* La verdad sobre la ubicación de los cementerios clandestinos y una ley integral que aborde el flagelo de los desaparecidos en El Salvador son las principales demandas que familiares y organizaciones sociales piden al Estado.
** Los casos de desaparecidos no disminuyen en los cuatro años del Gobierno de Nayib Bukele y totalizan 6,433 personas.
Eric Lemus / Expediente Público
Cada 30 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La efeméride, sin embargo, encierra el dolor más grande que puede sufrir una persona de todas las violaciones a los derechos humanos. La desaparición es una herida que no cierra.
Sandra, madre de Joshua Natanael Romero Chafoya, un menor de edad, que desapareció el 11 de septiembre de 2021, reconoce a Expediente Público que perdió las ganas de vivir. Su hijo tenía 17 años cuando salió con sus amigos a una fiesta en una zona céntrica de la ciudad de Santa Tecla, contigua a la capital.
Nunca más volvió. No hubo ningún rastro ni una señal de su teléfono móvil que indique el paradero.
“Si mi hijo no está, yo me voy con él’, pensé. Y era lo único que yo deseaba. Yo quería morir como Joshua porque yo sé que mi hijo ya no está vivo”, presagia con tristeza esta madre.
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En busca del último rastro
“¿Quién ha tenido la decencia, quién se ha tomado el tiempo para decir: ‘señora, ¿qué necesita? Ninguna de las instituciones del Estado”, fustiga Sandra.
“Como salvadoreños le estamos dando una mínima importancia a un tema tan relevante porque nos están matando. No solo se va la persona desaparecida. Se llevan nuestras vidas, nuestros corazones, se llevan nuestras ganas de vivir”, dice esta mujer que es una de las fundadoras del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
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El “Bloque” es una agrupación ciudadana organizada entre profesionales salvadoreños junto a madres, abuelas y familiares de aquellos que nadie sabe dónde están y que sin recursos más que la solidaridad va en busca del último rastro que dejaron sus seres queridos.
La desaparición de Joshua sucedió cuando la Mara Salvatrucha (MS-13) arreció el secuestro y ejecución de víctimas aleatorias, entre ellas los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, cuyos restos fueron escondidos en un cementerio clandestino ubicado en una montaña aledaña al municipio Nuevo Cuscatlán, el poblado donde el presidente Nayib Bukele inició su carrera política en 2012.
Más desaparecidos en El Salvador que la guerra
Entre 2014 y 2019, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó más de 12.000 personas desaparecidas, una cifra mayor al número de víctimas por este flagelo durante la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió durante el mismo periodo más de 22.000 denuncias, lo que representa una media superior a 3.600 reportes anuales, es decir, una media de 10 denuncias diarias, según calculó la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
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La DPLF junto a 16 organizaciones defensoras de derechos humanos remitió un documento al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con el objetivo de visibilizar la realidad salvadoreña.
“Ese informe es un documento con argumentos jurídicos para poder apoyar tanto al comité como al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas para el desarrollo de parámetros, estándares sobre derechos humanos sobre el tema, específicamente sobre desapariciones de corta duración”, dice a Expediente Público Victoria Barrientos, abogada de DPLF.
En contexto: ¿Dónde están 6,443 personas desaparecidas en los cuatro años de gobierno de Nayib Bukele?
Mujeres incluidas en los desaparecidos en El Salvador
La Fundación, que nació en 1997 por iniciativa del académico estadounidense Thomas Buergenthal, quien integró la Comisión de la Verdad al fin de la guerra en este país centroamericano, pide desarrollar un “Protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador” y prestar especial atención al aumento de mujeres desaparecidas.
“En El Salvador, entre 2021 y 2022 los avisos por desaparición se incrementaron un 18.9% más que el año 2020. El incremento fue mayor entre las mujeres representando el 26.2%. y en 47,7% de estos casos corresponde a personas menores a 15 años”, alertó a Expediente Público Idalia Zepeda, de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).
