Las estructuras nacionales y municipales de control político se vieron rebasadas con las protestas de abril 2018, incluyendo la Policía Nacional. Así lo demuestra decenas de testimonios recopilados en el estudio “Represión en los municipios”.
Esta investigación logra identificar que el régimen de Nicaragua después de una fase inicial de accionar inconsistente y defensivo frente al levantamiento popular de 2018, se abrió paso a una segunda etapa: cuando empezó a “importar” paramilitares que, en mayor coordinación con la Policía y operadores políticos sandinistas, reprimieron brutalmente la protesta a nivel municipal.
Las alcaldías fueron las primeras estructuras estatales que intentaron sofocar las proliferantes protestas, pero sus reacciones fueron improvisadas. Al comparar los municipios, se registraron diferencias en esta represión inicial, pero el patrón de improvisación y uso de fuerzas locales fue el mismo.
Con el aumento de marchas, tranques y piquetes, se da una represión más estructurada y organizada con las instituciones nacionales y directrices provenientes del Gobierno central, resume el estudio.
En el caso de las cinco cabeceras departamentales que investigó Expediente Público, el patrón más notable de la fase ofensiva es la importación de paramilitares. Al municipio de Matagalpa fueron llevados grupos de San Ramón; a Jinotega, de Abisinia y La Concordia; a León, de Malpaisillo; a Jinotepe, de El Rosario y San Marcos; a Masaya, de Niquinohomo. Algunas de estas localidades que exportaron fuerzas represivas recibieron el nombre de “ciudad para”, en alusión a los paramilitares que contribuyeron a coartar las manifestaciones en otros municipios, sostuvo un profesor de Matagalpa.
De acuerdo con las entrevistas realizadas durante el estudio, algunos paramilitares habían formado parte de las fuerzas de Seguridad del Estado durante los años ochenta, este fue el servicio de inteligencia del primer gobierno sandinista, estos actualmente forman parte de los llamados “grupos de reserva”. También había miembros de otras estructuras estatales, paraestatales y partidarias entre estas bandas irregulares: miembros del ejército y simpatizantes sandinistas (incluyendo algunos de la Juventud Sandinista) ligeramente entrenados e incluso policías encubiertos.
Además, en tres de los cinco casos estudiados, se observó a alcaldes permaneciendo por más de un período como autoridades del municipio: Sadrach Zeledón, en Matagalpa; Leónidas Centeno, en Jinotega; Orlando Noguera (fallecido), en Masaya. “Este patrón de figuras fieles al Gobierno central en permanencia en cargos municipales es importante. Es otra evidencia del grado de dependencia en detrimento de sus autonomías”, indica el estudio.
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En una entrevista de 2019 a un medio de comunicación noruego, el primer comisionado Díaz y el inspector general, Jaime Vanegas, hicieron referencia explícita que oficiales de la institución policial operaron juntamente con denominados “policías voluntarios” durante las protestas. El funcionario señaló que estos grupos “debidamente legalizados. Participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas”. Indica, además, que “no todos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales”. El inspector general Vargas afirmó que: “Quien dirige las acciones (era) un policía profesional, y los policías voluntarios son de apoyo”.
El eterno alcalde de Matagalpa
Sadrach Zeledón ganó las elecciones municipales de Matagalpa en 2001, arrebatándoles una importante plaza municipal a los liberales, y después de un periodo, volvió a partir de 2009 a tomar las riendas de la comuna de esta cabecera departamental a 130 kilómetros al norte de Managua, de forma ininterrumpida.
En Matagalpa, la casa del partido del FSLN está ubicada a 200 metros de la alcaldía. Es común, durante los últimos dieciséis años, ver trasladarse de un lugar a otro al alcalde Zeledón.
Zeledón es un caso muy particular en el FSLN. En las elecciones municipales de 2000, era uno de los candidatos del sandinismo que no tenía historial dentro de su partido, pero ganó la elección. En su primer y segundo periodo se caracterizó por su apertura a la ciudadanía y transparencia en los procesos de decisión municipal, pero cambió a partir de 2007, determina el estudio “Represión en los municipios”.
