*Aunque la firma del memorando generó reacciones de optimismo que hacían ver la llegada de la CICIH como inminente, el canciller Enrique Reina aclaró que “este es un primer paso” del proceso que lleva ya diez meses.
**A pesar del avance todavía no existen las condiciones jurídicas para que la CICIH haga un trabajo efectivo, debido a que el Congreso sigue sin aprobar algunas leyes y no ha derogado decretos que obstaculizan la investigación penal.
Aimée Cárcamo
Expediente Público
El gobierno de Honduras firmó este jueves 15 de diciembre, en Nueva York, un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU), para la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción que podría llegar a Honduras el próximo año.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta Xiomara Castro fueron testigos de la suscripción del memorando, firmado por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el secretario general adjunto, Miroslav Jenča, que marca un avance en el proceso de instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
La firma se realizó a alrededor de las 4:50 p. m. hora de Nueva York (3:50 p. m. hora de Honduras), con un retraso de siete horas con respecto al anuncio que había hecho el gobierno hondureño a través del canciller.
Sobre el atraso, la ONU informó que las dos partes continuaban con sus conversaciones sobre el texto.
Avance del proceso
«Las discusiones continúan», dijo a los periodistas el portavoz Stéphane Dujarric consultado sobre por qué la firma no se había realizado a la hora que había señalado la víspera el gobierno hondureño, es decir, a las 9:40 a. m. hora de Nueva York (8:40 a. m. hora de Honduras).
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“Este es un primer paso, hay que mencionarlo, existe primero un memorándum de entendimiento y después se deberá pasar a un convenio bilateral, como un tratado internacional bilateral entre Honduras y las Naciones Unidas, ya donde se establecen una serie de criterios”, explicó la noche del miércoles el canciller Reina en un canal local de televisión.
“Nosotros esperamos que el año próximo (2023) se pueda suscribir ya el convenio internacional bilateral que le dé vida, entonces también iremos trabajando a marchas forzadas para que todos estos pasos se cumplan lo más rápido posible”, aseguró.
El proceso para la instalación de la CICIH, una promesa de campaña de Castro, inició hace diez meses, cuando su gobierno envió en febrero a las Naciones Unidas una solicitud oficial para la instalación del mecanismo internacional.
Primeros pasos para la CICIH
El memorando de entendimiento firmado con la ONU “marca todos los pasos necesarios que debemos cumplir y también las líneas generales” sobre el marco de la CICIH, su funcionamiento, financiamiento y estructuración, precisó el canciller.
El memorando firmado este jueves, “es (un) primer paso que era muy necesario para suscribir y también va relacionado con todos los procesos, como el que presentó la diputada Xiomara Zelaya en el Congreso, de reformas que van dirigidas para otorgarle a la CICIH también las capacidades necesarias para su funcionamiento”, agregó el funcionario.
En noviembre, la hija de Castro, Xiomara Zelaya, quien también es diputada en el Congreso Nacional, presentó un proyecto de reforma por adición al artículo 232 de la Constitución en el que faculta a la CICIH “para el ejercicio de las investigaciones de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero”, pero que requiere mayoría calificada, es decir, 86 votos, con los que no cuenta la alianza de Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), en el poder.
Además de ser considerado innecesario por varios analistas, y del atraso que puede significar el proceso para negociar el apoyo de las bancadas de la oposición, la reforma constitucional más bien significaría un retroceso para la CICIH en comparación con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCI), “en el sentido que el catálogo de delitos planteados en esa propuesta es aún más limitado al establecido en el Código Penal Vigente”, señaló un análisis del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Reforma a ley
La independencia del mecanismo internacional parece ser el principal escollo en el proceso de negociación, dadas las «sombras» que existen sobre el expresidente Manuel Zelaya y su hermano Carlos Zelaya, uno de los diputados del Congreso, a quienes narcotraficantes detenidos en Estados Unidos han señalado como aliados del crimen organizado.
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Por su parte, la diputada por el PSH, Fátima Mena, presentó esta semana un proyecto para reformar los artículos 96 y 99 del Código Procesal Penal, para permitir que la CICIH se constituya como acusador privado, que es uno de los planteamientos que hace la ONU en el primer memorando de entendimiento enviado al gobierno y que fue dado a conocer en julio pasado.
Se requieren 65 votos “para poder permitir que la CICIH se pueda constituir como acusador privado en aquellos casos en los cuales se han cometido delitos contra la administración pública porque en Honduras no existen los delitos de corrupción”, planteó la también vicepresidenta del Congreso.
Viaje familiar a Nueva York
La firma del memorando se produjo un día después de una reunión entre Guterres y la presidenta Castro, quien viajó a Estados Unidos el domingo 11 de diciembre, junto a su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya.
El martes, el canciller Reina sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Korosi.
A la comitiva se sumó también la hija diputada de la mandataria, en representación del Congreso Nacional.
El vicecanciller Tony García confirmó a los medios que la reunión Guterres-Castro tuvo lugar a las cuatro de la tarde (tres de la tarde hora de Honduras).
