*Proceso sin consenso de elección de fiscal general y adjunto interinos es parecido al del presidente del Congreso Nacional y la del Procurador General de la República.
**Reclamos constantes del canciller hondureño a la embajadora de EE.UU. puede ser un paso más hacia el enfriamiento de las relaciones, dice analista Tiziano Breda.
**Para Bernardo Rico, director del Instituto Republicano Internacional (IRI) en Honduras y Guatemala, la crisis democrática patentiza la urgencia de tener una CICIH.
Aimée Cárcamo y Sharon Ardón
Expediente Público
El proceso de elección de las máximas autoridades del Ministerio Público con el voto de los nueve diputados de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras, instalada mientras dure el receso legislativo, y no con los 86 que manda la ley viene consolidar un modus operandi para tomar el control de todos los poderes estatales por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Lo anterior es parte del análisis para Expediente Público del analista para América Latina para el Istituto Affari Internazionali (IAI) en Roma, Tiziano Breda.
En ese modus operandi que se ha venido a cimentar “donde no haya consensos, donde no se llegue a acuerdos con otras fuerzas políticas. Entonces el ‘plan b’ es hacer un forcejeo de la legalidad para nombrar en posiciones clave del Estado a aliados del nuevo gobierno”, expresó Breda.
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Congreso y Procuraduría
Lo anterior ocurrió con el nombramiento del diputado Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional en enero de 2021, en una legislatura que se instaló con dos juntas directivas, en medio de inconsistencias, vacíos legales y dudas, dijo el analista.
Mientras que en febrero de 2023 se realizó la elección del procurador y el subprocurador General de la República de Honduras, Manuel Díaz y Emilio Andrade, en un proceso marcado también por vicios de ilegalidad. Según denuncias de algunos sectores ninguno reúne los requisitos para el cargo y su nombramiento se dio antes de que venciera el plazo de las autoridades anteriores.
Para Breda, estos procesos con dudas de legalidad no tuvieron una suficiente respuesta de preocupación por parte de actores nacionales e internacionales, “tal vez llevados por el entusiasmo de un cambio” y de querer dar un margen de maniobra al nuevo Gobierno.
Pero esa falta de respuesta dio al Gobierno de Castro la percepción de que podía ir estirando las cosas a su favor ante la falta de consensos.
La Fiscalía es clave en Honduras
En el caso del fiscal general y fiscal adjunto interinos, lo que se buscaría es asegurarse impunidad y a la vez utilizar al Ministerio Público para perseguir a las demás fuerzas políticas, particularmente a la que gobernó en Honduras durante los últimos doce años, es decir, el Partido Nacional, analizó.
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Johel Antonio Zelaya Álvarez fue nombrado fiscal general y Mario Alexis Morazán Aguilera como fiscal adjunto, ambos interinos y fieles al partido gobernante Libre.
Relación con Estados Unidos
Ante la cuestionada elección de las autoridades del Ministerio Público, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, declaró a medios de comunicación que el proceso era “irregular y sin precedentes”.
Esas declaraciones no agradaron al canciller hondureño Enrique Reina quien convocó a Dogu a reunión el miércoles 8 de noviembre para expresar el malestar del Gobierno por “la intromisión”.
No es la primera vez que el canciller cita a la funcionaria estadounidense para expresar su inconformidad. Sin embargo, Breda consideró que esto es consecuencia del enfriamiento de las relaciones entre ambas administraciones y que se ha profundizado con la crisis en el Legislativo.
La posición del Gobierno de Estados Unidos responde una pérdida de confianza y de preocupación progresivas en torno al deterioro del Estado de derecho en Honduras. Además, a las críticas que llegan desde el partido Republicano contra la administración de Joe Biden a quien acusan de tener una postura “blanda” hacia gobiernos de izquierda en América Latina.
Las críticas son sobre todo contra el gobernante Nicolás Maduro, en Venezuela, “pero en este caso también se ataca al Gobierno de Castro”, mencionó.
A meses de que inicie el año electoral en Estados Unidos, Biden tiene que mostrar contundencia para responder a esas críticas, dijo Breda.
