La muerte de la joven Keyla Martínez, estudiante de enfermería en una celda policial de La Esperanza, al oeste de Honduras, vuelve a poner a la Policía Nacional como una institución promotora de abusos a los derechos humanos que opera en un ámbito de impunidad.
Expediente Público
Hasta ahora, La Esperanza (a unos 200 km al oeste de Tegucigalpa) era conocida como el centro urbano con las temperaturas más bajas de Honduras, un lugar fundado por criollos para distanciarse de los lencas que vivían al otro lado, en Intibucá (una calle separa las dos ciudades), un sitio turístico de 20,000 habitantes donde se respiraba tranquilidad, lejos de las grandes urbes.
Eso cambió el domingo 7 de febrero, luego que la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años de edad, fuera encontrada muerta en una celda policial. Los agentes la llevaron al hospital público Enrique Aguilar Cerrato y en su reporte indicaron que la habían encontrado intentando suicidarse, utilizando un suéter que amarró a la puerta de la celda, y que estaba con vida cuando buscaron atención médica. El reporte médico indicó lo contrario, que llegó muerta.
La habían detenido unas cuatro horas antes por “violentar el toque de queda”, de 8 de la noche a 5 de la mañana, impuesto supuestamente para prevenir la Covid-19; y porque andaba en estado de ebriedad y se opuso al arresto, según dijeron.
Al darse cuenta de la muerte, la indignación de los pobladores no se hizo esperar y el lunes 8 de febrero realizaron un plantón frente a la sede policial, que terminó violentamente cuando un contingente de decenas de policías llegó desde otras partes del país para gasear y reprimir a los manifestantes. Esa misma noche, mientras el Ministerio de Seguridad sacaba de la ciudad a los policías involucrados en el hecho, los antimotines continuaban lanzando bombas lacrimógenas incluso dentro de las viviendas, denunció la diputada por Intibucá, Olivia Zúniga Cáceres, una de las personas que lideró las manifestaciones.
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La presión de los pobladores obligó al traslado del cadáver hasta Medicina Forense en Tegucigalpa, y para el mediodía del martes 9 de febrero trascendió un detalle importante de la autopsia: Keyla murió por asfixia mecánica, no fue suicidio, fue homicidio.
En horas de la noche personas desconocidas intentaron meterle fuego a la estación policial donde se cometió el crimen, dejando daños parciales. La legisladora Zúniga, al igual que miles de hondureños en redes sociales, han manifestado su desconfianza respecto a este acto, porque había muchos policías en los torreones del edificio policial. Sospechan que el incendio fue cometido por los mismos agentes para victimizarse y borrar evidencias.
Alto a la impunidad
La diputada Zúniga Cáceres señaló que el caso dista mucho aún de hacerse justicia, pero que al menos por la presión popular ha comenzado a esclarecerse, pues al principio hubo renuencia de las autoridades policiales incluso para practicarle la autopsia.
Además, consideró que el traslado de los agentes hasta Tegucigalpa es considerado como un acto cuyo propósito era protegerlos y concederles impunidad, una práctica corrupta que es usual dentro de la policía cada vez que cometen faltas o delitos.
Denunció que el exceso de fuerza y abuso de autoridad demostrado en el caso de Keyla no esnuevo. Hace unas semanas los mismos agentes de La Esperanza hicieron parada a un automovilista que viajaba con dos amigas. Pese a que supuestamente se trataba de una infracción de tránsito y que iban como pasajeras, fueron ellas las detenidas.
“Los policías las golpearon salvajemente, las ultrajaron sexualmente, las amenazaron con violarlas y se les metían a las celdas. Esas muchachas se tuvieron que ir del país y autorizaron para que las defensorías de derechos humanos lo dijeran públicamente. Se tuvieron que ir del país porque después estuvieron recibiendo amenazas de los mismos policías que las agredieron, les dijeron que las iban a matar, que las iban a embolsar y a desaparecer” indicó Zúniga. Enfatizó que en ese caso los fiscales no quisieron proceder contra los agentes.
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Enfatizó que a raíz del caso de Keyla otras mujeres han empezado a dar testimonios de cómo agentes policiales, a veces en estado de ebriedad e incluso con sus camisas desabrochadas, las han requerido, cometiendo abusos de toda índole.
Para la diputada, Honduras vive un estado de impunidad y una involución “a un nivel que, parece, nos estamos acercando a la década de los 80”, lo cual se ha agudizado desde el 2017, cuando el presidente Juan Orlando Hernández asumió un segundo mandato tras una polémica reelección en las que predominaron las acusaciones de fraude electoral y donde la policía y el ejército fueron pilares para mantenerlo en el poder.
