*El Salvador hizo historia en 2017 cuando la Asamblea Legislativa aprobó una ley de prohibición de la minería de metales, pero la zona norte del país tiene recursos hídricos valiosos como el río Lempa, donde han detectado yacimientos de oro.
**Los detenidos son reconocidos activistas comunitarios y defensores del agua que encabezaron el rechazo a las compañías mineras.
***Organizaciones ecologistas temen que los arrestos sean parte de un plan para debilitar la oposición en las comunidades.
Eric Lemus / Expediente Público
La captura de cinco ambientalistas, que durante la guerra civil pertenecieron a las filas rebeldes, reaviva la preocupación de una comunidad rural que impidió la instalación de un proyecto de minería metálica a campo abierto en una geografía rica en recursos acuíferos al norte de El Salvador.
Santa Marta, ubicado a 92 kilómetros de la capital salvadoreña, es un poblado rural localizado en el departamento de Cabañas, en una zona escarpada que limita en la frontera con Honduras y por donde surca el cauce del río Lempa, el afluente más importante del país.
En los años ochenta fue un escenario bélico permanente donde la Fuerza Armada fue implacable contra los líderes de organizaciones campesinas que denunciaban los abusos cometidos contra la población.
Muchos de los lugareños acabaron incorporándose a las filas del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que transformó estas montañas en uno de los bastiones históricos.
Por eso es que la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) emitida el pasado 11 de enero es vista con recelo, porque sostiene que los cinco acusados secuestraron y asesinaron a una mujer señalada como informante del Ejército.
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El pasado
No hay espacio en Santa Marta que no evoque la huella de la guerra. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, suscritos el 16 de enero de 1992, y el abandono de los dirigentes guerrilleros de sus antiguas retaguardias, la base social en aldeas como esta se quedó solamente con la capacidad organizativa para sobrevivir.
En las paredes del Complejo Educativo 10 de octubre, por ejemplo, destaca un mural donde está representada la persecución del Ejército y la repoblación. En el jardín de ese centro escolar, incluso, exhiben una esquirla de una bomba de 500 libras lanzada por la Fuerza Aérea y que cobró la vida de 68 personas cuyos nombres están inscritos en la metralla retorcida.
La masacre de “Peña Colorada” es uno de los episodios más omitidos de la guerra salvadoreña, cuando el Ejército lanzó un operativo de tierra arrasada el 15 de marzo de 1981 contra cuatro poblados rurales.
En combinación con elementos de la Guardia Nacional y el batallón Atlacatl -el mismo que nueve meses después ejecutaría la masacre en El Mozote- empujaron a miles de campesinos a las riberas del Lempa donde el Ejército de Honduras bloqueó el paso.
La Fuerza Aérea apoyó con ataques desde helicópteros UH-1H, mientras la administración de la represa Central Hidroeléctrica 5 de noviembre abrió las compuertas y produjo el desborde del río. Muchos fueron arrastrados por las aguas.
El proceso
La Fiscalía detuvo a Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas y Saúl Agustín Rivas, todos líderes comunitarios del lugar, y Fidel Dolores Recinos Alas, conocido como Raúl Hércules, que es antiguo comandante de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco facciones que aglutinó el FMLN.
De acuerdo a la información preliminar, María Inés Alvarenga fue secuestrada de su casa en el cantón Santa Marta en agosto de 1989 acusada de informante del Ejército y fue trasladada a un campamento guerrillero donde la ejecutaron. Su cuerpo fue desaparecido.
El pasado 19 de enero enfrentaron la audiencia inicial llevada a cabo por el Juzgado de Paz de Victoria, pero con la particularidad de que la audiencia fue realizada en San Salvador.
La instancia decretó prisión preventiva, mientras continuará el proceso en el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.
El párroco del pueblo, Luis Alberto Quintanilla, junto a los habitantes de Santa Marta organizaron una vigilia para implorar por la liberación de cinco del grupo.
“Lo que se está atacando es el liderazgo comunitario porque los que quieren dominar el país y los que nos quieren someter, saben que una comunidad organizada les puede resistir, una comunidad organizada les puede levantar la voz; pero solos podemos ser desparramados por cualquier lugar”, declaró Quintanilla durante la vigilia.
