El incendio forestal más grande que se había documentado en Nicaragua, en la reserva Indio Maíz, envió a un sector juvenil a las calles a protestar ante la falta de atención por el gobierno de Daniel Ortega, quien recrudeció la rebelión por las reformas al Seguro Social. La represión con fuerzas policiales y paramilitares, cometiendo crímenes de lesa humanidad, no ha detenido la demanda vigente de que Ortega salga del poder.
Expediente Público
“¡El pueblo unido, jamás será vencido!”. “¡Eran estudiantes no eran delincuentes!”. Para la mayoría de los nicaragüenses, recordar abril de 2018 es recordar las incontables consignas en las marchas multitudinarias en los diferentes rincones de Nicaragua. Para las madres es pensar en sus hijos que fueron asesinados y cuyos casos hasta hoy permanecen en impunidad. La resistencia desde las barricadas en las ciudades y las trincheras universitarias viene a la memoria de nicaragüenses en el exilio, y para quienes estuvieron por meses y hasta más de un año en la cárcel, es inevitable recordar las torturas que sufrieron dentro.
Un intento de golpe de Estado. Así lo califica la narrativa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien hasta la fecha no ha admitido su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad que fueron evidenciados y denunciados por expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su visita en 2018 y quienes han continuado su monitoreo sobre la situación de derechos humanos de manera remota, debido a que el gobierno los expulsó y no les permite regresar al país centroamericano.
En este especial, Expediente Público te cuenta qué tan lejos han llegado las tácticas de represión en Nicaragua, donde la libertad de expresión y asociación están criminalizadas, desde las primeras protestas por la Reserva Indio Maíz.
2021: Nicaragua sin reformas electorales transparentes
A ocho meses de elecciones de un nuevo Gobierno, en Nicaragua no hay reformas electorales establecidas que garanticen la transparencia del proceso de votaciones, pese a que, en 2017, un año después de que Ortega fue reelecto controversialmente por tercera vez de forma consecutiva, prometió una “mejora electoral’ en tres años, que comprometía el fortalecimiento del sistema electoral del país según el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa organización en 2020 señaló a Ortega de “dejar morir” ese convenio.
La aprobación entre 2020 y 2021 de cinco leyes, calificadas de represivas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha creado un clima desfavorable a la oposición, donde el derecho a manifestarse está restringido, según las denuncias en diversos foros.
Ante esto, el pasado 25 de febrero la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, (Oacnudh), Michelle Bachelet, durante la presentación de un nuevo informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020” expresó ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), que “el Gobierno de Nicaragua debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”.
El informe presentado por Bachelet asegura que pese a que los representantes del gobierno de Ortega declaren que existe “libre movilización” y “expresión política”, la Oacnudh, ha observado “la persistencia de las prohibiciones a las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo crítico con el Gobierno, basadas en una interpretación restrictiva de la Ley 872 sobre la Policía Nacional, que condiciona la celebración de eventos públicos a la previa autorización de la Policía Nacional”.
La anulación de derechos civiles, las detenciones arbitrarias, cargos falsos, juicios amañados y cárcel, más la aprobación de leyes para callar las críticas y el disenso, son las 3 categorías en las que Amnistía Internacional identifica 18 nuevas tácticas de represión como: el hostigamiento, acoso a activistas excarcelados y sus familias, recaptura, agresiones a periodistas, exilio forzado, cancelación del registro legal y confiscación de bienes de organizaciones y cierre de medios, entre otras.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mantenido vigente su denuncia desde las protestas de abril de 2018, que en Nicaragua persisten las “detenciones arbitrarias e ilegales”, en contra de opositores.
Al menos 1614 personas, desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020, por su involucramiento en las manifestaciones sociales fueron encarceladas, reveló un informe presentado en diciembre pasado por la OEA, el que también describe cómo los presos políticos han sufrido maltrato y tratos crueles, hacinamiento, y violencia sexual, entre otras violaciones a sus derechos humanos en los diferentes centros penitenciaros.
En los 18 puntos, de la tercera y más reciente resolución aprobada el 23 de marzo por el CDH, este año en Ginebra, exhorta al gobierno de Ortega el cierre de estas nuevas tácticas de represión de cara a un posible proceso electoral, que no será posible sin la liberación personas presas políticas. Hasta marzo del 2021 son 125, según estadísticas que sostiene el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas.
Leyes tras leyes
Entre septiembre del 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional dominada por el partido sandinista, ha aprobado un paquete de leyes que impiden las libertades democráticas en el país centroamericano.
