*El Gobierno salvadoreño cumplió tardíamente una orden judicial emitida a favor de los ambientalistas detenidos en enero de 2023 acusándolos de supuesto crimen de guerra.
** La jueza a cargo del caso ofreció arresto domiciliario debido al estado de salud de los detenidos, que son excombatientes de la antigua guerrilla.
***La explotación minera parece tener intereses ocultos en El Salvador para beneficiar a empresas que dañan el medioambiente.
Eric Lemus / Expediente Publico
La liberación la madrugada de este 5 de septiembre de 2023 de los ambientalistas que tenían orden de excarcelamiento, en el marco del régimen de excepción, amenguó la tensión que vive la comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, 92 kilómetros al norte de la capital de El Salvador.
Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas fueron capturados por la Fiscalía General de la República (FGR) en enero de 2023 junto al exjefe guerrillero Fidel Recinos.
La FGR los acusa de participar presuntamente en el homicidio de una mujer en agosto de 1989.
Pero el caso es criticado por vicios procesales como “tipificar a los detenidos con figuras jurídicas propias del régimen de excepción como el delito de agrupaciones ilícitas”, explicó a Expediente Público Dennis Muñoz, abogado defensor de los ambientalistas.
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Persecución a ambientalistas
En un comunicado difundido a la prensa, la comunidad de Santa Marta pidió la absolución de los líderes comunitarios porque consideran que la Fiscalía carece de pruebas.
“El proceso judicial debe ser revertido, pues no es más que una manipulación del sistema de justicia para perseguir a quienes defienden el agua, el medioambiente y la vida gravemente amenazados por las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica”, reza el texto distribuido en las redes sociales.
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Cambio de medidas
La organización ADES presentó en febrero pasado una solicitud de cambio de medidas sustitutivas a la prisión como el arresto domiciliario.
El 23 agosto el Juzgado de Sensuntepeque decretó que cada uno de los reos debía pagar una fianza de tres mil dólares, tener un examen médico en un hospital y ser llevados a sus casas.
Sin embargo, la Dirección General de Centros Penales, al mando del viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna, no acató la orden judicial y agotó el plazo que estableció la jueza a cargo del proceso.
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“Primero que nada no es una liberación, sino que clarificar que esto es una detención domiciliaria, pues todavía están bajo arresto, todavía tiene los cargos y esa lucha porque se les exonere de todos los cargos va a ser de largo plazo”, adelanta a Expediente Público Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica (ACAFREMIN).
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“El reto de las comunidades es de sobrevivencia porque a medida que el modelo extractivista se generalice en la región -como hemos visto de la pandemia del COVID-19, los estados están apostando al modelo extractivo para resolver los problemas económicos”, opina Cabezas.
El caso de 1989
La Fiscalía presentó el requerimiento fiscal el 17 de enero contra ocho excombatientes del antiguo guerrillero Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN).
A todos se les procesa por el asesinato de una lugareña llamada María Inés Alvarenga cometido el 22 de agosto de 1989.
Entre los acusados están Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, y el mando guerrillero Fidel Dolores Recinos Alas.
El paradero de Sancho es desconocido, pero Recinos Alas sí fue detenido junto a los ambientalistas.
“Según la investigación, Inés fue sacada de su vivienda ubicada en el cantón Santa Marta, y fue llevada hacia un campamento de la guerrilla del FMLN, donde fue torturada y luego le quitaron la vida”, resume el requerimiento fiscal.
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“Además, se estipula que todos los implicados en el asesinato tenían algún grado de mando del pelotón, eran parte de las jefaturas, comandantes de zona y a nivel nacional”, agrega el documento.
Preocupación internacional y nacional
A mediados de julio, representantes del Congreso de EE. UU. enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para externar sus valoraciones sobre el proceso judicial en contra de los ecologistas.
“Tenemos preocupaciones significativas con respecto al manejo del caso por parte del fiscal general de El Salvador”, dice la comunicación dirigida a Blinken.
“Hay fuertes indicios de que el actual gobierno salvadoreño tiene la intención de derogar esa ley (contra la minería metálica) y nos preocupa que estas detenciones tengan motivaciones políticas y pretendan silenciar la abrumadora oposición a la minería en el país”, advierte la misiva.
Por su parte, Alfredo Leiva, dirigente de la comunidad de Santa Marta, reconoce a Expediente Público que las observaciones de los políticos estadounidenses son acertadas porque desde enero han visto rondar los poblados unos ciudadanos peruanos que actúan como consultores y representantes de una empresa china.
“Las empresas matrices de minería como Pacific Rim se retiraron de El Salvador tras la aprobación de la ley, pero dejaron algunas filiales que todavía están inscritas en el Ministerio de Gobernación y estas han estado conspirando para que se pueda reabrir la actividad minera tras la visita de esos consultores”, manifiesta Leiva.
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“La captura de los compañeros se da en ese marco y con el añadido de que el Estado salvadoreño enfrenta la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la incorporación del país a un foro de naciones que promueven la minería sostenible y la inyección de $4.5 millones en el presupuesto estatal de 2023 para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”, enumera el dirigente comunitario.
La experiencia de Asunción Mita
En septiembre de 2022, las comunidades organizadas del municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, organizaron una consulta municipal para decidir si permitían o no la explotación minera.
La negativa de los pobladores fue un éxito sin precedentes en el ámbito ecológico contra la presencia de Elevar Resources, la subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources, que promete contribuir “con $160 millones anuales para la economía guatemalteca y con aproximadamente $1.8 billones durante la vida útil de la mina a través de impuestos, regalías, consumibles y salarios de personal”.
Ante una consulta sobre las críticas de los ecologistas por el sistema de relave, que denuncian escurre metales pesados a los acuíferos, Elevar Resources respondió a Expediente Público que “somos respetuosos de las críticas verídicas, transparentes y objetivas”.
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“Sin embargo, se ha tergiversado la información, comparándola con otro tipo de metodologías de manejo de relaves diferente a lo que hemos contemplado en nuestro instrumento ambiental, a través de relaves secos, también conocido como filtrados. Este apilamiento de arenas se ha diseñado en cumplimiento con estándares internacionales”, detalló.
Pedro Cabezas, representante de ACAFREMIN, compara la experiencia alcanzada en Guatemala frente a lo que atraviesan los ambientalistas salvadoreños porque eso refleja el camino que la comunidad Santa Marta todavía tiene que recorrer.
“El caso de Santa Marta es una lucha que las comunidades están haciendo para defender su estilo de vida, defender el territorio, para defenderse de la voracidad que tiene el modelo extractivista”, opina Cabezas a Expediente Público. “Así como sucede en Asunción Mita donde hay que seguir vigilantes”, añade.