Durante las protestas de 2018, este alcalde dirigió públicamente, desde su sede, la respuesta violenta al levantamiento cívico de la ciudad. “Fue identificado como el responsable de coordinar, en su doble papel de alcalde y secretario político, todo el engranaje de la represión. La policía se supeditó a su mandato y todas las fuerzas de choque y paramilitares usadas para reprimir estuvieron bajo su mando”, describe la investigación.
En este municipio, los paramilitares locales, que también estuvieron presentes desde las primeras semanas de las protestas, colocaron tranques para proteger las sedes del partido. Al igual que en Jinotega, los manifestantes los identificaron como exoficiales del Ejército y la Policía. Según los entrevistados, era gente preparada militarmente, que estuvo en combates con la Contra durante los años ochenta. También se identificaron a funcionarios de la alcaldía y de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Un manifestante de Matagalpa explicó a los investigadores de Expediente Público que en su barrio “hay varios paramilitares por cuadra. Son conocidos por ser parte de los CPC, ellos estuvieron en la guerra, pero también hay jóvenes que pertenecen a la Juventud Sandinista (JS). Durante el levantamiento, esta gente desapareció y cuando había pasado el desmontaje de los tranques poco a poco volvieron, pero sabemos quiénes son. Y es de conocimiento público lo que han hecho. Hace unos meses, mataron a uno de ellos”.
Una de las informantes reconoció a un amigo entre las filas de paramilitares. Este hallazgo de desconcierto personal confirma que, al igual que en Jinotega, hubo una fase inicial de reclutamiento local, que luego fue ampliado.
“No se puede entender que con alguien que has compartido amistad sea señalado, después en la Operación Limpieza, como parte del terror del Gobierno. Lo he visto tocándose con el arma, hostigando a los manifestantes, escoltado por la Policía. Es duro. Sus hijos estaban en la lucha cívica. Esta es otra parte del dolor que hay que enfrentar. Otra vez la familia, como en los 80, se ve dividida políticamente”, declaró la manifestante de Matagalpa.
Ante la falta de capacidad de controlar las protestas con las fuerzas locales, importaron apoyo de San Ramón, La Dalia y otras comunidades. Para coordinar este proceso, las acciones policiales y paramilitares se subordinaron aún más explícitamente a la estructura municipal del FSLN, determina el estudio.
El fallecido alcalde de Masaya
Masaya representó en las protestas de 2018 un símbolo de resistencia nacional, asociado a su pasado revolucionario. El barrio Monimbó, en particular, adquirió relevancia en el levantamiento de la ciudad. Más de cuatrocientas barricadas se instalaron en el municipio.
El levantamiento en Masaya, ciudad a 27 kilómetros al sureste de Managua, en la primera fase (común a todos los municipios) la población manifestante fue capaz de controlar varias oleadas de ataques de policías y paramilitares, además de neutralizar la incidencia de informantes barriales. Orlando Noguera, alcalde de la ciudad, facilitó, junto a la Policía, varias de estas operaciones.
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Noguera, quien falleció el primero de junio de 2020, a la edad de 71 años, fue alcalde en 2005-2008, y nuevamente a partir de 2013, pero en el periodo intermedio fue el secretario político del FSLN en la ciudad de Masaya.
En una situación única en el país durante las protestas, los comandos de la institución policial estuvieron rodeados por manifestantes opositores y barricadas durante casi tres meses. La situación crítica hizo montar un operativo con fuerzas especiales para liberar a los oficiales cautivos.
Todos estos eventos “fuera de la norma”, hacen de Masaya un caso especial en el estudio. Además de la fuerza proveniente de las alcaldías y la Policía, los entrevistados indican un canal endémico para la logística represiva de Masaya: las casas de simpatizantes.
