El gobierno de Daniel Ortega ha castigado por dos años consecutivos a las alcaldías en Nicaragua al destinarles menos dinero del Presupuesto General de la República, de lo que en base a la Ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua (Ley 466) les corresponde recibir en a las municipalidades. Las más afectadas con este recorte han sido las 18 alcaldías gobernadas por partidos opositores, que han dejado de construir calles, puentes y otras obras de desarrollo.
A la vez, esas municipalidades enfrentan dificultades para cubrir el pago de los salarios de los trabajadores y los gastos administrativos, debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público les retrasa los desembolsos, aún cuando los alcaldes opositores cumplan con rendir los informes de ejecución en los tiempos exigidos.
Los funcionarios del Gobierno han alegado que la reducción del porcentaje de las transferencias a las municipalidades se debe a las dificultades presupuestarias debido de la crisis económica que enfrenta Nicaragua desde el 2018. Sin embargo, en la práctica el castigo lo han venido aplicando desde mucho antes en los municipios que perdió el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones municipales del 2017.
Un análisis de Expediente Público sobre las transferencias municipales demuestra que entre 2017 y 2020, a las alcaldías en las que gobierna el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se les redujo la transferencia de recursos en un 79%.
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Ciudadanos por la Libertad controla seis municipios: Bocana de Paiwás en la región de la Costa Caribe Sur, Santa María de Pantasma, Yalí y El Cuá en el departamento de Jinotega; Murra en Nueva Guinea y El Almendro en el departamento de Río San Juan.
Mientras la disminución en las transferencias en las alcaldías del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ha sido de un 78% en cuatro años, según el análisis.
El PLC tiene 11 municipios bajo su administración y son San José de los Remates y Camoapa en el departamento de Boaco; Wiwilí de Jinotega, Ciudad Antigua en Nueva Segovia, así como Mulukukú en la Costa Caribe Norte, Paiwás, El Tortuguero y Muelle de los Bueyes en la Costa Caribe Sur. También en Santo Domingo y San Pedro de Lóvago en el departamento de Chontales y en La Trinidad en Estelí.
La única alcaldía del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) es San Francisco de Cuapa, en el departamento de Chontales, la que sufrió una reducción del 66 % en sus transferencias presupuestarias en el período de cuatro años.
En tanto, a las comunas controladas por el FSLN la disminución ha sido del 54%, de acuerdo con el análisis.
“La reducción afecta a todas las alcaldías, pero con mayor impacto a las opositoras. Todas pierden capacidad de inversión, eso implica una reducción en sus capacidades de provisión de servicios, pero afecta más a las opositoras porque sufren un castigo por su condición y su reducción porcentualmente hablando es de hasta 90%”, expresó a Expediente Público el experto en municipalismo, Gilberto Lindo.
Entre las alcaldías más castigadas fueron Wiwilí, Pantasma, El Cuá y El Almendro, donde sus ciudadanos participaron activamente en las protestas sociales desde abril del 2018, en contra de la represión gubernamental.
El partido sandinista administra 135 de las 153 alcaldías de Nicaragua, las que le fueron asignadas por el Poder Electoral en las elecciones del 2017 y que fueron denunciadas tanto por los partidos políticos que compitieron como por organizaciones de la sociedad civil y de observación electoral nacional, como Ética y Transparencia.
Les “congelan” fondos
En octubre, el Gobierno presentó la propuesta de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2021 en la Asamblea Legislativa, en donde se deja con los mismos montos de transferencias de 2020 a las alcaldías opositoras, mientras que a las alcaldías del FSLN les aumenta en 2.2% sus presupuestos.
Eso evidencia el uso político de los recursos estatales por parte del gobierno de Ortega, debido a que la “asfixia” económica a los municipios dominados por partidos opositores tendría el objetivo de hacerles quedar mal a los alcaldes con sus respectivas poblaciones para que los consideren ineficientes, y así intentar que voten por los candidatos del FSLN en las elecciones municipales previstas para 2022.
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Ley de Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua establece que a las alcaldías del país les corresponde el 10 % de los ingresos tributarios obtenidos en el Presupuesto General de la República. Pero desde el 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público decidió solo repartirles el 4 %. El monto presupuestado en transferencias municipales en el 2020 es de C$ 2,941.9 millones (unos US$85 millones).
