Expediente Público presenta 10 hechos y situaciones que demuestran que la descomposición policial en Nicaragua comenzó antes del 18 de abril de 2018 y que la institución, hoy sancionada, ha erosionado su credibilidad con abusos, muertes, masacres y actos de tolerancia e impunidad en sus filas.
Niña con discapacidad violada por custodios de El Carmen
La niña de 12 años de edad jugaba con su perrito bajo la lluvia, a pocos pasos de su casa en el residencial El Carmen, Managua. Aproximadamente a las 7:00 de la noche del 9 de agosto del 2012 ella desapareció. Luego, su padre denunció que cinco policías asignados a la seguridad de la casa del presidente Daniel Ortega, ubicada en el mismo residencial, se llevaron a la niña y la violaron en el costado este del parque del mismo sector. El guarda de seguridad René Martínez, de la empresa El Goliat, propiedad de la familia Ortega, también participó en el delito. A la niña la trataron de descalificar por sufrir discapacidad intelectual.
“Le agarraron el perro, la metieron al vehículo, le taparon la boca, la encañonaron y se la llevaron al punto donde la violaron”, declaró el padre en base a lo que su hija le relató, de acuerdo a las denuncias presentadas en el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y en los informes del Ministerio Público.
La violación de la menor ocurrió entre las 7:00 pm y las 2:00 de la madrugada del 9 y 10 de agosto del 2012. La niña identificó a los cinco policías que la abusaron, pero solo tres fueron procesados penalmente: Ervin Antonio Jarquín Espinoza, Timerson Ixchlmora Parrales y Walter Martín Téllez Mendoza que eran de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE).
Llevar a juicio a los oficiales requirió que la familia de la víctima y defensores de los derechos humanos denunciaran las trabas en la Policía y la Fiscalía, donde primero se negaron a recibir la denuncia y, después tardaron más de un mes en actuar contra los involucrados.
La protección a los miembros de la Policía está instaurada como una política estatal
“Son prácticamente intocables, no importa los crímenes que cometan”, afirmó a Expediente Público, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
La defensora al recordar el caso de la niña violada por custodios de la residencia de Ortega,explicó que “hubo retardación de justicia y un mal manejo desde el principio”, porque los oficiales señalados no fueron suspendidos de su rol cuando se les denunció, tampoco se inició una investigación inmediata sino que fue después de que el caso tomara relevancia pública, que la Fiscalía actúo, pero no contra todos.
Espinoza, Parrales y Téllez Mendoza fueron encontrados culpables y condenados a 12 y 15 años de prisión. En los siguientes años han interpuesto diferentes recursos para quedar libres, el último intento fue en 2016 en la Corte Suprema de Justicia. No hay registros del sistema judicial que permitan conocer si los magistrados anularon la condena a esos tres policías.
Inspector de la Dirección de Operaciones Especiales premiado con un ascenso a comisionado
Quien tuvo mejor suerte fue Julio César García, el inspector de la DOE encargado de la seguridad de la residencia presidencial en El Carmen.
En los registros periodísticos hay declaraciones de la abogada del Cenidh, Andrea Rothschuh, asegurando que “el principal mencionado por la niña era Julio César García”, pero éste nunca fue acusado y tampoco el quinto oficial involucrado en el caso, quien no fue identificado por la Fiscalía ni la Policía.
Casi dos meses después de denunciarse el caso, y alegando “sanidad institucional”, en la Policía dieron de baja a cuatro de los señalados, incluido el inspector García.
Sin embargo, Julio César García apareció en 2019 ascendido a comisionado. En videos para conmemorar el 40 aniversario de la Policía, García apareció como miembro activo orgulloso de los fundadores de la “Policía Sandinista”.
“La revolución es la reinserción de los derechos que tiene el pueblo, guiado por el Frente Sandinista”, se le escuchó decir en ese video al comisionado García.
Ocupa INSS
Alrededor de las 4:00 de la madrugada del sábado 22 de junio del 2013 sucedió el ataque contra unos 200 ancianos que protestaban por conseguir una pensión reducida de vejez, lo que se conoció como “OcupaINSS”. Cientos de paramilitares y miembros de la Juventud Sandinista asaltaron, golpearon y desalojaron con brutalidad a los ancianos y a los jóvenes que les apoyaban en su demanda al régimen de Ortega.
“OcupaINSS” fue un movimiento autoconvocado de jóvenes que decidieron apoyar a los ancianos llevándoles agua, comida, frazadas y acompañarlos con música durante los cinco días que lograron protestar afuera de la sede central del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).
Tres cordones de policías habían cercado a los ancianos, pero no para protegerlos sino para evitar que los víveres les llegaran a los reclamantes de su pensión de vejez.
La Policía dejó que el grupo de choque de la Juventud Sandinista golpeara y asaltara a mujeres y hombres mayores de 65 años y a chavalos, quienes quedaron con las ropas desgarradas, con moretones, sin los víveres pero además se robaron vehículos. Siete años han pasado y aún sigue en la impunidad ese acto criminal.
El campesino mutilado
Las torturas son prácticas institucionalizadas por la Policía. Una de sus víctimas fue el campesino Juan Rafael Lanzas, quien perdió sus piernas como consecuencia de la brutalidad policial.
Juan Lanzas fue acusado de haber robado dos bombas de fumigar, un panel solar y un quintal de frijol, por lo que fue detenido el 29 de diciembre de 2017 en la comunidad de Cerro Colorado, en Matagalpa, al norte de Nicaragua.
