*El informe elaborado por Cubalex y Justicia 11J, describe los patrones represivos llevados a cabo por el régimen cubano contra sus ciudadanos.
*622 personas han sido juzgadas y algunos han recibido penas de hasta 20 años de reclusión.
Expediente Público
Al menos 1,484 personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 fueron detenidas en Cuba, de las cuales 701 permanecen en detención y 622 han sido juzgadas, según información recopilada por organizaciones de derechos humanos en el informe “Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”, presentado este jueves 7 de julio por el organismo Freedom House en el marco del primer aniversario de las manifestaciones.
El informe elaborado por las organizaciones de derechos humanos Cubalex y Justicia 11J, detalla sobre detenciones registradas entre el 11 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. El 93% (1,381) de las personas que fueron detenidas no pertenecen a ninguna organización política ni de la sociedad civil, ni colaboran con ningún medio de comunicación.
Un total de 542 personas (36%) fueron detenidas el propio 11 de julio, mientras que el resto de los manifestantes fueron encarcelados con posterioridad, tras ser identificados en los interrogatorios de otras personas arrestadas y a través de videos o fotografías, explica el informe.
Condenas de hasta 20 años
La mayor parte de los detenidos son personas jóvenes, de hasta 35 años de edad. También menores, de entre 12 y 17 años; y un grupo de 18 ciudadanos, mayores de 60 años, que sufren de enfermedades o padecimientos que pueden ser agravados o requerir asistencia especializada durante la reclusión. Muchos de los procesados han sido sancionados con penas de hasta 20 años de privación de libertad.
Puedes leer: Regímenes de Cuba y Nicaragua amenazan y acosan para apagar la libertad religiosa
“La atención médica ha sido negada en repetidas ocasiones, ya sea como forma de castigo o por carencia de condiciones para brindar oportuna atención en el penal”, señala el informe.
En el 87% de los casos, es decir 1,297, la información fue verificada a través de testimonios de los manifestantes o sus familiares, o con documentos emitidos por los tribunales o la fiscalía del régimen cubano.
La mayor parte de las detenciones registradas por estas organizaciones ocurrieron en la provincia de La Habana, donde al menos 502 personas fueron apresadas. Se registraron arrestos en las provincias de Santiago de Cuba (187), Matanzas (154), Artemisa (126) y Mayabeque (110).
De las 701 personas que todavía permanecen en detención, las organizaciones constaron que 632 son hombres, 64 son mujeres, y la identidad de género de 5 personas es no binaria o se desconoce. Se ha podido verificar la información solo de 658 personas.
A la fecha, casi un año después, el Estado no ha dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, por lo que las organizaciones consideran que existe un “subregistro” de casos, dijo Salomé García Bacallao, Coordinadora y cofundadora de Justicia 11J.
García Bacallao señaló que en los próximos días estarían actualizando la base de datos, pues se ha recopilado información de 20 casos adicionales en la última semana.
Solo del 23% del total de los registros, o sea 342, se sabe que son trabajadores por cuenta propia, obreros y técnicos, estudiantes, y artistas.
Deslice para ver más
“En el contexto de las protestas 138 activistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y opositores, así como periodistas y comunicadores han sido privados de su libertad, incluso sin que se haya llegado a participar en las protestas”, dijo García Bacallao.
Entre el 13 y el 22 de junio pasado, la Fiscalía informó sobre más de 80 sentencias “que han adquirido firmeza” involucrando a 490 acusados, sobre todo por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos, indicaron.
Sentencias por protestar contra régimen
El 11 de julio de 2021 se produjeron protestas masivas en la Isla, donde diversos grupos de la sociedad y de varias generaciones salieron a protestar por la situación de pobreza que los agobia y la falta de tratamiento para combatir la pandemia del coronavirus.
Días antes, usuarios en redes sociales visibilizaron la pésima gestión estatal en el tratamiento a la covid-19, pues los servicios hospitalarios estaban colapsados y los insumos agotados. La población salió gritando consignas: “Patria y vida”, “abajo el comunismo”, “cambio de sistema”, “abajo la dictadura”, “libertad”, “no los queremos, no los necesitamos”, “Díaz Canel singao”, “el pueblo unido jamás será vencido”.
