Expediente Público presenta el análisis de siete líderes de movimientos sociales, campesinos y partidos políticos opositores en Nicaragua, sobre cuál sería la mejor estrategia para poner fin al accionar represivo de la Policía Nacional, por parte de un eventual gobierno democrático, que resulte de las elecciones presidenciales del 2021.
Estas son las ideas de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Movimiento Campesino (MC), Partido de Restauración Democrática (PRD), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y el partido indígena Yatama, para que la Policía de Nicaragua deje de ser el brazo represor del FSLN y convertirla en una institución apegada a las leyes y con respeto a los derechos humanos.
¿Reforma, refundación o reconversión?
La UNAB, PLC, Movimiento Campesino, PRD, Yatama y la FDN conforman la Coalición Nacional, que agrupa a parte de la oposición. Y aunque la Alianza Cívica se separó de la Coalición, tienen coincidencias en que para transformar a la Policía, la reforma de ley deberá estar definida y lista los primeros cien días del nuevo gobierno, porque de lo contrario estaría en riesgo la transición democrática.
Desde cambiarle el nombre, el color de los uniformes, destituir a todos los altos mandos y someterlos a investigaciones judiciales para determinar la responsabilidad de cada uno en la masacre de al menos 328 personas en el contexto de las protestas desde abril del 2018, son partes esenciales para construir a la nueva Policía de Nicaragua, según las propuestas de los grupos políticos.
Control civil a Gobernación
Félix Maradiaga, politólogo y miembro del consejo político de la UNAB, dijo que será fundamental “la creación de un cuerpo de civiles” para dirigir el Ministerio de Gobernación, quienes deberán ser apoyados por expertos internacionales, pero sobre todo “acuerpados” por normas jurídicas, apoyo político y social, para implementar lo que denominó “la reconversión de la Policía”.
“Las acciones inmediatas van a obligarnos a tener que utilizar el engranaje jurídico actual. Esas acciones serán adoptadas desde el Poder Ejecutivo, con el nombramiento de civiles preparados, que en combinación con policías en retiro, que no tienen manchadas las manos de sangre, sean quienes implementen un plan de rápida intervención para la reconversión de la Policía”, aconsejó Maradiaga.
Sin entrar en detalles, Maradiaga aseguró que “ese grupo de civiles ya está trabajando en un plan de intervención en los primeros cien días” de un eventual gobierno.
Hay otros grupos opositores que optan por medidas más radicales como es que se desarticule operativamente a la Policía de manera inmediata, por parte de una nueva administración en Nicaragua.
Maradiaga no ve viable política y jurídicamente esta opción. “Lo que sí es inevitable es la profunda reconversión de la Policía. No podemos pensar que bajo la Policía como la conocemos hoy, se puede lograr un proceso de transformación democrática”, dijo.
La opción de “refundar”
Son 16,689 personas las que integran la Policía en Nicaragua, según refleja el proyecto del Presupuesto General de la República 2021. Ese aumento de personal representa el 79.6 % con respecto a cuando Ortega tomó el poder en 2007, cuando en las filas policiales habían 9,290 efectivos, según los documentos oficiales.
Un cuerpo armado tan grande no parece fácil de controlar, sobre todo cuando sus miembros actúan como militantes sandinistas que obedecen fielmente al régimen de Daniel Ortega, según criterio de los expertos.
“Los monstruos difícilmente pueden cambiarse. Aquí estamos ante un problema mayor. Creo que más que hablar de reformar debemos hablar de refundar a la Policía, como lo han sugerido varios expertos”, expresó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica.
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La refundación del cuerpo policial será compleja. Chamorro mencionó que implicará acciones de corto plazo, desde cambiar los colores del uniforme, porque el actual compuesto de camisa celeste y pantalón azul oscuro, le recuerda a la población la represión que sufren por parte de los policías.
“La lección aprendida es que es importante el control civil y político de esta refundación de la Policía. No hablamos de una reestructuración interna. Hablamos de un cuerpo que está totalmente podrido por elementos que han cometido delitos de lesa humanidad, que han cometido torturas, asesinatos en plena vía pública y (todo) está documentado”, expresó Chamorro.
En países de Latinoamérica, como Honduras, este tipo de reformas profundas las han realizado comisiones especiales independientes y con autonomía.
Ese modelo sería una opción en Nicaragua, según Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica.
Expulsar a toda la Jefatura Nacional
Las acciones más drásticas será “purgar a policías que han cometido violaciones a los derechos humanos, hablo de la mayoría de los altos mandos”, dijo Chamorro.
La estructura policial es muy grande, empezando por la Jefatura Nacional donde habrían alrededor de 173 comisionados mayores, según el documento “Reforma policial en Nicaragua: Visualizando el proceso necesario de reforma en la transición”, elaborado por Expediente Público, organismo independiente de investigación.
La Jefatura Nacional la preside el director general, primer comisionado Francisco Díaz, quien es consuegro de la pareja presidencial, junto a tres subdirectores: Adolfo Marenco Corea, Ramón Avellán Medal y Aldo Martín Sáenz Ulloa. Además del Inspector General, Jaime Vanegas Vega.
