*La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la 53 Asamblea General, aprobó una resolución sobre Nicaragua y exhortó al régimen de Daniel Ortega para que informe sobre situación del obispo católico, Rolando Álvarez.
**Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre su solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) para que se otorguen medidas provisionales a favor del religioso nicaragüense preso en “La Modelo”.
Expediente Público
En el marco de la 53 Asamblea General, los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron por consenso una resolución sobre Nicaragua en la que demandan al régimen de Daniel Ortega que brinde información sobre la situación en la que se encuentra detenido monseñor Rolando Álvarez.
La resolución de la OEA, “La crisis de derechos humanos en Nicaragua”, llama al régimen nicaragüense para que “se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y a que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez, a quien —según la información recibida— se le mantiene aislado en instalaciones de máxima seguridad.
El 9 de febrero de 2023, el obispo fue enviado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, tras negarse a ser desterrado junto a 222 expresos políticos que subieron a un avión rumbo a Estados Unidos.
La resolución refleja los resultados de las consultas realizadas en una reunión el 21 de junio de 2023, en la que participaron las delegaciones de Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá y Perú.
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Álvarez es beneficiario de medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el organismo pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ampliar las medidas provisionales “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua” a fin de incluir al sacerdote.
“En Nicaragua, hay un control total del espacio cívico, se acallan todas las voces críticas, se sofoca la posición política y se persigue a la Iglesia católica y a las organizaciones de sociedad civil”, mencionó la comisionada Esmeralda Arosemena, en su calidad de primera vicepresidenta de la CIDH, ante la Asamblea General de la OEA.
Régimen no cumple con resoluciones
El presidente de la Corte-IDH, juez Ricardo Pérez Manrique, manifestó que desde la resolución adoptada por este órgano judicial el 22 de septiembre de 2022, el régimen de Ortega «no solo ha incumplido con lo ordenado”, sino que se niega a brindar información sobre la situación de las personas beneficiarias.
La última comunicación por parte del régimen la recibieron el 11 de abril de 2022. El juez Pérez Manrique pidió a los Estados miembros su seguimiento a la situación de crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua.
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Los Estados miembros de la OEA, a través del documento aprobado en la Asamblea General, recordaron que persiste el “agravamiento de la crisis política y humanitaria” en Nicaragua desde 2018, a pesar de varias resoluciones y mandatos adoptados por los Estados Miembros y la Secretaría General de la OEA.
“Es esencial que presentemos un mensaje firme ante el Gobierno de Nicaragua, condenando la represión y opresión persistentes de los oponentes políticos, los medios, las entidades religiosas, incluyendo la Iglesia católica, de las organizaciones caritativas como la Cruz Roja (…). Nuestras sociedades deben actuar sin titubear para salvaguardar la libertad, dejando poco espacio para aquellos que quieran limitarlos”, mencionó Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA.
Preocupados por crímenes de lesa humanidad
Los Estados de la OEA expresan su preocupación en la resolución por el contenido del informe de marzo de 2023 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de Naciones Unidas, en el que señalan que existen “elementos de hecho para concluir, prima facie, la existencia de un crimen de lesa humanidad de persecución”.
La embajadora Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante la OEA, recordó que la comunidad internacional sigue siendo “testigo de graves violaciones de diversa índole contra la población civil, contra la comunidad diplomática, contra el clero y los feligreses de la Iglesia católica” en Nicaragua.
“La CIDH ha documentado estas violaciones, las cifras reflejadas en su reciente informe constituyen dolorosos recordatorios del drama humano que representa esta crisis para muchas familias nicaragüenses, han fallecido 355 personas incluyendo el preso político Hugo Torres mientras permanecía en cautiverio, más de 2,000 personas han sido heridas, 2,090 personas fueron privadas de su libertad, más de 300 personas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad y más de 3,000 organizaciones de sociedad civiles fueron canceladas”, mencionó la diplomática costarricense.
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Hicieron un llamamiento a las autoridades de Nicaragua para que “deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos, y que restringen libertades públicas”.
En Nicaragua, además, se siguen dando “confiscaciones de cuentas bancarias y apropiaciones ilegítimas de propiedad privada”, mencionó Solano.
Siguen apostando al diálogo
Por último, en la resolución insisten a los Estados Miembros para que hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel.
“La Organización de Estados Americanos ha extendido su mano al Gobierno de Nicaragua en múltiples ocasiones, ofreciendo asistencia para restablecer la democracia y sus principios fundamentales y prácticas, desafortunadamente esos esfuerzos han sido respondidos con desdén y en vez del avance hemos visto la erosión de los valores democráticos y la enorme consideración de los derechos políticos y humanos (…). Es nuestra obligación utilizar nuestras influencias individuales y colectivas para instar a las autoridades nicaragüenses para participar en el diálogo”, dijo el embajador Sanders.
En Nicaragua se siguen dando “ataques contra los valores democráticos e instituciones”, señaló Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA.
“Los actos del régimen nicaragüense van en contra de todo lo que define esta organización: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. También demuestran su desdén por la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, puntualizó el embajador estadounidense.
La 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se llevó a cabo en Washington D. C., Estados Unidos.