Además: Diáspora cubana: el castrismo en la IX Cumbre de las Américas llegaría a sobotear
En respuesta, el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz–Canel, compareció en vivo en televisión nacional y dio la orden para reprimir a quienes se manifestaban pacíficamente en las calles: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, expresó el mandatario.
Protestas del #11J fueron el «hartazgo» del pueblo
Gerardo Berthin, vicepresidente de Programas Internacionales de Freedom House, explicó que las protestas en Cuba evidenciaron el hartazgo de una sociedad que ya luchaba para “defender sus derechos”.
“Los gritos de libertad y abajo la dictadura reflejaron décadas de opresión del pueblo cubano, falta de derechos humanos y libertades fundamentales negados durante mucho tiempo por la dictadura más longeva del hemisferio occidental”, dijo Berthin.
La respuesta “brutal” del gobierno de Díaz-Canel también fue el reflejo de las actuaciones que siguen “gobiernos autoritarios”, señaló.
“Miles de manifestantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de fuego”, señala el informe.
La policía y los denominados “boinas negras” ingresaron por la noche del 11 de julio, incluso al día siguiente, “armados a los barrios, con carros y autobuses blindados” con la intención de detener a los manifestantes. En los incidentes dos personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Ellos fueron identificados como Diubis Laurencio Tejeda, en el barrio La Güinera, en La Habana; y Christian Barrera Díaz, en Cárdenas, Matanzas, señala el documento publicado.
García Bacallao dijo que a la fecha «ningún oficial ha sido sancionado por estas actuaciones” en contra de la población cubana que salió pacíficamente a manifestarse.
También: Nicaragua: del muro de contención al trampolín de los cubanos
Desaparecidos y asedio
Las desapariciones forzadas fue otro de los patrones identificados por las organizaciones de derechos humanos en Cuba. El mismo 11 de julio se difundieron en redes sociales información de 100 personas detenidas en “paradero desconocido en todo el país”.
En ese contexto, varias personas, en particular madres de manifestantes, fueron detenidas mientras exigían información en las comisarías de policía. Por otro lado, en varias localidades algunos manifestantes que fueron excarcelados reportaron ser acosados al volver a sus hogares, refieren las organizaciones.
Además de la violencia generalizada, el régimen cubano respondió con cortes de internet, una “práctica ya utilizada antes” para evitar que la población mostrara al mundo lo que estaba ocurriendo en la Isla, pues a medida que los manifestantes avanzaban hacia instituciones estatales, como el gobierno municipal y la policía, se fueron uniendo más pobladores.
Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, expresó que las protestas del 11 de julio de 2021 “marcaron un hito” en la historia del pueblo cubano. Esta organización fue fundada el 10 de diciembre de 2010, en La Habana, pero actualmente opera en los Estados Unidos, luego que el equipo se viera obligado a exiliarse en 2017.
“La represión desatada ha traído un costo político para el gobierno, que se ha visto obligado a justificarse y ofrecer información, aunque inexacta, sobre los procesos penales contra los manifestantes del 11 de julio. Aun así, el Estado incrementó sus herramientas de control para evitar nuevos intentos de protestas, como la convocatoria del 15 de noviembre de 2021”, refirió Diversent.
Madres de presos sin derecho a reclamar
Las organizaciones constaron que se ha impuesto la prisión provisional como medida de aseguramiento a la mayoría de los manifestantes, entre el 50 y el 80%, mientras han avanzado los procesos judiciales.
Entre julio de 2021 y el cierre de este informe, se identificó que al menos 27 madres han permanecido en detención; 16 han sido condenadas en juicios ordinarios, y sus sanciones en juicios de primera instancia se extienden hasta los 20 años de privación de libertad.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, señaló que el informe pone en evidencia que esos patrones de represión son “parte de una política sistemática y generalizada de represión” en Cuba.
“En los últimos años se ha venido a profundizar por el silencio cómplice de la comunidad internacional que, en muchos casos, se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes en contra de un gobierno o un Estado que está dispuesto a todo por controlar el poder”, enfatizó Guevara Rosas.
El informe documenta que la manifestación iniciada en San Antonio de los Baños fue replicada en alrededor de 60 localidades de Cuba, ubicadas en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, entre los días 11 y 17 de julio de 2021.