Lo anterior puede conllevar a que efectivamente la reunión entre Dogu y Reina “pueda ser un paso más hacia el enfriamiento de las relaciones”, pero dependerá mucho de cómo se resuelve esta crisis en el Legislativo para ver cómo evolucionan las relaciones en los dos países.
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Crisis democrática afecta a la región
Para Bernardo Rico, director del Instituto Republicano Internacional (IRI) para Guatemala y Honduras, la crisis en el Congreso Nacional y la violencia que se desencadenó con la presencia de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) es alarmante no solo para los hondureños, sino también para la región y los Estados Unidos.
Rico dijo a Expediente Público que el hecho que la elección de los fiscales se hiciera “bajo la mesa” sin “incluir a los partidos” de la oposición revela “una falta de querer negociar y consensuar” para “el bien de Honduras”, apuntó.
Sin embargo, expresó que esta situación no debería desalentar a quienes defienden la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Sugirió a los tomadores de decisiones mantener el foco en la búsqueda de soluciones para superar esta crisis.
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Partido Nacional y su postura de camaleón
Aunque el Partido Nacional ahora maneja un discurso de respeto a los procesos tal y como son establecidos por la ley, Breda señaló su incoherencia. “Si vemos cómo fue elegido (Oscar) Chinchilla, el exfiscal general, y si vemos cómo fue elegido Juan Orlando Hernández, fueron violaciones bastante graves de los procesos”, recordó.
Hernández se reeligió en 2017 a pesar de que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección, y Chinchilla fue reelecto fiscal general en 2018 a pesar de no estar en la nómina de cinco candidatos enviada al Congreso Nacional por la Junta Proponente.
No obstante, Breda reconoció que como estrategia política “tiene sentido” el discurso del Partido Nacional, “no están diciendo ‘cuando estábamos nosotros todo iba perfectamente y esto es un desastre’, sino que reconocen los errores que cometieron algunos de sus representantes”.
¿Qué pasará con la CICIH en Honduras?
La elección de autoridades interinas en el Ministerio Público afectará la posibilidad de que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y significará un atraso de por lo menos un año más para llegada de ese mecanismo.
“Afecta la confianza que tienen los socios internacionales principales de Honduras y que están interesados en promover una CICIH. Afecta la confianza, la certeza legal y jurídica del país”, en el sentido de que siembran dudas sobre el valor de la firma de un convenio y que lo pactado pueda ser alterado en algún momento por el gobierno, mencionó Breda.
Recordó que hay un debate sobre la legalidad de la elección de los fiscales, si es interina y si debiese ser válida. También en relación a la instalación de la Comisión Permanente de nueve diputados que los nombrados, ocurrida el mismo día que diputados de la oposición sesionaron para extender período legislativo lo que bloqueaba la creación de dicha Comisión por parte de Libre.
Lo anterior pone en duda el financiamiento de la CICIH por parte de los socios principales de Honduras, es decir, la comunidad internacional.
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Breda incluso se preguntó qué hubiese pasado si para el proceso de elección del fiscal general la CICIH ya hubiera estado instalada en Honduras, ya que hubiera tenido que tomar una decisión de trabajar o no con las nuevas autoridades.
“Entonces se vería arrastrada en un ambiente de polarización política muy fuerte y no sé si esto sea un riesgo que quieran correr la ONU y los demás donantes”, acotó.
Crisis reafirma necesidad de la CICIH
De su lado, el director del IRI consideró que lo que ha sucedido en el Congreso Nacional “demuestra más razón aún para tener una comisión en Honduras, eso para mí es obvio”.
Rico reconoció que la elección del fiscal general y su adjunto ha estado marcada por la opacidad y falta de consenso, lo que en definitiva podría dificultar el proceso de la llegada de la CICIH.
Pero, a pesar de los desafíos, aconsejó que no se debe perder el impulso para su establecimiento, pues será de beneficio para el Estado de Derecho y el sistema jurídico.
Remarcó que “el objetivo final de tener una comisión internacional en Honduras es que haya más Estado de derecho, más transparencia para todos, no para ciertos partidos o algunos, y en IRI creemos que esto se logra y ayuda muchísimo con la CICIH”.
Rico sugirió que todos los actores involucrados, como los partidos de oposición, la ONU y la embajada de los Estados Unidos, “deberían estar trabajando en esa dirección”, finalizó.
