*“Para Honduras yo tendría una voz de alerta más que de beneficio de la duda”, dice politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda sobre la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana propuesta por el Gobierno de Xiomara Castro.
**Otros mecanismos de participación ciudadana como los Consejos Comunales en Venezuela, los Consejos Populares en Cuba y los Consejos de Poder Ciudadano en Nicaragua, países con una ideología de izquierda, son correas de transmisión del partido Libre en el Gobierno hondureño.
Expediente Público
Para el historiador y politólogo cubano Armando Chaguaceda, “Centroamérica vive ahora un proceso de acelerada degradación de la democracia, con distintas orientaciones ideológicas, ahí tenemos los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala”, por lo que su parecer, la Ley de la Mesa de Participación Ciudadana que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional para su aprobación, debe ser motivo de alerta.
“Para Honduras yo tendría una voz de alerta más que de beneficio de la duda”, declaró Chaguaceda en una entrevista con Expediente Público en la que analizó las similitudes que tienen los Consejos Comunales en Venezuela, los Consejos Populares en Cuba y los Consejos de Poder Ciudadano en Nicaragua, países con los que Castro se identifica ideológicamente.
Una de esas semejanzas es que se trata de modelos de participación sin empoderamiento ni autonomía, donde no se reconoce a la ciudadanía como un actor plural, sino con un sesgo participacionista.
Con ideologías radicales
“No hay participación autónoma, sino movilización consultiva, donde estas instancias de participación se convierten en correas de transmisión en las cuales un partido de gobierno baja órdenes, moviliza y, a veces, distribuye recursos”, dijo el politólogo radicado en México.
Se trata de tres países con diseños y evolución diferente: Cuba es un régimen de partido hegemónico, de diseño soviético, donde no se reconoce la oposición política.
Nicaragua también es un régimen de partido hegemónico, casi único para todo efecto práctico, pero donde ha habido una oposición que ha sido reprimida. Y Venezuela es un régimen autoritario con una oposición más grande y robusta, si bien dividida, y donde sigue habiendo una movilización social importante, explicó.
“Pero hay elementos comunes: los tres además son regímenes que vienen de una ideología de izquierda radical autoritaria y antiliberal. No son una izquierda socialdemócrata, ni siquiera ya son Nicaragua y Venezuela gobiernos populistas, pues ya esa fase la pasaron. Ahora son claramente autoritarios”, planteó.
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Espionaje y control
Esos consejos ciudadanos, como extensión del aparato de control del Estado y partido oficialista “pueden cumplir funciones también de control o espionaje de aquellas personas que disienten”, explicó.
Si existe todavía una oposición que es legal, está viva y actúa, sea en ámbitos de las comunidades o de las instituciones, “estos mecanismos pueden servir para introducir el control a nivel barrial”, continuó.
En cambio, en un país con una dictadura consolidada, donde la oposición política y la sociedad civil fueron suprimidas de facto y de jure, sirven para mantener ese control.
Para el caso, recordó que cuando se empezaron a crear los CPC en Nicaragua, a partir de 2007, estos “se imponían sobre una institucionalidad previa de la democracia liberal, un modelo participativo y consultivo abierto a la sociedad civil plural y a otros actores”.
Pero eso fue sustituido por la estructura actual, desde la base hasta la cúpula, subordinada al partido gobernante y al Estado.
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Democracia representativa y participativa
“La democracia participativa y/o directa es una forma de democracia que coexiste con la democracia representativa, no la sustituye”, explicó Chaguaceda.
Se trata de procesos distintos en el campo político, ya que la democracia representativa supone que los ciudadanos eligen el representante y la participativa, es un espacio para que la ciudadanía se involucre en ciertas instancias como los consejos ciudadanos que existen en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Esto último “no está reñido con la democracia representativa, con votar, tener partidos plurales y representantes electos. Lo que sí está reñido es cuando aquellas estructuras anulan la diversidad de la sociedad civil”, precisó.
Esto es cuando la instancia de supuesta participación ciudadana está subordinada a la Presidencia, que es la única que los puede activar. Así mismo, cuando la participación real está limitada a los simpatizantes políticos y cuando los recursos que provee el Gobierno benefician solo a los afines o se impide el funcionamiento a una asamblea en una zona que es opositora.
Chaguaceda llamó también a prestar atención al discurso.
“Si aparece un ataque a la democracia representativa pretextando que se promueve la democracia participativa como la única democracia posible, si hay un discurso así, clásicamente populista, de ataque al pluralismo, a los partidos, a la sociedad civil, si se habla homogéneamente de pueblo en vez de reconocer una ciudadanía diversa, ahí creo que hay señales de un intento participacionista de manipulación no democrática”, advirtió.
¿Y la propuesta hondureña?
La Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana que propone el Ejecutivo y que está en dictamen en el Congreso Nacional elimina el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), creado en 1994 como instancia nacional de diálogo, pero cuyo rol en la administración de Juan Orlando Hernández ha sido muy cuestionado ya que supuestamente avaló actos de corrupción como el de los hospitales móviles.
El Fonac recibe un presupuesto del Estado y su secretario ejecutivo es nombrado por el presidente o presidenta de la República, quien a su vez convoca a las asambleas, que también pueden ser llamadas por la mitad más uno de las organizaciones que lo integran.
La nueva ley, que consta de nueve artículos, plantea que los gastos sean absorbidos por la recién creada Secretaría de Planificación Estratégica, cuyo titular será el coordinador de la Mesa Nacional y a través de quien Castro convocará a las organizaciones.