Sin embargo, a pesar de ese apoyo sólido de algunos simpatizantes, las fuerzas progubernamentales encontraron mucha resistencia y fragmentación de sus bases en el municipio. Contrario a los otros cuatro casos estudiados, en Masaya fue difícil encontrar paramilitares locales. Los entrevistados señalan que fue necesario, casi desde el primer momento, importar paramilitares de Niquinohomo o Nandasmo, municipios cercanos que también pertenecen al departamento de Masaya.
Se tiene registro de que la estructura de los CPC fue desmantelada o abandonada en los barrios bajo la presión de la población. En las protestas y tranques hubo participación de trabajadores de la alcaldía, que se sumaron ocultando sus identidades y retornaban diariamente a sus trabajos públicos sin dificultades.
Además, se documentó que el hospital de Masaya estuvo ocupado por paramilitares bajo el consentimiento de las autoridades de salud, como la entonces directora, doctora Auxiliadora Hernández. Esto evidencia la capacidad organizativa de la represión usando puestos de dirección en instituciones de salud, educación y servicios básicos, ocupados por personajes de confianza que facilitan el acatamiento de directrices centralizadas. En el caso de Masaya, el uso del centro hospitalario como sitio de resguardo de paramilitares, confirma esta disposición.
Para revertir la especial situación de Masaya, la “Operación Limpieza” se organizó de forma particular. Según las entrevistas, las fuerzas de la Policía y los paramilitares de otros municipios ingresaron a la ciudad por “el camino viejo” a los pueblos, evitando las vías más públicas donde encontrarían resistencia. Como se reporta en Jinotepe, los manifestantes sospechan de la participación de militares en este operativo, dada la pericia y logística con la que ingresaron a la ciudad. En los testimonios recogidos, no se logra probar plenamente esta afirmación, por lo que sería necesario ahondar en una investigación aparte.
Universidad, clave en represión en León
En León, la represión se sustenta en su naturaleza de ser “Ciudad Universitaria”. Uno de los manifestantes entrevistados aseveró: “Hay una mezcla bien intrínseca de cómo se triangula el poder político en León desde la universidad, la alcaldía y la casa del partido (FSLN). Realmente, donde se toman las decisiones de todo lo que se hace aquí en León es en la casa del partido”.
En la noche del 18 de abril, simpatizantes del Frente Sandinista, acompañados de dirigentes de la JS, fueron a despertar a los internos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) para reclutarlos y llevarlos a hacer contramanifestaciones en Managua. Los estudiantes se negaron y abandonaron el campus en medio de la noche. Ante esta negativa, el partido activó a su militancia en los barrios leoneses (CPC) y al personal de la universidad pública para contrarrestar el indicio de movilización. La ciudad amanecería al día siguiente con protestas.
La represión inicial estuvo marcada por directrices provenientes de la UNAN. De acuerdo con los testimonios, estudiantes asociados al Centro Universitario (CUUN) y profesores, en particular de la Facultad de Derecho, dirigían ataques contra los manifestantes. El grado de control sobre la universidad y las estructuras estudiantiles obedecía a un deterioro institucional del Alma Máter que, al igual que las alcaldías, se subordinó al control del Ejecutivo y al partido FSLN. Algunos estudiantes asociados al CUUN fueron identificados en la segunda fase de represión como paramilitares.
El alcalde de León, Róger Gurdián Vigil, era el rector de la UNAN-León antes de ser asignado como candidato al puesto municipal en 2013. Para los sandinistas la comuna leonesa es un bastión político, nunca han perdido una votación ahí, ni siquiera en 1990.
Sin embargo, se revela mayor beligerancia en la represión por parte del exalcalde Manuel Calderón, un exguerrillero defenestrado del cargo en 2012 por presiones de sindicatos de la alcaldía sandinista, pero quien se mantuvo dentro de las filas del FSLN.
