Represión, acoso, asesinatos, detenciones, asedio permanente, impedimentos absolutos de las más elementales libertades públicas y derechos fundamentales. Esa es la constante que viven los opositores políticos, disidentes y periodistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según los testimonios de tres activistas de estos países en un foro organizado por Freedom House.
El foro “La Voz de la Victimas en el Camino a la Justicia. Una Mirada a los Derechos Humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua”, sacó a luz dramáticos testimonios y sufrimientos provocados por esquemas represivos de los tres regímenes que parecen calcados de un manual del horror.
“Estos dos años que han pasado y este último 2020 se ha visto envuelto en altas dosis represivas por parte de la seguridad del Estado, entiéndase el Órgano de Contrainteligencia quien atiende la disidencia, activismo y las voces de sociedad civil, cuando digo atienden, estoy usando eufemismos, “son los grupos que conocen todas intimidades de tu vida, tus relaciones, tu perfil psicológico, tus capacidades materiales, intelectuales, e inciden sobre ti y sobre tu núcleo familiar, a las personas que emotivamente están a tu alrededor ”, describe el coordinador del Movimiento San Isidro, el cubano Michel Matoz.
El Movimiento San Isidro se fundó hace 3 años a raíz de un decreto de ley que pretendía incluir a la vida jurídica nacional, es decir, el decreto 349 que definía quien podía, y quien no podía ser un artista. El movimiento inició una campaña que logró frenar por un año ese decreto de ley. Matoz relata que les costó represión y acoso de los órganos de seguridad, “nos costó también días de prisión y detención forzada”, señala.
Durante su ponencia agregó que esos grupos de seguridad “lanzan amenazas, advertencias, acosos y una serie de constancia que vuelven tu vida como ser humano bastante difícil”.
“Los últimos meses nos hemos visto envueltos por una campaña por un músico, un rapero, que fue en los últimos meses un juicio sumadísimo, encarcelado por tener una opinión completamente diferente que pretende imponer el partido comunista en Cuba”, relata.
Denis Solis tenía tatuado en su pecho “Cambio Cuba”, y Matoz dice que enfrentó verbalmente a la policía en el momento que decidieron acosarlo dentro de su propia casa sin tener una orden juicial que avalara esa invasión domiciliar, relata que los policías fueron a traerlo a su vivienda acusándolo de desacato, una figura legal que se está usando muchísimo en Cuba y que básicamente consiste que no puedes contestar, o discutir, hacer cuestionamiento a la autoridad porque puedes sufrir condena de prisión”.
Solis fue condenado a ocho meses de cárcel y no tuvo derecho a un abogado, a la familia no se le notificó que el estaba sujeto a un juicio, informa Matoz. “La única defensa era iniciar una campaña de presión social para su liberación, varios miembros nuestros llevábamos un libro, leíamos un poema”, cuenta.
“Colocan dispositivos militares bajo tu casa para impedirte que salgas de tu casa, hoy viene a ser mi día 18 o 20 de un tipo de arresto domiciliario, cortan líneas telefónicas e internet”, señala.
“Hoy por hoy los hilos de poder en Cuba son manejados por la seguridad del Estado, son seis décadas con la misma familia en el poder, 62 años, me parece absurdo que esto no sea visto con perspicacia”, sostiene Matoz. El activista cubano denunció que el aparato miltar cubano intervino su casa de una manera muy violenta con la excusa del covid19. “no hubo ningún tipo de test que se le hiciera a los policías”, señaló Matoz.
Venezuela, una tragedia de muerte y hambre
Rosa Orozco conoció en carne propia lo que significa la represión y la impunidad. En 2014, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinó a su hija Geraldine Moreno de 23 años. “Hoy hablo en nombre de los familiares de los más de 300 venezolanos asesinados desde el 2014 a la fecha, como parte de un patrón de ataque sistemático y generalizado contra la población que clama justicia, libertad y democracia. Geraldine Moreno tenía 23 años, era mi tesoro”, dijo Orozco.
Cuando habla de su hija, su voz se entrecorta, “era deportista de alto rendimiento y su pasión era el fútbol”. “Geraldine era mi compañera a todas partes, incluso a las manifestaciones y concentraciones pacíficas, porque siempre salíamos a manifestar en nuestro derecho humano y fundamental en Venezuela. El 19 de febrero fue el día en que me arrebataron el corazón. Ese día le habían dicho que no saldríamos porque desde el 12 de febrero del 2014 salíamos a manifestar amparadas en nuestro derecho constitucional para rechazar la crisis que sucedía en el país y que a día de hoy se ha convertido en una emergencia humanitaria compleja, una tragedia de muerte y hambre que ha generado la migración de más de cinco millones de venezolanos quienes intentan salvarse de semejante desgracia”, relató Orozco.