Al disminuir el porcentaje de las transferencias de recursos, se limita la ejecución de programas de desarrollo en los territorios lo que representa un castigo para la población, porque no se logran cumplir con las demandas de las localidades, afirmaron a Expediente Público representantes de CxL y el PLC.
El gobierno también ha centralizado los proyectos de inversión pública en hospitales y centros de salud, escuelas y los de agua y saneamiento, quitándole esas responsabilidades a las municipalidades a pesar de que la Ley de Municipios se las concede.
Según las fuentes consultadas por Expediente Público, esto es otra manera en que el FSLN logra réditos políticos, porque prioriza los proyectos en las localidades donde son sus alcaldes, mientras retrasa o no programa obras en las alcaldías gobernadas por opositores.
Así les afecta
Reynaldo Galeano, alcalde del municipio de El Almendro, en Río San Juan (al Sur del país), calculó que para el 2020 le correspondían C$ 24 millones (unos U$691,000) de la partida presupuestaria, pero el Ministerio de Hacienda solo le asignó C$4.6 millones (alrededor de US$ 132,000).
Sin embargo, hasta la fecha el alcalde Galeano afirmó que solo le han desembolsado C$1.4 millones (unos U$40,000) en el año. “No tenemos recursos para apoyar a la población en todas las urgencias que hemos tenido, con la pandemia del Covid-19 y ahora con las lluvias que ha dejado el huracán Eta. Todas nuestras transferencias se nos la han robado, porque no podemos llamarlo de otra manera”, reclamó el alcalde del partido Ciudadanos por la Libertad.
En el municipio de El Almendro son aproximadamente 10 mil habitantes. La Alcaldía había planificado construir un estadio, dos bulevares, un malecón además de reemplazar el puente que divide el municipio, así como habilitar dos caminos para facilitar el traslado del ganado y los productos agrícolas de la zona hacia los municipios de Nueva Guinea y Morrito.
“’Estirando’ los fondos propios hemos seguido trabajando. Los caminos los hemos estado reparando con apoyo de los productores. En la Alcaldía facilitamos las maquinarias y los dueños de las fincas ponen el combustible y los repuestos. Ahora mismo estamos haciendo dos caminos que le correspondería hacer al Miniterio de Ttransporte e Infraestrcutura, el que une al municipio de El Almendro con El Jícaro, y el camino hacia El Nisperal”, detalló el alcalde Galeano.
Los proyectos más afectados: agua, saneamiento y red vial
Al quitarles hasta el 70 % de las transferencias municipales, los proyectos más afectados son los de agua, saneamiento, caminos y carreteras.
Según el informe de 2017 de Global Water Partnership (GWP), Nicaragua tiene el más bajo porcentaje de Centroamérica en cobertura de agua potable con un 87%, y en saneamiento alcanza apenas el 68%.
La queja común de los alcaldes opositores es que la centralización de los proyectos de agua potable y de saneamiento en la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), no les permite realizar las obras necesarias para abastecer de agua potable a las comunidades donde no tienen acceso. Esto se debería a que los planes los decide el Gobierno, pero no conforme las urgencias de las zonas, sino con un enfoque partidario.
Antes del 2007, la Ley de Municipios daba autonomía a las alcaldías para gestionar con agencias de cooperación internacionales fondos para realizar los proyectos demandados por sus pobladores. Sin embargo, esa Ley fue reformada en 2012, y entre lo que se les cercenó a los gobiernos municipales fue la capacidad de administrar los recursos para ejecutar obras de progreso, ya que los planes deben ser validados por el Gobierno central. Y los proyectos de Salud, Educación y red vial los ejecutan directamente los ministerios correspondientes.
La alcaldesa del municipio de Wiwilí Jinotega, Reyna Hernández, del PLC, explicó que solicitaron a varias embajadas cooperación para proyectos de agua, saneamiento y de Salud, pero la respuesta que recibieron es que “no estaba permitido el apoyo bilateral con las alcaldías”, debido a que el Gobierno condicionó que estos programas fueran canalizados a nivel central.
