*La empresa del aeropuerto de Palmerola en Honduras no ha logrado el nivel de ganancia que se esperaba, lo que podría suponer un “peligro real” para la inversión de USD110 millones que hizo el Inprema.
**La empresa dueña del aeropuerto interpuso una demanda de arbitraje contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Expediente Público
Al 31 de enero de 2024, el Aeropuerto Internacional Palmerola (PIA, por sus siglas en inglés) alcanzó los 783,739 pasajeros internacionales de salida desde que inició operaciones el 11 de diciembre de 2021, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) proporcionados a Expediente Público.
Ese flujo migratorio bienal es bajo y da la razón a diversos sectores que, en su momento, se pronunciaron contra una serie de condiciones del contrato de concesión.
En 2016 el gobierno de Juan Orlando Hernández, contra quien el gobierno de Estados Unidos celebra un juicio en Nueva York por narcotráfico y posesión de armas, firmó un contrato ampliamente favorable para el inversionista, en este caso el Grupo EMCO.
Una de las cláusulas del contrato con Palmerola, por ejemplo, establece que esa empresa pagará al Estado de Honduras un canon por un monto equivalente al 10% de los ingresos brutos por concepto de la tarifa de salida de pasajero internacional, pero solo en el caso de que la demanda anual supere una cifra equivalente a 600 mil pasajeros internacionales de salida.
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Los vicios en el contrato del Aeropuerto Palmerola
Una cantidad “surrealista”, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que denunció varias inconsistencias en ese proyecto y que, según proyecciones estimadas, el Estado hondureño comenzaría a recibir ingresos por concepto de canon hasta dentro de 28 años.
Aunque el Estado asumió la mayor cantidad del costo, “no percibirá grandes sumas de recursos económicos” debido a la “mala negociación”, refiere CNA en un informe de agosto de 2020.
“En términos de ganancias, como viendo una tasa de retorno por la inversión, no creo que esté siendo un negocio atractivo para el Estado”, dijo a Expediente Público el analista político y excoordinador legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid.
Comisión legislativa no presenta informe
La reputación del proyecto Palmerola generaba dudas desde antes de su construcción, el informe del CNA de 2020 y otras publicaciones criticaron esa inversión.
Las dudas sobre la inversión tocaron fondo en mayo de 2022, a los cinco meses de su primer vuelo, cuando sus instalaciones fueron filtradas por las lluvias.
El 27 de mayo de ese año, el Congreso Nacional nombró una comisión especial multipartidaria para investigar el contrato de concesión, pero 21 meses después todavía no hay un informe final.
“Estamos esperando dos cosas que nos hacen falta, un informe del (Instituto de Previsión del Magisterio) Inprema de unos préstamos que le dieron al aeropuerto, que le dieron a la concesionaria, y un informe final de impuestos del aeropuerto”, informó a Expediente Público el presidente de la comisión especial, Ramón Barrios, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Explicó que los miembros de la comisión no podían dar alguna declaración sobre el informe hasta que el mismo sea entregado a la secretaría del Congreso.
“Necesitamos la firma de todos los integrantes para que estemos de acuerdo en lo que vamos a decir”, pero Barrios adelantó que “los términos del contrato de concesión no fueron los mejores”.
El problema con Palmerola no es la edificación, sino que los términos de la concesión del contrato, sostuvo el parlamentario.
Se le consultó si tomarían en cuenta en su informe el que presentó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en julio de 2023, a lo que respondió que “lo hemos leído, pero en algunas cosas podemos coincidir, en algunas cosas no”.
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Gobierno de Castro señala corrupción en aeropuerto Palmerola
El 4 de julio de 2023, el entonces secretario de la SIT, que en el gobierno de Hernández se llamaba Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Mauricio Ramos, se declaró “en rebeldía” y anunció que no seguiría firmando documentación que permita la operación de la concesión de Palmerola.
Al ser Palmerola un bien público y como responsable de gestionar el sistema de infraestructura en la red vial, la SIT es dueña de la garantía del aeropuerto.
Pérdida de información relacionada con el proceso de licitación, contratos leoninos, falsedad en la proyección de pasajeros y solicitud ilegal fraudulenta de aprobación del préstamo con Inprema fueron algunos de los hallazgos que Ramos enumeró en conferencia de prensa.
Representantes de la empresa aeroportuaria respondieron que las acusaciones “faltan a la verdad”.
Obras incompletas en el aeropuerto Palmerola
En el contrato de concesión se establece que el Estado hondureño debe terminar unas obras adicionales en Palmerola, las que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha realizado.
En reacción, el 12 de septiembre de 2023, Palmerola interpuso una demanda de arbitraje contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
“Ellos (Palmerola) hablaban de que tenían cinco meses sin comunicación con el Estado, no le respondía los oficios, no había comunicación, (…) y entonces ellos por eso fueron a interponer en la CIADI el arbitraje correspondiente en virtud de que ellos necesitan una respuesta para poder trabajar de manera adecuada”, resumió el abogado Madrid.
Recién el 24 de febrero, Honduras denunció el convenio del CIADI, pero el abogado José Luis Moncada aclaró que tal acción del gobierno no tiene efectos retroactivos, por lo tanto “los casos introducidos siguen su curso”.
Expediente Público solicitó entrevista con el actual ministro de la SIT, Octavio Pineda, pero no respondió los mensajes que se le enviaron por Whatsapp.
También se pidió una entrevista al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz.
“Nosotros representamos al Estado en los estrados judiciales o arbitrales donde haya alguna controversia en la que el Estado es parte”, ilustró.
