El nueve de mayo de 2018, Roxanna Hernández ingresó a Estados Unidos con la caravana de emigrantes centroamericanos que atravesó México. El 13 de mayo fue detenida por agentes migratorios y cuatro días después fue hospitalizada «con neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH». La semana siguiente, la joven trans de 33 años, falleció por un paro cardíaco.¹

Su muerte causó la indignación de algunas organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y de ciertos medios hondureños, aunque un silencio por parte de las autoridades de Honduras. De acuerdo a las asociaciones solidarias con los emigrantes, Roxanna salió de Honduras para huir de la violencia, la discriminación y el estigma; la pobreza y el riesgo que sufría como mujer trans. Lo que exigía no es un privilegio, sino un derecho básico para vivir con dignidad. Aquel era su cuarto intento.²

De acuerdo con los registros de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, en los últimos ocho años al menos unas 250 personas de la comunidad LGBTI³ recibieron refugio humanitario en el extranjero, cientos de otras lo solicitaron sin éxito. El caso de Roxanna no es una excepción, solamente en la caravana de mayo se estima que viajaron unas 25 mujeres trans. Un éxodo masivo si se toma en cuenta su demografía, la que se estima que ronda entre las 2,500 y 5,000 personas a nivel nacional. Este reporte aborda los factores de riesgo, tanto en el ámbito público como en el privado que derivan en agresiones en contra de la comunidad LGBTI en Honduras, enfatizando en la población trans, que para este trabajo se entenderá «como las personas cuya identidad o expresión de género difieren a su sexo biológico».

Las mujeres trans enfrentan una situación de indeterminación jurídica y de desigualdad social que les impide el ejercicio pleno de sus derechos. Para ahondar en las condiciones sociales, económicas y políticas que enfrenta esta población, en junio del presente año Expediente Abierto encuestó a 46 mujeres trans de la zona norte del país, la mayoría residente en La Ceiba, San Pedro Sula y sus alrededores.

Las respuestas esbozan el perfil de una comunidad que hace malabares entre las urgencias y los retos para vivir con dignidad en Honduras, el cual fue señalado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés),⁴ como el país con el promedio más alto de asesinatos cometidos a trans en el mundo desde el 2008 al 2015. Según sus reportes, en ese período se cometieron 89 homicidios transfóbicos, alcanzando una tasa de 9.9 crímenes por cada millón de habitantes. Para dimensionar estas cifras, durante esos siete años, en Nicaragua fueron asesinadas cinco personas trans.⁵

En su último boletín especial sobre la violencia cometida en contra de la diversidad sexual, que recoge los casos ocurridos entre el 2011 y el 2014, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), detalló que hubo 199 asesinatos, de los cuales el 32.8% fue contra personas trans. Del total de las víctimas, el 70.5% tenía entre 15 y 34 años.⁶

Recientemente un informe realizado por el Ministerio Público de Argentina, publicó que la esperanza de vida de las personas trans en ese país, no supera los 40 años de edad. A nivel nacional no se cuenta con una investigación similar, pero los indicadores existentes sugieren algunos cálculos. Con 35 millones menos de habitantes, entre el 2008 y el 2015, en Honduras se cometieron 34 más asesinatos de trans que en Argentina. Estas cifras suponen que la esperanza de vida de esta comunidad probablemente se encuentre por debajo de la media nacional, que es de 73.8 años. ⁷

Con un limitado acceso a la justicia, donde se estima que el 92% de los casos permanecen impunes, es complejo identificar las causas específicas de los asesinatos. Pero al analizar el marco jurídico y la respuesta institucional del Estado, se constata el grado de desprotección en el cual se encuentra la comunidad LGBTI, particularmente las mujeres trans, así como la hostilidad del contexto político, económico, social y cultural predominante frente a la diversidad sexual.

¿Qué hace el Estado para prevenir y castigar la discriminación y los crímenes -de los que también es agresor? El reporte analiza el trabajo realizado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), al ser las dos instancias receptoras y especializadas para atender las denuncias que presentan las personas LGBTI.

El informe también aborda cómo la población de la diversidad sexual afronta los riesgos, destacando su ingenio, resistencia y coraje, con lo que han logrado la organización de su comunidad y tienen en las instituciones internacionales su principal aliado para denunciar y exigir lo que se les ha negado históricamente, sus derechos.

La comunidad trans exige un replanteamiento de su relación social y política con la sociedad y el Estado. Un nuevo contrato que se construya a partir de una cultura respetuosa a la diversidad, sin cadenas morales, y sobre todo, libre de violencia y con acceso a la justicia.

Expediente Abierto espera que este reporte genere nuevos conocimientos e insumos de información para que los actores estatales definan correctamente las políticas y acciones públicas por la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Además, pretende ser una herramienta de incidencia política y de visibilidad para toda la comunidad de la diversidad sexual.

Una comunidad en movimiento

La búsqueda de espacios para la identificación, la asociación y el esparcimiento han sido históricamente los motivos de unión para las personas de la diversidad sexual en Honduras, pero fue a partir de la década de los 80 que la comunidad LGBTI inició su organización política.

Con la propagación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), desde 1985 hasta abril de 1998, Honduras registró 8,563 personas infectadas, concentrando el 51.6% del total de los casos en Centroamérica. ⁸

A nivel nacional -como ocurrió también en otros países, a la comunidad LGTBI se le estigmatizó como la responsable de la epidemia y bajo el argumento de la seguridad pública se cerraron algunos lugares donde se ejercía el trabajo sexual, principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, afectando a muchas mujeres trans que se dedicaban a esa labor, la única vía que tienen muchas de ellas para sobrevivir económicamente.

Bajo el referente de otros movimientos internacionales, la población LGBTI tomó conciencia de la necesidad de organizarse y a partir de 1985 en San Pedro Sula se formó la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el SIDA y en Tegucigalpa la Asociación Hondureña de Homosexuales. Los retos de ambas organizaciones no solo fueron sanitarios, sino sociales y políticos. Tras incidir sobre el abordaje del SIDA, estos colectivos incorporaron paulatinamente otros temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de su comunidad, como la salud integral, el abordaje psicosocial y la lucha contra el estigma y la discriminación; planteándose retos de incidencia a favor de la visibilidad y las demandas de su población.⁹

Tras más de una década de trabajar por la construcción de la representación y la cohesión de la comunidad LGBTI, las organizaciones exigieron su derecho para ser legalmente reconocidas, con el fin de contraer obligaciones y derechos, así como ejercer acciones judiciales para la defensa de sus demandas civiles.

