* Una supuesta doble conversación, reuniones a puerta cerrada de la Junta Nominadora e informes que no han sido publicados, son algunas de las irregularidades de un proceso que ya se adentra a su etapa final.
Expediente Público
El proceso de selección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras atraviesa su etapa menos transparente desde que la Junta Nominadora realizó su primera sesión de trabajo el 19 de septiembre de 2022.
El atraso en la publicación de informes sobre los 101 postulantes que lograron avanzar a la etapa de impugnaciones y tachas, es una de varias irregularidades que afloran sobre un proceso que pareció iniciar con pie derecho con la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, vigente desde el 20 de julio de este año.
Según el artículo 2, la normativa tiene como finalidad “generar la máxima legitimidad, transparencia y confianza” en la elección de los magistrados y magistradas, y para ello hace una serie de mandatos a la Junta Nominadora, algunos de los cuales no han sido cumplidos a cabalidad y han puesto sombras sobre una de las elecciones de segundo grado más importantes y decisivas para el país.
Reunión a puerta cerrada
El pasado 13 de diciembre, los observadores del proceso de selección de magistrados llegaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se reúne la Junta Nominadora, y recibieron la noticia de que la sesión de ese día iba a ser de carácter reservado.
La justificación, que fue validada por los veedores, era que ese día se discutirían los informes de los 105 candidatos que habían pasado las pruebas realizadas hasta ese momento enviados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Esta información se debe mantener en reserva “por la susceptibilidad patrimonial que contiene”, dijo a Expediente Público la abogada Osiris Payes, integrante del equipo de monitoreo en el proceso de selección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
“La sorpresa está cuando nosotros nos presentamos al día siguiente, 14 de diciembre”, contó Payes, y se dieron cuenta de que también se habían discutido los informes enviados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Instituto de la Propiedad, el Ministerio Público y la Unión Nacional de Notarios.
Acciones sospechosas
Pero, además, ese día el presidente de la Junta les dijo que estaban obligados a tener esa sesión a puerta cerrada “porque la información que se iba a discutir estaba como enlazada con los otros informes” enviados por varias instituciones del Estado, ya que el proceso se encontraba en la fase de investigación de los candidatos.
La decisión de sostener reuniones a puerta cerrada no fue sometida por nadie al pleno, nadie la secundó y tampoco hubo una resolución o un acuerdo, explicó.
Payes señaló que “estos temas que crean grandes afectaciones al proceso se deben tomar a través de acuerdos o resoluciones, porque la Junta nominadora como tal es un órgano colegiado y sus representantes ostentan la calidad de funcionarios públicos, por ende, todas las decisiones se deben regir por el derecho administrativo”.
Ese incidente generó una alerta del Cespad, que le recordó a la Junta Nominadora que “la reserva de información es la excepción, no la regla”.
Después que se generó la alarma en sociedad civil, la Junta quiso hacer ver el asunto como un mal entendido, recordó Payes, para quien la forma correcta de tomar estas decisiones es “a través del acto administrativo que corresponde, pero pronunciarse después queriendo hacer las aclaraciones, eso no es lo correcto”.
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Más preguntas que respuestas
Si bien la Junta Nominadora en su comunicado aclaró que por ley no podrá divulgar información proporcionada por el Ministerio Público ni del SAR ni de Aduanas de Honduras, tampoco aquellos “datos personales confidenciales” ni lo reportado por la CNBS, afirma que sí publicará el resto de los informes a través del portal de transparencia.
“Pero no indican la fecha en que va estar subida” y “la ciudadanía no tiene más información para presentar una tacha o una denuncia debidamente sustentada, entonces ahí sí hubo mucho qué decir en cuanto a la transparencia”, agregó la representante del Cespad.
Una de las preguntas que se hacen los veedores es por qué, si los informes enviados por el Tribunal de Honor del CAH y la Unión Nacional de Notarios serían subidos al portal de transparencia, su discusión se realizó a puerta cerrada.
“Le puede generar una suspicacia de que pueda ser alterada una información, (de que) pueda ser manipulada”, apuntó.
El Tribunal de Honor
Explicó que el Tribunal de Honor es el encargado de conocer la conducta de todos los agremiados, incluyendo los antecedentes.
“En el Tribunal de Honor nosotros podríamos ver si uno de los postulantes ha sido denunciado por clientes y en qué pueden consistir estas denuncias (…), por eso es muy importante porque toda esa información es la que califica la idoneidad, la honestidad y la ética de todos los postulares”, ejemplificó.
Parecido es lo que ocurre con la información que pueda proporcionar la Unión Nacional de Notarios, donde tienen todas las denuncias presentadas contra los postulantes que incumplen el Código del Notariado y su reglamento.
