*La detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico en Guatemala, es una de las últimas acciones contra la libertad de prensa en la región centroamericana.
**El Gobierno de Guatemala repite patrón de Nicaragua y El Salvador al criminalizar a periodistas y directores de medios de comunicación que exponen corrupción y violaciones a los derechos humanos. En Honduras el riesgo también es de morir por ser periodista.
Expediente Público
El periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente y fundador del medio de comunicación El Periódico de Guatemala, será llevado este lunes 1 de agosto a los tribunales para la audiencia de primera declaración. El periodista, que ha dicho teme por su vida, anunció una huelga de hambre como protesta por su detención ocurrida el pasado 29 de julio tras un allanamiento ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC) en su domicilio y en las oficinas del rotativo.
La detención de Zamora Marroquín expone la difícil situación que enfrentan los periodistas en al menos cuatro países de Centroamérica. El allanamiento en su domicilio duró alrededor de cinco horas, mientras que el personal del medio de comunicación fue retenido por casi 16 horas en las oficinas, una situación que antes han sufrido los periodistas en Nicaragua.
Zamora Marroquín fue acusado por los supuestos delitos de lavado de dinero, proposición y conspiración para lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El Periódico es un diario crítico que ha expuesto públicamente varios casos de corrupción del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Los agentes llegaron con el rostro cubierto y en las afueras del domicilio del periodista se apostaron camionetas Hilux sin placas, denunciaron medios locales.
“Me pongo a disposición de la justicia a ver qué hay y me imagino que debe haber una conspiración, una persecución, debe haber algo mutado y si ese es el caso y hay que pagar con cárcel el amor a Guatemala pues vamos”, dijo Zamora cuando salió de su domicilio rodeado de un contingente de policías que lo llevaron a la Torre de Tribunales, sede del organismo judicial guatemalteco.
Detención genera temo en el gremio
Evelyn Blanck, periodista del colectivo Prensa contra la censura y la Red Rompe el Miedo de Guatemala, en entrevista con Expediente Público reconoció que los periodistas en ese país centroamericano se encuentran “angustiados y obviamente con temor”, tras la detención de Zamora Marroquín.
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“No es que antes de (Alejandro) Giammattei no hubo acciones de criminalización. Lo que sucede es que durante el periodo de Giammattei se termina de cooptar totalmente el Estado, ya tiene las Cortes, recién acaban de ganar el espacio del Procurador de los Derechos Humanos y ya nombraron una persona que es afín a ellos. Ya tienen al Ministerio Público y lo que enfrentamos es una situación distinta donde no hay institucionalidad democrática”, dijo Blank.
A Zamora Marroquín se le programó audiencia de primera declaración para este lunes 1 de agosto. De momento permanecerá en la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en ciudad de Guatemala, la capital. “Desde noviembre sabía que esto iba a pasar, intentaron con muchos casos que carecían de sustento (…) Hay que ir a enfrentar lo que la vida me pone enfrente”, declaró el comunicador detenido.
Reportes de ataques
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó que Zamora Marroquín es beneficiario de medidas cautelares al igual que su personal técnico y administrativo.
Las medidas fueron dictadas por un allanamiento ilegal en la residencia de Zamora Marroquín ocurrido en 2003 por sujetos que se hicieron pasar por policías, y “maltrataron a miembros de su familia”, según información de la CIDH. Ese mismo año varios periodistas del rotativo “recibieron amenazas” por el ejercicio de su labor.
“De momento seguimos documentando”, dijo el relator de la CIDH al ser consultado por Expediente Público sobre el caso de El Periódico.
En su Informe Anual 2021, la CIDH advirtió sobre la grave situación y riesgos de la labor periodística en Guatemala, debido a hechos como el asesinato de dos comunicadores, hostigamientos e intimidaciones, agresiones en el marco de manifestaciones sociales y obstrucciones a la cobertura periodística de actos oficiales.