Fue hasta el 7 de octubre de 2004 que el Estado otorgó las primeras personerías jurídicas a organizaciones LGBTI en Honduras, cuando las asociaciones Colectivo Violeta y Kukulcán en Tegucigalpa y la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, recibieron sus certificados legales.

La importancia de aquel reconocimiento, «la convivencia para la comunidad cambió después del 2004, cuando se consolidan asociaciones como Kukulcán, quienes modificaron el panorama del trabajo de las organizaciones LGBTI».¹⁰ El logro fue el resultado de las presiones internacionales y de las organizaciones nacionales de derechos humanos, a las cuales cedió el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2006). Pero haber concedido las personerías jurídicas generó el rechazo de algunos grupos políticos y religiosos, quienes lograron que el Congreso Nacional (CN) reformara ese mismo año los artículos 112 y 116 de la Constitución de Honduras. ¹¹

Los cambios legislativos dejaron en firme la prohibición del matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y la invalidez del reconocimiento de matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo, celebrados bajo las leyes de otros países.

El entonces titular del CN y posterior presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), argumentó que las medidas se adoptaron para «proteger a la familia hondureña, en vista de los privilegios concedidos anteriormente por el Ejecutivo a los grupos de la diversidad sexual».

Lo ocurrido en 2004 fue calificado por los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI como un acotamiento al reconocimiento jurídico de sus organizaciones y provocó temor que a partir de esa acción les anularan otros derechos.

La reforma constitucional contradijo la tendencia internacional que desaprueba las legislaciones discriminatorias y reconoce que los derechos de la comunidad LGBTI son los mismos que el de cualquier otro grupo poblacional, un proceso que entre otros avances fundamentales, ha legalizado hasta el 2018 el matrimonio entre personas del mismo sexo en 25 países.

En Honduras la comunidad LGBTI se desarrolla en un contexto donde la discriminación parece ser la norma. Tanto a nivel político como societal. De acuerdo al estudio sobre Actitudes Sociales, realizado por la organización estadounidense Pew Research Center, el 83% de la población hondureña se opone a las bodas entre personas del mismo sexo y un 88% considera la homosexualidad como un comportamiento incorrecto en términos morales. Ambos porcentajes encabezan la lista a nivel latinoamericano.

Frente a esas adversidades, que sitúan a Honduras como uno de los países del continente más hostiles para las personas LGBTI, las organizaciones encontraron en el golpe de Estado de 2009, un escenario para fortalecer su cohesión y proyección, así como un punto de inflexión para visibilizar la discriminación cometida en contra de ellas y ellos, tanto a nivel privado como público.

Un golpe constante

Con la crisis política de 2009, las organizaciones LGBTI ampliaron su agenda y adquirieron un mayor protagonismo dentro de la configuración del movimiento social hondureño, del cual han sido históricamente excluidos.

«Manuel Zelaya no es que trabajaba temas sociales, pero los replanteamientos que hizo de las instancias estatales permitieron un mayor nivel de incidencia en la problemática LGBTI. […] Si bien es cierto, su gobierno no legisló a favor de la comunidad, el escenario se vio más social, más inclusivo», dijo Erick Vidal, del Ciprodeh¹².

Vidal consideró que la reacción popular movilizada después del golpe de Estado permitió que líderes de la comunidad LGBTI se conocieran a nivel nacional como activistas de los derechos humanos no solo de su comunidad, sino también por la construcción de la democracia del país. Ese reconocimiento fue positivo para las organizaciones, pero también colocó a sus militantes en una situación de mayor riesgo.

En el marco de las protestas por el golpe de Estado, el defensor de los derechos de la diversidad sexual, Walter Tróchez, fue asesinado en diciembre de 2009.¹³ De acuerdo a la Red Lésbica Cattrachas, desde el 28 de junio de 2009 hasta finalizar ese año, hubo 16 homicidios en contra de integrantes de la comunidad LGBTI. Como respuesta a estos crímenes se creó el Movimiento de Diversidad y en Resistencia (MDR). Cabe destacar que antes del golpe de Estado de 2009, no existían registros específicos de los asesinatos contra personas LGBTI. Según la organización Red Lésbica Cattrachas, solo trascendían los crímenes con mayor impacto en los medios de comunicación.¹⁴ A partir de 2009, la Red Lésbica Cattrachas empezó a documentar de forma sistemática los crímenes en contra de la diversidad sexual e identificó entre 2009 y 2017 el asesinato de 276 integrantes de la comunidad, de los cuales 157 eran gays, 90 trans y 29 lesbianas.

Los asesinatos cometidos en contra de la comunidad LGBTI entre 2009 y 2017, el 56.8% fueron contra personas gays, 32% contra trans y el 10.5% de las víctimas eran lesbianas.

Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris, explicó que proporcionalmente las mujeres trans son las más vulnerables frente a estos crímenes, «ya que dentro de la totalidad de la comunidad LGBTI, ellas no son mayoría».

Reyes indica que las personas trans son las más expuestas y propensas a ser víctimas de agresiones y violencia porque su identidad de género es percibida con facilidad por los victimarios, cuyas agresiones van desde lesiones físicas y psicológicas, hasta asesinatos.

Para las organizaciones, la mayoría de estos asesinatos deberían considerarse como crímenes de odio, pero la limitada respuesta institucional no proporciona suficiente investigación ni evidencias para definir estas muertes bajo tal tipificación. No obstante, estos asesinatos tienen un alto impacto dentro de la agenda de derechos humanos de la comunidad internacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación al señalar que entre 2009 y el 2014, fueron asesinados en Honduras 174 personas de la comunidad LGBTI, de los cuales 90 fueron gays, 15 lesbianas y 69 transexuales, y destacó que la población más afectada se ubica en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.

Las cifras varían, pero las fuentes coinciden en que los asesinatos en contra de la comunidad LGBTI han crecido de manera constante y considerable en los últimos años, y no forman parte de la disminución general de los homicidios en el país, que de acuerdo a datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) han bajado en un 46% desde el 2013.

