*Las formas de represión y hostigamiento se multiplicaron luego de la presentación del informe de la Comisión para la Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas.
**La situación venezolana guarda similitud con la vivida en regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Cuba, de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado.
EXPEDIENTE PÚBLICO
El 30 de marzo, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) de Venezuela publicó una controversial disposición administrativa que logró algo impensable apenas meses atrás: la unificación en contra del régimen de Nicolás Maduro de más de 663 organizaciones de la sociedad civil.
Estas entidades que se han caracterizado por su independencia y diversidad de intereses, algunos de ellos no necesariamente contrarios al oficialismo venezolano, juntaron esfuerzos frente a la imposición de la norma administrativa No. 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial número 42098 que, según la directora ejecutiva del Centro para la Justicia y la Paz (Cepaz), Beatriz Borges, era inconstitucional y quebrantaba las normas internacionales sobre la protección de los Derechos Humanos, a las cuales se ha adherido el Estado venezolano.
La referida providencia imponía, entre otras cosas, la obligación de que las organizaciones de la sociedad civil revelaran cuáles son sus fuentes de financiamiento internacional y que identificaran los receptores de los recursos ejecutados en sus distintos programas. Si las ONGs incumplían estos requisitos en un lapso perentorio de un mes, el gobierno de Maduro podría retirarles la autorización para operar en el país, e incluso someter a sus directivos a juicios por lavado de dinero o financiamiento de actividades consideradas terroristas.
Nueva normativa
La providencia de la Oncdoft -una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores- suscitó tales reacciones en los planos nacional e internacional, que el régimen venezolano tuvo que emitir una nueva normativa en menos de un mes. Esta mantiene la obligatoriedad de un registro, y de acuerdo con Borges preserva la discrecionalidad de los funcionarios en cuanto a permitir el funcionamiento de las organizaciones, mediante un documento denominado “habilitación”.
Aunque ya no se exige la revelación de las fuentes de recursos y los destinatarios de los programas, todavía las ONGs están bajo permanente sospecha, y ahora “deben demostrar que no son culpables de vínculos con el terrorismo”.
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Sistema de cercos
Pero las referidas providencias no son el producto de las iniciativas aisladas de un burócrata. Según la representante de Cepaz, el gobierno de Maduro avanza en “patrones que restringen el espacio cívico”.
Recordó, por ejemplo, que con la declaratoria del Estado de Excepción por emergencia económica, Maduro se abrogó el poder de auditar sin aviso previo a las organizaciones de la sociedad civil y prohibir sus convenios si percibía que representaban una amenaza para la continuidad de su régimen.
En noviembre del año pasado, añadió, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) emitió una circular en la que exhortaba a las entidades financieras a vigilar las finanzas de estas organizaciones, con el pretexto de prevenir el lavado de dinero. Esta es la misma razón invocada por los registradores para no incorporar las actas de las asambleas de estas organizaciones, ni las actualizaciones de sus juntas directivas.
“El registro es un requisito para otras actividades. Sin estos registros se genera un cerco que mantiene a estas organizaciones en una situación de irregularidad”, explicó.
Cientos de ataques contra organizaciones
Pero las limitaciones no son solo administrativas. Según la directora del Centro para los Defensores y la Justicia de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Marianna Romero, en el 2020 fueron registrados 303 ataques o incidentes de seguridad contra representantes de estas organizaciones, y contra líderes sociales o sindicales que efectuaban reclamos en el marco de la legalidad.
Durante su intervención en un seminario web, realizado el 27 de mayo de este año por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Romero presentó un cuadro estadístico que revela un incremento de estos incidentes a partir de septiembre. En ese mes fue presentado el primer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que documentó violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, tanto de la población en general como de líderes políticos y comunitarios.
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Endurecimiento de leyes
En la elaboración de este documento, indicó Romero, participaron numerosas ONGs, lo que exacerbó los llamados desde la dirigencia oficialista para que se implantara una “ley severa” hacia las actividades de estas organizaciones.
Esa aspiración del régimen se podría concretar de aprobarse la reforma a la Ley de Cooperación Internacional, planteada por el Parlamento de mayoría oficialista, escogido el 6 de diciembre del año pasado en unas elecciones en las que no participó la mayoría opositora.
La académica advirtió que prevalecen las acciones como los hostigamientos, amenazas y allanamientos. Durante los primeros tres meses de 2021 fueron reportados 183 actos que ponen en peligro la seguridad de estas organizaciones.
Uno de los hechos que tuvo mayor repercusión fue la detención el 12 de enero de cinco integrantes de Azul Positivo, una ONG que trabaja con Naciones Unidas en la atención a los enfermos por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Los activistas eran procesados en tribunales militares. Pero el 11 de febrero fueron liberados, luego de una exigencia pública del secretario general de la ONU António Guterres.
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Similitudes con Nicaragua y Cuba
Según el representante de Provea, Marino Alvarado, la situación de las organizaciones civiles en Venezuela guarda similitudes con las reportadas en países árabes, así como en Rusia y, en el caso americano, de Nicaragua y Cuba, donde la persecución contra los activistas “es muy intensa”. Recordó que esto también sucedió durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador.
“Aquí en Venezuela la administración de justicia no garantiza los derechos. Es parte del mismo sistema que criminaliza a las organizaciones civiles (…) Tampoco podemos acudir a la Defensoría del Pueblo, pues también es instrumento del Estado para perseguir. Estamos frente a ataques sistemáticos, sin poder acudir a instituciones del Estado”, afirmó.
En Nicaragua desde el regreso al poder de Daniel Ortega en el 2007, se experimentó un continuo enfrentamiento con diversas ONGs, pero fue a partir de abril de 2018 que se incrementó la persecución contra estos organismos al punto de cancelarles su personalidad jurídica, cerrarlos y confiscar sus bienes como el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que fue intervenido en diciembre de ese año junto a otras organizaciones.
En octubre de 2020 se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que bloquea el financiamiento y donaciones a la sociedad civil. Debido a la aprobación de esta ley, en febrero de 2021 varias ONGs anunciaron su cierre, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua. A finales de mayo de 2021 se inició una investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero que ha obligado también a declarar a varios periodistas de medios independientes que informan sobre violaciones de derechos humanos y restricción de las libertades y la democracia en ese país.
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Acusaciones contra ONGs
El representante de Provea en Venezuela conoce las distintas facetas de la persecución. En 2020, Maduro afirmó en una alocución pública que esa organización era financiada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Y en enero de este año el vicepresidente del partido de gobierno, diputado Diosdado Cabello, señaló que los activistas de esta organización defendían a miembros de bandas criminales.
Alvarado recordó que el acoso a las ONGs se ha acrecentado precisamente cuando estos activistas afrontan el reto planteado en el país por la emergencia humanitaria compleja, que ha ocasionado la emigración de 5,5 millones de personas.
“Las ONGs buscan salvar vidas y que miles de niños tengan asistencia. Hay millones de personas necesitadas de la actuación de las ONGs que distribuyen alimentos y dan asesoría académica. El Estado debería facilitarles el trabajo”, afirmó.
Advirtió que si el régimen arrecia la persecución, “muchas de estas organizaciones desaparecerán”.