Minutos antes de esa hora, a las 3:56 p. m, Xiomara Zelaya anunció en su cuenta de Twitter la noticia de la suscripción del memorando. Poco después (4:07 p. m.), su hermano publicó en la misma red que la CICIH “viene”, mientras que la Cancillería confirmó la información hasta la noche.
Ninguno se refirió posteriormente al atraso que tuvo la firma.
Opiniones encontradas
A inicios de diciembre, el ministro de la Presidencia Rodolfo Pastor declaró que “una parte de la factura (de la CICIH) le va a corresponder también al Estado de Honduras”, lo cual equivaldría a un aporte del 30%, mientras que el 70% restante provendría del financiamiento internacional.
Este tema, así como el de la posible participación del gobierno de Castro en la selección del personal de la CICIH, ha generado reacciones a favor y en contra.
El director de la asociación de sociedad civil Congreso Primero, Aníbal Cálix, dijo a Expediente Público no estar de acuerdo con que Honduras financie la CICIH, primero porque es un país pobre y, segundo, “por la independencia y la operación misma de la comisión”, ya que al aportar fondos se genera un “conflicto de interés”.
Sobre la capacidad de nombramiento que debe tener el Estado de Honduras dentro de la comisión, Cálix consideró que es otro elemento que le resta independencia “y que no es parte de una promesa de tener una CICIH independiente en nuestro país”.
De su lado, el analista político Efraín Díaz Arrivillaga declaró a Expediente Público que “es correcto que el gobierno quiera aportar recursos”, lo que le va a dar “cierta sostenibilidad” y porque “no todo va a venir de recursos externos”.
Además, que el gobierno aporte fondos no debe interpretarse como que “eso tenga que incidir en la decisión de a quién va a poner”, agregó Díaz Arrivillaga.
La CICIH no tiene que ser manejada solo por externos, sino que tiene que haber participación de hondureños para fortalecer las capacidades locales, y la selección del personal tiene que ser entre ambas partes, opinó.
Criterios mal entendidos
Al respecto, el canciller Reina dijo que la ONU tiene sus propios mecanismos y que generalmente establece un fondo fiduciario “y lo que se hace es un aporte, no lo administra el Estado de Honduras” ni los donantes.
“Hay criterios que han sido mal entendidos”, dijo el funcionario, quien aseguró que se busca “una comisión imparcial, autónoma e independiente” y que no se busca perseguir ni dañar a nadie políticamente.
“Se busca una comisión que tenga la duración necesaria para apoyar en esta lucha”, acotó.
Sobre la selección del personal que integrará la CICIH, dijo que se van a buscar los mecanismos más claros, “los altos estándares internacionales que se necesitan”, sin aclarar si el gobierno participará en los nombramientos.
Además de los temas anteriores, para el director del Cespad, Gustavo Irías, otro punto que ha bloqueado el proceso de instalación de la CICIH es el carácter que tendrá, así como las competencias de investigación y de acusación.
Esos puntos de divergencia a su criterio “se dejarán para que se resuelvan en la primera fase” sobre las condiciones básicas para la instalación de la CICIH.
Falta marco legal
A pesar del avance que significa el memorando de entendimiento, todavía no existen las condiciones jurídicas para que la CICIH haga un trabajo efectivo, debido a que el Congreso Nacional sigue sin aprobar algunas leyes ni derogar decretos que obstaculizan la investigación penal.
“Existe toda una agenda que empieza desde la Ley de Colaboración Eficaz, que debería de haberse terminado ya la lectura y su aprobación”, mencionó Cálix, para quien se debe acelerar “la aprobación de todos aquellos proyectos que no requieren mayoría calificada”.
Díaz Arrivillaga recordó por su parte que el gobierno y la ONU tienen que firmar un convenio que debe ser aprobado en el Congreso Nacional con una mayoría simple.
Libre y el PSH suman en conjunto 60 votos, lo que hace necesario el apoyo de la oposición.
El diputado por el Partido Nacional Antonio Rivera Callejas dijo que apoyarían una CICIH si se deroga la Ley de Amnistía aprobada a inicios de esta legislatura y se investiga el período 2006-2010, que incluye al gobierno de Manuel Zelaya. Otra condición es que la CICIH sea financiada por la cooperación externa y que el nombramiento de sus integrantes esté a cargo de la ONU.
“El Partido Nacional ni tiene en este momento la catadura moral ni debe de condicionar la aprobación de un organismo” que es “una demanda ciudadana y el Partido Nacional representa a los ciudadanos de Honduras también”, reaccionó Cálix.
Un largo proceso
Para el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el tiempo que ha llevado el proceso de la instalación de la CICIH ha sido más del esperado, aunque consideró que eso responde a la dinámica de las negociaciones.
“El contexto de país sigue siendo bastante incierto” y Naciones Unidas quiere reducir al mínimo los riegos, lo que se debe expresar en la voluntad política del gobierno, apuntó.
Además, consideró que la ONU quiere tener claro cuáles son los resultados de la elección de la Corte Suprema de Justicia y, probablemente “mucho más importante”, cuáles serán los resultados de la elección del fiscal general, ambos a realizarse en 2023.