Los testimonios de las mujeres trans evidencian la situación, «el derecho a la vida es el principal derecho que se nos violenta. Recuerdo casos como el de la compañera Angie, como el de Britanny, como el de Michelle, el de Angie, el de Sherly, el de Débora… y así podría seguir mencionándolas. Otras han tenido que refugiarse en el extranjero, debido a la persecución que sufren por su identidad de género, donde los victimarios son grupos transfóbicos». ¹⁵

 «En un país donde la pobreza y la violencia son endémicas, la comunidad trans se encuentra en riesgo permanente de sufrir maltrato y acoso. La arraigada cultura patriarcal y el conservadurismo religioso contribuyen a crear una atmósfera de intolerancia que muchas veces engendra violencia».¹⁶

Para las trans, manifestar públicamente sus expresiones de género significa un giro en sus vidas, algunas lo describen como un segundo nacimiento. El entorno privado generalmente representa el primer obstáculo que enfrentan. El 87% de las encuestadas relató haber asumido su identidad cuando tenían entre 10 y 21 años, una decisión que tras el rechazo de sus familias, orilló al 46% a abandonar sus hogares.

«Cuando mi familia descubrió mi orientación sexual, fue muy fuerte. Yo tenía 15 años y mi mamá me metió a un colegio evangélico, con la idea de que me cambiaran la identidad. Ahí pretendieron “exorcizarme y sacarme el demonio de la homosexualidad que traía adentro”. Pero esto es propio mío, desde que tengo uso de razón he querido verme así. No quiero comportarme como la sociedad me dice que debo hacerlo», declara Ana, una trans ceibeña de 23 años, quien en los últimos cuatro años trabajó en el comercio sexual, hasta que en 2017 le detectaron la infección del VIH.¹⁷

En los grupos de trabajo¹⁸ realizados por Expediente Abierto, las mujeres trans manifestaron que en el espacio privado la violencia se manifiesta especialmente en integrantes del hogar con parentesco en el primer grado de consanguinidad, como los padres o los hermanos. También comentaron que esa violencia con frecuencia se extiende hacia las madres, cuando ellas aceptan la identidad de género adoptada por sus hijos o hijas. Además señalaron casos de acoso y violencia sexual por parte de algunos parientes cercanos. Por otra parte, las trans perciben que la violencia vivida a lo interno del hogar se incrementa cuando el padre o la madre están vinculadas estrechamente a una agrupación religiosa. ¹⁹

Manifestar las expresiones de género en sus hogares es un riesgo que se extiende aún más afuera de ellas. De acuerdo al ONV-UNAH, de los delitos cometidos entre el 2011 y el 2014, el 57.9% de los casos se cometieron en la vía pública.

Cuando se les consulta por sus entornos sociales, las percepciones son prácticamente homogéneas. De las encuestadas, el 78% expresó sentirse «poco o insegura» en los espacios públicos, el 26% contestó sentirse segura en su barrio o colonia, el 52% dijo sentirse muy segura en sus propias casas y el 41% comentó sentirse «poco o insegura» en sus lugares de trabajo. Este último indicador se observa con mayor prevalencia cuando son trabajadoras sexuales.

«En enero de 2017 un hombre me citó a la playa, lo conocí y nos tomamos un jugo, luego nos fuimos al motel. Estando en la habitación, él se fue al baño y regresó con un arma y me la puso en la cabeza. Después entraron otros dos hombres, armados y encapuchados. Entre los tres me violaron. Fue muy duro para mí. Solo recuerdo que repetían mi nombre legal. Eso me atemorizó más, porque eran personas que me conocían desde antes. Llegué a mi casa llorando. No quería ni salir. Pero la necesidad me obliga a continuar», expresa Norma, de 22 años, quien sin el conocimiento de sus familiares, se emplea como trabajadora sexual en La Ceiba. Esa no era la primera ni la última agresión que ha sufrido por parte de algunos clientes.

Experiencias similares a la de Norma son recurrentes dentro de la comunidad. El 89% de las encuestadas contestó haber sido víctima de algún tipo de agresión, de las cuales el 67% fue agredida en los últimos seis meses. El 12% respondió haber sufrido violencia sexual, el 39% sicológica, el 16% física y un 11% comentó haber enfrentado todos estos tipos de violencia.

Las zonas donde ejercen el comercio sexual generalmente son controladas por las pandillas. Lizeth, una trans de 33 años de edad quien ha trabajado desde los 16 años en una esquina de San Pedro Sula, prefiere no hablar sobre las maras, por seguridad, «es mejor no referirse a eso, ya que ellos muchas veces nos obligan a vender sus drogas, y si no lo hacemos nos amenazan con matarnos», expresa antes de cambiar el tema.

Los testimonios también incluyen casos donde los pandilleros las obligan a ingerir drogas –por cierto, según la encuesta, el 45% de las mujeres trans había consumido marihuana o cocaína en los últimos seis meses- o son víctimas de extorsión. A criterio de las trans, su identidad de género las expone a ser víctimas del «impuesto de guerra», como sucedió con Margarita, quien manejaba un salón de belleza en la colonia Suyapa de La Ceiba.

«Mi zona está dominada por la Mara 18 y por un grupo al que llaman Los Pumas. Es complicado sobrevivir ahí, se tiene que estar a la defensiva con ellos. Hace unos meses me pidieron cinco mil lempiras mensuales como impuesto de guerra, yo les dije que no podía pagarles y puse una denuncia ante los grupos antiextorsión. Pero como no me dieron protección, me tuve que ir varios meses a México, regresé la semana pasada», comenta.

Margarita ingresaba aproximadamente unos 12 mil lempiras mensuales con su negocio, de los cuales pagaba 2,500 de renta y unos mil lempiras por el servicio de luz. El cobro que le exigían era desproporcionado para su economía. Hace un año asesinaron a su tía porque no pudo pagar lo requerido. «Si pago una cosa, no pago la otra. Y si no les pago, me pueden matar. Por eso pienso emigrar de nuevo, el problema es que el trayecto también es peligroso», explica.

En las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, algunas mujeres trans se han visto forzadas a abandonar su hogar debido a las condiciones de violencia y la revictimización por su identidad de género y orientación sexual. Esta situación ha dado como resultado la migración forzada e irregular hacia otros países del área centroamericana o en condición de refugiadas víctimas de la violencia.