“Y a qué puede estar enmarcado esto, a un notario que presta el protocolo, a un notario que firma documentos, que no conoce el asunto notarial o que firma documentos que dice que conoce la firma y esto preocupa bastante porque es una mala práctica muy recurrente con Honduras, usted puede ir a bufetes o a cualquier oficina donde a veces le dan la auténtica en blanco y no saben qué es lo que va a autenticar”, precisó.
No se sabe nada
De allí que “estas instituciones eran de suma importancia porque le iban a facilitar a la ciudadanía tener conocimiento de la información para saber dónde formular sus tachas y denuncias o sobre qué pruebas sustentarlas”.
La presentación de tachas y denuncias inició el 19 de diciembre y cierra el 27 de este mes, según el cronograma de la Junta Nominadora.
Pero hasta el cierre de esta publicación la información relativa a la integridad de los candidatos seguía sin ser publicada en la página de transparencia.
Payes compartió que recibieron información, si bien desconocen qué tan verídica sea, de que “había postulantes que tenían muchas denuncias en la Unión del Notario y en la Controlaría del Notariado”, pero sin los informes publicados es imposible corroborarlo.
Al respecto, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Expediente Público que la información de los candidatos “debería de ser público y debería de estar en la página de transparencia”.
Santos recordó que “así lo dice la ley que crea la Junta Nominadora”, en el sentido de que todo el proceso va a ser público.
La Ley “no dice que la Junta Nominadora va a decidir qué es público y qué es privado, sino que debería ser público todo el proceso”, reiteró.
Tardanza en publicación de actas
Osiris Payes reconoció que los plazos en el proceso de selección que realiza la Junta Nominadora han sido muy cortos y en cierta parte han dificultado el trabajo y la transparencia.
Tal es el caso de los expedientes de los 185 candidatos que se autopostularon al principio y que debían estar subidos en el portal de transparencia dentro de los primeros diez días hábiles de noviembre, pero “la información la vimos subida hasta el 11 de diciembre y eso es una grave afectación al derecho de acceso”.
En ese sentido, refirió que las cosas sí se pueden hacer mejor, pero para eso tiene que haber voluntad.
También hay tardanza en la publicación de las actas de las sesiones.
“La secretaria de la Junta Nominadora está haciendo esfuerzos increíbles, el día que van a sesionar ya lleva el acta de la sesión anterior, le dan lectura, la aprueban y a pesar de que se da todo ese procedimiento (…) siempre es subida con un retraso, las actas no están siendo subidas en tiempo real”, dijo.
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Cuatro depurados en tres días
A la fecha, de 185 autopostulantes quedan 101 que van a la etapa de tachas y denuncias.
El 16 de diciembre, la Junta Nominadora anunció el listado de los candidatos que superaron la fase de investigación sobre su trayectoria personal, profesional y patrimonial.
En relación a lo anterior, Payes resaltó el hecho de que solo hayan sido depuradas cuatro personas.
“Pidieron tres días de sesión privada para solo depurar a cuatro personas (…) entonces ahí se mira que en realidad se asumió poco compromiso en depurar el listado”, ya que públicamente varios de los candidatos que siguen en el proceso han sido mencionados en medios de comunicación o en portales de sociedad civil por su falta de idoneidad para ser magistrados.
¿Doble conversación?
Una de las determinaciones más aplaudidas en cuanto a la transparencia en la selección de los magistrados fue la de transmitir en vivo las sesiones de la Junta Nominadora.
Sin embargo, una sesión en particular deja dudas de si todo lo que concierne al proceso se conversa frente a las cámaras.
En la sesión del 18 de noviembre, la transmisión empieza con el presidente de la Junta, Mario Urquía, quien se refiere a la supuesta filtración de preguntas para el examen de conocimiento jurídico, como fue denunciado por algunos exaspirantes, y al comunicado que emitirán al respecto.
Contradicciones
Lo que llama la atención es que el representante propietario del claustro de profesores, Waldo Rivera, se apresta a decir algo, pero antes se asegura de que no están las cámaras encendidas.
-“Y como no estamos todavía ahí, creo”, dice señalando a la cámara, a lo que sus compañeros le dicen casi al unísono que sí están siendo grabados.
-“¿Ya?”, responde para luego agregar “no, pues sigamos, estoy de acuerdo con que se haga una investigación…”.
Al preguntarle a Payes si cree que detrás de las irregularidades en cuanto a transparencia que ha presentado la Junta Nominadora hay presiones de grupos de poder, respondió que “creo que esto también tiene que ver con la doble conversación a la que usted hacía referencia”.
Es decir, los veedores no han podido presenciar algún tipo de presión política, “pero es porque es lo que nosotros hemos visto en sesión, lo que ha sido transmitido, pero ya lejos de eso nosotros no conocemos”, puntualizó.
