Trabajo colaborativo entre Expediente Público y Artículo 66 .
El Observatorio Ciudadano de COVID-19 tiene un sitio web, correo electrónico, número de Whatsapp, cuenta en Twitter, canal en Telegram y línea telefónica de reportes, pero todo su equipo de informantes, verificadores y divulgadores es anónimo. No hay conferencias de prensa ni líderes visibles, tampoco los informantes tienen carnés ni visitan casa a casa con encuesta en mano identificándose como parte de este monitoreo independiente. Los riesgos son muy altos.
Los intentos del gobierno por centralizar la información sobre la situación del COVID-19 ha llevado a 31 despidos de médicos del sistema público en un periodo de dos meses, amenazas y persecución para activistas y promotores de campañas de prevención, e incluso a litigios penales.
En mayo de este año, por ejemplo, la dictadura despidió al menos a 10 trabajadores de distintos hospitales públicos del país por firmar una carta instando al Gobierno a reconocer la pandemia en Nicaragua y establecer medidas recomendadas por los organismos internacionales. En su misiva los doctores, enfermeras y demás personal expresaron que el débil sistema de salud estaba a punto de colapsar y que esto ponía en riesgo la vida de los nicaragüenses.
“Ortega busca intimidar y castigar a los trabajadores de la salud por tratar de proteger la salud de todos los nicaragüenses y ejercer su derecho básico a la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
A mediados de julio, la abogada Claudia Medina, de la ciudad de Somoto, fue declarada culpable por el delito de injurias, al hacerse público un audio suyo en el que aseguraba que un conocido había fallecido a causa del nuevo coronavirus.
«El mensaje que están enviando es que mientras el gobierno no diga que hay contagio comunitario, nadie lo puede decir y también es un delito señalar que alguien murió de coronavirus”, expresó Medina al canal 100% Noticias.
Un par de meses antes, la vicepresidenta Rosario Murillo llamó “extraterrestres” a quienes según ella, “emiten sus mensajes mentirosos, sus noticias falsas, sus campañas de pánico”, sin mencionar a nadie directamente, pero en referencia a la información que se ha divulgado de forma extraoficial sobre la situación de la pandemia en el país.
Así es que ante la posibilidad de represalias, el equipo del Observatorio optó por el anonimato, no solo a nivel público, sino dentro de sus mismos grupos virtuales. Los informantes no se conocen entre sí, ni tampoco a los digitadores ni editoras, porque cada quien ingresa al espacio virtual con un pseudónimo. Así los riesgos de infiltraciones también disminuyen.
“La anonimidad es un acuerdo organizativo por seguridad porque conocemos la represión y persecución cuando hay narrativas distintas a las del gobierno”, expone una voluntaria del Observatorio.
A veces, reciben mensajes en las redes sociales con algunas amenazas, se han enfrentado a cuentas duplicadas y a campañas de desprestigio por parte de simpatizantes sandinistas.
“Hay mucha gente que confía en otras personas para que digan lo que ellos quieren decir, pero no pueden por su trabajo o miedo, yo también tengo miedo, pero qué hago callando si he pasado gritando dos años”, añade Carlos.
Otras medidas que los voluntarios han adoptado incluyen el uso de números telefónicos nuevos, autoborrado de mensajes, redes privadas virtuales, y redoblamiento de la seguridad digital. Asimismo, en sus reportes se informa solamente del número de casos sospechosos y muertes sospechosas en cada departamento, pero no se revelan los nombres de esas personas presuntamente contagiadas o fallecidas.
“Quisiéramos que nadie estuviera en riesgo de ser perseguido por cumplir una tarea de salud pública”, dice la doctora O.
Son un referente nacional e internacional
Pero su trabajo ha rendido frutos. El 21 de julio, el director de Emergencias de la Salud de la OPS, Ciro Ugarte, confirmó a medios de comunicación que el Gobierno de Nicaragua no les estaba notificando a detalle la información epidemiológica sobre el COVID-19. Por lo tanto, aseguró Ugarte, “las fuentes no oficiales son las que se tienen que tener en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país”. Y una de esas fuentes, en efecto, es el Observatorio.