Con un 16% de las respuestas, las entrevistadas consideraron que las iglesias son sus agresores principales. Por debajo de los centros religiosos, el 14% mencionó a la Policía, el 11% a la misma comunidad trans, el 10% a la Policía Militar y un 8% se refirió a los funcionarios públicos.

Las organizaciones trans han realizado procesos de capacitación, sensibilización y concientización sobre sus derechos con operadores de justicia y fuerzas de seguridad. Su percepción sobre los resultados de estos esfuerzos es variada y no algunas veces contradictoria. Unas admitieron que ha habido un compromiso importante de los operadores de seguridad y justicia durante las sesiones de capacitación y como resultado se resolvieron casos emblemáticos, específicamente en San Pedro Sula.

Para otras, en la práctica los resultados de esas capacitaciones «no se ven ni se sienten» en las calles, porque para ellas persiste un patrón de abuso y malos tratos de parte de la policía.

Otra situación manifestada y que según ellas prevalece en el ambiente es la rivalidad que existe entre personas trans que ejercen el comercio sexual. Las trans señalaron que en las dinámicas de «disputas territoriales» por las zonas o áreas de comercio sexual, con frecuencia se dan pleitos o riñas entre ellas. Son situaciones de violencia generalmente no denunciadas ante las autoridades, primero porque ocurren en el contexto del comercio sexual, y segundo, porque prefieren no visibilizar ante la opinión pública la violencia que se vive a lo interior de la población trans y de la comunidad LGBTI.

Las diferentes manifestaciones de violencia es uno de los motivos principales para que sus integrantes participen desde el 2012 en elecciones populares a cargos públicos. «La participación política como candidatos ha sido un gran avance para denunciar nuestra realidad». ²⁰

Esta participación electoral no ha estado exenta del riesgo permanente que enfrenta la comunidad, como ocurrió con el activista gay Erick Martínez Ávila,²¹ cuando en 2012 fue precandidato en las elecciones primarias por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y ese mismo año fue asesinado.²²

A pesar de los riesgos, en las elecciones generales de noviembre de 2017, tres representantes de la comunidad LGBTI formaron parte de las planillas para conformar el CN: Rihanna Ferrera, de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans; David Valle, de Somos CDC; e Iván Banegas, de Colectivo Violeta. De los tres, solo Rihanna alcanzó las elecciones generales, una mujer trans a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la obligó a utilizar su nombre de nacimiento, el mismo que no emplea socialmente desde hace más de 10 años. Aun así, obtuvo más de 16 mil votos a su favor. ²³

En el ejercicio de los derechos políticos ser candidato o candidata implica exponerse públicamente, lo que según ellas conllevan campañas de desprestigio que en su mayoría son realizadas básicamente por los grupos fundamentalistas religiosos a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Además, valoran que existe poco apoyo de la comunidad LGBTI hacia los y las candidatas de la diversidad sexual a cargos de elección popular.

Para la mayoría de las entrevistadas, si bien algunos partidos políticos han dado apertura a la comunidad LGBTI, consideran que usualmente el fin es utilitario, pues lo hacen con la intención que los sectores «más o menos» progresistas de la sociedad piense que son partidos incluyentes.

«Transorganización»

De acuerdo a sus integrantes, la violencia que enfrenta la comunidad trans en Honduras dificulta su organización. Iván Banegas, director del Colectivo Violeta, comentó que, «nos hemos quedado sin compañeras trans, muchas emigran por el miedo a la persecución y a la violencia que vive el país, dificultando la organización de estos grupos, pero es también un factor en la constitución de las asociaciones».

Como todo espacio ganado por esta comunidad, el proceso organizativo es un desafío riesgoso. «Los vamos a matar por culeros», fue el mensaje que apareció pintado en el muro de la Organización Pro-Unión Ceibeña (OPROUCE), cuando en el año 2000 abrió sus puertas para combatir el VIH y la violencia en contra de las mujeres trans en esa ciudad del norte. Aquella no era una amenaza espuria. Desde hace siete años tres de sus directoras viven asiladas en España, después de haber recibido múltiples intimidaciones homo transfóbicas.

El contexto que enfrentan para ejercer sus derechos se desarrolla en una situación de indeterminación jurídica y desigualdad social, manifestándose de mayor manera en las zonas rurales, donde hay grupos LGBTI que cuentan con una menor cobertura mediática y apoyo de la sociedad civil.

De acuerdo con la información de las organizaciones que atienden a la comunidad LGBTI en Honduras, se estima que en el país viven entre 2,500 y 5,000 mujeres trans, una cifra difícil de corroborar y que, según sus propios dirigentes, varía de manera constante por el grado de movilidad que registran las personas debido a la violencia que enfrentan.

Michelle Díaz, de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, explicó que el desplazamiento forzado es cada vez más frecuente en la comunidad. De acuerdo a los registros de su organización, en los últimos ocho años, aproximadamente unas 250 personas LGBTI recibieron asilo en otros países para salvaguardar sus vidas. ²⁴

Las organizaciones consultadas para este informe indicaron que en Honduras hay unas 18 asociaciones que centran su quehacer en las prioridades diferenciadas por cada grupo integrante de la comunidad LGBTI. El Colectivo Unidad Color Rosa y el Grupo Cozumel Trans son las dos organizaciones con mayor representatividad que se enfocan de manera especializada por la defensa y la promoción de las personas trans en Honduras. Aunque hay otras organizaciones trans y LGBTI con la disposición de trabajar con la totalidad de los integrantes de la comunidad.²⁵

El trabajo de las organizaciones trans tiene el respaldo de la mayoría de su comunidad. «Estábamos cansadas que la población gay nos representara y se apoderara de nuestros espacios. Hemos decidido que los espacios de trans deben ser representados por trans, no ocupamos sombrillas», comenta Alysson Hernández, educadora del Colectivo Unidad Color Rosa, una organización que en 2010 obtuvo su personería jurídica, lo que les permite recibir más apoyo por parte de la cooperación internacional.

De acuerdo a la encuesta, el 45% calificó como «muy buenas» las labores que realizan las organizaciones en torno al acceso a la salud, educación, justicia y seguridad; el 28% lo considera «bueno» y el 13%, regular. Hay algunos temas, como el fomento al empleo o el emprendedurismo, donde las trans exigen mayor atención a sus organizaciones, ya que el 32% califica como «regular o insuficiente» lo que se realiza.

