*Las mujeres que sufren problemas de salud durante el embarazo son criminalizadas en el caso que lleguen a abortar, sin importar si es un aborto espontáneo. Enfrentan procesos donde pueden ser condenadas a penas de hasta 50 años de reclusión.
Expediente Público
El aborto en El Salvador está prohibido por ley, sin excepción alguna, desde 1998 y pese a que ya han transcurrido 24 años la medida no se ha logrado revertir. En el país centroamericano, las mujeres que buscan abortar, pero también las que han tenido un aborto espontáneo siguen siendo criminalizadas y sometidas a procesos judiciales donde son condenadas a largos periodos de detención preventiva y penas desproporcionadas, que oscilan entre los 15 y 50 años de prisión, según organizaciones defensoras de derechos humanos.
En ese país centroamericano, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos son sospechosas de haberse practicado un aborto, lo que es castigado con cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, fundada en el 2009, estima que desde 1998 hasta 2019 al menos 181 mujeres fueron judicializadas inicialmente por aborto. En algunos casos la Fiscalía General de la República (FGR) cambió la tipificación del delito a homicidio, pues no disponían de pruebas que demostraran que se practicaron ese procedimiento, que es ilegal en el país centroamericano.
Mujeres jóvenes y pobres
La mayoría de mujeres que fueron judicializadas eran de bajo nivel educativo y económico. El 66.8% eran jóvenes de entre 18 y 25 años, según el informe titulado “Del hospital a la cárcel” que fue elaborado por esa organización defensora de derechos de las mujeres en El Salvador.
“Hasta ahora, ninguna mujer es de clase media o clase alta, todas cumplen con el perfil de ser jóvenes, empobrecidas y viviendo diferentes situaciones de vulnerabilidad social”, explica a Expediente Público la feminista y activista por los derechos humanos, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana, que impulsa la despenalización del aborto en ese país.
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A través de largas batallas de activistas, abogadas y mujeres colaboradoras se ha logrado la libertad de 65 mujeres procesadas en El Salvador por “querer abortar”, en el periodo de 2000 hasta finales de 2019.
Sin embargo, desde 2019, año que Nayib Bukele asumió la presidencia, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha logrado confirmar que unas 14 mujeres han sido “criminalizadas” por la misma causa.
Bukele a lo largo de su mandato ha mantenido una posición muy “conservadora” con respecto a este tema, según defensoras de derechos humanos.
“Nayib Bukele se comprometió cuando era candidato a que en su Gobierno las mujeres no iban a ser perseguidas por abortos espontáneos o por emergencias obstétricas. Sin embargo, en lo que va de su Gobierno nosotras hemos logrado identificar 14 casos de mujeres criminalizadas en los hospitales públicos y eso sí puedo dar constancia, porque hemos ido defendiendo, dos de ellas son menores de edad y ha sido personal sanitario (los que denuncian) no siempre médicos y médicas, a veces hasta quien hace la vigilancia”, dijo Herrera.
Sistema salvadoreño se ensaña con mujeres
En 2012, en una pequeña zona rural de El Salvador, fronteriza con Guatemala, Bertha Arana llegó a un puesto de salud sangrando y, aunque el bebé se salvó fue reportada por el personal de salud, acusada y condenada a una pena de 15 años de prisión.
Bertha apenas tenía 18 años cuando fue condenada y en la actualidad su caso sigue engavetado debido a la burocracia del sistema judicial en El Salvador. Para Herrera, este igual que otros casos, es un “absurdo”.
A la recién nacida “se la llevó el papá para Guatemala y ella, que ya debería estar en libertad, porque ha cumplido dos tercios de la pena, no logramos que ningún beneficio penitenciario le aplique porque no tiene documento de identidad. Para condenarla no necesitaron ningún documento, pero ahora para darle beneficio penitenciario, para que recupere su libertad no le aplican ninguno de esos criterios”, denunció Herrera.
En otras circunstancias, las mujeres que han sido judicializadas mueren en prisión, tal y como le ocurrió a Manuela, la salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por sufrir un aborto espontáneo. El 26 de febrero de 2008, Manuela se encontraba lavando ropa en el río junto con su hijo mayor, cuando sufrió una fuerte caída.