“Le dije vamos a quedarnos en casa, por lo que se fue al campo de fútbol a jugar, pero a las 8:05 p.m. me avisó que iba a salir al portón del edificio donde estaban los vecinos manifestando. Le dije que iría con ella, pero salió primero que yo y a los 10 minutos escuché detonaciones. Cinco, para ser exactos. A pocos instantes llegó un amigo de ella y me dijo que Geraldine le habían disparado en el rostro. Salí y vi a mi hija tirada frente a la puerta en un charco de sangre. Un vecino que es paramédico le había cubierto el rostro con vendajes. Salimos corriendo a la clínica militar. Prestaban atención médica. Ella me gritó para preguntarme por sus amigos y por sus piernas. ¡Me duele la cara! me dijo. Le dije que todo iba a estar bien”, narra la madre de Geraldine.
“Le di un beso y le dije Dios te bendiga, todo va a salir bien. Esa fue la última vez que yo hablé con ella. Mi hermosa hija luchó tres días por su vida después de varias operaciones. Finalmente, la intensivista me dijo que había que tener mucha fe porque su estado era muy grave. La fe no fue suficiente. Murió el 22 de febrero a las 12 35 a.m. el día que le dispararon”, explicó Orozco.
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Fue una historia de horror. El destacamento 24 de la Guardia Nacional entró a la urbanización donde vivían. Llegaron disparando a los vecinos que solo tenían cacerolas, pitos y bandera. Su hija pidió por su vida minutos antes. “Mi hija pidió clemencia y colocó la mano frente a su cara para cubrirla. Hay evidencias de ello y sin embargo, no lo hicieron”, relata.
Cuenta que el guardia “le incrustó un cartucho en el ojo derecho y a consecuencia de ella, mi hija perdió el 90 por ciento de la masa cerebral. Su cuerpo era un colador a consecuencia de las detonaciones de perdigones. Ya son 6 años y 10 meses de la ejecución extrajudicial de mi hija, en la que participaron en diversas formas 24 militares del Estado venezolano”. De los 24 militares, solo dos han sido juzgados, “este es mi doble tragedia no sólo perder a una hija, sino también la tragedia de soportar la ausencia de justicia. Es impresionante el comportamiento de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los ciudadanos que manifiestan”.
Orozco ha denunciado incansablemente que hubo complicidad de todos los guardias. Ha insistido en el enjuiciamiento de los demás guardias nacionales. En el acta de juicio quedó señalada la participación de todos y 6 años después el Ministerio Público se niega a presentar acusaciones contra ellos. Pide que se haga justicia para su caso y para tantas madres, pide justicia a la comunidad internacional.
“En estos momentos mientras les hablo hay venezolanos que están siendo torturados, u otros, hacia el exilio”, son vida de venezolanos las que cuentan, expresó. “Se los implora una madre que quedó sin hija”, al ser madre, soy madre de todos, por piedad a la humanidad es momento de ayudar.
Nicaragua, 32 meses de impunidad
Francys Valdivia representa la Asociación de Madres de Abril (AMA), una organización de mujeres que perdieron a sus hijos o familiares durante la violenta represión del régimen de Daniel Ortega contra los manifestantes en las protestas ocurridas entre abril y agosto 2018. Francys perdió a su hermano Franco Valdivia, asesinado el 20 de abril de 2018 en la norteña ciudad de Estelí, a 150 kilómetros al norte de la capital Managua.
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Valdivia señala que no hay acceso a la justicia porque “en Nicaragua no existe una independencia en los Poderes del Estados pues todas están a las órdenes de Ortega y Murillo”. Las organizaciones y mecanismos internacionales de derechos humanos fueron expulsados de Nicaragua en diciembre de 2018.
“Un disparo certero (mató a Franco Valdivia), la trayectoria de la bala fue de arriba a abajo, de izquierda a derecha, el perpetrador se encontraba en una posición privilegiada dentro de la alcaldía de Estelí”, señala Francys.
