*Una Unidad de Política Limpia “sin dientes” para garantizar la transparencia de los partidos políticos con el financiamiento que reciben.
**El oficialista Partido Nacional percibió entre enero y mayo del 2021 aproximadamente 3 millones de dólares en «aportaciones voluntarias» de los empleados estatales, según el Instituto de Acceso a la Información Pública.
***El financiamiento electoral es un eslabón débil en la construcción democrática del país centroamericano, que no cuenta con instituciones fuertes e independientes para garantizar que los partidos políticos no sean permeados por el crimen organizado.
EXPEDIENTE PÚBLICO
“El financiamiento de las campañas políticas constituye la zona gris de los procesos de construcción democrática de América Latina, y el caso de Honduras no es la excepción”, se lee en el libro Reforma Política y Electoral en América Latina, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2008.
Un año después, Honduras sería escenario del primer golpe de Estado en el siglo XXI y no es casualidad que una de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que surgió para buscar una salida al conflicto, fue la de “garantizar la transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos” políticos.
Estas instituciones “juegan un rol fundamental en la democracia” y su fortalecimiento “es imprescindible”, decía el informe de la CVR dado a conocer en 2011.
Pero la opacidad en el financiamiento de los partidos políticos no mejoró en los años siguientes.
“Pese a su obligación legal de publicar los datos financieros, los partidos y candidaturas los mantienen en estricta reserva o dan a conocer solo lo que no evidencia la presencia del financiamiento ilícito. La ausencia de datos es casi total”, señalaría en 2014 el informe Impacto del financiamiento ilícito de campañas electorales en la democracia hondureña, del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh).
Pese a la aprobación en 2016 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como Ley de Política Limpia, la regulación y fiscalización del financiamiento electoral ha tenido pocos avances.
El pasado 3 de agosto, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúniga, declaró que “se ha incrementado la influencia del crimen organizado a través del financiamiento de campañas políticas”.
Para el analista político Joaquín Mejía Rivera, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) que surgió con la Ley de Política Limpia “no ha tenido un impacto significativo”.
Mejía Rivera dijo a Expediente Público que “con el tema del financiamiento de los partidos políticos hay un problema de origen” y es que la UFTF, conocida también como Unidad de Política Limpia, se politizó y fue despojada de “facultades suficientes para que pudiera ejercer su trabajo”.
La propuesta de una Ley de Política Limpia “vino por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih)”, pero “se le quitaron los dientes”, así que los partidos políticos pueden seguir recibiendo el financiamiento de “poderes fácticos” sin que exista una verdadera rendición de cuentas “y por tanto el riesgo del financiamiento por parte del narcotráfico se mantiene”.
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Financiamiento privado
Tanto el financiamiento público como el privado están marcados por la opacidad, aunque de manera distinta, opinó el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías.
“Por supuesto que si hablamos de cuál es el tipo de financiamiento que nos debe preocupar más desde el punto de vista de la transparencia y sobre un sistema democrático que debería funcionar bajo los parámetros universalmente aceptables, definitivamente, el financiamiento privado”, dijo el economista a Expediente Público.
Recordó que dentro del financiamiento privado están los aportes del crimen organizado que no es posible conocer “ni siquiera a través de la ley, por muy transparente que fuera”, porque obviamente los partidos no van a revelar esa información.
Una de las funciones de la Unidad de Política Limpia es la de notificar a las autoridades competentes la comisión de presuntos delitos o irregularidades detectados en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, “hay que decir que la Unidad de Política Limpia no tiene posibilidades de detectar el movimiento de lavado de activos, pero sí lo tiene la Comisión (Nacional) de Banca y Seguros” (CNBS)”, indicó el director del Cespad.
La CNBS forma parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada con la Ley de Lavado de Activos y que está integrada, además, por el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria Aduanera y la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por ley, todas están obligadas a cooperar con la Unidad de Política Limpia.