La institución, la Policía Nacional fue sancionada por Estados Unidos en marzo de este 2020 por graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Los comisionados Díaz y Avellán fueron sancionados individualmente por Estados Unidos y la Unión Europea al responsabilizarlos de dirigir los crímenes contra las manifestaciones ciudadanas, que dejaron al menos 328 muertes y otros delitos de lesa humanidad en el contexto de las protestas sociales documentadas por organismos de derechos humanos desde abril de 2018.
También fueron sancionados los comisionados Juan Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle, recién ascendido a comisionado general.
Una mirada a abusos policiales antes de 2018
Los siete dirigentes políticos consultados por este medio de comunicación, consideraron indispensable para lograr restablecer la institucionalidad en la Policía, que hayan procesos independientes y transparentes para determinar las responsabilidades a cada comisionado y del resto de miembros durante la represión desde abril del 2018, pero también en todos los casos de abusos a los derechos humanos y corrupción cometidos en años anteriores por el régimen de Ortega.
Maximino Rodríguez, diputado y directivo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), igual consideró “necesario y urgente” que “los primeros que deben ser expulsados son los comisionados generales, porque son los que encabezan la actuación criminal de la Policía, y ese comportamiento lo heredan a los nuevos cuadros”.
“Hay que poner fin a ese círculo vicioso en un nuevo Gobierno, de lo contrario vamos a seguir siempre con un órgano represor. Sacar a esos comisionados será el primer paso para tener una Policía apolítica y apartidista, como lo establece la Constitución Política de Nicaragua”, opinó Rodríguez.
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Las propuestas de la UNAB, Alianza Cívica y del PLC concuerdan en que se requerirá identificar aquellos oficiales que son “rescatables”, pero que deberán pasar por una intensa capacitación sobre el respeto a los derechos humanos y de prevención del delito, así como demostrar un comportamiento digno para continuar en el órgano encargado de la seguridad ciudadana.
Maradiaga y Chamorro valoraron que se necesitará reincorporar a exmiembros de la Policía, que no hayan estado involucrados en la represión y abusos a los derechos humanos en la refundación de la institución. Esto, para aprovechar la experiencia sobre el manejo operativo y de mando.
Pero, las medidas deberán ser coordinadas y ejecutadas por una comisión especial presidida por funcionarios civiles con apoyo de expertos internacionales. ¿Quiénes serían esas personas? Aún no lo tienen definido los dirigentes opositores.
Para Luis Fley, ex jefe guerrillero de la Contra en los años ochenta y hoy directivo del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), los oficiales “que salgan por la puerta trasera nunca deben regresar” a la función pública. Eso implica que no se le nombren como ministros, embajadores o en otros puestos en el Estado.
Cambio deberá incluir al Sistema Judicial para que no haya impunidad
216 años y tres meses de cárcel. Esa fue la condena del juez sandinista Edgard Altamirano, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Managua, a Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino (MC), el 18 de febrero del 2019.
El juez Altamirano condenó al líder campesino por su supuesta culpabilidad en el asesinato de cuatro policías y un profesor, durante un ataque contra la delegación policial y la Alcaldía en el municipio de Morritos, en el departamento de Río San Juan.
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Ese crimen sucedió el 13 de julio del 2018, durante los momentos crudos de la represión a las protestas ciudadanas por parte de los policías y paramilitares del régimen de Ortega.
A Mairena, Pedro Mena Amador y Luis Pineda Icabalceta, también del Movimiento Campesino, el régimen a través de sus jueces los responsabilizó de ser los autores intelectuales del ataque contra la Alcaldía de Morritos. El día del suceso los tres campesinos estaban en Managua participando en una marcha.
Los líderes campesinos, junto a cientos de presos políticos fueron excarcelados mediante la Ley de Amnistía, promovida por el régimen y aprobada por los diputados sandinistas en la Asamblea Legislativa, para dejar en impunidad los crímenes de los policías y paramilitares en contra de los ciudadanos.
Terminar con la utilización del sistema judicial como otro brazo represor del FSLN, será otra de las difíciles tareas que resolver por parte de un eventual Gobierno democrático.
Mairena dijo que “no es un espíritu de venganza”, pero “lo que pretendemos es que haya un cambio radical en cuanto a lo que se refiere a los poderes del Estado”.
“Tienen secuestrados a los poderes del Estado y eso les permite condenar injustamente a los ciudadanos que no están con el Frente Sandinista. Eso debe acabar poniendo jueces que no sean militantes sandinistas, que los magistrados no sean militantes sandinistas ni de otro partido político, sino personal independientes que cumplan con las leyes”, dijo Mairena.
Compartirse el control con los alcaldes
Luis Fley planteó que para reducir la posibilidad de que los partidos y gobiernos vuelvan a cooptar a la Policía para “sostenerse en el poder a través de las armas”, debe descentralizarse o compartirse el control y supervisión de la entidad con las autoridades de las alcaldías.
Así se daría un paso para recomponer la relación con la comunidad que fue fracturada por la represión ejercida por los policías, según el político opositor.
