*La criminalización del periodismo investigativo que escruta el poder público llegó a sus máximos con la condena a seis años de prisión a Rubén Zamora, el director de elPeriódico en Guatemala.
**La prensa guatemalteca atestiguará las elecciones presidenciales en un ambiente de extrema polarización donde el oficio informativo es el blanco de la coacción, la amenaza y la intimidación.
***Organizaciones internacionales alertan sobre el deterioro de la democracia y el aumento de la restricción a la libertad de prensa de cara a las elecciones presidenciales.
Eric Lemus / Expediente Público
La condena a seis años de cárcel por lavado de dinero al editor José Rubén Zamora Marroquín, de 66 años, es un punto de quiebre en la historia del ejercicio periodístico en la sociedad guatemalteca porque no existen precedentes.
Zamora, fundador del diario elPeriódico, enfrentó un proceso judicial viciado en el que el tribunal a cargo restringió su defensa conforme el debido proceso.
Ingeniero industrial de profesión, desde los años noventa es un reconocido editor crítico y pionero en la creación de medios de comunicación especializados en la fiscalización del poder público.
Por su trabajo su vida oscila entre premios internacionales que reconocen su valentía periodística y las amenazas, el secuestro y la persecución judicial.
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Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo benefició con medidas cautelares para garantizar su integridad, no pudo escapar al requerimiento desencadeno por el Ministerio Público que llegó a pedir 40 años de prisión contra Zamora.
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Reacción tardía
“El problema radica en que la comunidad internacional reaccionó demasiado tarde”, dice a Expediente Público el periodista Marvin del Cid.
Quien hace esta afirmación es quien también coordinó el equipo de investigación de elPeriódico por más de cinco años.
“El ataque a los periodistas y la intimidación lo venimos denunciando desde hace varios años advirtiendo que la situación se iba a agravar”, dice del Cid, quien junto a su colega Sonny Figueroa publicaron dos libros que denuncian los excesos y el despilfarro del mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei.
“Yo no quiero ser reconocido como un hijueput@ más” y “Así me convertí en un hijueput@ más” se han convertido en éxitos de ventas, mientras el gobernante presiona a las librerías para que no los comercialicen.
De acuerdo con un comunicado emitido por amigos escritores, el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, pidió retirar los libros del catálogo de las librerías y amenazó boicotear en julio próximo la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA 2023) si no acceden a la exigencia.
Intimidación en provincia
Mirna Alvarado, periodista oriunda de Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande del país, declara a Expediente Público que el ejercicio de la profesión en las provincias del país es sumamente adverso.
“En el interior del país son otras formas de cómo se trata de desviar y callar el trabajo de la prensa”, dice Alvarado, mientras explica que el poder local recurre a la exclusión de las convocatorias, las amenazas, la intimidación policial y el ahogo económico contra los reporteros independientes.
Alvarado integra el equipo de Ojo con mi Pisto, una iniciativa ciudadana que investiga el gasto público de las municipalidades en Quetzaltenango y que denuncia la corrupción.
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“En mi departamento no es mucha la diferencia porque con esas acciones del Gobierno para perseguir a defensores de derechos humanos y exfiscales, también te hacen saber que se está ventilando un caso en contra de una exmiembra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, detalla.
Un Juzgado de Quetzaltenango ventila el proceso en contra de Virginia Laparra y los periodistas que cubren las audiencias “fueron directamente amenazados por la Fundación contra el Terrorismo y el fiscal a cargo”, mientras que otros colegas sufrieron intimidación y vigilancia policial en torno a sus domicilios.
Criminalizar al periodismo
“Antes, durante el conflicto armado en Guatemala, el riesgo era la desaparición forzada de periodistas, el asesinato u optar por el exilio. Pero ahora el elemento adicional de la coyuntura es la persecución penal”, afirma el catedrático universitario y periodista Miguel González Moraga.
“Uno de los principales riesgos para el ejercicio del periodismo crítico en Guatemala es la criminalización mediante la utilización del aparato judicial para perseguir a periodistas pese a que hay una normativa específica”, ilustra el docente de periodismo.
González Moraga, quien es uno de los primeros investigadores periodísticos del país, explica a Expediente Público que cuentan con la Ley de Emisión del Pensamiento, que es conocida como el decreto 9, el cual establece el proceso que debe seguir el Estado cuando un periodista publica una difamación o calumnia.
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“Si un periodista incurre en algún tipo de fallo o deficiencias, se le tiene que aplicar una normativa específica y no enfrentar juicios penales como es el caso de Zamora, que fue sentenciado a seis años de prisión, retorciendo la ley como una venganza por su ejercicio crítico”, explica González Moraga, que en los 90 estuvo en el equipo de redacción de la revista emblemática Crónica.
Falta de independencia
Carlos Jornet, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), confirmó que siguen atentos el proceso contra Zamora.
En un encuentro virtual con periodistas, en el que participó Expediente Público, Jornet respondió que “es contradictorio castigar con cárcel a un periodista destacado por denunciar a funcionarios corruptos que terminan en la cárcel”.
La SIP emitió un comunicado el pasado 15 de junio en el que critica la falta de independencia del sistema judicial y afirma que “continuarán denunciando la persecución y el acoso judicial contra periodistas en Guatemala”.
Seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico también están siendo investigados por el Ministerio Público, mientras que el medio de comunicación cerró operaciones el pasado 15 de mayo debido a las presiones políticas y económicas.
Un “actor corrupto”
La prensa guatemalteca denunció diversas irregularidades contra la administración del presidente Giammattei. Desde que llegó al poder en 2020, el gobernante cooptó todos los poderes del Estado, donde es clave el Ministerio Público, que encabeza la fiscal general Consuelo Porras.
Porras encarceló o procesó al menos 12 jueces y su persecución originó el exilio de 30 abogados, entre fiscales y jueces que denunciaron casos de corrupción.
La exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, están exiliados en Estados Unidos.
El Departamento de Estado acusó a la fiscal Porras de ser “un actor corrupto” porque obstruye “en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.
En tanto, en ciudad de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó este 20 de junio una apelación interpuesta por Sandoval y ratificó una orden de extradición girada en su contra.
Sandoval fue acusado por el juez séptimo penal, Freddy Orellana, quien lo vincula con el periodista Zamora.
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Presión sicológica
“Quienes hemos vivido y enfrentado procesos judiciales sabemos que no solo es el hecho judicial de lo que te están señalando, sino que también es una cuestión sicológica la que te están metiendo para que te callés”, reflexiona el periodista Del Cid.
“Ataques en redes sociales, difamación y calumnia para que desistás, para que caigás y cuando no pueden con todo eso es que buscan otras formas que es lo que sucedió con José Rubén Zamora”, resumió.
El exfiscal Sandoval, que se declara “perseguido político por las mafias de Guatemala”, extendió su solidaridad a través de sus redes sociales a los periodistas Del Cid y Figueroa debido a las presiones sufridas por sus publicaciones.
“La censura a su trabajo es otra muestra más de la intolerancia del Gobierno guatemalteco, cuyas reacciones irracionales a las críticas se demuestran en actos arbitrarios de los que hoy son víctimas”, opinó Sandoval.
“Yo estoy convencido que la condena contra Zamora tiene que ver con una persecución en contra del gremio periodístico, en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa, así la quieran maquillar como la quieran maquillar”, remarca Del Cid, quien no duda en que seguirá adelante poniendo “el dedo en el renglón”.