«A pesar de todas las adversidades, siento que la homofobia y la transfobia se reducen paulatinamente, antes yo pasaba por el mercado y me tiraban tomates podridos, ahora lo más frecuente son los piropos… lo que se ha avanzado ha sido por el trabajo de las organizaciones», comentó Rihanna Ferrera de Cozumel Trans.

Según Díaz, además de su asociación y el Colectivo Unidad Color Rosa existen otros grupos de mujeres trans, pero en su mayoría son colectivos pequeños, «en otras zonas del país la organización es más compleja, ya que muchas trans emigran para salvar sus vidas o mejorar económicamente».

La emigración está presente en cada testimonio. Cuando se le consulta a Lizeth, de 33 años, sobre sus metas personales, suspira, «yo ya estoy más adulta, ahora trabajo en el comercio sexual, pero sé que en las calles hay mucho peligro. Por eso me quiero ir a Estados Unidos o a Canadá», responde.

Lizeth conocía a Roxanna Hernández, la trans que murió al ingresar a Estados Unidos como parte de la caravana de emigrantes. Personalmente conoce los riesgos que significa emigrar, «fui deportada en dos ocasiones, el camino es una aventura, se aguanta hambre, se duerme en la calle. Lo que nos hace emigrar es la pobreza y la inseguridad. Ya no podemos estar paradas en una esquina, ahí hay demasiadas amenazas y afuera de eso no puedo acceder a un trabajo digno. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 45 años? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir?», se pregunta. Por ahora no encuentra otra respuesta que volver a salir del país. La falta de acceso a la salud, a un trabajo digno, el bajo nivel de escolaridad, así como las dificultades que tienen para acceder a la justicia, son las principales causas de la emigración en la población trans en Honduras.²⁶

La falta de acceso a la educación es un tema prioritario para mejorar sus condiciones, «a medida que aseguremos que puedan acceder libremente y sin discriminación a los diferentes niveles académicos, la situación económica de ellas y ellos mejorará, porque la mayoría vive sumida en los riesgos de la pobreza», explica Billy del Colectivo Unidad Color Rosa. Para las organizaciones, las carencias educativas limitan el cumplimiento de los derechos económicos de esta población.

Las trans entrevistadas plantearon que la violencia psicológica a la cual se enfrentan dentro de los centros de enseñanza formal las obliga a abandonar tempranamente los centros escolares. El acoso, las burlas, la violencia física y sicológica se agudizan mayormente a nivel de educación media que es el período en el cual usualmente asumen públicamente su identidad de género.

De las 46 mujeres trans consultadas, el 65% no concluyó el bachillerato y solo el 13% logró llegar a la educación superior. Como agravante a la falta de acceso educativo, la discriminación en el mercado laboral es otra denuncia constante. La situación es palpable, prácticamente cada testimonio habla de de un sistema laboral que cierra sus puertas a quien no se rige bajo la heteronormatividad.

Ana es una chica trans que trabaja en el comercio sexual desde que tenía 17 años. Con tres años de experiencia en las calles, esa ha sido su única vía para ingresar dinero, «soy trabajadora sexual, pero no lo voy a ser por siempre. Intenté buscar otros empleos, pero me aburrí de tanto buscarlos. Recuerdo que metí papeles en una tienda de venta de ropa, pero la encargada me dijo: ”no te podemos contratar, porque a los clientes no les gusta los culeros”. Eso me bajó la moral. En otros lugares, me pasó lo mismo. No me quedó otro medio que el comercio sexual», comentó una semana antes de emprender su segundo intento como emigrante a Estados Unidos, un viaje que intentaría sin despedidas y con apenas dos mil lempiras ahorrados.

Esta joven forma parte del 52% de las encuestadas que contestaron trabajar de forma permanente o temporal en el comercio sexual. Indistintamente de sus niveles educativos, las trans afirmaron que las calles, lejos de ser espacios libres de violencia, son prácticamente el único trabajo al que pueden acceder con su tarjeta de identidad.

Durante las discusiones en La Ceiba, las trans manifestaron que encuentran dificultades en la obtención de empleo debido a la imagen física proyectada socialmente. En opinión de las participantes en los talleres, las trans con expresiones de género femenino que no logran alcanzar un cuerpo femenino -lo más parecido a una mujer biológica, son las que no logran obtener un empleo formal, ya que son discriminadas por su identidad de género y no llegan a ser consideradas para un puesto de trabajo por su apariencia física.

La mayoría habla del estigma que enfrentan en las empresas o centros donde buscan empleo, debido a que sus documentaciones legales no concuerdan con sus imágenes físicas. Una situación que las hace reiterar que la lucha por la Ley de Identidad de Género es fundamental para obtener sus derechos políticos, económicos y sociales.

Un Estado agresor obligado a defender

Organizaciones como HRW señalan que la ausencia de un marco jurídico que garantice sus derechos, coloca a la población trans en una situación de riesgo frente a agresiones, extorsiones, detenciones arbitrarias o criminalización de manera injustificada. «Las leyes que existen no son suficientes para proteger a las personas trans y, en algunas ocasiones, sirven de excusa para abusar de ellas».²⁷ Según esta organización internacional, el poder y la discrecionalidad que goza la Policía gracias a las disposiciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social, facilitan los abusos y las detenciones arbitrarias contra las personas trans. Violaciones con altos niveles de impunidad, que en el caso de los abusos policiales, el 90% no son investigados.²⁸

En su informe sobre la situación de las personas trans en Honduras, la organización estadounidense señaló con preocupación el artículo 99 del reglamento policial, el cual permite la detención a las «prostitutas ambulantes», por ser consideradas como «vagas». Por su parte, el artículo 142 le confiere a la policía la autoridad de arrestar a quien «atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública» o al que «por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos». La organización señala que las legislaciones basadas en conceptos de «buenas costumbres», fomentan la discriminación estatal hacia esta comunidad.