Se observó a Calderón como figura fuerte en la represión, actuando junto a empleados, diputados departamentales, como Filiberto Rodríguez, y técnicos de confianza de la alcaldía, incluso, fue señalado en algunos testimonios como líder de los paramilitares.
En términos de logística para la represión, la alcaldía, junto a las estructuras universitarias, se convirtió en el canal de distribución de recursos. Los manifestantes la vinculan, de forma especial, en la organización de los motorizados de la Brigada Carlos Fonseca, y la Juventud Sandinista.
“Muchos de los paramilitares eran líderes de sectores y de instituciones, que anduvieron armados y entrenados; algunos eran exguerrilleros que los siguieron apoyando también, gente que sí había andado en la guerra. Había muchos jóvenes menores de cuarenta años que no fueron a la guerra y andaban apoyándoles”, aseguró un manifestante de León.
Como se observó en Jinotega, en León hay registro de organizaciones barriales sandinistas (CPC) que reclutaron a personas de escasos recursos para colaborar en la represión o infiltrarse en las manifestaciones opositoras. Hubo, además, reclutamiento en Malpaisillo, considerado como la “ciudad para” de León. Bajo promesa de regalías, se sumaron varios ciudadanos.
Los testigos indican, sin embargo, que en León no recibieron entrenamiento ni necesariamente armas profesionales. “Esa gente llamada paramilitar no andaba con un arma, pero sí andaba con un tubo, con un mortero”, explicó un médico opositor.
Similar al caso de Jinotega, se tiene reporte de que varios de los paramilitares leoneses no fueron retribuidos en las promesas hechas en su reclutamiento por cabecillas de la represión.
“Son gente vulnerable, fácilmente manejable”, aseguró un manifestante, a quien alguien del partido le ofreció concesiones a cambio de convertirse en informante.
Alcalde y paramilitar
En Jinotega, el secretario político del FSLN es el alcalde, Leónidas Centeno, quien gobierna desde 2009, después de múltiples señalamientos de fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008. A Centeno se le atribuye la participación y dirección pública de las dos fases de la represión. Se destacan los ataques al barrio Sandino, donde cuatro jóvenes fueron asesinados con armas de guerra.
Los entrevistados sostienen que, durante las primeras semanas de las protestas, fue imposible para las fuerzas locales controlar el levantamiento de los barrios. “Ellos (la Policía) retrocedían y nosotros avanzábamos, eso duró una semana”, comunicó un opositor.
Los primeros paramilitares aparecieron en Jinotega el 23 de abril de 2018, junto a fuerzas policiales. Los entrevistados les identifican como exmiembros de la Policía y exmilitares, hombres de 50 años o más. Los conocían personalmente.
“Armaron a gente retirada de la Policía, señores mayores, nosotros estábamos protestando por el área del mercado municipal. Ellos venían con armas al encuentro con nosotros y los esperábamos solo con piedras y con morteros. Ese día, ellos venían con pistolas y nos dispararon, pudimos agarrar a dos y los llevamos al barrio, y ellos agarraron a dos de nosotros. Hicimos el intercambio al día siguiente”, recordó un manifestante de Jinotega.
En los testimonios documentados se menciona insistentemente que las armas para los paramilitares fueron suministradas por la Policía de Jinotega. También se les facilitaban motocicletas decomisadas en operativos policiales. En las entrevistas, se refirió constantemente que jefes de las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Servicios Municipales, Catastro, (todos atribuibles al Comité de Liderazgo Sandinista) de la Alcaldía de Jinotega participaron en la represión en el municipio. Se indica que, además, coordinaron a los paramilitares locales, principalmente exmilitares, reclutados en los barrios por los CPC.
“Ellos sabían quién era militar o exmiembro del Ministerio del Interior (de los 80) en los barrios. A mí me abordaron”, testificó un exmilitar de Jinotega para la investigación.
