevaban una entrega de paquetería, explica Chay a Expediente Público.
“Pudieron entrar a las oficinas diciendo que llevaban algo, llevaban una caja, y entonces no se activó la seguridad del periódico y cuando se dieron cuenta estaban adentro todos los policías. Ellos entraron como que fuera su casa y lograron burlar la seguridad del periódico, siempre hay un guarda en la puerta”, relata la periodista.
A la hora del allanamiento, en las oficinas centrales de El Periódico solo había 13 trabajadores, entre personal administrativo y encargados de la rotativa. Ellos fueron despojados de sus teléfonos celulares y sus documentos de identidad por los agentes policiales.
“A todos los sorprendieron. Dicen que solo se oyeron gritos de parte de los oficiales y los fiscales diciendo que nadie se moviera, que nadie podía salir y que dejaran sus teléfonos, que no se podían comunicar con nadie”, señala la subdirectora general de El Periódico.
Los dejaron incomunicados
Una vez dentro, los oficiales se dirigieron a una de las trabajadoras, que es la encargada de “cobros y créditos” del medio de comunicación. “Ellos sabían que estaba ahí, es alguien que tiene datos con relación a pagos, se llevaron una computadora y el teléfono de ella”, manifiesta Chay.
Los uniformados que ejecutaron el allanamiento a El Periódico, uno de los diarios más críticos que denuncia la corrupción del mandatario Alejandro Giammatei, también se llevaron “el disco duro del circuito cerrado de las cámaras de seguridad”.
“Ellos no querían dejar evidencia de lo que hicieron ahí adentro”, denuncia la subdirectora general del medio de comunicación de ese país centroamericano.
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La sede de El Periódico está conformada por una serie de bodegas, en una de las cuales opera la imprenta. Posterior a la pandemia del COVID-19, Chay afirma que a la par de la imprenta se construyó una oficina, donde los periodistas se reúnen con algunos entrevistados o cuando el equipo tiene encuentros de trabajo.
Sin embargo, desde la pandemia, los redactores realizan trabajo de “home office”, es decir cada uno opera desde su propia casa y debido a eso ninguno de ellos estaba en la sede principal del medio de comunicación al momento del allanamiento.
“Al allanar las oficinas centrales de El Periódico tal vez ellos pensaban que iban a controlar a toda la redacción y no la iban a dejar salir, porque para un medio escrito esa hora es muy importante porque está toda la redacción concentrada trabajando todas las notas. Dicen que hasta después les pidieron los DPI (Documento Personal de Identificación) y les preguntaban de qué área eran y qué hacían”, señala Chay.
El aviso del allanamiento: “La llamada se cortó”
De forma simultánea, otro grupo de agentes policiales incursionaron por el techo a la casa de Zamora Marroquín. No importó en lo absoluto que el presidente y fundador de El Periódico tenía de visita a su nuera y sus nietos.
Chay recuerda que como a las cuatro de la tarde de ese 29 de julio contestó una llamada del hijo de Zamora Marroquín, que vive en Miami, y le dijo: “Mire Lucy, estaba hablando con mi papá, se cortó la llamada, pero solo me pudo decir que entraron los policías. No sé qué pasó, no me pudo decir más porque la llamada se cortó y estoy tratando de comunicarme otra vez y nadie me contesta”.
Esa fue la campanada de alerta para que Chay de inmediato llamara a un reportero que daba cobertura a una situación cerca de la casa de Zamora Marroquín y lo enviara a verificar porque “algo estaba ocurriendo”. No transcurrió mucho tiempo cuando el periodista llamó a la subdirectora general del periódico para confirmarle que había policías en la residencia.
Todo de noche
“Como a los cinco minutos, me dijo que había patrullas enfrente de la casa de José Rubén, hay un carro sin placas y hay un montón de policías, y unos entran y otros salen de la casa. Me comuniqué con la directora (Julia Corado), y ella sabía de las oficinas del Diario y yo sabía de la casa de José Rubén. Fue cuando lanzamos la alerta, pero no sabíamos por qué”, señala Chay.
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Pasadas las siete de la noche, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, finalmente informa en un vídeo pregrabado que Zamora Marroquín fue detenido por la comisión de “múltiples delitos” y advierte que el caso está “bajo reserva”. El fiscal insistió que no se trataba de un caso en contra de la libertad de expresión y que van contra Zamora “por su calidad de empresario, no de periodista”.