La más reciente es una reforma aprobada a la Ley 842, la Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, el 3 de febrero del 2021, cuyo objetivo, según señalan expertos, es con fines políticos de abrirle de nuevo las cuentas bancarias a los 27 funcionarios y familiares del Presidencia sancionados por Estados Unidos. La Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza también mantiene sanciones a un grupo de funcionarios sandinistas.
El 21 de diciembre de 2020, por ejemplo, fue aprobada la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley prohíbe la presentación de candidatos a cargos electivos quienes «menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación» o «demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra Nicaragua y sus ciudadanos, o lesionen los intereses supremos de la nación». El objetivo es inhibir a los opositores que tengan respaldo ciudadano suficiente para retar a Ortega en las elecciones.
El pasado 15 de octubre de 2020 también se aprobó la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros, para evitar la injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua. Según la Oacnudh, esta ley amenaza la independencia, autodeterminación, la soberanía y estabilidad económica y política de las ONG’s. Esta apunta a criminalizar a aquellas organizaciones sociales que denuncian los crímenes contra la población en los 14 años que lleva Ortega en el poder en Nicaragua, lo que ha acelerado el cierre de varias.
En ese mismo mes, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se pronunció al adoptar una nueva resolución (2962-L-O/20) instando a Nicaragua a comprometerse para asegurar elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas a más tardar en mayo de este año (2021).
Doce días después de este pronunciamiento, (27 octubre) se aprobó la Ley Especial 1042 sobre Ciberdelitos, adoptada por la Asamblea Nacional para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos a través de las tecnologías de información y comunicación. Las asociaciones de periodistas han denunciado esta norma que atenta contra la libertad de prensa al criminalizar las publicaciones que, a consideración del gobierno, sean “noticias falsas” que son penalizadas con hasta diez años de cárcel.
Entre octubre de 2020 y enero de 2019 la Oacnudh registró 13 homicidios y un intento de homicidio en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. Según lo señalaron, la mayoría de las víctimas podrían ser identificadas como “opositoras (incluidos campesinos, miembros de partidos de oposición y un exdetenido)”.
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Durante ese año, Naciones Unidas reiteró su preocupación sobre la situación de Nicaragua en las tres actualizaciones orales entre septiembre, julio y febrero. “No se ha observado progreso de la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018 lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones”, fue la declaración.
En junio de 2020, el Estado de Nicaragua, dejó de responder a las comunicaciones de la Naciones Unidas enviadas a las Ministerio de Relaciones Exteriores, donde reiteraban su solicitud para acceder al país y disponían su asistencia técnica. De un total de 37 llamados, solo 17 fueron respondidos.
El 2019 fue otro año caótico en impunidad
En 2019, un año después del estallido de la protesta social, la cifra de estudiantes expulsados de los recintos universitarios públicos del alcanzaba los 147 y de personal despedido, 108, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), UNAN-León, Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Carazo), FAREM-Estelí, FAREM-Matagalpa, y FAREM-Chontales, según estadísticas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, en su informe sobre las violaciones de los derechos los estudiantes y docentes universitarios en Nicaragua 2018-2019. Fue parte de la “cacería” de la administración de Ortega y Rosario Murillo contra el sector estudiantil que levantó a la sociedad para exigir cesar los abusos.
Organizaciones internacionales de migrantes como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabilizan más de 100 mil nicaragüenses exiliados, incluyendo estudiantes expulsados, asediados y amenazados. Tales son los casos de los exestudiantes Levis Artola Rugama, Nahiroby Olivas y María Alejandra Centeno, quienes presentaron el pasado 29 de marzo “El Libro Blanco; las evidencias de un estado totalitario: violaciones de derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua», el cual recoge alrededor de 20 testimonios de otros universitarios que se vieron obligados a abandonar su país.
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El 10 de junio de 2019 fue la última liberación de personas presas políticas, bajo la aprobación de la Ley de Amnistía, un proyecto controversial propuesto por el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que indultó a todas las personas que habían participado en los hechos ocurridos entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de junio de 2019, sin excepciones. Las madres de los asesinados en las protestas y las víctimas rechazaron la Ley de Amnistía porque se niega la justicia al impedirse las investigaciones para determinar la responsabilidad en los crímenes cometidos contra civiles por los grupos de paramilitares, la Juventud Sandinista (JS), la Policía, el Ejército, así como alcaldes y otros funcionarios del gobierno y de miembros del partido sandinista.