Ante la imposibilidad de controlar las protestas con estas fuerzas locales, los manifestantes en Jinotega empezaron a reportar, en varias ocasiones, la llegada de paramilitares provenientes de la comarca Abisinia y La Concordia, municipio catalogado por los jinoteganos como sandinista. Las fuerzas policiales también les dieron armas para sofocar protestas, aseguran fuentes de Jinotega.
“Ante la falta de control, comenzaron a traer gente de la montaña. Hicieron champas en las afueras de la ciudad para esa gente, les llevaban las comidas y les cubrían sus necesidades, se mantenía mucha gente y los sacaban a patrullar en las noches en unos camiones para intentar quitar los tranques”, dijo un manifestante jinotegano.
Informantes sostienen que quienes proveían la logística (alimentación, transporte y protección) eran simpatizantes sandinistas, asociados a los CPC. De acuerdo con los testimonios, miembros de esta organización partidaria llegaron a las comunidades para invitar a personas a actividades sandinistas en Jinotega. Señalan que, desde la lógica clientelista de los programas sociales, que se ha descrito previamente, les ofrecían regalías a los participantes. En los testimonios se señala que muchos no sabían qué llegarían a Jinotega a formar parte de las fuerzas de choque o paramilitares.
Se reportaron regalías en forma de dinero (C$200 córdobas, aproximadamente $6), y comidas. De acuerdo con ciertos entrevistados, algunas de estas regalías no fueron finalmente otorgadas. “No sé si les pagarían, pero parece que los trajeron con engaños. Parece que no les pagaron porque ya de último la misma gente se iba (regresaba) a sus comunidades”, dijo un manifestante de Jinotega.
Uno de los muchos importados murió de un disparo certero en estos operativos. “Le dispararon un balazo en la cabeza porque se confundieron. Él no sabía ni con quién de los dos grupos estaba y a él lo mataron”, sostuvo la fuente.
A Jinotega también importaron policías de Pantasma, aunque se trata de uno de los pocos municipios administrados por opositores. Se dirigieron, en particular, a reprimir protestas y tranques en el barrio Sandino, que el alcalde Centeno siguió con detenimiento.
“Aquí entraban diario, entre finales de abril y gran parte de mayo, veinte camionetas llenas de policías y civiles armados. En este barrio mataron los paramilitares y la Policía a cuatro jóvenes. Había policías que andaban armados desde los pies hasta el cuello”, precisó un comerciante de Jinotega.
Los testimonios indican que, en la Operación Limpieza, algunos paramilitares fueron entrenados en una finca en Yalí (municipio cercano) que funciona como cuartel del FSLN. Un manifestante señala que vio fotos de paramilitares “con armas, junto a otros compañeros, de pantalón pinto, con botas de policía y sale en otro video en el que les están enseñando a disparar en la montaña”.
Uno de los entrevistados que estuvo en el barrio Sandino revela algo significativo. Reconoció a uno de los paramilitares locales, no importado, por un tatuaje con una imagen, como un fierro, que decía FSLN. Señala que los paramilitares que permanecen en el “zonal del Frente”, así conocida la casa del partido FSLN en Jinotega llevan esa marca. Gracias a este rastro identificaron un caso de violencia fuera del contexto de las protestas: un hombre con ese tatuaje “actualmente está preso, acusado de homicidio. Andaba armado, y en una pelea, dijo que era policía y mató a un hombre con el que discutió”.
Otro manifestante en Jinotega señaló que algunos paramilitares han sido asociados recientemente a actividades de narcotráfico. “Se dio el caso, en mi barrio, de unos gemelos que fueron reclutados como paramilitares, y luego de la desmovilización aparecieron vendiendo droga, con motos nuevas y armas. Los ponen presos por vendedores de drogas y a las dos horas están libres”.
Operativos en Jinotepe
El FSLN en Jinotepe, a diferencia de las otras alcaldías estudiadas, ha tenido alta rotación de ediles. El actual alcalde, Mariano Madrigal, si bien fue señalado por estar al frente de la represión, también se reporta que en la primera fase desapareció de la ciudad. En su lugar, manifestantes entrevistados señalan al secretario político del municipio, Sergio Mojica y a un operador político de Managua, Amaru Ramírez, como dirigentes de la represión desde la alcaldía jinotepina.
