* La ampliación de un proyecto hidroeléctrico que se nutre de un caudal en una zona rural del oeste del país enfrenta a empresarios con una de las últimas comunidades de origen indígena en El Salvador.
** Una resolución judicial ordenó medidas cautelares para proteger a la población que se abastece del río Sensunapán, pero el caso fue enviado a archivo por lo que la empresa sigue adelante con el proyecto.
Eric Lemus / Expediente Público
La construcción de una octava represa en el cauce del río Sensunapán, 70 kilómetros al oeste de la capital San Salvador, enfrenta a una de las últimas comunidades de origen indígena con los dueños del proyecto por la diminución en el acceso al agua.
La empresa Sensunapán S.A de C.V., que empezó operaciones en 1992, promueve proyectos de generación de energía renovable a partir de hidroeléctricas, e insiste que requiere la corriente para mover las turbinas, pero el líquido regresa al río.
Sin embargo, desde que la empresa anunció la ampliación de sus operaciones que implica una octava planta hidroeléctrica, ambientalistas y habitantes de comunidades indígenas náhuatl alertaron por el impacto que afectará a alrededor de 15,000 residentes.
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De hecho, en junio de 2021, una resolución de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla ordenó al Ministerio de Medio Ambiente (MARN) que no diera el permiso ambiental para la construcción. Pero el Gobierno de Nayib Bukele guarda silencio ante el reclamo de la población y el sistema de Justicia.
Decisión judicial: proteger el río
Los magistrados solicitaron en febrero de 2023 al Ministerio de Cultura que respondiera al reclamo con una Política Nacional de Pueblos Indígenas y al Ministerio de Medio Ambiente garantías de que protegerá la vida silvestre en torno al afluente y, sobre todo, que no otorgara el permiso a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. que permita la instalación de la central hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II.
Ninguno de los ministerios mencionados respondió a las consultas de información hechas el 19 y 23 de febrero de este 2024 por Expediente Público.
La organización no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por vulneraciones a “los derechos culturales y el derecho de participación ciudadana en la gestión ambiental de los pueblos indígenas” en la zona del cauce.
El Sensunapán, que en náhuat significa “abuelo río”, tiene una longitud de 16 kilómetros y su cauce recorre poblados rurales como Juayúa, San Antonio del Monte, Pushtan, Nahuizalco y Sisimitepec, donde residen los últimos habitantes náhuat de El Salvador.
FESPAD insiste en alertar sobre el daño a la población que subsiste de la pesca y la agricultura.
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Sobrevivientes de masacre de 1932
La principal comunidad organizada en contra de la ampliación de la empresa hidroeléctrica reside en el cantón Sisimitepec, cuyo nombre conecta etimológicamente con un personaje de la mitología náhuat, el Cipitío, una especie de duende mágico que protege la fauna y la vida silvestre de la destrucción del hombre.
“El cantón Sisimitepec posee una riqueza cultural donde está una fuerte tradición oral muy arraigada con gente orgullosa de su origen náhuatl y donde hay nietos de aquellos que sobrevivieron a la masacre de 1932”, narra el arqueólogo Hugo Díaz a Expediente Público.
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En enero de 1932 el régimen del dictador Maximiliano Hernández Martínez ordenó la eliminación de toda la población indígena del oeste del país, porque se oponía a la expropiación de sus tierras ejidales.
“Quienes lograron huir de la persecución del ejército encontraron refugio en las cuevas de La Periquera, unas cavidades río abajo del Sensunapán, donde pasaron meses viviendo de la pesca y recolectando cangrejos”, relata Díaz.
El Sensunapán tiene al menos 14 sitios considerados sagrados por la cultura náhuatl, incluso un sitio ceremonial escondido en un follaje esmeralda que alberga árboles centenarios.
Expediente Público visitó estos parajes escarpados hasta descender a las riberas, donde los lugareños aprovechan el árbol del tule para extraer la materia prima con la que elaboran artesanías como alfombras, tapetes y utensilios de cocina.
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Empresa: “Es energía limpia”
La empresa ha desarrollado un sistema de siete minicentrales hidroeléctricas bajo el lema de generar energía limpia y renovable porque insiste que el agua que mueve las turbinas regresa al río.
La construcción de una octava represa planea un dique de 18 metros de altura que está en un cañón con aproximadamente 60 metros de profundidad.