Es decir, que en la nueva normativa prolonga la verticalidad de mando en la nueva instancia de participación ciudadana.
Otras advertencias
Para Chaguaceda, que la nueva instancia no maneje fondos ni salarios podría ser un arma de doble filo, ya que podría ser una vía para desincentivar en ciertos casos la participación, pues “en un país pobre donde los integrantes de las organizaciones sociales dedican muchas energías a sobrevivir en su día a día, dedicar tiempo a un espacio ad honorem, les impediría participar”.
Por otro lado, “si yo no pago a nadie por estar en ese lugar, pero quizás puedo sacar de manera ilegal dinero de otras fuentes para poner allí a mis simpatizantes, entonces puede ser un espacio para tener gente leal sin ser auditado”, apuntó.
Un tercer escenario es que se generen lógicas perversas, como que por ejemplo en un espacio consultivo participativo abierto al gremio empresarial. Estos pueden destinar más recursos y tiempo libre a participar, lo que podría sobrerrepresentarlos en detrimento de sectores populares.
Espacio de manipulación
Los mecanismos de democracia directa participativa, así como en las instancias de consulta y de articulación Estado-sociedad civil, surgieron en Centroamérica en los años 80 y sobre todo en los 90 como parte de una tendencia global, dijo Chaguaceda.
Esas instancias “vinieron con la promesa de ampliar la inclusión en una región desgarrada por guerras civiles y problemas graves de pobreza, desigualdad, déficit de ciudadanía y captura del Estado por las élites tradicionales”.
Algunas funcionaron mejor y fueron más abiertas, implementaron, por ejemplo, toda la agenda de transparencia, descentralización y de rendición de cuentas. Pero otras han sido una especie de cascarones vacíos, burocráticos, tecnocráticos o decorativos, que no han resuelto nada, apuntó.
La iniciativa de Ley de las Mesa Nacional de Participación Ciudadana es “muy vaga, genérica”.
“Básicamente hay una retórica de empoderamiento detrás de una iniciativa de protagonismo de la Presidencia y que, a la vez, se presenta como un espacio abierto a diferentes actores”, lo que en principio no está mal pues “sería un espacio de concertación, no necesariamente participación”.
Consideró que cada una de las medidas hay que verlas dentro de un marco político, “si esto es una iniciativa exclusivamente del Gobierno nacional, si tiene en sus atribuciones un fuerte sesgo de Presidencia y si, por ejemplo, el modelo que sustituye era más plural, más abierto -por su convocatoria, por quién podía convocarlo, quién participaba, sobre qué áreas decidían- habría que evaluar con cuidado este proyecto de ley”.
Experiencias positivas
Continuó diciendo que “si va de la mano con algún intento de refundación y formateo del régimen político por una vía de Asamblea Constituyente, hay que verlo con cuidado, porque eso ha pasado en otros países, donde las Asambleas Constituyentes han sido un espacio de manipulación de la participación y de sobrerrepresentación de actores del oficialismo, para cambiar las reglas y diseño del régimen y proceso político. Véase la experiencia andino bolivariana”.
Dijo que hay que evaluar “si una convocatoria de esta índole va de la mano a un gobierno que quiere reforzar su posición mediante una Constituyente para refundar el sistema político, si su partido tiene tradiciones populistas o relaciones clientelares con organizaciones sociales que moviliza, si su liderazgo ha tenido retórica o actuaciones populistas de ataque la democracia representativa”.
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Chaguaceda amplió que en América Latina hay experiencias positivas de democracia directa y participativa virtuosas, opuestas al participacionismo populista y autoritario. Tal es el caso de Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, en las que “por ejemplo, no pueden ser convocados por el presidente, el gobernador o el alcalde”, sino que son activados por la ciudadanía y se garantiza la pluralidad de la sociedad civil.
Ver la experiencia regional
Ante las preocupaciones que ha generado la nueva ley de participación ciudadana, el politólogo cubano indicó que es necesario que se evalúe quién lo está promoviendo, en qué contexto y con qué antecedentes otros actores similares lo han promovido.
Aunque se pregona la idea de que “la democracia representativa es pura élite corrupta, que no nos representa y ahí está el pueblo al que yo represento y voy a empoderar”, la realidad es que “no lo empoderas cuando creas instancias participativas dependiente política, legal, administrativa y financieramente del poder estatal”, apuntó.
Insistió en que los actores políticos y sobre todo la sociedad civil hondureña “revisen la experiencia regional: ver dónde ha habido prácticas similares, cuáles tuvieron un desenlace autoritario y cuáles no, qué correlación de fuerza y que actores fueron protagónicos cuando la democracia sobrevivió o mejoró o en las que se degradó y desapareció”.
Señaló que también es importante alertar con sustento, “no es repetir la fábula de Pedro y el lobo, diciendo que toda democracia participativa no es más que populismo, pero tampoco ignorar que la democracia participativa ha sido un acompañante retórico del populismo y del autoritarismo en América Latina”.
Populismo
A su juicio, en cada caso hay que hacer un análisis, una crítica y un posicionamiento con base a evidencias. “Que la gente discuta esto pronto y bien, que la sociedad civil -y no solo la clase política- interpele al gobierno, pero con argumentos a partir de elementos muy claros”.
Para Chaguaceda, “en la política ni el exceso de indulgencia, ni el exceso de histeria ayudan, la participación ciudadana es algo demasiado serio, importante como para desecharla de plano como sinónimo de populismo, pero también como para no reconocer que ha sido instrumento de manipulación”.