Una reciente filtración de la base de datos del MINSA, capturada por el organismo Anonymus y procesada por expertos nacionales e internacionales, muestra una coincidencia entre los casos positivos comprobados por las autoridades de salud –pero ocultados a la población- y los sospechosos detectados por el Observatorio al 24 de julio y que alcanzaban las 9,000 personas.
El epidemiólogo Álvaro Ramírez explica que esto se debe a que están usando la misma metodología, en el sentido de enfocarse en los casos con sintomatologías evidentes de COVID-19 como tos seca, fiebre y pérdida de olfato o del gusto, con diferencias de resultados en lugares donde la red del Observatorio es más débil o donde el MINSA envía una cantidad de pruebas limitadas.
El 20 de agosto se hicieron públicas filtraciones de las pruebas de COVID-19 realizadas por el gobierno, con los resultados de 17,249 test de RT-PCR procesadas por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Minsa, realizadas entre el 28 de febrero y el 24 de julio de 2020, de las cuales 9.683 (56%) resultaron positivas.
“Desde el inicio de la pandemia el Minsa ha ocultado semana a semana entre el 64% y el 98% de los casos positivos de COVID-19 en el país”, valoró días después el Observatorio.
El rumor como método de monitoreo
La vigilancia en salud pública tiene cinco fuentes primarias de información: notificación de casos realizada por los servicios de salud, registros permanentes de instituciones públicas y privadas, investigación de casos y brotes, encuestas y rumores, según la OPS en su manual “Módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades”.
Esta última fuente es la base sobre la que se sustenta la labor del Observatorio. “En un Estado donde el gobierno no da información, el rumor se vuelve relevante, porque tiene un sentido de alerta. Lo que hacemos en el Observatorio es que los líderes comunitarios verifican que hay una situación relacionada a ese rumor, que una familia tiene al papá en el hospital o un fallecido por problemas respiratorios”, expresa la doctora O.
Los rumores, según la publicación de la OPS, son opiniones espontáneas y no confirmadas originadas en la comunidad y divulgadas por sus líderes o a través de medios de comunicación, asociadas al incremento de casos o muertes por una determinada causa.
No obstante, esta información originada en rumores tiene una respuesta organizada, que da pie a otra de las fuentes de información: la investigación de casos y brotes, que consiste en la búsqueda activa y exhaustiva de información complementaria sobre los casos reportados, de acuerdo con la misma OPS.
Por no tener acceso a las fuentes oficiales del sistema de salud público, el Observatorio se limita a estas dos fuentes de información.
La médico señala que el estudio foco en base al rumor es una metodología histórica usada en salud pública, por ejemplo en la década de los 80 cuando el MINSA tuvo voluntad de dimensionar la mortalidad materna de forma real, también para las campañas de cólera y sarampión; se trabajó el mismo método en el caso de la poliomielitis cuando Nicaragua estaba interesada en certificarse como país libre de polio.
Otras limitaciones y retos
Aunque se ha convertido en una buena alternativa para combatir la desinformación oficial, hay ciertos aspectos que el Observatorio no tiene del todo cubiertos.
Por cuestiones de personal y de recursos, el grupo no tiene la capacidad de dar seguimiento a la evolución de los casos que se reportan como sospechosos, por lo que muchos de esos casos, especialmente los tratados en casa y ante la inexistencia de pruebas de COVID-19 gratuitas y masivas, podrían haberse tratado de otras enfermedades respiratorias.
Por esta misma falta de esas capacidades humanas, el equipo se ha limitado a publicar informes una vez por semana.
Tampoco tienen registrados la totalidad de los datos sobre los casos que registran, especialmente la edad y el género. El Observatorio solo ha registrado el 51% de las edades para los casos sospechosos y el 44% de las edades para las muertes sospechosas. El dato de género no se incluye en los reportes por el mismo motivo.
Otros datos importantes que se podrían recoger, según epidemiólogos y especialistas en salud pública consultados, incluyen las comorbilidades, los días de enfermedad, los pacientes críticos que se recuperaron y los contactos de pacientes o familiares en cada caso para posteriores verificaciones.