La homosexualidad en Honduras se despenalizó desde la Constitución liberal de 1899, pero para las organizaciones LGBTI, después de 119 años, se ha avanzado poco en el establecimiento de un marco jurídico que adopte medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra los grupos de la diversidad sexual. «De hecho hemos retrocedido en algunas cuestiones, por ejemplo se ha fortalecido el conservadurismo religioso y su influencia en un Estado que poco o nada defiende su laicismo; por otra parte, no vemos avances en el acceso a la justicia frente a los crímenes de odio, y tampoco nos reconocen legalmente nuestras identidades asumidas», comentó Rihanna Ferrera, coordinadora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans.

La Política Pública en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de 2013 hace referencia a la diversidad sexual y menciona los Principios de Yogyakarta, considerado un hito para los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la población LGBTI a nivel mundial, un tratado que hasta la fecha no es ratificado oficialmente por el Estado de Honduras.²⁹ La Política Pública en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos también enfatiza en el artículo 60 de la Constitución de la República, el cual manifiesta que todos los hondureños son iguales ante la ley y declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. No obstante, frente a los crímenes contra la diversidad sexual, la respuesta del Estado en materia de protección y acceso a la justicia ha sido aislada y los avances logrados son en su mayoría, producto de las presiones ejercidas por la comunidad internacional.

A través de la «Relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI)» establecida en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comunidad internacional ratificó su compromiso por la protección de la diversidad sexual y monitorea constantemente la respuesta del Estado de Honduras frente a los crímenes.

Con el apoyo de organizaciones internacionales y las recomendaciones del examen periódico universal de derechos humanos de la ONU, en 2013 la comunidad LGBTI logró la reforma de los artículos 27 y 321 del Código Penal, los cuales sancionan la discriminación y agravan los crímenes por motivo de orientación sexual e identidad de género.³⁰

Los crímenes de odio se caracterizan por ser «delitos motivados por prejuicio hacia y contra la víctima por razones de color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas».³¹

A pesar de ese avance jurídico, hasta el 2018 el CN no ha aprobado otras peticiones legales de la comunidad, como el reconocimiento al cambio legal del nombre y el género, leyes que fomenten el acceso a los servicios de salud, trabajo y educación por parte de las personas trans, y sobre todo, un marco que garantice la justicia frente a los crímenes.

La ausencia o debilidad de la información sobre las causas de los asesinatos transfóbicos fue una constante durante la investigación de este reporte. Se trata de una situación que se presenta tanto en las organizaciones, como en las instancias del Estado que no facilitaron datos precisos en el registro y respuesta de las denuncias interpuestas por la población de la diversidad sexual.

En materia institucional, existen dos instancias receptoras y especializadas para atender las denuncias que presentan los integrantes de la comunidad LGBTI: la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público, y la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).³²

Fiscalía Especial de Derechos Humanos

Con presencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es la instancia del Ministerio Público (MP), responsable de investigar las denuncias interpuestas por la comunidad LGBTI, así como la de otros grupos en situación de riesgo.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos está integrada por seis unidades: de Instrucción (que estructura el caso), de Desaparecidos (que investiga los casos de personas desaparecidas), de Defensores de Derechos Humanos (que incluye además a comunicadores, periodistas, operadores de la justicia, abogados, y comunidad LGBTI), de Delitos Varios, así como de Centros de Privación de la Libertad (que vela por el cumplimiento de los DDHH en los centros de reclusión) y de Problemática Agraria.

Desde el 2016, el MP le designó a esta fiscalía el seguimiento de las denuncias de la comunidad LGBTI. Según el informe «Denuncias Recibidas en Relación a la Comunidad LGBTI», del 2008 a noviembre de 2017 el poder judicial registró 241 casos relacionados con la diversidad sexual. Por su parte, los asesinatos en contra de las personas LGBTI son investigados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.

En 2018, la fiscalía tiene 167 casos activos a su cargo, y se estima que anualmente recibe entre 65 y 75 denuncias de la comunidad LGTBI, en su mayoría provenientes de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

Cindy González, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, explicó que las principales denuncias que reciben son por amenazas y discriminación, pero aclaró que no todos los casos se presentan a los juzgados, debido a la falta de pruebas y evidencias. Además señaló que los expedientes referentes a personas trans incluyen la identificación legal de la víctima, pero también su nombre y género asumido.

Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras

Creado para ser el órgano estatal que garantice el respeto, la protección y la promoción adecuada de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras, el Conadeh registra desde el 2013 las denuncias de la comunidad LGBTI.

Fundado en 1995, esta institución abordó desde sus inicios el tema de la diversidad sexual bajo la perspectiva de la promoción de la salud y en atención al VIH-SIDA; sin embargo, el abordaje se amplió a los demás problemas que aquejan a la diversidad sexual en Honduras, apoyando también el fortalecimiento de las organizaciones LGBTI.

En su informe anual de 2011, el Conadeh³³ estimó que entre 2005 y 2011 habían sido asesinadas 50 personas LGBTI e hizo referencia a la violación a los derechos humanos de la comunidad: «un recuento de los hechos registrados, en los últimos seis años, nos permite determinar que han sido víctimas de homicidios, tentativas de homicidio, abusos de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas a muerte, violencia intrafamiliar, quemaduras y amenazas, además de agresión tanto por particulares como por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta situación indica que en Honduras hay una desmedida discriminación hacia esta población, de allí nuestro reclamo permanente para que se respeten sus derechos, principalmente su derecho a la vida y a su dignidad y seguridad».

Con ese informe, el Estado reconoció que la población LGBTI en Honduras enfrentaba una constante violencia intrafamiliar, asaltos, hostigamientos, homicidios y abusos de parte de las autoridades oficiales. El estudio identificó como agresores de muchos casos a elementos de la Policía Nacional y Policía Municipal, y reconoció la falta de investigación para esclarecer esas agresiones, donde prevalece la homofobia y la discriminación como conductas frecuentes por parte de los agentes. Además señaló la falta de respuesta del poder judicial, ya que hasta el 2011, ninguna persona había sido sentenciada como responsable de los crímenes.³⁴

A partir de ese año, la comunidad LGBTI ha sido incluida en los informes anuales del Conadeh, los cuales hacen referencia a la discriminación sexual y a las muertes violentas de sus integrantes, particularmente dirigidos la población trans, de los cuales un 90% de los casos registrados muere por impactos de armas de fuego, sin excluir casos de raptos y torturas.