Un mes antes de esa excarcelación de presos políticos, el 16 de mayo de 2019, dentro de la cárcel La Modelo, en el municipio de Tipitapa, al norte de Managua, fue asesinado Eddy Montes Praslin, de 57 años con nacionalidad nicaragüense y estadounidense. Montes estaba incluido en la lista conciliada de protestantes que serían liberados bajo el acuerdo de la mesa de diálogo, que para entonces tenía el gobierno con la opositora Alianza Cívica.
Sin embargo, Montes fue asesinado en la Galería 16 y 17, que en ese momento era una sola, por un custodio del centro penitenciario de un balazo con AK-47 durante una protesta dentro del penal.
Desde esa muerte en mayo de 2019, continúa el estado de impunidad por las 328 muertes registradas y documentadas de manifestantes opositores, por organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional en el contexto de las protestas de 2018. En ese período, más de 700 personas fueron encarceladas según cifras hasta esa fecha por el Comité de presos políticos.
Sin embargo, hasta marzo de 2021, 125 personas permanecen en prisión. De su liberación, y otras garantías, depende que la comunidad internacional reconozca el proceso electoral de noviembre próximo.
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2018: El año en que Nicaragua despertó
Como parte de la represión agravada por el gobierno Ortega y Murillo, a finales de 2018, el medio de comunicación independiente Canal 100% Noticias fue allanado, por la Policía, y los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora (ahora candidato a la presidencia y excarcelado perseguido) fueron arrestados por 6 meses. Otros periodistas como Luis Galeano, Leticia Gaitán, camarógrafos y técnicos fueron forzados a exiliarse debido a la persecución en su contra. La señal de ese canal fue suspendida.
Además, fueron asaltadas las oficinas de Confidencial y Esta Semana, otro medio comunicación nacional independiente. Nueve ONG defensoras de derechos humanos y centros de pensamiento les fueron cancelada su personería jurídica, sus oficinas allanadas y edificios confiscados por la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación, sin argumentos jurídicos ni resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, donde existen recursos contra esas acciones, o resolución oficial de expropiación.
Diez días antes de estos actos de confiscación, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Magnitsky Nica Act, que establece sanciones para funcionarios y familiares de Ortega implicados en corrupción y violación de derechos humanos. En tres años, 27 funcionarios de Ortega han sido sancionados, incluidos tres de sus hijos y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta, así como la Policía Nacional como institución y el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés.
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Los ataques que dejaron más de 300 muertos
El 19 de diciembre 2018, el gobierno de Ortega ordenó la salida inmediata del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el equipo designado por la CIDH para la supervisión y documentación de la situación en el país en el contexto de las protestas.
El comunicado de expulsión emitido por el canciller Denis Moncada decía: “considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este ministerio da por concluida la invitación y finalizada la visita”.
“Se han cometido crímenes de lesa humanidad” concluyó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentado en Washington el 21 de diciembre de ese mismo año, al documentar los testimonios de los familiares de las víctimas, de los ataques entre abril y mayo de 2018, incluyendo la denominada “operación limpieza” y la masacre en la marcha del Día de las Madres, el 30 de mayo.
Entre el 24 de julio y el 12 de junio de 2018, Nicaragua vivió nuevos ataques a punta de bala por paramilitares, parapolicías y policías vestidos de civil. La misión de derribar las barricadas siguió cobrando las vidas de manifestantes atrincherados en diferentes zonas del país, como lo documenta el informe del GIEI.
Los días 12, 19 y 28 de junio, arrancaron con la “operación limpieza” primero en Managua, luego en los departamentos de Masaya y Granada que dejó cuatro muertos, y la última del mes, fue en León donde fueron asesinadas tres personas más.
Al mes siguiente, grupos combinados de paramilitares y policías lograron derrumbar seis trincheras más, incluyendo la de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
El 8 de julio, en el departamento de Carazo, en la zona sur del país, se dio otra “operación limpieza” donde murieron al menos 20 personas, siendo uno de los ataques más violentos. Ese mismo día, a casi 200 kilómetros de distancia, en Matagalpa también estaban siendo atacados los tranques; ahí murieron dos manifestantes y un policía.
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Luego tocarían los tranques de San Pedro de Lóvago en Chontales el 14 de julio, donde se conoce que hubo varios campesinos heridos como parte de una emboscada a los vehículos donde los protestantes regresaban a sus comunidades.
En Monimbó, donde estaba el último tranque de Masaya, fue derribado el 17 julio, dos días antes del 19 de julio, donde Ortega celebraría el 39 aniversario de la Revolución sandinista, Este ataque cobró la vida de dos nicaragüenses más.
