*Una sentencia del Tribunal Supremo controlado por el régimen de Miraflores designó a un expresidente de la cúpula empresarial para encabezar una Junta Interventora en la Cruz Roja Venezolana.
**La decisión genera incertidumbre sobre el manejo que se dará a más de tres mil millones de dólares de ayuda humanitaria, puesto que ahora la Cruz Roja Venezolana queda en un “protectorado” gubernamental.
Expediente Público
En menos de 48 horas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la intervención de la Cruz Roja Venezolana, y designó a un empresario del sector hotelero para conducir los destinos de la institución.
La sentencia exprés comenzó a gestarse al 2 de agosto, cuando el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, remitió a la Sala Constitucional del máximo juzgado una “demanda de protección de intereses difusos y colectivos” junto a un recurso de amparo, en virtud de presuntos “abusos de poder en contra de voluntarios y trabajadores del cuerpo” de la referida organización.
Tarek William Saab fue sancionado por Estados Unidos por “socavar la democracia y los derechos humanos” en Venezuela.
La sentencia que contiene la designación de una junta interventora fue tomada apenas dos días después, a través de una ponencia de 48 páginas firmada por la magistrada Tania D’Amelio.
Esta abogada formó parte del directorio del Poder Electoral dominado por el oficialismo durante trece años continuos (2009-2022), hasta que el propio partido del régimen la envió a ocupar una vacante dejada por otra militante del madurismo (Carmen Zuleta).
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Fallo anómalo
El fallo recoge los decires de ocho personas, no identificadas, y con base en ello ordenó la destitución del presidente de la Cruz Roja del capítulo venezolano, Mario Villarroel.
Acto seguido, el mismo texto establece que la entidad será regida en lo inmediato por una Junta Reestructuradora ad hoc, encabezada por Ricardo Filippo Cusanno, quien se desempeñó durante tres años al frente de Fedecámaras, el organismo cúpula del empresariado venezolano.
Cusanno encabezó un proceso de acercamiento al régimen de Miraflores, por primera vez desde Maduro llegó al poder en 2014.
“Sorprende la rapidez con que consiguieron a una persona para renovar la presidencia de la Cruz Roja. Lo cual evidencia fue que eso estaba conversado, arreglado”, afirmó Fernando Fernández, docente de derecho penal en las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, en conversación con Expediente Público.
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Maduro criminaliza a organizaciones humanitarias
No es la primera vez que el régimen venezolano se enfrenta a organizaciones humanitarias.
En enero de 2021, fueron detenidos seis integrantes de la organización Azul Positivo, bajo cargos de lavado de dinero.
En julio de ese mismo año, fue privado de libertad Javier Tarazona, director de FundaRedes, una organización que monitorea las violaciones a derechos fundamentales, con énfasis en las zonas fronterizas. Lo acusaron de “traición a la patria”.
Ahora, según Fernández, el régimen modificó su estrategia, e implantó lo que él mismo describió como un “protectorado” para conducir los destinos de la organización humanitaria más grande del país.
“Estamos ante una variante del patrón de ataque a las organizaciones de la sociedad civil. Esta variante habla de un nuevo modelo, nada positivo, pues la organización se estatiza”, explicó.
El modelo de Daniel Ortega
La decisión con respecto a la Cruz Roja Venezolana es conocida casi tres meses de la disolución ordenada por el régimen de Daniel Ortega contra el capítulo nicaragüense de la misma organización.
La información había generado preocupación en el entorno de las sociedades civiles venezolanas, debido a la afinidad existente entre los gobiernos de Managua y Caracas. Ahora, las sospechas fueron confirmadas.
“El gobierno (venezolano) quiere hacer ver que está haciendo algo diferente a lo que ocurrió en Nicaragua. Pero, a pesar de que las formas sean diferentes las consecuencias son las mismas. Es decir, en Nicaragua se ilegalizó la Cruz Roja nicaragüense y se sustituyó por una estructura gubernamental”, refirió a Expediente Público el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Agregó que, en este caso, se designa a una junta interventora, que va a reestructurar a la Cruz Roja Venezolana. Es decir, la va a convertir en algo diferente.
“Al igual que en Nicaragua nos vamos a encontrar con una Cruz Roja (en Venezuela) diferente a la que fue intervenida”. Director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
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Cruz Roja venezolana criminalizada
Según este abogado, la medida ordenada por el Tribunal Supremo, aunque formalmente es “cautelar” o provisoria, tendrá un impacto definitivo en la vida de la organización.
“Están siguiendo todo un patrón de criminalización de las organizaciones civiles”, advirtió.
Añadió que, si la intención del régimen venezolano era llevar ante la justicia a los perpetradores de delitos específicos, como el acoso, la obligación era actuar contra esas personas.
Al dar prioridad a la reestructuración de la junta directiva, antaño encabezada por Mario Villarroel padre, según Daniel queda en evidencia que la prioridad no es impartir justicia.
Nicolás Maduro quiere los U$3,000 millones
Como telón de fondo en este proceso está la administración del llamado Fondo Humanitario de Venezuela. Se trata de un pote de más de 3.2 mil millones de dólares, que permanecían congelados en la banca internacional como consecuencia de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
La constitución del fondo fue posible gracias a un acuerdo firmado en noviembre de 2021, durante la última reunión de la Mesa de Negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición, en Ciudad de México.
Este dinero sería entregado a través de la Organización de Naciones Unidas a las entidades que procuran cierto alivio a la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Entre ellas, la Cruz Roja venezolana ocupa un lugar preponderante.
“Esto pueda significar hacerle la cama a una organización para que esa organización intervenida termine siendo la gestora de estos recursos (…) Esta es una situación muy dedicada: intervenir una organización que es por excelencia, la organización humanitaria principal a nivel internacional y a nivel nacional también”, advirtió Ligia Bolívar, representante de Alerta Venezuela, una organización que evalúa los impactos de la emergencia humanitaria.
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Maduro busca acabar con todos
Bolívar cree que el régimen venezolano está emprendiendo persecuciones contra todos los sectores que le son críticos. No solo las ONG`s, también los partidos políticos, sindicatos y universidades. Aun así, aclaró que todavía no llega a los extremos vistos en Nicaragua, donde los opositores incluso son despojados de su nacionalidad.
“Hay ciertas diferencias en el sentido de que Ortega no ha cuidado absolutamente ninguna forma. El actúa de manera directa. Aquí se cuidan haciendo el mandado a través del fiscal general, que entonces mete unas cautelares y es el Tribunal Supremo el que da la bendición. En Nicaragua es como mucho más frontal. Allá no están con tonterías”, explicó.
El fin de semana, el presidente de la junta reestructuradora de la Cruz Roja Venezolana, nombrado por el Tribunal Supremo, recibió los recaudos de la institución.
Según Fernández, ahora queda la duda sobre si, en este momento, la Cruz Roja Venezolana sigue siendo una entidad privada y neutral, lo que forma parte de sus principios fundacionales.
“Hay una intervención y la Cruz Roja Venezolana se estatiza (…) En fin de cuentas, él (Cusanno) está allí por un mandato”, indicó.