Para entonces, tuvo conocimiento acerca de la apertura de procesos judiciales y amenazas de investigaciones contra periodistas, especialmente del medio El Periódico.
Una Fiscalía politizada
El fiscal a cargo en las investigaciones contra el fundador del diario El Periódico es Rafael Currichiche, un funcionario que el 15 de julio de 2022 fue incluido en la conocida “Lista Engel” del Departamento de Estado, de Estados Unidos, que enlista a personas que, con “conocimiento de causa, se han involucrado en actos que amenazan procesos o instituciones democráticas y se han involucrado en corrupción significativa”.
Curruchiche, desde el 3 de agosto de 2021, es jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y encargado de levantar denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval quien salió de Guatemala por temor a ser encarcelado.
A través de los canales oficiales del Ministerio Público, Curruchiche indicó que el caso de Zamora Marroquín se encuentra “bajo reserva” y que su detención no tiene vínculos en su “calidad de periodista”.
El funcionario dijo que también fue capturada la auxiliar fiscal de la FECI, Samari Carolina Gómez Díaz, acusada de revelar “información confidencial o reservada”.
Fiscal General señalada de corrupción
En Guatemala el Ministerio Público está dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta. Fue nombrada inicialmente para el cargo en mayo de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales en sustitución de Thelma Aldana, la fiscal general que estuvo al frente de importantes investigaciones contra la corrupción en Guatemala.
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En mayo de 2022, Porras Argueta fue confirmada por el presidente Giammattei para continuar en el cargo por otros cuatro años. Fue la forma en que el mandatario la respaldó ante los señalamientos de supuesta politización y corrupción de la fiscal general.
El 20 de septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Porras Argueta en la lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos, debido a que «obstruyó y socavó» repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados y obtener favores políticos indebidos.
“El patrón de obstrucción de Porras incluía ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, incluso despidiendo a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo fiscales que investigan la corrupción”, señaló el Departamento de Estado.
Giammattei incluso no acudió a la Cumbre de las Américas en protesta por la sanción a Argueta.
El Periódico advirtió de caso fabricado
En octubre pasado, Zamora Marroquín denunció que el presidente Giammattei y la fiscal general Porras estaban «fabricando» un caso en su contra para encarcelarlo. El Periódico se ha destacado por ser un medio que denuncia los actos de corrupción del gobierno y del Ministerio Público.
En la región centroamericana los periodistas son objeto de ataques, asedio, amenazas, espionaje, detenciones, exilio forzado y en casos extremos asesinatos que quedan en la impunidad.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, instó desde su cuenta en Twitter, al “pleno respeto del debido proceso bajo la ley de Guatemala y la protección de la seguridad personal” de El Periódico y su director.
Blanck recordó el caso del periodista guatemalteco Juan Luis Font, del programa de análisis «Con Criterio», quien debió abandonar el país luego que en diciembre de 2021, un juez dictó una orden de arraigo en su contra que es para evitar que se oculte o salga del territorio.
“Son acciones totalmente ilegales que vienen desde el Estado mismo y esto es lo que provoca esta inestabilidad. La captura de Zamora se ve cómo la señal definitiva en Guatemala de que ya empezaron y se están yendo contra la prensa, anteriormente solo habían rumores”, refirió Blanck.
Gobiernos: silenciar al periodismo
En 2021, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida también como Fundamedios, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina y dijo que la situación se estaba volviendo “cada vez más peligrosa”.
Nicaragua, donde se vive una situación de hostigamiento que ha llevado a la autocensura de muchos periodistas independientes y al exilio, es considerado el “mal ejemplo para Centroamérica”. En Nicaragua se han registrado agresiones físicas contra periodistas, obstrucción al trabajo periodístico, allanamientos, destrucción de equipos, acusaciones, asesinatos, persecución y hasta bloqueos de suministro.