El 24 de julio, en Jinotega, al norte del país, se levantó uno de los últimos tranques, en el que fueron asesinados 3 manifestantes.
La madre de todas las marchas en mayo 2018
Ese 30 de mayo (cuando se celebra el Día de las Madres en Nicaragua), se cumplían 43 días de crisis, las madres de jóvenes víctimas de abril salieron a exigir justicia por el asesinato de sus hijos, que para entonces eran alrededor de 86 según cifras de Amnistía Internacional. Ese día18 madres más se sumaron al luto y dolor al ser asesinados sus hijos.
El informe publicado por el GIEI, reportó el uso en la represión de armas militares como fusiles AK-47, M16 y rifles para francotiradores, Dragunov, también ametralladoras PKM, por parte de la Policía Nacional y fuerzas paramilitares contra los manifestantes.
La protesta, bautizada “la madre de todas las marchas”, considerada la más gigantesca en la historia de la nación centroamericana, fue una manifestación pacífica en la que cientos de miles de nicaragüenses se desbordaron en las calles de la capital Managua para acompañar a todas las madres que exigían justicia por sus hijos asesinados a partir del estallido social de abril. Pero ese día el gobierno de Ortega actuaría con más violencia y sumaría 18 muertos más a balazos a la extensa lista. La Asociación Madres de Abril (AMA) incluye a 18 víctimas de esa masacre, 8 personas murieron en Managua al momento del ataque y 10 murieron en Masaya, Estelí y Chinandega, ciudades donde también hubo marchas, de las cuales 8 murieron después de ser trasladados a hospitales.
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La lista de asesinados creció en la “operación limpieza” y “la madre de todas las marchas”, pese a la instalación de un primer diálogo nacional después de 28 días de iniciadas las protestas. El 16 de mayo, Ortega, Murillo y sus principales ministros, se vieron cara a cara con los jóvenes que lideraban las protestas. La universitaria Madeleine Caracas leyó los nombres de los 16 jóvenes que habían sido asesinados hasta esa fecha, incluyendo el periodista Ángel Eduardo Gahona y el adolescente de 15 años, Álvaro Conrado.
“Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado”, le dijo a Ortega en tono desafiante el universitario Lesther Alemán.
El abril que cambió todo
Nicaragua desde el 2007, no ha visto otro presidente que no sea Ortega. Durante 14 años en el poder, las organizaciones defensoras han registrado múltiples violaciones a los derechos humanos, que incrementaron a inicios de abril de 2018 cuando una serie de protestas estalló por el incendio de uno de los bosques tropicales más importantes de Centroamérica.
El 18 de abril de 2018, las protestas se intensificaron junto con la represión de policías y fanáticos del FSLN. Esta vez la razón de los protestantes por salir a las calles, fue la reforma al Seguro Social que imponía entre las medidas un cobro a los jubilados para recibir atención médica. Aunque Ortega revocó esa reforma cuatro días después fue en vano para detener el descontento del pueblo, pues para esa fecha ya se contaban 17 asesinados.
En Managua, la capital, León en occidente y Matagalpa en el norte del país, se registraron manifestaciones en las que hubo personas de la tercera edad agredidas por parte de los grupos de choque de la Juventud Sandinista.
Al día siguiente, el 19, a las protestas de jubilados y estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) se sumaron otros recintos universitarios y ciudadanos de barrios completos, y la Policía aumentó la represión y fue entonces cuando cayó Richard Pavón, de Tipitapa, el primer asesinado en las protestas y a él se sumaron dos más y alrededor de 37 heridos solo ese día.
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La reforma contra los pensionados fue el estallido social, pero la primera chispa fue el 13 abril, cuando estudiantes de la UCA salieron a las calles de la capital a protestar por la ineficacia del gobierno para controlar el incendio en la Reserva Indio Maíz, en el municipio San Juan de Nicaragua, en Río San Juan, que llevaba ardiendo diez días.
“SOS Indio Maíz”. Esa fue la primera consigna que trascendió las fronteras de Nicaragua, junto con otras, que, sin pensarlo, siguen haciendo eco luego de tres años.
En la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada a 300 kilómetros de la capital Managua en el sureste del país, empezó todo. El devastador incendio que acabaría con más de cinco mil hectáreas e inesperadamente despertaría al pueblo un martes 3 de abril de 2018, desde la Comunidad Siempre Viva del municipio San Juan de Nicaragua.