“Aquí la Policía es un feudo, ellos mismos se investigan, se controlan, se promueven los rangos. No hay injerencia de la sociedad civil”, criticó Fley.
El nuevo modelo debería anular la estructura militar con la que funcionan los policías, para ponerla al servicio de la población.
“El objetivo en el futuro es poner a las jefaturas departamentales y municipales bajo el mando de los alcaldes, para que verdaderamente estén al servicio de la comunidad”, dijo Fley.
Fin al adoctrinamiento político
Cuando Ortega se juramentó como presidente el 9 de enero del 2007, les recordó a la Policía y al Ejército de Nicaragua su origen sandinista.
“Esa fue la primera señal del dictador de que convertiría a las fuerzas armadas y de seguridad a su servicio, en verdad que cumplió su palabra, porque empezó la descomposición total de la Policía”, señaló Chamorro.
Acabar con la doctrina política partidaria será central a mediano plazo
“En las academias de la Policía se enseña una doctrina partidaria de servilismo al dictador y a su familia, la que tiene que cambiar hacia servir al pueblo y de prevención del delito”, mencionó Chamorro, como parte del plan en el que trabajan.
Los siete líderes opositores recordaron que el adoctrinamiento político inicia en la Academia de Policía “Walter Mendoza”, donde aseguraron, se recluta a jóvenes de bajos recursos y estratos sociales bajos que necesitan un empleo o a quienes han pertenecido a la Juventud Sandinista.
Entre los requisitos para ingresar se piden cartas de recomendación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organización paraestatal de vigilancia y represión en los barrios y comunidades del país.
Poner fin a ese tipo de adoctrinamiento político desde la academia y sustituirlo por uno que incluya la capacitación rigurosa sobre el respeto y defensa a los derechos humanos, así como el fiel apego a las leyes, también deberá ser parte de la refundación de la Policía, según las organizaciones políticas.
Inclusión en las fuerzas policiales
George Enríquez, representante del partido indígena Yatama en la Coalición Nacional, señaló que es indispensable la inclusión de más personas afrodescendientes en una nueva fuerza policial en Nicaragua.
Y la educación que reciban debe esforzarse por acabar con la actitud discriminatoria con la que, aseguró Enríquez, se trata a las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
“Hay uniformados que aún pueden mantener una ética profesional, pero estamos claros que son muchos los que responden al régimen, por lo tanto, se debe replantear lo que es la Policía. Que incluya un nuevo uniforme, porque desde el 2018 ver al azul oscuro y celeste genera mucha desconfianza en la población. También deben aplicarse medidas más estrictas sobre el comportamiento, entrenamiento en ética y moral, contra el racismo”, planteó Enríquez.
Si gana la democracia en las elecciones de noviembre del 2021, la refundación de la Policía tomará tiempo, se requerirá el involucramiento y compromiso de actores políticos, sociales y la ayuda de organismos internacionales, plantea.
Enríquez dijo que están conscientes “de esto no será fácil” porque “no hay una manera mágica, pero debemos establecer una estrategia desde ahora para lograr esa refundación” policial.
Las leyes deberán revisarse
El plan de refundación de las fuerzas policiales deberá partir de una revisión e incluso reformas a la Constitución y otras leyes sobre seguridad, como la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (Ley 872), para romper los candados de la subordinación institucional directa al Presidente.
Y a la vez, restablecer los mecanismos de control civil cruzados de parte de otras instituciones, como el Ministerio de Gobernación y poderes del Estado, así como las normativas transparentes para los ascensos, promociones y retiros de los policías.
Poner fin a la prolongación del director general de la Policía en conveniencia de que este le sea fiel al gobernante de turno, será indispensable aseguraron los líderes opositores.
Eso partirá de sujetar nuevamente el cargo a un período establecido en la ley, y de pasar a retiro al director general una vez concluya su tiempo.
El sueño de una nueva policía
“Ningún cambio debe ser abrupto. Todo debe ser un proceso. La Asamblea Nacional tendrá que, a propuesta del nuevo Ejecutivo y de la sociedad civil, revisar las leyes y la Constitución para identificar cuáles son los pasos para llegar a la depuración de la Policía, para que cumpla su función como Policía Nacional y no como Policía partidaria, que es el gran problema en este momento”, aseguró Saturnino Cerrato.
Dijo que “al ser tan compleja” la transformación, las nuevas autoridades deberán demostrar un compromiso real por acabar con la “maldad e injusticia con la que funciona” ese órgano represor, para así obtener el apoyo de la población que será esencial para enfrentar la resistencia “que seguramente habrá a lo interno” de la institución, estimó.
De las decisiones más importantes a tomarse será el nombramiento de la persona que reemplace a Francisco Díaz como director general de la Policía de Nicaragua.
“Se requiere poner a alguien al frente que sepa de justicia, que sepa de honestidad, que respete al pueblo, las leyes del país. A partir de ahí, el que sea nombrado como Primer Comisionado será determinante para el cambio que el pueblo nicaragüense demanda que haya en la Policía”, afirmó Cerrato del PRD.
