**En el marco de la conmemoración de los tres años de las protestas ciudadanas, el gobierno de Daniel Ortega recrudeció sus tácticas de represión a opositores y familiares de víctimas que se han pronunciado demandando justicia.
***La policía y grupos paramilitares han cometido más de 350 actos violentos entre el 15 y el 21 de abril, de acuerdo a la organización Monitoreo Azul y Blanco. El principal objetivo son los actos de las madres que honran la memoria de sus hijos asesinados en la represión a las protestas en 2018.
Expediente Público
La conmemoración de los tres años del inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua, ha sido marcada por un mayor despliegue policial y casi militarización con antimotines y paramilitares de las principales ciudades del país, se han realizado allanamientos y arrestos de opositores y excarcelados políticos, así como amenazas y agresiones contra periodistas independientes y defensores de los derechos humanos.
A pesar del recrudecimiento del estado policial para impedir que los ciudadanos vuelvan a tomarse las calles, desde el sábado 17 de abril hasta el 21, se han realizado protestas exprés y misas, como en las iglesias de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, (oeste) y en la catedral de Matagalpa, (norte), donde los familiares de los asesinados, heridos y presos políticos insistieron en el reclamo de que haya una investigación imparcial sobre los crímenes.
«Hay una escalada represiva en el marco de la conmemoración de la insurrección de abril», denunció el Monitoreo Azul y Blanco, una organización que documenta la represión y que, sostiene que entre el 15 y 20 de abril se registraron 350 agresiones policiales y de grupos paramilitares contra opositores. Pero el asedio y detenciones han continuado los siguientes días.
Uno de los días de mayor «cacería» por los policías y paramilitares fue este 21 de abril, ya que se reportaron 12 personas detenidas en los municipios de Diriamba y Santa Teresa en el departamento de Carazo, en Masaya (al oeste), Jinotega (norte), en León (occidente), y en la capital Managua.
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El opositor Nelson Lorío, padre de Teylor Lorío, -el niño de 14 meses asesinado de un disparo en la cabeza por paramilitares en las protestas antigubernamentales en 2018-, y miembro de la Asociación de Madres de Abril (AMA) es uno de los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como cárcel «el nuevo Chipote», acusado de un supuesto robo de vehículo. Lorío fue encarcelado junto a Balbino Colemán, estudiante expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua), por haber participado en las protestas.
Lorío y su familia tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 22 de marzo del corriente año, por estar «en una situación de riesgo a raíz de su búsqueda de justicia por el asesinato a manos de policías y paramilitares de su hijo».
También fue denunciada la detención de Leonel Armando Araica Robleto, del Movimiento Campesino, y Julio Godoy de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y otros ocho ciudadanos de organizaciones opositoras al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Francis Valdivia Machado, presidenta de AMA, y hermana de Franco Valdivia -asesinado el 20 de abril de 2018, durante el ataque de fuerzas policiales y paramilitares a la marcha de autoconvocados en Estelí (zona central del país) también por varias horas fue arrestada arbitrariamente y agredida por la Policía de esa ciudad, junto a Stephanie Martínez, Marcos Silva y Ana Rivera. La detención fue el martes 20 de marzo para impedir la realización de un rezo en memoria de Franco Valdivia.
En este contexto, organizaciones de oposición al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciaron la permanencia de asedio y persecución policial para inmovilizar a líderes locales y nacionales, así como infundir miedo para limitar el trabajo de los periodistas con el fin de evitar que la información sobre los abusos a los derechos humanos se haga pública.
La CIDH a través de un informe especial sobre la situación en Nicaragua, condenó la persistencia de la impunidad generalizada y el quebrantamiento prolongado del Estado de Derecho, además, de resaltar que el gobierno dijo desconocer el reporte y lo denunció como “una agresión más en la cadena de agresiones imperiales que han promovido crímenes de odio, terrorismo y destrucción” dos días después de haberles enviado una copia preliminar.
Además, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, desde el exilio presentó y publicó su Boletín No:10 informativo sobre las continuas violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses durante el último año y un informe sobre las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, en conmemoración al aniversario del asesinato del Periodista nicaragüense Ángel Gahona. El informe denuncia +943 agresiones contra periodistas que han sido documentadas en el último año.
Las madres no se rinden
“Tu recuerdo ha de perdurar, no habrá un infame que lo pueda borrar, espíritu combativo de la historia, te erigimos barricadas de la memoria”, así dice el estribillo de la canción presentada por la Asociación Madres de Abril (AMA) en un homenaje especial a las 328 víctimas de la represión estatal, junto al apoyo de los Nietos de Acahualinca (grupo musical) en el tercer aniversario de la insurrección cívica en Nicaragua, en el que presentaron, además, una versión impresa y digital del Museo de la Memoria contra la impunidad.
“Barricadas de la memoria” es el nombre de la producción musical en el homenaje presentado, el lunes 19 de abril del 2021, por AMA junto al grupo musical los Hijos de Acahualinca, el cual contó con testimonios de familiares de las víctimas.
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Además, incluyó la presentación de un “Libro Arte Interactivo” en el que, a través de realidad aumentada, los usuarios podrán “acercarse a los libros, trofeos, materiales de estudio y resistencia de las víctimas que retratan sus intereses, sueños y lazos con sus comunidades por departamentos”.