En los primeros ataques a las manifestaciones, se identificó a concejales, miembros de la Juventud Sandinista, trabajadores de la alcaldía, entre otros, custodiados por la Policía Nacional.
Con el incremento de las protestas, la ciudad fue bloqueada en sus entradas con tranques. Con esta nueva forma de manifestación, que se generalizó en todo el país, la violencia hacia la ciudad también aumentó. Jinotepe fue, particularmente, vulnerable a ataques por tener múltiples e importantes conexiones en la Carretera Panamericana Sur.
De acuerdo con los testimonios, en Jinotepe se utilizó la base primaria organizada del FSLN en las alcaldías, operadores del secretario político, la JS e instituciones estatales. Luego, se importó gente que armaron de El Rosario y San Marcos, mientras eran custodiados por la Policía para sofocar las protestas. Esta segunda fase tuvo su clímax en la Operación Limpieza, que se manifestó con crudeza en Jinotepe el 8 de julio de 2018 por más de doce horas y que dejó saldos fatales en las filas opositoras y progubernamentales.
“La mayoría de los paramilitares que atacaron Jinotepe y Diriamba eran de San Marcos, Santa Teresa y El Rosario, esos eran los nidos de paramilitares. Comenzaron a reclutar (…) la mayoría de la gente que llevaron de El Rosario eran retirados del Ejército, era gente que tenía entrenamiento militar, pero no tenían el alcance físico para enfrentarse al tranque”, explicó un líder comunitario de Carazo.
Los manifestantes entrevistados coinciden en que, en Jinotepe, los paramilitares estaban capacitados para usar armas de alto calibre. Hacen referencia, incluso, a un arma que “estaba clavada en una camioneta”. De acuerdo con su testimonio, “esa fue la única manera que desbarataron tranques”, indicó un testigo.
Los entrevistados aducen que no eran personas inexpertas (como aparentemente sucedió en Jinotega). Hay sospechas, entre los participantes de los tranques, que los paramilitares de Jinotepe estaban particularmente entrenados. Había un patrón de organización que se observó a la hora de los ataques. Al frente iban los paramilitares capacitados y entrenados, pero no necesariamente expertos. Les seguían policías, identificados o no. Algunos indican las sospechas de que varios de estos paramilitares hayan contado entre sus filas con fuerzas del Ejército de Nicaragua.
“No me consta que sean del Ejército o de la Policía, pero de los que cayeron ese 8 de julio, cuando desmontan el tranque, murieron varios miembros de los paramilitares que tenían porte militar, con corte de cabello militar, con postura militar, porque uno mira, los paramilitares que llevaban de San Marcos o El Rosario era gente mayor, viejos, gordos, tuvo que ser gente del Ejército o de la Policía, en el último caso”, dijo el entrevistado.
De ser positivo este involucramiento, la represión en Jinotepe (y otros municipios de Carazo), es un caso significativo de la participación discreta de militares en la Operación Limpieza. El jefe del Ejército, Julio César Avilés, es originario de esa ciudad y tiene propiedades en la zona, ha sido acusado en las entrevistas de facilitar infraestructura y dirigir algunas tácticas del operativo. Más investigación sobre este involucramiento es necesaria para cotejar los testimonios recogidos.
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El estudio de Expediente Público “Represión en los municipios” concluye con cuatro recomendaciones para reconstituir la autonomía municipal: revisar el marco legal de los municipios, una reforma íntegra a la Policía Nacional, investigación sobre el involucramiento del Ejército Nacional en la represión de 2018 y promover procesos adecuados de justicia y verdad.
“Los entrevistados hacen distinción entre aquellos que coordinaron la represión y los que fueron instrumentalizados con dichos fines. Es importante prestar atención a esta diferencia”, sostiene el estudio.