Hernández aseguró que la falta de presupuesto en la Alcaldía de Wiwilí afecta principalmente las áreas de agua y saneamiento como de la red vial, porque, por ejemplo, no pueden dar mantenimiento a los caminos de acceso a las zonas agrícolas para que los productores saquen sus cosechas.
Los proyectos de “agua están centralizados, nosotros tendríamos que incidir en esos proyectos, pero al municipio de Camoapa por ser (alcaldía) opositora no le asignan para éstos rubros, solo a las alcaldías sandinistas les brindan capacitaciones técnicas”, dijo a Expediente Público, la alcaldesa Gretchen Martínez Suárez, quien es del PLC.
El objetivo del FSLN ha sido constituirse es un partido hegemónico en Nicaragua, y parte de su estrategia ha sido arrebatar las municipalidades ya sea a través de fraudes en las elecciones, o posteriormente creando juicios por supuesta mala administración en contra de los alcaldes opositores. El objetivo es que el Poder Judicial destituya el alcalde y las demás autoridades políticasdel cargo y posteriormente sustituirlos con concejales sandinistas.
Eso fue lo que sucedió con la alcaldesa Reyna Hernández y el vicealcalde Manuel Blandón, de Wiwilí Jinotega, quienes son del PLC. Una jueza sandinista inhibió a Hernández y a Blandón para ejercer el cargo por dos años, luego de ser declarados culpables de “desacato” del pago de más de C$16 millones (US$431,000) a extrabajadores de la municipalidad.
“A las alcaldías opositoras que no pudieron robarnos las elecciones municipales (en 2017), el Gobierno sandinista nos redujo el presupuesto para únicamente pagar los gastos administrativos de las comunas, dejándonos sin la asignación que nos corresponde para ejecución de proyectos sociales y de infraestructura que demandaban las poblaciones, y así afectar la voluntad popular que con su voto creyó en nosotros y se opuso al sandinismo”, dijo Hernández.
La política de asfixia económica se ha combinado con intimidación, Hostigamiento, persecución y crímenes en contra de funcionarios de las alcaldías opositoras, han denunciado los partidos adversarios al FSLN.
Entre los casos de violencia están la quema parcial de las oficinas administrativas de la Alcaldía de El Cuá, en junio del 2018 en el contexto de las protestas antigubernamentales. El alcalde Isidro Irías, de Ciudadanos por la Libertad, denunció en esa ocasión que los responsables del ataque fueron simpatizantes sandinistas.
Dejaron de consultar al pueblo
Atrás quedó la consulta del presupuesto municipal que se realizaba desde el 2000. Los consejos municipales son los que aprueban los presupuestos locales. El período para formularlo es entre el 1 de agosto y el 15 de octubre de cada año. Según la Ley, el proyecto del Presupuesto Municipal Anual de cada comuna debería ser consultado con la ciudadanía antes de ser aprobado. Sin embargo, este procedimiento de supervisión ciudadana desapareció tanto en las alcaldías del FSLN como en las opositoras, desde el retorno al poder de Ortega.
En la Ley de Municipios aún está vigente la exigencia de las propuestas de presupuesto municipal sean sometidos a una “consulta comunitaria”. El proceso establece que el alcalde pone el proyecto del Presupuesto a disposición de la ciudadanía para la consulta directa sobre las obras planificadas. También, se deben realizar cabildos para que se permita a la población opinar sobre si los proyectos previstos son los que se demandan. Al final el proceso de consulta, el Concejo Municipal aprueba la propuesta presupuestaria.
Sin embargo, ese mecanismo de control ciudadano no se cumple. En el caso de las alcaldías sandinistas porque todo está centralizado en los ministerios estatales, y en el caso de las administradas por los partidos PLC, ALN y CxL por falta de fondos para hacer el proceso.
“Los procesos de participación en la formulación del presupuesto en municipios oficialistas es reducido, limitándose a reuniones partidarias y al cabildo de aprobación. En los municipios de la oposición no se realizan argumentando el poco presupuesto por reducción de transferencias, por lo que no pueden cubrir los costos, por lo que priorizan dirigir esos recursos a las pocas inversiones que pueden ejecutar”, aseguró el municipalista Lindo.