A través de un comunicado oficial, que fue compartido a Expediente Público descartan “categóricamente que el proyecto dañará las propiedades de las comunidades, que se destruirán viviendas, calles o que se obstaculizará los accesos al río”.
“No habrá reasentamientos y se realizará (la instalación de la octava hidroeléctrica) en inmuebles propiedad de Sensunapán S.A. de C.V. debidamente adquiridos e inscritos en los registros públicos correspondientes”, añaden.
La compañía es miembro de la Asociación Salvadoreña de Energías Renovables (ASER) que aglutina a otras iniciativas empresariales que promueven diversificar la matriz energética en este país centroamericano.
Obsequios y división
Marta Pulque, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales y Culturales de Nahuizalco, objeta a Expediente Público la versión de la constructora.
Pulque sostiene que los lugareños son persuadidos mediante obsequios cada fin de año, pero también presionados a vender sus propiedades.
“El año pasado destruyeron una zona boscosa a las riberas del río sin el permiso de las personas que no han vendido sus propiedades”, sostiene Pulque.
Enrique Carías, que alterna su vida agrícola en el cantón Sisimetepec, con la defensa del río, dice a Expediente Público que las actividades sociales realizadas por la hidroeléctrica han creado “división comunitaria, porque la empresa cuando promueve su proyecto lo pinta bien diferente, bien bonito y nos va poniendo en contra de quienes hacemos la resistencia”.
Carías asegura que la puesta en marcha de la octava represa cambia el trayecto del agua y secará al menos cuatro kilómetros.
Por su lado, Sensunapán S.A. de C.V. desmiente esas afirmaciones, asegurando que promueve diversas actividades sociales como jornadas de saneamiento, campañas de salud, obsequio de paquetes agrícolas en Nahuizalco, el municipio principal.
En sus redes sociales, por ejemplo, anunciaron que “las habitantes del cantón Sisimitepec de Nahuizalco, agradecen la campaña de fumigación que cada año realiza la empresa @Sensunapan_ a través de su equipo de promotores”.
Piden declaración de “bien cultural”
La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), que organizó un encuentro con Expediente Público, criticó que el Gobierno en turno de Nayib Bukele “quiere borrar nuestra memoria, nuestra historia y la identidad de los Izalcos (población de origen náhuat)”.
“Los nombres ancestrales en nuestros territorios son borrados de Sonsonate y del país, mientras venden lo que es de todos a unos pocos”, agregó Maura Castro, quien transmitió la posición de la comunidad.
“Que se protejan las zonas y los espacios donde se encuentran los restos de las abuelas y abuelos asesinados en 1932 declarándolos bien cultural con base a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador al ser lugares sagrados”, demandó Castro en nombre de los miembros de MESUTSO.
Las comunidades indígenas no aceptan que modifiquen el trayecto del río porque sostienen que muchas de las fosas comunes de aquellos masacrados en 1932 por la dictadura de Hernández Martínez están en lugares que lindan con el afluente.
Extractivismo versus valor cultural
El representante de la Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña (UNES), Alejandro Labrador, realiza asistencia técnica en el área de Nahuizalco y coloca a Expediente Público en perspectiva el problema que implica el desarrollo de proyectos que él define como extractivistas.
“Están comprometiendo todos los cuerpos de agua, todas las reservas ecológicas, están comprometiendo el alimento, porque se están fomentando industrias nocivas y contaminantes como el monocultivo de la caña de azúcar que tiene implicaciones gravísimas a la salud, a la economía, a los ecosistemas, la alimentación y el empleo digno”, denunció Labrador.
La UNES es una organización no gubernamental que acompaña los principales casos en el país donde los ecosistemas están en riesgo frente al desarrollo de proyectos urbanísticos o de explotación de recursos naturales.
En torno al caso del río Sensunapán, un peritaje ordenado por la Cámara Ambiental hace dos años confirmó la presencia de sitios ceremoniales cercanos a la zona que será afectada por la hidroeléctrica, los cuales tienen valor social y simbólico nacional, pero que al Gobierno no le inmuta.
“Mientras esa sea la lógica en El Salvador, es mentira que se está avanzando a reconocer y a reivindicar los derechos de poblaciones estructuralmente ignoradas, marginadas y violentadas”, insiste Labrador.