Estos datos aportarían al análisis de| los grupos más afectados, que si bien se han reportado a nivel internacional, no se conocen para el contexto específico de Nicaragua.
Esther Argüello, médico infectóloga e internista nicaragüense que trabaja en el hospital Jacoby Medical Center, en Nueva York, recomendó que en sus informes el Observatorio publique en específico cuáles casos fueron informados desde centros de salud u hospitales y cuáles desde la comunidad.
Otra sugerencia de Argüello es la publicación en el informe semanal de un cuadro que compare los reportes de enfermedades respiratorias publicados por el MINSA antes de la pandemia, versus los casos que van hasta la fecha, para comprender cuánto han incrementado los números.
“Quizás pueda entender que ese incremento, aunque no digan que es COVID-19, podría estar relacionado al virus. Eso fue lo que hicieron en EE.UU. al inicio cuando se empezaron a fijar que había más gente llegando con enfermedades respiratorias. Antes de la epidemia ya había un incremento mucho mayor respecto al año pasado”, asegura.
El periodista y experto en comunicación Guillermo Cortés señala que la forma en que se ha divulgado la información, quizás es probablemente la manera más efectiva de hacerlo por la masividad y por las restricciones que existen en el país. Sin embargo, considera que lo ideal sería que cada informe sea presentado en una conferencia de prensa o una combinación presencial y en línea, y que sea un evento formal para darle personalidad a los reportes, es decir, mayor credibilidad. Si no se puede ninguna de estas debido a la represión y por cuestiones de seguridad, podrían recurrirse a informes animados o presentados en videos cortos.
“Yo me refiero a darle a esos informes una dimensión, una estatura, una jerarquía, por la importancia que tiene. Entonces, la conferencia de prensa es una forma que ayudaría a darle esa dimensión y por tanto a que la reacción sea mayor. Siempre utilizando las redes sociales, los cibermedios y los medios tradicionales”, propone.
Método replicable
Expertos consultados para este reportaje coinciden en que el método podría replicarse en países o territorios donde no se esté informando a detalle sobre la situación epidemiológica.
Para el doctor Carlos Quant, médico infectólogo despedido por las autoridades de Salud, el método del Observatorio puede replicarse en países donde, al igual que en Nicaragua, se oculte información. Aunque señaló que podría ser complicado encontrar una situación parecida a la de la nación, pues en regímenes autoritarios como China o Corea del Norte, aunque existen imposiciones, se conoce algo de lo que está ocurriendo respecto a la pandemia.
“Pero no, aquí no ha pasado nada, después de tres, cuatro meses, seguimos igualitos. Es más hasta dijeron que ya tenemos casi resuelta la epidemia, y eso no ha sucedido en países como éste. Entonces, yo creo que esta es una experiencia única, inédita, no se ha visto en ningún país”, reflexiona.
Leer: “Ortega permitió que el virus de la Covid-19 se esparciera por todo el territorio nacional”
Para la médico infectóloga e internista nicaragüense Arguello, quien trabaja en el hospital Jacoby Medical Center, en Nueva York, el modelo puede ser replicable incluso en lugares donde hay limitaciones para realizar las pruebas, probablemente en países donde no están tan avanzados en temas médicos, señaló.
Otro de los lugares donde el método podría ser replicable es en aquellos donde la red sanitaria no ha respondido adecuadamente y existen redes comunitarias dispuestas a recopilar información de salud, agregó Ana Quirós, experta en salud pública, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
Pero mientras la pandemia del COVID-19 continúe, y en Nicaragua no se transparenten los datos sobre la situación en el país, el Observatorio está dispuesto a seguir sus labores de monitoreo voluntario para informar a la población sobre el avance del nuevo coronavirus.
“No podemos ser cómplices en mantener al pueblo ignorante del comportamiento real de la enfermedad”, asegura la doctora O, quien aclara que no se trata de paralizarse por riesgos inexistentes ni de ser condescendientes, sino de actuar responsablemente para que cada uno se proteja. “Pensar que alguien puede leer nuestra información y modificar su comportamiento de riesgo al conocerla, es nuestra principal motivación”, agrega.
**Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo y gracias al apoyo de Open Society Foundations, institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica.