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En la actualidad, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a cuatro periodistas encarcelados: Cristiana Chamorro Barrios y su hermano Pedro Joaquín; el cronista deportivo, Miguel Mora y el fundador de 100% Noticias, Miguel Mora.
En el último mes, la persecución del régimen contra el diario La Prensa obligó a su personal, entre ellos periodistas y fotógrafos a abandonar el país por temor a los encarcelamientos. Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann permanece detenido desde el 14 de agosto de 2021.
Más de cien periodistas de medios independientes se han exiliado, la última oleada fue en julio de 2022 cuando, al menos, 20 reporteros y fotógrafos salieron de Nicaragua de forma irregular para evitar ser encarcelados.
Giammattei igual a Ortega
En el caso guatemalteco, la llegada del presidente Giammattei el 14 de enero de 2020, significó un “grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales y un complejo escenario para los medios de comunicación, periodistas, y organismos que monitorean la libertad de expresión”, refirió Fundamedios en su reporte anual 2021.
En Guatemala los periodistas sufren acoso, agresión física, detención arbitraria, discurso estigmatizante, limitación al acceso a la información, persecución judicial y detenciones como la vivida recientemente contra el director de El Periódico.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró el viernes que teme que su país se esté “convirtiendo en una Nicaragua 2.0” tras la detención de Zamora Marroquín.
“Una democracia sin una prensa independiente erosiona el Estado de derecho, tiende a ser más frágil”, manifestó Rodas.
“Zamora dirigía un medio que constantemente y sistemáticamente denunciaba la corrupción con fuentes muy privilegiadas, entonces tenía que caer y esa es la situación que estamos enfrentando situación de gobiernos autoritarios, regresivos, dictatoriales que se están copiando unos a otros”, señaló Blanck.
Repudio internacional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al presidente Giammattei, garantías para la libertad de prensa y de debido proceso, tras la detención del periodista Zamora Marroquín.
“El presidente Giammattei debe dar muestras claras de que se garantice el debido proceso y la libertad de prensa en el país” al periodista, refirió Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Gypsy Guillén Kaiser, directora de incidencia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York, dijo que “las autoridades guatemaltecas deben liberar y retirar de inmediato cualquier cargo penal” contra el periodista Zamora Marroquín.
La Conferencia Episcopal de Guatemala también expresó preocupación ante un hecho en el que se termina “atacando de facto la libertad de prensa” en el país centroamericano.
Las actuaciones como las ocurridas la semana pasada “siembran dudas sobre hasta dónde seguimos contando con un Estado de derecho efectivo en el país”, reiteró la Conferencia Episcopal guatemalteca.
“Eso es lo que está ocurriendo en Centroamérica donde están dominando actores antidemocráticos con acciones autoritarias y obviamente no interesados en que la ciudadanía tenga esta visión de ellos, quieren proponerse como líderes y la prensa es un obstáculo”, dijo Blanck.
Espionaje contra periodistas y asesinatos
En El Salvador, con la llegada de Nayib Bukele al Gobierno en 2019, el país se convirtió en un “campo minado para las y los periodistas y la libertad de expresión”, reportó Fundamedios.
Durante la gestión de Bukele, al menos 23 miembros de medios de comunicación y periodistas, recibieron un correo de la compañía Apple en el que les advertían de posible “espionaje informático estatal”, entre los afectados había 12 periodistas del medio digital El Faro. La alerta también fue recibida por miembros de la oposición al Gobierno.
En enero de 2022, Amnistía Internacional (AI) denunció el uso a gran escala del “programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador.
“Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo”, dijo la organización de derechos humanos.
En la región, Honduras también se encuentra sumergido en un ciclo de agresiones contra la libertad de prensa y de expresión. El asesinato de los periodistas Germán Vallecillo, Jorge Posas, Luis Almendares, Pedro Canelas, todos ocurridos en 2020, es muestra de ese riesgo.
Honduras es el país de Centroamérica “más peligroso para ejercer el periodismo”, detalló Fundamedios.