Al filo de la medianoche, Zamora Marroquín fue llevado a Torre de Tribunales, donde le informaron el motivo de su detención. Este 8 de agosto, será llevado nuevamente a audiencia, donde deberá nombrar nueva defensa.
Un acto de censura
El 1 de agosto del 2022, sin embargo, el rotativo informó que las cuentas bancarias de El Periódico fueron embargadas a solicitud de la FECI como una forma de “paralizar las finanzas del medio de comunicación” que ha develado múltiples casos de corrupción.
“Al congelar cuentas nos ponen en una situación difícil. El viernes, cuando (ejecutaron) el allanamiento, a unos se les logró pagar, a otros no. Entonces, todo el fin de semana trabajamos para eso y afortunadamente logramos pagar”, dijo Chay.
La subdirectora general del medio de comunicación siente que los actos contra El Periódico son como el acto final de toda una estrategia de “censura y represión” contra todos los que han denunciado la corrupción del gobierno y las estructuras criminales en Guatemala.
La salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), agudizó la persecución contra la prensa en el país. La CICIG fue una comisión creada el 12 de diciembre de 2006 y disuelta en 2019 durante el mandato presidencial de Jimmy Morales.
“Es como una especie de revancha que se está dando después de la salida de la CICIG, porque en el tiempo de la CICIG caminaron muchos casos en el tema de corrupción, pero con su salida todas esas estructuras se reagruparon. Entonces, tienen una estrategia para botar primero todos esos casos y acallar a toda la gente que había participado y empezaron con los fiscales, los jueces, los magistrados y con los periodistas”, refirió Chay.
Pueden desatar “cacería de brujas”
El periodista Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), teme que la persecución contra El Periódico desate una cacería de brujas en el país centroamericano contra profesionales de la comunicación.
Desde el 14 de enero de 2020, cuando Giammattei tomó posesión de la Presidencia, hasta el primer semestre de este año, han ocurrido 350 ataques contra la prensa, según un informe compartido por la APG el mismo día que ocurrió el allanamiento contra El Periódico.
Solo durante el primer semestre de 2022, ocurrieron 66 actos de restricciones, violencia y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación.
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“Nos preocupa que este caso de El Periódico se convierta en una cacería de brujas dirigido precisamente a apagar o silenciar a las voces críticas (…) No queremos pensar mal que esto es como una advertencia hacia los medios independientes y sobre todo que con esto se pretenda acallar a los medios”, dijo Recinos en entrevista con Expediente Público.
¿Giammattei construye una dictadura?
En su informe de medio año, la APG denunció que el actual Gobierno guatemalteco se encamina a “convertirse en una dictadura”, debido a la criminalización de periodistas, el exilio de personas críticas al gobierno, la sumisión de poderes y el hecho de contar con un sistema de justicia no independiente.
También denunciaron que el gobierno pretende hacer creer que los sectores como la prensa son “enemigos” del Estado.
“Se ha dicho insistentemente que sin libertad de expresión no hay democracia y creemos que cuando se empieza a gestar o inventarse recursos espurios, o se empieza a criminalizar y perseguir a los periodistas ahí se empieza una dictadura”, mencionó Recinos.
La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala reiteró en un comunicado que ese tipo de acciones solo buscan “acallar la libertad de expresión”, por lo que instó que se “restablezca el derecho ciudadano de informar y ser informado”.
Criminalizan a periodistas de El Periódico
El Periódico ha pagado con creces el publicar los actos de corrupción en Guatemala. Según Chay, el gobierno está utilizando el sistema de justicia para levantar denuncias contra los periodistas.
El 11 de mayo de 2022, una juez de un tribunal de femicidio ordenó restricción al presidente del diario, José Rubén Zamora; Gerson Ortiz, jefe de redacción; y Cristian Velix, reportero de este medio, tras una denuncia que Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Dina Ochoa, presentó contra los tres periodistas.
Los tres periodistas fueron acusados de violencia contra la mujer en el ámbito público, debido a una nota periodística que este medio publicó el 22 de abril de 2022, titulada “TSE renueva contrato de la hija de la presidenta de la CC”. Según el medio, Bosch Ochoa tiene un contrato como asesora de la Corte que su madre preside, y por tal labor percibe un sueldo de 20,000 quetzales mensuales (2,584 dólares).
“Ya tenemos esa experiencia de esas denuncias, pero el caso de ahorita dicen que no tiene nada que ver con nuestra labor, pero el viernes (29 de julio) no nos dejaron imprimir, y ahora con el embargo de cuentas”, puntualiza Chay.
