Funcionarios minimizan impacto de la pandemia en Nicaragua, esconden datos sobre pruebas de detección de casos, mortalidad y cómo se usa el presupuesto para la emergencia del nuevo coronavirus
Aún cuando el gobierno de Nicaragua dispondrá de mayores recursos económicos para enfrentar la pandemia del Covid-19 el próximo año, mantiene la política de no transparentar a los ciudadanos cómo se gastará ese dinero, que en su mayoría proviene de préstamos de organismos internacionales que serán pagados con los impuestos.
Son C$702 millones de córdobas (unos US$20.2 millones) lo presupuestado por las autoridades para atender la emergencia sanitaria en el 2021, significando un aumento de 78% de los recursos estatales con relación al 2020, según documentos oficiales.
A pesar del aumento de los fondos, el Observatorio Ciudadano, que integran médicos y asociaciones independientes que monitorean la pandemia en Nicaragua, denunció el 4 de diciembre, que las autoridades sanitarias han orientado desinstalar algunas de las unidades especiales habilitadas en los hospitales, para atender a los enfermos con el nuevo coronavirus.
Esas medidas de relajamiento en los hospitales contrastan con el hecho que el Gobierno de Nicaragua destinará el 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB) del país , a la lucha contra la pandemia en 2021, lo que evidencia que, pese a que las autoridades siguen minimizando los estragos de la crisis sanitaria en la población y su impacto en la economía, hay la necesidad de recursos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud como de ejecutar planes que estimulen la recuperación económica.
En el 2020 fueron unos C$394.23 millones, alrededor del 0.10% del PIB, el presupuesto para la emergencia sanitaria, según lo que se puedo identificar en las fuentes públicas disponibles, señala el análisis de Expediente Público.
El incremento de presupuesto para el 2021 se debe al financiamiento externo que, luego de meses de pedirlo, consiguió el Gobierno que le aprobaran los organismos multilaterales. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiarán C$ 560.46 millones del gasto para la crisis por el Covid-19 del próximo año, mientras el Gobierno financiará con sus recursos propios los restantes C$141.92 millones de córdobas que se asignaron para la “atención de la pandemia”.
El Ministerio de Salud (Minsa) reportó en marzo los primeros casos de Covid-19 en Nicaragua, y desde entonces ha sido criticado por médicos y asociaciones independientes de ocultar cuántas pruebas realiza para identificar a los pacientes, por lo que sus datos no se consideran creíbles. Incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le ha demandado al Minsa mejorar los sistemas de detección y seguimiento de los pacientes, como de los casos sospechosos.
Hasta el 15 de diciembre, el Minsa reportó 5,887 casos positivos de coronavirus y 162 muertes. Son cifras que contrastan con los del Observatorio Ciudadano que contabilizó 11,557 casos acumulados y 2,822 defunciones por el virus.
FMI los obligó a transparentar información de adquisiciones
Para aparentar transparencia a fin de que los organismos le abrieran la billetera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) habilitó una sección sobre el Covid-19 en el portal estatal Nicaragua Compra, en donde empezó a registrar los procedimientos para adquirir los equipos e insumos médicos. No obstante, solo se han reportado 23 contratos de seis licitaciones en esa sección, según se constató, por un equivalente de C$354.05 millones.
Expediente Público identificó también en el portal Nicaragua Compra, que al menos 73 procedimientos adjudicados del MINSA estarían ligados a mitigar la pandemia. Más de la mitad de esos procesos son identificables como compras Covid-19, pero el resto están clasificados en otros rubros. Por ejemplo, se clasifican para “adquisición de bienes o servicios”, pero en las descripciones se indican claramente que la contratación es de materiales para la pandemia.
La publicación de las compras para enfrentar la crisis sanitaria, fue condicionada por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando le aprobó, en noviembre, un préstamo por U$185.3 millones en ayuda por la emergencia sanitaria y en la balanza de pagos, que supuso un alivio a las finanzas estatales.
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Expertos en salud pública consultados por este medio, dijeron que no les extraña la falta de opacidad con el uso de los recursos para combatir la pandemia, puesto que recordaron que la política del régimen es la de esconder la información del total de pruebas hechas, (solo reportan el acumulado de positivos), así como el dato real de la letalidad del coronavirus en el país.
Según los especialistas independientes, en base a las estadísticas oficiales hasta noviembre, la tasa de mortalidad por las diferentes causas de defunciones supera los 7,500 casos, en relación al 2019. Ese aumento de muertes en el año no ha sido explicado por el Minsa, pero los médicos independientes lo atribuyen a que estén asociadas al coronavirus, y que las autoridades no las admiten para sostener el discurso populista de que Nicaragua es uno de los países con menor incidencia de la pandemia.
Compras tardías y discretas
Dayra Valle, especialista en contrataciones públicas, explicó que los seis procesos publicados en Hacienda, muestran que las compras empezaron en junio de 2020. Aunque es posible encontrar adquisiciones de equipos e insumos médicos relacionados con el Covid-19, desde marzo, cuando se empezó a reportar la incidencia del virus en el país.
Fuente: elaboración EP a partir de datos proporcionados por sección COVID-19 de Nicaragua Compra.
Valle explicó que las primeras fueron “compras muy tímidas”, debido a que las autoridades no tenían los recursos para adquirir grandes cantidades de materiales y equipos para proporcionar al personal médico y a los hospitales, y porque además hicieron caso omiso a la situación de emergencia que se estaba presentando.
“Los montos no son despreciables, pero el esfuerzo presupuestario debe ser mayor”, afirmó Valle.