A través de sus informes, el Conadeh demanda una mayor respuesta de los órganos de seguridad y justicia para esclarecer los casos y estima que el 92% de los crímenes permanece impune. En 2012 esta entidad exigió el cumplimiento de las ocho recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU), las cuales hacen referencia a la erradicación de la violencia, el respeto y la promoción de los derechos humanos de la comunidad LGTBI.

El Comisionado enfatiza los retos que el Estado debe asumir, como el apoyo a la formulación del anteproyecto de la Ley de Identidad de Género,³⁵ la cual permitiría a las personas trans el cambio de nombre y el género en las documentaciones oficiales. Una propuesta que se introducirá en el 2018 al CN.

«Demandamos que se nos respete y se nos haga visible como mujeres trans. Queremos tener el derecho de cambiarnos el nombre y la fotografía en nuestros documentos,³⁶ además, que se modifique el indicativo de sexo por el de género, ya que el sexo lo define la parte biológica, mientras el género lo definimos nosotras», comentó Victoria Hernández, una mujer trans que trabaja en el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC).

Lo que exigen no es un privilegio, sino un derecho reconocido a nivel mundial. De hecho, Honduras junto a Nicaragua y Paraguay, son los únicos tres países de América Latina que todavía prohíben a las personas trans cambiar sus nombres en los documentos personales. La generalidad es que los países aprueben esta medida.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) admite el cambio de nombres, pero prohíbe sustituirlos entre géneros. Es decir, permite si alguien se cambia el nombre de Pedro por Juan, pero es prohibido si Pedro desea llamarse Ana.³⁷

Para la comunidad trans esa restricción no tiene sustento legal, «porque no existe una ley con las listas de todos los nombres agrupados y aceptados por cada género», argumentó Rihanna Ferrera de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans.

Para la comunidad trans de Honduras, la propuesta de Ley tiene una trascendencia humana y es una acción afirmativa para mejorar sus condiciones sociales, económicas y políticas. «Es reconocer la dignidad y libertad de expresión. Que no se les llame con un nombre que los margina. Es una propuesta para reivindicar el carácter ciudadano e igualitario que tienen ellas y ellos», expresó Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris.

La comunidad LGBTI prevé que a la propuesta se opondrán los grupos pro vida, los sectores más conservadores de las iglesias y los medios de comunicación, así como la gente desinformada, «nos vamos a enfrentar a un contexto adverso, patriarcal, discriminatorio, donde el día a día es la violencia física en contra de la comunidad trans. Sin embargo, no por eso no vamos a actuar. Hay organizaciones de la cooperación dispuesta a colaborar y la comunidad está cada vez más organizada. Le apostamos a seguir construyendo espacios de inclusión. La visión no solo es un tema de cambio de nombres, sino que es más profundo, es cambiar estructuras culturales en este país, luchar por el respeto del estado laico», comentó Javier Medina, director de la Asociación Kukulcán, una de las primeras tres organizaciones que recibieron la personería jurídica en 2004.

El anteproyecto de la Ley de Identidad de Género tiene el respaldo del Conadeh, a través de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual, una instancia creada en 2015 para promover y defender los derechos de la comunidad LGBTI desde el Estado.

Francia Maradiaga, coordinadora y única empleada de esta unidad, explicó que anualmente reciben unas 70 denuncias por parte de personas LGBTI, casos que en su mayoría son remitidos a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del MP.

Desde el 2013 el Conadeh registra las denuncias de la comunidad LGBTI y hasta junio de 2017, última fecha de corte de información, se documentaron 207 denuncias.

Representantes de las organizaciones LGBTI manifestaron que la mayoría de esas denuncias hacen referencia a actos de violencia física y sexual contra integrantes de la comunidad, también a actos de discriminación en centros laborales, como el señalado por Osman Lara, representante del Centro de Educación y Prevención Salud Sexual y Sida (Cepres):

«Tuvimos el caso reciente de una chica trans. Ella estaba trabajando y le prohibieron usar el baño de mujeres porque las mujeres se iban a sentir incómodas, pero también le prohibieron usar el baño de hombres, porque los hombres se iban a sentir incómodos. La situación era que no podía usar el baño, entonces tenía que aguantar sus necesidades hasta llegar a su casa».

De las encuestadas,³⁸ el 43% ha presentado alguna denuncia por violencia ante las autoridades. El 30% decidió no denunciar la agresión y el 26% respondió no haberlo hecho, porque no ha sido violentada.

Norma se encuentra dentro de las tres de cada 10 trans que sufrieron agresiones, pero que decidieron no denunciar. Después que tres hombres abusaron de ella sexualmente en enero de 2017, Norma no denunció porque desconfía de las autoridades,³⁹ «no dije nada porque meses antes de la violación, me detuvieron en una posta policial y el encargado me dijo que me soltarían “cuando Mario les ordenara”. Mario es el jefe de la pandilla de mi barrio. Eso demuestra que los policías le tienen miedo a los criminales. Por eso decidí quedarme callada, de nada sirve ir a poner una denuncia, más me voy a exponer», argumenta.

Como Norma, el 24% de las mujeres trans que no denunciaron las agresiones, desconfían de las autoridades; el 19% respondió que no lo hizo por temor, el 5% porque las autoridades fueron sus agresores, y el 5% por falta de pruebas.

De las cuatro de cada 10 mujeres que sí presentaron una denuncia por agresiones, el 36% lo hizo ante la Policía, igual porcentaje ante la Fiscalía, un 18% acudió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y un 11% pidió apoyo a organizaciones que otorgan asesoría y acompañamiento legal.

De las mujeres trans que sí han presentado en alguna ocasión una denuncia, el 45% contestó que la respuesta de las autoridades fue eficiente, el 50% lo calificó como ineficiente y un 5% expresó que no hubo ninguna respuesta. De acuerdo al ONV-UNAH, en 2014 la mora judicial para los homicidios contra la comunidad incluía el 75% de los casos.

Las entrevistadas señalaron que cuando interponen denuncias por situaciones de agresiones y violencia derivadas de la acción de las fuerzas de seguridad, los operadores de justicia y las instancias de derechos humanos no dan el adecuado seguimiento a los casos. Dijeron que es usual que esas instancias no tomen con seriedad las denuncias interpuestas porque existe una cultura de machismo entre las personas que atienden las denuncias en esas instituciones. También manifestaron que la falta de presencia institucional de organizaciones dedicadas a la protección de sus derechos en las zonas rurales o fuera de los principales centros urbanos incrementa notablemente su desprotección.

