*La organización internacional denuncia detenciones arbitrarias, 18 prisioneros muertos, torturas y falta al debido proceso durante los dos meses del estado de excepción en El Salvador.
**“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, aseguró el presidente Nayib Bukele durante un discurso por sus tres años de gobierno.
Expediente Público
Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde finales de marzo, según un informe divulgado el jueves 2 de junio por Amnistía Internacional en San Salvador.
“La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en conferencia de prensa en la capital San Salvador.
Agregó que es “urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU, en particular a los centros de detención y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos”.
El presidente Bukele impuso en marzo del 2022 un régimen de excepción que suspende seis derechos constitucionales después de una ola de 87 homicidios en tres días. Desde entonces, más de 36 mil personas han sido capturadas, incluyendo cabecillas de pandillas.
Guevara Rosas llamó al gobierno salvadoreño “a revertir de forma inmediata las recientes medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”.
Bukele ha fustigado a organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros que han criticado el régimen de excepción, así como a medios de comunicación que han denunciado los abusos de las fuerzas de seguridad.
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“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, dijo Guevara Rosas.
La directora de Amnistía Internacional abogó también por las víctimas de violencia por parte de pandillas y dijo que estas “merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”.
Documentan violaciones en El Salvador
Amnistía Internacional documentó en las últimas semanas en El Salvador 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.
Un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha investigado en El Salvador.
Además, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele. La propia Guevara Rosas divulgó un vídeo desde la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador, solicitándole una audiencia a Bukele.
En el reporte, Amnistía Internacional informó que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales como una orden de aprehensión administrativa o judicial, o en una situación de flagrancia.
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Según la organización, las detenciones ocurren contra personas percibidas como criminales a raíz de los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele. Entre ellas, las personas que tienen tatuajes, los acusados por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, quienes tienen un familiar en una pandilla, los que tienen antecedentes de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, subrayó Guevara Rosas.
En El Salvador no hay debido proceso
Amnistía Internacional establece en su informe que, tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial, donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.
Durante la detención, y antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial, la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia, o es de apenas unos minutos. Además, una minoría de personas ha podido tener acceso a defensores privados, quienes no tienen acceso al expediente, desconociendo la información presentada por la Fiscalía. Suele suceder que entre la detención y la presentación en los juzgados pasan 15 días, luego que se suspendiera a través del régimen de excepción, el plazo constitucional de 72 horas máximas para la “detención administrativa”.
“Estas audiencias pueden llegar a realizarse contra hasta 500 acusados a la vez y son resueltas de forma sumaria. Prácticamente todas las personas son sujetas a proceso por parte del Poder Judicial, aun cuando no exista ninguna evidencia”, dice el informe.
“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, denunció Guevara Rosas.
La directora de Amnistía Internacional señaló que las instancias de justicia “están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”.
Casos de tortura y muertes
Amnistía Internacional también documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas.
La organización registra hasta el 28 de mayo, al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional documentó el fallecimiento de William Alexander Galeas González, de 36 años, quien fue detenido el 13 de abril junto a su madre y su hermana, por supuestos vínculos con pandillas.
El 12 de mayo una funeraria visitó a la familia para informarles de la muerte de William, con quien no se habían podido comunicar desde su detención. Ninguna autoridad les notificó de la muerte ni les ha contactado hasta el momento. Según un documento del Instituto de Medicina Legal, el dictamen forense apunta a un edema pulmonar como causa preliminar de la muerte. La familia relató que al revisar el cuerpo observaron múltiples moretones.
“La política implementada con la supuesta justificación de reducir la violencia en el país a toda costa, encuentra su máxima expresión de ensañamiento en estas muertes bajo la custodia del Estado. Las autoridades salvadoreñas deben investigar todas las muertes arbitrarias inmediatamente y no permitir ni una más”, subrayó Guevara Rosas.
Detenciones y hacinamiento
Amnistía Internacional estima que el 1.7% de la población mayor de 18 años del país se encontraría detenida, lo que supondría un hacinamiento de más del 250% de la capacidad de los centros penales.
Un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana calculaba esta semana un hacinamiento carcelario del 232 por ciento y que habría más de 71 mil personas detenidas en todo el país, incluyendo los más de 36 mil del régimen de excepción.
Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, del 27 de marzo al 17 de mayo, al menos 1,190 personas menores de 18 años fueron detenidas y recluidas en Centros de Resguardo. La mayoría fueron acusadas de los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Preocupación por periodistas
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por las reformas legales que ponen en riesgo de criminalización a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas, con condenas de hasta 15 años de cárcel.
“Además, funcionarios y medios oficialistas han acusado públicamente y sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas, en un intento de estigmatizar y cohibir el ejercicio periodístico”, dice el reporte que cita el caso de Juan Martínez d’Abuisson, a quien el propio presidente Bukele llamó “basura” al presentar un vídeo editado de una investigación sobre pandillas.
Bukele desestima críticas
El presidente Nayib Bukele, quien el miércoles 1 de junio cumplió su tercer año de Gobierno, se presentó ante la Asamblea Legislativa ese día, en horas de la noche, y en su discurso defendió su plan de seguridad y fustigó a los organismos defensores de derechos humanos, a la comunidad internacional y medios de comunicación que lo han criticado.
“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas…Hasta hace pocos meses, muchos salvadoreños, incluyéndome, nos preguntábamos si algún día se lograría. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana”, expresó.
El mandatario explicó que por ello pidieron el régimen de excepción y defendió las reformas penales que entraron en vigencia el 31 de marzo, y que son criticadas por Amnistía Internacional por considerar que permiten la violación a derechos humanos al eliminar el derecho de la defensa y poner penas carcelarias a menores de edad.
El presidente Nayib Bukele acusó a “partidos, sus panfletos y sus oenegés satélites” de tener un “negocio” de la violencia. Esa es la razón que, según el presidente, provoca críticas contra el Plan Control Territorial”.
Ese plan entró en operaciones en junio de 2019 con un presupuesto de 575 millones de dólares, y su propósito es combatir estructuras criminales.
“Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros. Los que no, mejor apártense. No vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes”, concluyó Bukele.