AMA se organizó en octubre de 2018 con el fin de “unir y representar” a los familiares de las víctimas, cinco meses después de iniciadas las protestas que a causa de la represión de Ortega-Murillo arrebató la vida de 328 nicaragüenses, tal como lo documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, ese mismo año.
“Nosotras esperamos que se haga justicia verdadera, sin impunidad y con una reparación integral en cada uno de nuestros casos. Nos rehusamos a olvidar la memoria de nuestros seres amados y nos comprometemos a honrarles”, expresaron los miembros de AMA en un comunicado.
Sin embargo, hasta la fecha el gobierno niega los crímenes de lesa humanidad cometidos, deshumaniza a las víctimas e impide la construcción de memoriales en espacios públicos, es por ello que AMA continúa exigiendo justicia y este libro busca “ser un aporte a la defensa de los derechos humanos, la reconstrucción del Estado de Derecho y la búsqueda de Justicia Transicional en Nicaragua” manifestaron.
36 meses de sistemática represión
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, presentó también a 36 meses de la sistemática represión, un boletín que documenta la permanencia y persistencia de violaciones de derechos humanos.
“Al cumplirse 36 meses de la sistemática represión, persecución, ejecuciones arbitrarias, cárcel y tortura, desaparición, criminalización contra la ciudadanía que ejerce sus derechos y la continuación del desplazamiento forzado interno y externo; cuyo responsable es el régimen Ortega Murillo que persiste en mantenerse ilegítimamente en el poder, para lo cual recrudece el Estado policíaco y de Excepción, irrespetando todo tipo de derechos y garantías que considere un obstáculo para su pretensión de continuismo”, acusa el Colectivo en su reporte.
El documento describe la sistemática represión desde abril de 2018 que “no cesa y se ensaña contra las voces en ejercicio de sus derechos: personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas sociales, opositores, personas excarceladas, líderes religiosos, campesinos, indígenas, cada vez más, en un entorno creciente de campañas estatales de odio”.
En tanto, la Relatoría Especial Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la CIDH, documentó que durante el año 2020 se incrementó las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
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La hoy clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registró 273 casos de violaciones a la libertad de prensa entre enero y septiembre de 2020. La Fundación anunció en febrero del 2021, el cierre de operaciones porque «no se someterá» a la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones y asociaciones registrarse ante las autoridades y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o utilizan las donaciones que reciben. Esa Ley aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, Impide el financiamiento externo a organizaciones que, a juicio de las autoridades, desarrollen actividades políticas en Nicaragua.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró 351 delitos contra la libertad de prensa entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2020. De acuerdo con la FVBCH, en febrero de 2020 al menos 69 periodistas permanecían en el exilio.
En un contexto de año electoral, el 2021, el Colectivo aseguró que no se observan reformas ni voluntad política por parte del gobierno, para celebrar elecciones con amplias libertades.
«No cabe duda que entre 2020 y 2021 el gobierno nicaragüense amplió y afinó los mecanismos represivos para limitar todavía más la libertad de expresión y prensa: la implementación de un marco legal para perseguir; los sistemáticos abusos a periodistas dirigidos a obstaculizar su labor y el hostigamiento permanente, incluso en las viviendas como la de Aníbal Toruño, Director de Radio Darío en la ciudad de León y Kalúa Salazar, en la ciudad de Bluefields» en la Costa Caribe, registró el Colectivo Nicaragua Nunca +.
Los defensores de derechos humanos reiteraron que la libertad de expresión, de asociación, reunión, concentración, manifestación y circulación son derechos que el Estado nicaragüense debe respetar, proteger y garantizar; y es “un derecho del pueblo exigirlo”.
CIDH: Condena la persistencia de la impunidad
En enero de 2021, la CIDH envió al gobierno de Ortega y Murillo una copia preliminar del Informe especial sobre la crisis de derechos humanos, y le solicitó que presentara sus observaciones en un plazo de tres semanas.
El gobierno tardó dos días en comunicar su “no aceptación y rechazo absoluto al Informe Anual de la Comisión Interamericana” y lo calificó como “unilateral, parcializado, carente de objetividad todo lo cual confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la Historia, y la instrumentalización de los mismos”.
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La CIDH, en su Informe especial sobre la crisis en Nicaragua, destacó algunos criterios en base a su reglamento, que comprueban una grave situación de derechos humanos como: “graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos; incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta; omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana”.
Ante la continuidad de la represión, la CIDH reitera su llamado al Estado a cumplir con las recomendaciones emitidas en sus pasados Informe desde 2018 a 2021, y que continúan en incumplimiento.
En otro de sus puntos, la CIDH señala que la falta del principio de separación de poderes, la agudización de la represión contra las voces críticas al gobierno y la inexistencia de reformas institucionales tendientes al restablecimiento del Estado de Derecho, profundizan la crisis y persiste un contexto de impunidad generalizada.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH en una entrevista reciente a Expediente Público, aseguró que en Nicaragua hay un serio y permanente deterioro de las instituciones democráticas.
“En Nicaragua no hay ninguna institución de los poderes públicos que sea independiente del Gobierno, entonces, cuando usted es abusada o sus derechos son violados por las autoridades o por partidarios oficialistas, simplemente no hay dónde recurrir por protección dentro del país”, concluyó la también relatora especial para Nicaragua.