Confirmó que “en el caso de mérito PIA presentó una demanda arbitral y es ahí donde nosotros actuamos conforme al mandato de ley”.
No obstante, cuando se le consultó sobre el estado actual de la demanda, respondió que: “Este Procurador General discute las controversias en los estrados, no en los medios de comunicación”.
Estado subsidia a empresarios
El contrato de Palmerola fue firmado bajo la modalidad de alianza público-privada (APP), un modelo aprobado en el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y cuya ley fue derogada en el actual Congreso Nacional, pero las concesiones siguen vigentes.
Meses antes de que el contrato de concesión de Palmerola fuera publicado en La Gaceta, fue aprobado un decreto legislativo que contiene la exoneración de impuestos y derechos de ese aeropuerto, cuya concesión fue ampliada de 30 a 35 años.
“El caso de Palmerola muestra que las APP son una modalidad costosa e ineficiente de inversión pública, contrario a la narrativa que las promueve como una forma en la que el Estado, ante sus limitados recursos fiscales, puede canalizar recursos privados para el desarrollo de proyectos públicos”, señala en un análisis el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Es un hecho que en Palmerola ha invertido más el Estado que el concesionario “y en la situación actual estos fondos públicos tienen limitadas posibilidades de ser recuperados, pero sí de engrosar el alto monto de deuda externa sin ningún beneficio para la sociedad”, agrega.
En una entrevista con el diario La Tribuna, el director de Palmerola, Peter Fleming declaró en septiembre de 2021 que esa empresa ha puesto USD132 millones y el gobierno, USD108 millones.
Según la SIT, el Estado ha aportado USD126 millones y el concesionario USD64.59 millones.
Las APP “sintetizan lo peor de los ámbitos públicos y privado”, y no se sujetan a “los necesarios mecanismos de control, fiscalización y transparencia que como operadoras y oferentes de servicios públicos deberían cumplir”, quedando “excluida” y “expropiada” la voz de la ciudadanía, retoma el Cespad de una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Usaron dinero de los maestros para el aeropuerto Palmerola
De una cantidad no hay duda y es de los 110 millones de dólares que el Inprema invirtió en Palmerola, de los que USD20 millones fueron para la compra del 5% de la empresa y USD90 millones fueron un préstamo para cubrir la deuda que el aeropuerto tenía con la banca hondureña.
El primer desembolso se hizo el 20 de enero y el segundo el 25 de enero de 2022, antes de que asumiera el gobierno de Castro (el 27 de enero).
“Sí pareciera ser extraño que ese dinero estuviera tan rápido disponible para hacer la transacción”, declaró a Expediente Público el comisionado presidente de la actual Junta Interventora del Inprema, Héctor Díaz.
La inversión no fue aprobada por todos los miembros de la ya desaparecida Comisión de Transición y Normalización, nombrada por el entonces presidente Hernández, ni por todos los miembros del Comité Ejecutivo de Inversiones.
Uno de los alegatos es que estaba demasiado cerca el traspaso de gobierno, lo que podría suponer cambios afectaran la inversión.
Denuncia del Inprema no procedió
“Toda inversión en un instituto como el Inprema tiene que votarse por medio de dos entes, un ente técnico, que es el Comité Ejecutivo de Inversiones, y un ente administrativo, que en este caso era la Comisión de Transición y Normalización”, amplió Díaz.
En consecuencia, el Inprema hizo una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si existen o no indicios de corrupción, informó.
Díaz reconoció que Palmerola está cumpliendo con el plan de pagos que hizo con el Inprema, pero no ha logrado el nivel de ganancia que se esperaba debido a que no ha entrado a funcionar la terminal de carga ni un área de combustible, entre otras obras que tampoco han llegado a tiempo.
“Si en el largo plazo no se logran consolidar estos indicadores (…) van a terminar siendo un peligro real para la inversión, porque usted puede seguir pagando el desequilibrio un tiempo, porque todavía está en etapas de inversión, pero ya cuando usted esté en etapas de ganancia tiene que tener ganancia, todo negocio así tiene que ser”, apuntó.
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Dos inversiones con el mismo grupo
El Inprema es un fondo de reserva con una disponibilidad de casi 1,620 millones de dólares para hacer transacciones y es un inversor muy cotizado. Además de Palmerola, tiene desde 2020 inversiones con la empresa Alutech, también de Grupo EMCO, por unos USD14.2 millones, reveló Díaz.
También compartió que la institución ha hecho dos solicitudes de revisión, una sobre las condiciones generales del contrato, y la segunda de los indicadores financieros, pero “lo que ha habido es silencio”.
La razón, sospecha, es que la empresa está esperando la reacción final del gobierno respecto al contrato de concesión “y creemos que hasta que ellos tengan claridad en ese tema van a poder hacer una revisión de contrato con nosotros”.
Para el abogado Madrid no es mucho lo que el Estado puede hacer porque, guste o no, la concesión está otorgada, es ley, “a menos que tuviese un vicio oculto o a menos que estuviera en alguna de las causales de rescisión de los contratos en que hubiera incurrido alguna de las partes”.
Pero de lo contrario, el Estado tiene que afrontar ese contrato, porque si no se ponen de acuerdo “va a haber una demanda, va a perder Honduras y lógicamente van a haber consecuencias económicas para el país y que terminaremos todos los hondureños pagando”, puntualizó.
Expediente Público pidió información el 22 de febrero a la oficina de Relaciones Públicas de Palmerola. Pero al momento de esta publicación no había respuesta.