Debido a la falta de confianza institucional o al desconocimiento de los procedimientos, las organizaciones LGBTI acompañan a las víctimas cuando presentan sus denuncias. Si el o los agresores forman parte de las fuerzas de seguridad, es común que el denunciante tenga más temor y presente su queja solamente con las asociaciones, por precaución y seguridad.

«Cuando son casos donde el agresor es un agente de seguridad, lo primero que dicen los fiscales es que un caso así está fuera de la competencia del Ministerio Público. Nosotros les decimos “o toma la denuncia o lo denunciamos a usted por falta de cumplimiento de funciones”. Ellos responden que tenemos que ir a un fiscal especializado dentro de la Policía Militar del Orden Público. Tratan de persuadir a las personas para que no pongan la denuncia. O en otras ocasiones nos dicen “mire que usted se pone en peligro, que esto no va a proceder, nadie investiga nada”. Es muy bajo el número de denuncias presentadas en relación a los hechos», expresó Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris, una organización LGBTI que entre julio de 2015 y enero de 2016, reportó 36 incidentes de inseguridad y el asesinato de seis de sus miembros.

Francia Maradiaga explicó que la falta de personal en la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual dificulta el seguimiento de las denuncias, ya que además de atender esos casos, la unidad tiene la responsabilidad de capacitar a los cuerpos de la seguridad pública y a servidores de salud, para disminuir los índices de estigma y discriminación.

A pesar de los esfuerzos, tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, como el Conadeh, carecen de una metodología y registro de información para dar seguimiento y evaluación a los principales riesgos que enfrenta la comunidad LGBTI.

Un comentario recurrente durante ambas sesiones de trabajo en La Ceiba y San Pedro Sula fue que la cooperación internacional debería definir procesos de seguimiento y evaluación del desempeño de los operadores de seguridad y justicia frente a la diversidad sexual. De esa manera se tendrían evidencias sobre sus mejoras o agravantes.

Las organizaciones coinciden que la discriminación hacia la comunidad LGTBI en Honduras se manifiesta de forma abierta y agresiva. Para ellos y ellas es urgente la aprobación de un marco jurídico que les reconozca sus derechos, así como el fortalecimiento de una institucionalidad que garantice el respeto hacia una comunidad históricamente agredida, pero que ante la falta de protección del Estado, muestra ingenio, resistencia y coraje al afrontar la adversidad.

Recomendaciones al Estado

La comunidad LGBTI, particularmente las personas trans exigen las siguientes recomendaciones al Estado hondureño:

• Aprobar la Ley de Identidad de Género.

• Aprobar políticas públicas a nivel departamental, penalizando los actos de discriminación y estigmatización contra la población trans.

• Tipificar los crímenes de odio, de forma que se registren datos concretos de la violencia que sufre la población trans, y que la penalidad sea mayor según su gravedad.

• Reconocer el derecho a la salud de toda persona trans infectada por VIH o que padece de SIDA, sin distinción en la atención médica hospitalaria pública o privada que solicite. Sancionar la negación o restricción de atención médica.

• Garantizar el derecho al trabajo, de manera que ninguna persona trans trabajadora o empleada en el sector público o privado, podrá ser despedida por su condición de infectada por VIH o enfermo de SIDA.

• Adoptar una ley sobre la no discriminación, basada en estándares internacionales de derechos humanos, la cual incremente y especifique la protección del Artículo 321 del Código Penal.

• Crear un órgano independiente para promover la no discriminación e igualdad y monitorear el cumplimiento de esta ley por actores públicos y privados.

• Reconocer que la población trans ha sido históricamente excluida del acceso a derechos fundamentales como trabajo, educación, salud, seguridad social y vivienda y, a partir de ese principio rector, formar un plan transversal para las distintas áreas de gobierno a fin de garantizar su inclusión, recogiendo aportes de la propia población trans para formularlo.

• Armonizar el contenido del artículo 60 de la Constitución con los artículos 321 y 321-A del Código Penal para garantizar una mayor protección contra la discriminación a la población trans.

• Implementar programas de sensibilización y capacitación acerca de los derechos de la población trans destinados a docentes, estudiantes y autoridades educativas para reducir la discriminación y el abuso en esos ámbitos.

• Diseñar e implementar un plan de atención de salud que, a partir de los logros obtenidos a través de las Clínicas VICITS, garantice una atención no discriminatoria y de calidad para la población trans en todos los hospitales del país.

• Monitorear la inclusión de las personas trans en los programas estatales para incrementar las oportunidades laborales.

• Diseñar un programa de acceso a la capacitación laboral y créditos, proporcionar un espacio institucional para denuncias y resolver situaciones de discriminación en el empleo.

• Modificar los artículos 112 y 116 de la Constitución para permitir la igualdad judicial de las parejas y familias formadas por personas del mismo sexo y en pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales para las personas que las integren, incluidos niños y niñas.

Bibliografía

1. Carroll, A., & Mendos, L. (2017). Homofobia de Estado 2017: Estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento. Ginebra: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).

2. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). (2011). Informa anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado general de los derechos humanos en Honduras y el desempeño de sus funciones 2011. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). Tegucigalpa: Conadeh.

3. García Trujillo, O., Paredes, M., & Sierra, M. (1998). VIH/SIDA: análisis de la evolución de la epidemia en Honduras. Análisis gubernamental, Fundación Fomento en Salud, Centro Nacional de Concientización y Prevención del SIDA, Secretaría de Salud Pública, Tegucigalpa.

4. Human Rights Watch. (2009). No vales un centavo: abusos de derechos humanos en contra de las personas transgénero en Honduras. Human Rights Watch.

5. Maradiaga, F. (19 de octubre de 2017). Situación LGBTI Honduras y el trabajo del Conadeh. (M. López Rojas, Entrevistador)

6. Red Lésbica Cattrachas. (2017). Muertes violentas de la comunidad LGTBI.

7. Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. (2013). Derecho a la integridad y libertad personal. En Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos Tomo II (págs. 252-270). Tegucigalpa: SJDH.

8. Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. (2013). Diversidad Sexual. En Primera Política Pública en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos Tomo II (págs. 177-187). Tegucigalpa: SJDH.

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