“Las mujeres no nos perdemos en El Salvador, en El Salvador a las mujeres nos desaparecen”, remarca esta organización que es una de las principales impulsoras del Bloque de Búsqueda de Desaparecidos.
La huella del régimen de excepción
La desaparición forzada en El Salvador es una de las prácticas arraigadas principalmente durante la guerra civil entre 1980 y 1992 que sirvió a los antiguos cuerpos de seguridad para eliminar a opositores políticos.
El informe de la Comisión de la Verdad de la ONU estimó alrededor de 7,000 casos de desaparecidos en El Salvador.
Pero en los años 2000 las pandillas MS-13 y Barrio 18 adoptaron la eliminación sistemática del cuerpo de delito y procedieron a desaparecer a sus víctimas en cientos de cementerios clandestinos distribuidos en montañas aledañas a vecindarios bajo su control.
Además: Se documentan más de 300 denuncias de muertes en el Estado de excepción en El Salvador
Posteriormente, con la puesta en marcha del Estado de Excepción en marzo del año pasado, el Gobierno de Bukele no brinda información sobre el paradero de los 72,000 capturados, de los cuales cerca del 10% fue detenido injustamente, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
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“Eso significa que el sistema de justicia está funcionando (…) además de eso, ninguna policía del mundo captura solo a culpables”, declaró Villatoro a una televisora local.
¿No les importan los desaparecidos en El Salvador?
Por su lado, la abogada Zaira Navas de la organización internacional Cristosal resalta la violación al debido proceso.
“La pregunta es si estos funcionarios no son conscientes de la desaparición de personas porque toda aquella persona privada de libertad que ha sido detenida y de quien no se da información es una persona desaparecida”, inquiere Navas a Expediente Público.
“No lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales y recientemente lo ha desarrollado ampliamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agrega.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henry Fino, no vacila en destacar el problema. “El Estado y el Gobierno de El Salvador es responsable de estas desapariciones. Es un concepto que debemos poner en la agenda nacional”, dice.
“Hemos retornado a la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada”, lamenta Fino a Expediente Público.
“¿Qué pasa si en un momento determinado la institucionalidad respondiera? Las madres no tuvieran necesidad de andar en la búsqueda las 24 horas al día de sus familiares”, reclama el abogado.
Hasta encontrarlos
Actualmente, la ley salvadoreña estipula que quien debe efectuar la investigación sobre las desapariciones es la Fiscalía, que debe buscar a la víctima, determinar los responsables y judicializar el caso.
Desde diciembre de 2018, El Salvador cuenta con el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y con una Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a lo que se suma la creación en julio de 2019 de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas dentro de la FGR.
Además, que desde diciembre de 2019 el Código Penal tiene la figura penal para perseguir y castigar a los autores de este delito.
Pero las organizaciones humanitarias critican que la aplicación del sistema es fragmentada y está centralizada en San Salvador, además de que es “poco empático ante las circunstancias que enfrentan quienes buscan”.
Las historias de personas con paraderos desconocido son innumerables en la sociedad salvadoreña. En la lista interminable hay menores de edad, adultos, ancianos, madres de familia, adolescentes que en muchos casos fueron acusados por las pandillas de violar la advertencia de “ver, oír y callar”, relata a Expediente Público un investigador policial.
“El hallazgo de los hermanos Guerrero fue posible porque la mamá buscó hasta debajo de las piedras y no les tuvo miedo a las amenazas”, dice la fuente.
“Nosotros vamos como Bloque de Búsqueda a la Fiscalía y nos preguntan: señoras, ¿qué es lo que traen? ¿qué es lo que han averiguado sobre el caso? O sea, las mujeres somos madres, somos tías, somos esposas, somos trabajadoras ¡y estamos a cargo!”, reprueba Sandra Chafoya, la mamá de Joshua.
“Podemos decir que estamos en un total abandono, siendo invisibilizadas por el Estado; pero quiero decir a nuestros desaparecidos en El Salvador: vamos a seguir luchando y no vamos a parar hasta que nos den una respuesta, hasta encontrarles”, promete.