Amnistía Internacional: No es un caso aislado
Amnistía Internacional, organización mundial defensora de los derechos humanos, a través de su directora para las Américas, Erika Guevara Rojas, demandó una investigación imparcial, expedita “y sobre todo que se deslinden las responsabilidades penales al más alto nivel”, y la responsabilidad penal no sólo de quienes ejecutaron actos violatorios de los derechos humanos sino también investigar a los altos mandos de la Policía.
“Pedimos que esta investigación utilice los lineamientos bajo estándares internacionales para la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales. Eso incluye por ejemplo la aplicación del Protocolo de Minnesota, un protocolo adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la investigación de posibles asesinatos ilegales y ejecuciones extrajudiciales cometidas por representantes del Estado”, indicó Guevara Rojas en entrevista con Expediente Público.
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El protocolo instruye constituir una comisión investigadora independiente, con la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses. Además, precisa metodologías sobre cómo realizar autopsias, exhumaciones y análisis de restos óseos. Esto con el propósito de transparentar el proceso y evitar incidencias de funcionarios estatales.
La funcionaria de Amnistía Internacional explicó que la petición de investigar a los altos mandos se basa en el contexto de un país, Honduras, donde predomina la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos. Tales violaciones se han vuelto una constante para el gobierno de Juan Orlando Hernández, que sigue ejerciendo una represión incluso utilizando la pandemia como excusa.
Además, Guevara Rojas lamentó que el Estado siga utilizando a las fuerzas policiales y militares para reprimir manifestaciones de ciudadanos que demandan la protección de sus derechos: “Es una constante que hemos visto en Honduras en los últimos años el uso excesivo de la fuerza para el control de las manifestaciones, pero también el uso excesivo de la fuerza,
sobre todo el uso de la fuerza policial y militar, en algunas ocasiones para prácticamente castigar a la población, sobre todo aquella que demanda ejercicios fundamentales de derechos”, dijo.
Enfatizó que “Honduras es uno de los países que atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio” e insistió que “el de Keyla Martínez, no es un caso aislado, en un país con altísimos niveles de feminicidios y con una política de represión”.
“El Estado ha fallado claramente en generar mecanismos de protección de los derechos humanos. Un gobierno que utiliza las fuerzas policiales y militares para reprimir a personas que se manifiestan pacíficamente, o a personas que bajo la excusa de la pandemia terminan detenidas y asesinadas bajo custodia del Estado, demuestra claramente las falencias de ese Estado”, concluyó Guevara Rojas.
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Sospechosos siguen libres
Desde el lunes 8 de febrero se han venido realizando manifestaciones en demanda de justicia para Keyla, ya no solo en La Esperanza, sino que también en las ciudades principales, Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Policía reportó que, durante uno de esos plantones, la tarde del miércoles 10 de febrero, uno de sus agentes resultó con lesiones tras ser atacado con una bomba molotov, mientras que la motocicleta que conducía fue destruida por las llamas. Minutos después detuvieron a tres jóvenes.
El Ministerio Público emitió una comunicación donde afirmó que “ante indicios de homicidio” han solicitado a la Secretaría de Seguridad que ponga a los agentes de la Departamental Número 10, con sede en La Esperanza, “a disposición” de los fiscales que investigan la muerte
de Keyla, esto para proceder a los interrogatorios.
Indicaron además que procedieron al decomiso de los libros de novedades de la posta policial “y la toma de declaración a personas de interés”. Sin embargo, hasta el momento no han presentado requerimiento fiscal y ninguno de los agentes está en calidad de detenido ni suspendido.
Como parte del proceso investigativo, este jueves 11 de febrero, al menos seis agentes policiales indagados han sido trasladados en medio de fuertes medidas de seguridad a las instalaciones de Medicina Forense para realizarles una serie de exámenes. Medios hondureños han indicado, sin citar la fuente, que las evaluaciones son de salud mental, de fluidos y de vello púbico. Este viernes 12 de febrero se someterán a igual procedimiento
otros siete agentes para totalizar 13 investigados.
El cadáver de Keyla Martínez fue entregado a sus familiares, el martes 9 de febrero, quienes lo trasladaron a La Esperanza y al día siguiente, 10 de febrero en la mañana le dieron cristiana sepultura. El féretro fue acompañado en procesión por decenas de personas que, a cada paso,
gritaban “justicia, justicia”.
Durante el entierro, la madre de Keyla, Norma Rodríguez, dijo con una triste serenidad que cuando recibió la noticia, en España, donde reside, pensó que “era una broma, no creí que esto fuera cierto”.
Rodríguez pidió “justicia para ella, que se aclaren los hechos y pedimos a las instituciones internacionales que se involucren, que nos ayuden porque lamentablemente en nuestro país no podemos confiar en nadie. La han asesinado la gente que tenía que protegernos, y solo por el hecho de usar un uniforme y ser autoridad se creen superiores a nosotros y que tenemos que
doblegarnos ante ellos, y eso no es así. (…) Tengan por seguro que se hará justicia para ella, ella no está sola».