Los miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), que integran los detenidos Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a solicitar seguimiento al caso para que el Estado salvadoreño respete el debido proceso.
Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele mantiene el país bajo régimen de excepción desde hace diez meses en el que suprime todas las garantías con el objetivo de neutralizar a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
La Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) desarrolla un proyecto de invernadero donde cultivan frutas, verduras y hortalizas libres de pesticidas.
Alfredo Leiva, líder ambientalista y miembro de ADES, supervisa el invernadero donde cultivan tomates, berenjenas y pepinos, entre otros productos que ofrecen al mercado.
El Comité de Familiares de Presos Políticos (COFAPES) pide la liberación de los ambientalistas.
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De hecho, la Fiscalía acusó a los detenidos de asociaciones ilícitas, una figura jurídica que suele utilizarse contra los llamados “mareros”.
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) emitió un pronunciamiento en el que fustiga el papel desempeñado por los fiscales en el municipio de Santa Marta donde, a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) documentó testimonios de víctimas y nombres de los responsables, sin que judicializaran ningún caso.
“Si al final se deja a un lado este cúmulo de graves violaciones a los derechos humanos para centrarse solamente en un caso, no quedará duda de que se está frente a una justicia parcializada e interesada, que mientras mantiene la impunidad de muchos persigue a unos pocos”, opinó el centro de estudios superiores.
La minería
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) advierte que el caso tiene motivaciones políticas porque Pacheco, uno de los acusados, meses antes detectó la visita de representantes de firmas mineras en los antiguos terrenos que compró otra empresa.
La compañía canadiense Pacific Rim perdió años atrás un litigio internacional contra el Estado salvadoreño porque no le permitió explotar un yacimiento en San Isidro, donde detectaron vetas de oro.
Sin embargo, El Salvador logró ser el primer país en prohibir la minería metálica en abril de 2017 con la aprobación de 69 votos de los 84 de la Asamblea Legislativa.
En 2002 la empresa de capital canadiense-estadounidense Pacific Rim empezó exploraciones utilizando cianuro, pero la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), que era presidida por el ambientalista Marcelo Rivera, fue una de las principales opositoras.
En junio de 2009, Rivera fue secuestrado por desconocidos. Su cuerpo fue encontrado en un pozo seco.
Posteriormente hubo más asesinatos contra campesinos.
Alfredo Leiva, miembro de ADES, relata a Expediente Público que representantes de empresas mineras llegaron a la Alcaldía de San Isidro a registrar el alquiler de unas tierras que Pacific Rim subastó y que ahora pertenecen a lugareños.
Extraoficialmente, saben que el partido gobernante Nuevas Ideas prohibió al alcalde de San Isidro involucrarse con los ambientalistas a menos que quiera ser reemplazado en las próximas elecciones.
Pobladores de Santa Marta reclaman la liberación de los ambientalistas detenidos por la Fiscalía por un caso que data de fines de los años 80.
Un mural en el Complejo Educativo 10 de octubre de Santa Marta describe la vida bajo asedio del ejército tras la masacre cometida en marzo de 1981.
El centro escolar de Santa Marta exhibe en el patio central los restos de una bomba de 500 libras como recuerdo de los ataques de la Fuerza Aérea contra esta población.
La Fiscalía presentó un retrato de María Inés Alvarenga y sostiene que fue asesinada por la antigua guerrilla acusada de colaborar con el ejército.
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“En el presupuesto de este año hay una asignación de $4.5 millones para revisar la ley que prohíbe la minería (…)por eso es que consideramos que las capturas van en esa dirección creando las condiciones o liberando el camino de una posible resistencia a la actividad minera”, opina Leiva.
Organizaciones ecologistas como la UNES temen que los arrestos sean parte de un plan para debilitar la oposición de la comunidad mientras el Gobierno de Bukele busca anular la prohibición minera debido a que busca nuevas inversiones, luego de la caída estrepitosa del valor de las criptomonedas.
Bukele está bajo una enorme presión para encontrar nuevas fuentes de ingresos después de que su imprudente aceptación de la criptomoneda Bitcoin fracasó espectacularmente.