Criminalizadas y sin atención oportuna
Al día siguiente acudió al hospital presentando un fuerte sangrado, pero su consulta fue registrada como “aborto” por lo que fue esposada a su camilla e interrogada sin la presencia de un abogado. Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, por lo que falleció el 30 de abril de 2010. Así lo tienen documentado las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
“En El Salvador podemos concluir que existe una persecución sistemática en contra de mujeres jóvenes y pobres que buscando atención médica terminan siendo criminalizadas debido a un contexto que discrimina radicalmente a todas las mujeres y niñas, que se ve reflejado en la total prohibición del aborto», manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Agregó que ese sistema de persecución «no solo castiga a las mujeres que lamentablemente tienen que asumir el riesgo de los abortos clandestinos, sino que criminaliza también a cualquier mujer que inclusive teniendo una emergencia obstétrica, un aborto espontáneo, termina siendo castigada».
El caso Manuela fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), órgano que determinó que la imposición de la prisión preventiva fue “arbitraria y violó el derecho a la presunción de inocencia” en perjuicio de la víctima.
La ley se endureció contra el aborto
En Centroamérica, la prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo está prevista en los códigos penales de Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero en este último país la situación es de las “más graves” de la región, estima Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Paradójicamente la penalización del aborto en El Salvador coincidió con un proceso de modernización del Código Penal que fue hecho tras los Acuerdos de Paz firmados en el país en 1992.
“Modernizar el Código Penal conllevó a la regresión para las mujeres. Esa paradoja que ocurre en nuestro país implicó quitar derechos a las mujeres salvadoreñas. Antes de esas reformas las mujeres podíamos acceder a la interrupción del embarazo cuando se trataba de salvar la vida y salud de las mujeres (…) Esta realidad ha generado grandes consecuencias para las mujeres y jóvenes salvadoreñas”, explicó García a Expediente Público.
Violencia sin castigo
La Ley antiaborto dice que las penas van de 2 a 8 años, pero muchas veces el cargo cambia a «homicidio agravado», que conlleva una pena mínima de 30 años. “Hemos conocido casos de mujeres que sus procesos inician como aborto, pero el cambio de tipificación que existe es que no se le procesa por aborto, sino por homicidio agravado y ahí es donde las penas pueden oscilar de 30 a 50 años”, enfatizó García.
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Para García, el Estado salvadoreño sigue estando en “deuda” con las mujeres, donde 63 de cada 100 mujeres han sufrido violencia sexual.
“Según las cifras que dan diferentes instancias como la Policía y Fiscalía se habla que en 2020 se registraron 11,277 hechos de violencia en niñez y adolescencia, en un país donde los embarazos impuestos en niñas son alarmantes. Entre el 2015 y 2022 se registraron en El Salvador 105,930 embarazos en niñas y adolescentes y aun así seguimos en un país que no reconoce como un derecho la educación integral de la sexualidad”, manifestó García.
Caso Beatriz, la esperanza
En el año 2017, el caso de Beatriz terminó de conmocionar a la sociedad salvadoreña por su determinación y firmeza al derecho a que se le interrumpiera un embarazo inviable que ponía en riesgo su salud y su vida.
Beatriz era de escasos recursos y vivía en una zona rural. En 2013, quedó embarazada y se agravó debido a sus padecimientos de lupus eritematoso sistémico (LES), por lo que una junta de médicos aconsejó la interrupción del embarazo por el alto riesgo a su salud, derecho que le fue negado.
El 11 de abril de 2013, presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un amparo con la solicitud, pero le negaron esa posibilidad. En junio de ese año fue sometida a una cesárea de emergencia, muriendo el feto cinco horas después.
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Sin desistir, el 29 de noviembre de 2013, presentó ante la Corte-IDH una demanda contra el Estado salvadoreño. Su caso fue admitido, pero la resolución ya no la podrá conocer debido a que murió el 8 de octubre de 2017.
Una resolución favorable podría dar la pauta para que en El Salvador se pueda despenalizar el aborto, dijo Herrera.
“El caso que sí esperamos que dé pauta para la despenalización del aborto, al menos en algunas causales, es el caso de Beatriz versus El Salvador que actualmente está siendo procesado en la Corte Interamericana”, dijo Herrera.
En este largo camino de más de dos décadas, el compromiso de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres en El Salvador sigue intacto, concluyó Herrera.