“La misma ley establece la necesidad de esta unidad interinstitucional como una herramienta clave para el funcionamiento de la Unidad de Política Limpia”, explicó Irías.
La Unidad de Política Limpia tampoco puede hacer investigaciones judiciales porque no es parte del Ministerio Público, pero la UIF sí puede tener acceso a la información bancaria e iniciar procesos de investigación judicial, acotó.
El problema es que esa unidad interinstitucional “definitivamente no funciona”, porque “es parte de la institucionalidad que (…) está al servicio de redes de corrupción”, dijo el economista, para quien sin voluntad política “no será posible” tener una ley que permita disuadir o determinar “hasta qué grado está habiendo financiamiento del crimen organizado”.
Irías remarcó que “si esa institución funcionara probablemente podría controlarse o podría combatirse este tipo de financiamiento”, pero de momento “es una cuestión que está blindada”.
Por su parte, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Franco, aseguró a Expediente Público que “hay diferentes formas y vías” para que “un sujeto obligado nos diga quién está financiando”. Para el caso, “cuando los aportes son arriba de 250 salarios mínimos, eso genera una alerta en el sistema financiero nacional que nos debe indicar a nosotros quién está haciendo esa aportación”.
Consultado sobre la información reservada de los aportantes dijo que “de eso yo diría (que hay) mucho todavía por qué hablar, por qué sentarnos las instituciones y homologar criterios en materia de revisar y consignar lo que la ley ya estipula, porque sí hay cierta obligatoriedad”.
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No todos los bancos colaboran
Sin embargo, cuando se trata de esas alertas, Javier Franco dijo que una cosa es la CNBS y otra el sistema financiero, representado por la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras (Ahiba).
La CNBS desarrolla la Ley de Lavado de Activos “y ahí es donde están estas alertas que deben estar en congruencia con el sistema financiero nacional” y este a su vez en congruencia con la Unidad.
El sistema financiero nacional “tiene la obligación de contribuir, pero al final hay algo que nos damos cuenta que tiene más peso que la misma ley y es que cada banco tiene la discrecionalidad en sus riesgos de aceptar o no, para bien o para mal, la apertura de cuentas de un sujeto obligado”, detalló.
En las elecciones primarias de marzo de 2017, “hubo muchos bancos que no quisieron abrirle cuentas a candidatos y sus razones las tenían, hubo otros bancos que sí, pero también podrá haber bancos que sean más fáciles de podernos dar información a nosotros que otros”, expresó el comisionado.
Ante esa situación dijo que “vamos a exigirle al sistema financiero nacional, directamente a la Ahiba, que colabore en esta elección general con la Unidad de Política Limpia (…) a que estas alertas se nos den a conocer” y también buscarán fijar “mediante qué mecanismos, porque hasta el momento solo es a petición de lo que la Unidad solo pueda hacer de oficio, pero de parte de los bancos nunca hemos tenido notificaciones” de alerta.
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Buscan tener rango constitucional
Javier Franco mencionó que en busca de una “independencia absoluta en materia jurídica y legal” y un presupuesto propio que les permitan ampliar el alcance en la fiscalización de los partidos políticos, esa Unidad propuso en 2019 una nueva ley al Congreso Nacional.
“Nosotros no tenemos iniciativa de ley porque no somos una unidad con rango constitucional”, explicó en la entrevista.
“Para que esto se pueda dar se necesita que sea ratificado en una segunda legislatura”, amplió y aunque ese cambio no abarcará al actual proceso electoral, espera que el nuevo Congreso que asumirá el próximo año “tome a bien esta iniciativa y la apruebe en 2022 para que sea ratificada en 2023”.
Antes de que los comisionados cesen en sus cargos en mayo-junio de 2022, “es muy probable que tengamos una nueva ley y una nueva institución tal vez más fortalecida desde el punto de vista legal”, afirmó el funcionario, para quien “una forma de medir el rendimiento de la unidad es que tenemos cooperantes”, como Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), el NDI, el PNUD y Usaid.
