*Defensa del expresidente hondureño deberá apelar resolución en un plazo de tres días. Alegan que gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba “fehaciente y suficiente” que involucre a Juan Orlando Hernández en actividades de narcotráfico.
Expediente Público
Un juez de extradición de primera instancia aprobó este miércoles 16 de marzo la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, acusado de tres delitos de narcotráfico.
La resolución fue anunciada oficialmente a eso de las 9:00 de la noche por el vocero de la Corte Suprema de Justicia Melvin Duarte, tras una jornada de casi doce horas en las que el juez Edwin Ortez admitió los elementos de prueba de ambas partes y se pronunció finalmente a favor de la solicitud del Gobierno estadounidense, la cual deberá ser apelada por la defensa del exmandatario en un plazo de tres días.
La decisión será analizada en segunda instancia por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, exceptuando al magistrado Ortez, indicó Duarte.
El exgobernante hondureño, que estuvo en el cargo durante ocho años, está acusado de conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos y conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos.
Según la solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde al menos el 2004 hasta el 2022 o aproximadamente esa fecha, Hernández habría participado en una conspiración violenta de narcotráfico, transportando más de 500 mil kilogramos de cocaína desde Honduras a Estados Unidos.
La audiencia de presentación y evacuación de pruebas inició alrededor de las 9:15 a. m. y unos diez minutos después el juez Ortez otorgó hora y media para que la defensa del expresidente hiciera la lectura y análisis de los medios de prueba enviados por las autoridades estadounidenses.
El periodista estadounidense Jeff Ernst publicó en su cuenta de Twitter que la documentación presentada por el Gobierno de Estados Unidos consiste en “dos declaraciones juradas, básicamente son un resumen de la evidencia según un fiscal y un agente de la DEA, no es la evidencia o prueba en sí. Esto no es un juicio y no se discute la inocencia o culpabilidad”.
De su lado, la defensa presentó un listado de más de veinte elementos de prueba que fueron analizados por el juez durante el receso que inició alrededor de la 1:00 p. m. y se extendió por casi dos horas.
Posteriormente, el cuerpo legal de Hernández dio a conocer en un comunicado que Estados Unidos no remitió ninguna prueba “fehaciente y suficiente” que involucre al expresidente en actividades de narcotráfico.
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Fuertes medidas de seguridad en CSJ
La audiencia transcurrió en la sede del Poder Judicial, que amaneció custodiada por un fuerte dispositivo policial y hasta donde el exmandatario llegó antes de las 8:00 a. m. a bordo de un helicóptero, a la vista de varios francotiradores apostados en edificios cercanos.
Un vocero policial informó a un canal de televisión local que más de 260 policías participaron en la seguridad del exmandatario, cuyo traslado vía aérea se debió a informaciones de que personas allegadas podrían impedir que llegara a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia.
Según algunos medios, la Secretaría de Seguridad habría solicitado que la audiencia fuera realizada en la misma instalación policial donde Hernández guarda prisión, pero esta fue rechazada por el juez.
Hernández acudió vestido de traje y corbata, esposado y con mascarilla azul.
En los alrededores del edificio judicial se plantó un grupo de activistas del Partido Nacional para dar apoyo moral al exmandatario y exigir que la justicia actúe igual con el expresidente Manuel Zelaya, quien fue mencionado entre los exdignatarios que supuestamente recibieron sobornos del narcotráfico.
Entre ellos estaba la diputada del Congreso Nacional Gladys López, quien fue incluida en 2021 en un informe de altos funcionarios del Gobierno que presuntamente han cometido o facilitado la corrupción o el narcotráfico.
Esposa de JOH en campaña
El expresidente hondureño fue capturado el pasado 15 de febrero en su casa de habitación, en una lujosa zona residencial de la capital Tegucigalpa, y presentado en audiencia de información el día 16 de ese mes, en la cual se le dictó la detención provisional.
A partir de entonces, su esposa y exprimera dama Ana García de Hernández inició una cruzada para defender su inocencia, con vigilias como la realizada el 23 de febrero frente a la unidad policial donde está detenido y publicaciones en las redes sociales.
El 21 de febrero se presentó ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) para presentar una queja por la forma “humillante y denigrante” en que fue tratado su esposo al momento de la captura.
Denunció que las acusaciones en su contra son “una venganza de parte de los mismos narcotraficantes que fueron extraditados, que huyeron de este país y que fueron a entregarse, y que ahora negocian sus penas para poder rebajar sus sentencias”.
Similares declaraciones dio este miércoles en las afueras de la Corte Suprema: «Mi esposo es un hombre honesto, es un hombre honrado», insistió la ex primera dama, quien agradeció la presencia de los activistas nacionalistas, cuyo apoyo dijo que era «producto del trabajo que se hizo durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández».
Hernández es el primer expresidente de Honduras solicitado en extradición por narcotráfico, pero no es el caso más reciente. El 2 de marzo, la Cancillería hondureña informó de otras cuatro solicitudes por parte de Estados Unidos.
De su lado, la Policía hondureña capturó el 7 de marzo al exdirector de esa institución Juan Carlos el «Tigre» Bonilla, mencionado como «coconspirador» en el juicio contra el exdiputado Antonio Hernández, el hermano del expresidente que fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua, más 30 años.
La captura de Bonilla podría terminar de hundir a Hernández, según una publicación del centro de investigación Insight Crime.
Cuantioso patrimonio
El pasado 7 de febrero, el Departamento de Estado dio a conocer que Hernández había sido incluido desde julio de 2021 en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, y que su visa había sido revocada.
“El expresidente Hernández tiene numerosas posesiones en conjunto con su esposa y hermanos”, señala un informe dado a conocer en marzo por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que cita publicaciones de varios medios de comunicación, entre ellos Expediente Público.
Parte de esos bienes están en el departamento de donde es originario, Lempira (Occidente), Olancho (Oriente) y Francisco Morazán (Centro), específicamente en Tegucigalpa.
“Como familia han registrado un total de ciento nueve bienes inmuebles, once empresas y doscientos sesenta y siete millones de lempiras en inversiones empresariales”, especifica el documento del CNA “Juan Orlando Hernández: La caída de un expresidente”.
La familia Hernández-García ha registrado “un total de ciento nueve bienes inmuebles, once empresas y doscientos sesenta y siete millones de lempiras (10.9 millones de dólares) en inversiones empresariales”, señala el informe.
Entre las ramas empresariales con dinero de dudosa procedencia detectadas se encuentran desarrolladoras urbanísticas, agroindustrias, ganadería, comunicaciones y líneas aéreas.
Gran parte del patrimonio familiar proviene de contratos millonarios con el Estado, varios de ellos relacionados con servicios de seguridad.