Las contrataciones publicadas muestran que lo adquirido, principalmente fueron materiales de reposición para las unidades de salud asignadas para atender pacientes con Covid-19, así como batas y mascarillas de protección para el personal sanitario, precisó Valle.
Una revisión hecha por Expediente Público sobre dichas contrataciones reflejó que, por ejemplo, la empresa Generic Pharma S.A. recibió contratos por el equivalente a 39.41 millones de córdobas para materiales de reposición y medicinas.
A otros proveedores como Cruz Azul, Bühler Pharma S.A, Imfarsa y Neo Ethicals también le fueron adjudicados contratos para medicamentos como cloroquina, ivermectina, colistina, colchicina, interferón, clorhidrato de tiamina y paracetamol.
Expediente Público revisó también las compras adjudicadas del Minsa, detectándose 73 procesos entre marzo y noviembre que suman C$394.23 millones en bienes y servicios destinados al mejoramiento, ampliación y/o construcción de salas Covid-19, además, para la obtención de medicamentos y equipos médicos para el tratamiento de los pacientes hospitalizados con esa enfermedad.
Según la web del Sistema de Compras y Contrataciones Estado (SISCAE), se pueden identificar 3 fuentes de financiamiento de las compras del MINSA, siendo los fondos propios del gobierno de Nicaragua los principales; no obstante, en al menos dos contratos se pueden encontrar financiamiento de China Taiwan por al menos US$ 2.63 millones (unos 90.1 millones de córdobas).
Mínimo ajuste presupuestario e informes incompletos
En 2020 al Minsa se le aprobó un presupuesto de C$ 16,022.87 millones equivalentes al 19.81% del gasto total del Presupuesto General de la República (PGR). Pero con la reforma presupuestaria aprobada en diciembre en la Asamblea Nacional, se oficializó un aumento del 8% a los recursos de dicho ministerio.
La exposición de motivos de la iniciativa de Ley de reforma al PGR 2020 menciona que se aumentó el gasto en el sector salud en C$1,355 millones para hacer frente a la emergencia del Covid-19, y por los huracanes Eta e Iota.
Según el Informe de ejecución presupuestaria enero-septiembre de 2020, publicado por el Ministerio de Hacienda, en ese período se reorientaron C$150.1 millones para la emergencia Covid-19, provenientes de fuentes la cooperación externa. No se sabe cuál es el esfuerzo gubernamental para combatir la pandemia a través de los recursos propios, que habrían sido partidas mayores.
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“El mercado nicaragüense es muy pequeño y no estaba preparado para presentar o proveer la cantidad de bienes que se requerían, hay pocos proveedores y posiblemente no lograron abastecer la demanda nacional. El mercado internacional es más caro y en tiempo de pandemia ha ocurrido mucho, por ejemplo, los sobreprecios”, explica Valle el contexto por el que gastó más dinero.
“Solo dos proveedores se llevaron 70 millones de córdobas en medicamentos y materiales de laboratorio para hacer pruebas (de detección del virus)”, afirmó Valle.
¿Por qué el gobierno no publica los datos completos si ha gastado más dinero y hasta cierto punto le resulta conveniente presentar más adquisiciones ante los organismos multilaterales?
Valle sostiene que es la combinación de varios factores. En primer lugar, dijo, es la política de falta de transparencia, porque la información parcial se da en muchas áreas presupuestarias. Además, se falla en la rigurosidad en la recopilación de los datos.
Hay algunas instituciones que aluden directamente compras por Covid-19, y otras que no lo hacen, pero dejan en las especificaciones técnicas adquisiciones que indican un manejo de la pandemia, de acuerdo a la investigadora.
“No hay una preocupación por generar datos, ni siquiera desde la cantidad de personas enfermas ni contagiadas”, cuestiona Valle.
Fuente: elaboración EP a partir de datos proporcionados por el Sistema de compras y adquisiciones del estado (SISCAE). Los datos muestran las compras realizadas por el MINSA detectadas para la lucha contra la pandemia entre los meses de marzo y noviembre.
La experta sostiene que en otros países se hace el balance de sus esfuerzos presupuestarios, “no solo por rendición de cuentas, sino, porque esto indica cómo se ha enfrentado algo para lo que no se estaba preparado, y para tener datos históricos para enfrentar mes por mes las necesidades presupuestarias, porque la pandemia no ha acabado y está teniendo repuntes en otros países”, afirma.
La publicación de los procesos de compra están mostrando el periodo de mayor gasto con el repunte de los casos de Covid-19 en el país.
Valle explica que ese comportamiento está relacionado, porque primero se negó la situación y después admitió que habían más casos. “En parte, las adquisiciones nos muestran cómo ha ido la curva (de contagios), algo tímido y después el bloque donde hay más gasto”, agrega.
El gasto dirigido a la reducción de la pobreza podría ser una herramienta útil para identificar con mayor precisión los montos, como el uso de recursos para enfrentar la pandemia, pero desde el 2018 no se reportan esos indicadores. La “Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) que mostraba los diferentes proyectos que ejecutan las entidades gubernamentales, se mostraba íntegramente hasta 2018, tanto en los libros del PGR como en sus informes de ejecución; sin embargo, se desconoce por qué el MHCP dejó de publicar dicha información.
“El Gobierno continúa demostrando que su interés por el manejo transparente de la pandemia es mínimo, a pesar que se comprometió con el FMI a mejorar en este aspecto de cara a la información presupuestaria a través de la publicación de las contrataciones ligadas al Covid-19”, concluye el análisis de Expediente Público.