Más de 300 opositores políticos fueron asesinados en 2018, en el contexto de las protestas por las reformas al seguro social que desarrollaron una demanda contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo por su respuesta represiva a estas manifestaciones. Ni uno solo de los crímenes de Estado ha sido judicializado, por el contrario, el régimen decidió aprobar una ley de amnistía con dedicatoria especial para perdonar los abusos de policías, militares y paramilitares.
“En el proceso de dolor como familia y a rabia generalizada como nicaragüenses, decidimos organizarnos y buscar otras formas de vida, esto nos costó la pérdida irreparable de los asesinatos de nuestros familiares, presos y presas polícos, exilio, pero seguimos en resistencia y buscando otras formas de vida exigiendo verdad, justicia y democracia”.
El 29 de septiembre de 2018 se conformó AMA para exigir verdad y justicia y construir la memoria como antídoto contra el olvido. Han sido 32 meses de lucha, resistencia, se ha tenido represión y persecución, encarcelamiento, hostigamiento y la represión jurídica que se inclina a proteger al Estado. Algunas han tenido que exiliarse.
“A lo largo de estos 32 meses de lucha, resistencia y crisis sociopolítica hemos venido teniendo diferentes fases de represión propias de un estado en crisis, entre ellas, además de asesinatos, persecución, encarcelamiento, hostigamiento, hemos sido parte de la represión jurídica que se enmarca en leyes que protegen al Estado, propias de un estado que se encuentra en peligro o vulnerados”, señala Francys Valdivia.
El gobierno y el partido del Frente Sandinista presentaron en junio de 2019 una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en la cual establecen que los hechos ocurridos a partir del 18 de abril 2018 no serían investigados ni judicializados, “recurrimos a esta lucha jurídica e interpusimos un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. hasta el día de hoy este recurso se encuentra archivado ni respuesta, ni investigación por los asesinatos contra los asesinados, el proceso de revictimización es no recibir denuncias o son archivados, incluso con pruebas científicas”.
“Hemos agotado los espacios y mecanismo de protección internacional, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos han venido condenando y denunciando la sistemática violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, al ser espacios no vinculantes dificultan mucho la incidencia, pero esperamos que no cesen su trabajo y documentación de Nicaragua e insistan en regresar al país después de su expulsión y reclamar a la comunidad internacional acciones más contundentes”.
Valdivia considera que la presión internacional llegó tarde, después de 320 asesinados, porque no se les permitió el ingreso en su momento, además, los mecanismos de presión son poco contundentes, “pese al arduo trabajo la OEA fue hasta octubre de 2020 puso un plazo de reformas electorales para declarar al régimen ilegitimo, nos encontramos a las puertas de unas elecciones presidenciales sin garantías, consideramos que el proceso de elecciones será importante porque mientras se encuentre el gobierno de ortega no vamos a encontrar justicia y el proceso de revictimización sigue”.
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El alto precio de la libertad
Alessandra Pinna, Gerente Senior de Programas para América Latina y el Caribe, dijo que “desafortunadamente hoy en día en muchos países de América Latina y el Caribe, en particular en Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo ciudadanos pagan precios muy altos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión”.
“Lamentablemente, estas tres naciones mantienen desde hace varios años los más bajos estándares de la región en todos los índices de libertades fundamentales, derechos humanos y democracia alrededor del mundo”, aseguró. Pinna dijo que los testimonios nos dejan un mensaje claro:” La única certeza de las víctimas es la absoluta impunidad de estos crímenes a lo interno de los países, mientras que su mayor esperanza la constituyen los urgentes esfuerzos que la comunidad regional e internacional deben desplegar frente a los hechos. Las victimas buscan establecer la verdad sobre el pasado para vivir un presente fundado en la justicia y soñar un futuro donde no haya repetición de las atrocidades del pasado”.
“Los testimonios evidenciaron cómo los derechos fueron violados por el simple hecho de manifestar una expresión pacifica de disenso, sea participando en demostraciones públicas o a través de producciones artísticas”, sostuvo Pinna.
Pese a esta realidad, según Pinna, “los testimonios que hemos escuchado esta mañana nos regalan la esperanza de un cambio posible…A pesar de su tremendo dolor, estas víctimas han encontrado la fuerza necesaria para enarbolar la ambiciosa misión que es la búsqueda de verdad y justicia. Los casos expuestos testimonian un patrón de represión selectiva y sistemática con efectos intimidatorios generalizados a manos de los Gobiernos de estos tres países”, afirmó.