Falta rendición de cuentas
La Ley de Política Limpia manda a los candidatos y partidos políticos rendir cuentas sobre la utilización de los recursos públicos que reciben, de las aportaciones en especie o en efectivo y de los egresos, con los estados financieros y demás documentación comprobatoria y de respaldo, que deben estar disponibles en el portal del IAIP.
Según los lineamientos para la verificación de la información pública de los partidos políticos, deberían incluir también información referente a su estructura orgánica y datos oficiales de la organización, detalló Gustavo Irías. Pero también deberían incluir la remuneración mensual de los funcionarios de cada uno de los partidos, programas, estatutos, “incluso deberían estar obligados a (publicar) los acuerdos y resoluciones de cada reunión”, además de las actividades donde el partido involucra a la ciudadanía.
Sin embargo, “vemos que prácticamente las páginas de transparencia de los partidos políticos no existen o están muy vacías. De hecho, están muy alejadas de lo que la misma Ley del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) les está obligando” y “vemos que el IAIP tampoco ha hecho mucho para obligar a los partidos a cumplir con esta normativa”, añadió.
Para la jefa de Auditoría Social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Scarleth Mayorquín, “es una preocupación de la ciudadanía” saber cuánto dinero reciben y en qué lo gastan los partidos políticos.
Sin embargo, viendo la información que estos publican en el portal de transparencia “no lo tenemos de manera clara porque no está de manera clara”, dijo Mayorquín a Expediente Público.
No solo se trata de presentar documentación, sino que esta “venga detallada” en cuanto a los ingresos y egresos, dijo la profesional del derecho, quien resaltó también el hecho de que la información proporcionada por algunos de los partidos políticos no ha sido actualizada desde hace varios años.
De aproximadamente seis mil precandidatos a nivel nacional que participaron en las elecciones primarias el pasado 14 de abril y que estaban obligados a presentar su informe de gastos de campaña ante la Unidad de Política Limpia, solo “tenemos alrededor de 1,250 expedientes que estamos revisando entre candidatos electos y no electos, lo cual podría decirse (que) es bajo”, dijo el comisionado Javier Franco.
Aportaciones voluntarias
La Ley de Política Limpia prohíbe a los partidos políticos recibir contribuciones de funcionarios y empleados que se desempeñan en la administración pública centralizada o descentralizada “sin previa autorización de estos”. Y añade que la omisión de la autorización al momento de hacer la deducción de la aportación “constituye un hecho delictivo”.
Solo entre enero y mayo de 2021, el Partido Nacional percibió 71,780,910.56 millones de lempiras de los empleados públicos (aproximadamente 3 millones de dólares), según consta en la página del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Sin embargo, estas aportaciones no son totalmente voluntarias, según dijo a Expediente Público un periodista que trabajó en el área de relaciones públicas de una dependencia gubernamental.
Sin autorización no hay contrato, dijo el comunicador a quien mensualmente se le deducían 1,720 lempiras (72.42 dólares) como aportación “voluntaria”.
A pesar de que lo prohíbe la ley, y de la existencia de una Unidad de Política Limpia, “estas personas quieran o no quieran aportar lo hacen porque tienen miedo a perder el trabajo”, o a que no les renueven el contrato, dijo al respecto el analista y abogado Joaquín Mejía Rivera. “Y hay casos donde incluso hasta la mitad del salario se les quita a ciertas personas”, agregó.
Pero además de esas contribuciones monetarias, los empleados públicos se ven obligados a participar en campañas y a dar declaraciones en los medios en representación del partido en el poder.
“No solo es el dinero, sino que también es el tiempo, porque estos funcionarios y funcionarias los fines de semana o en determinadas horas del día se convierten en activistas del partido que los tiene en ese puesto de trabajo”, puntualizó.