El viacrucis del campesino lo documentó Expediente Público en el reportaje “La gangrena que carcome el Poder Judicial y la Policial en Nicaragua”. Un grupo de oficiales irrumpieron en la vivienda a las 4:00 de la mañana, tenían AK-47 con las que golpearon en todo el cuerpo a Juan Lanzas. Lo patearon fracturándole dos costillas.
Amenazaron a su familia y se llevaron varias pertenencias como supuesta prueba de un robo del campesino. Arrestaron a Lanzas y a su sobrino Jasoy Alfaro, entonces de 23 años.
En el reportaje, Juan Lanzas detalló que pasó 18 días en la cárcel preventiva de Matiguás, dentro del baño porque no había espacio en las celdas.
Haber pasado mojado día y noche fue su condena
Un dictamen médico determinó que una gangrena en los pies de Lanzas fue causada por una infección bacteriana que se produce en condiciones de insalubridad.
Los policías no mostraron compasión. Llevaron a Lanzas a su primera audiencia judicial el 11 de enero del 2018, donde el campesino se desmayó debido a la fiebre y el dolor.
Hasta entonces lo llevaron a Emergencias al hospital de Matagalpa. Dos semanas después, los médicos le amputaron ambos pies para salvarle la vida.
A Juan Lanzas le han negado justicia por las violaciones a sus derechos humanos, las torturas que recibió de los policías que lo detuvieron ilegalmente, y porque no recibió una atención médica oportuna.
Bastó que el jefe de la Policía, Francisco Díaz, negara una mala actuación de los oficiales para que el expediente de la denuncia de la familia de Lanzas fuese clausurado judicialmente.
La masacre en Las Jagüitas
“Yo vengo de la iglesia con mi familia. Me hicieron una emboscada y me cargaron a balazos. Lo que hago es huir, (pero) me siguen agarrando a balazos. Cuando vengo ya como a un kilómetro me poncharon las llantas del vehículo, yo vengo buscando auxilio porque vengo con las personas heridas”. Fue parte del relato de Milton Reyes la noche del 11 de julio del 2015, cuando su familia fue masacrada por agentes antinarcóticos, en el sector de las Cuatro Esquinas, comarca Las Jagüitas, en Managua.
Extraoficialmente, se dijo que era un operativo contra una banda de narcotraficantes a cargo de nueve policías antinarcóticos. En el vehículo acribillado no iban delincuentes, sino la familia Reyes Ramírez. Esa equivocación le costó la vida a los niños Efraín y Aura María Reyes Ramírez, de 11 y 12 años de edad, respectivamente, y a la tía de ambos Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años.
Resultaron heridos de balas Axel Reyes Ramírez de 13 años, hermano de los niños fallecidos y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años.
La mamá de los menores, Yelka Ramírez Delgadillo estaba embarazada y también fue herida de bala en una pierna cuando protegió con su cuerpo al hijo menor del matrimonio, Ezequiel Reyes, de 3 años.
“A los policías les pedí auxilio y ninguno me auxilió”, denunció Milton Reyes, quien aún tenía sangre en el rostro y la camiseta tras la tragedia que sufrió esa noche, cuando en la escena del crimen apareció la entonces primera comisionada, Aminta Granera, entonces directora de la Policía Nacional.
Ante las cámaras, Granera lloró y prometió justicia: “aquí habrá justicia”. Y ordenó al comisionado Ramón Avellan: “en este momento van presos a Auxilio Judicial” los nueve policías responsables de la masacre de Las Jagüitas.
Al final todos esos oficiales gozaron de trato preferencial por parte de la Fiscalía y la juez Cuarto Local Penal, Alia Dominga Ampié, quien no tomó en cuenta las declaraciones de la familia víctima, les bastó con que los policías admitieran los hechos, para darles sentencias reducidas.
Fueron 38 balazos en contra de la familia Reyes Ramírez, pero las autoridades tipificaron el hecho como “homicidio imprudente”. Las penas fueron entre dos a once años de cárcel, que no cumplieron en totalidad.
La doble masacre del capitán Salgado y su ascenso a comisionado
El jefe de la patrulla que perpetró la masacre en Las Jagüitas, era el capitán Zacarías Salgado, quien después en 2018 apareció libre, ascendido a comisionado y condecorado por “acciones heroicas” por el nuevo jefe de la Policía, Francisco Díaz, en el marco de la represión policial a las protestas sociales.
Salgado evidenció la corrupción y la protección política de la que gozan los policías por parte del gobierno. Pese a haber sido condenado a once años de cárcel por la masacre de Las Jagüitas, Salgado fue reintegrado a las filas policiales para participar en acciones de represión que derivaron en otra masacre el 19 de junio del 2018 en Masaya.
Experto francotirador, Salgado encabezó el operativo de policías y de civiles armados que dejó un baño de sangre en Masaya, para “rescatar” al subdirector de la Policía, Ramón Avellán Medal, de la estación donde llevaba más de dos semanas rodeado por las barricadas de los ciudadanos, como parte de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de ese año.
Al menos seis manifestantes fueron asesinados en ese operativo de la ciudad de Masaya. Luego de esta masacre, Salgado fue ascendido a comisionado mientras a Avellán el gobierno de Estados Unidos le achacó en 2019 la responsabilidad en la masacre de 107 personas durante las operaciones “Limpieza” en Carazo, Masaya y Granada.
Arresto por vender banderas azul y blanco
El grito de Tania Isabel González Solís, aquel 25 de agosto estremeció a Nicaragua: “¡Patria libre! Por vender banderas miren cómo me llevan”, exclamó cuando cuatro mujeres policías la cargaban violentamente para subirla a la tina de una patrulla de la Policía, en un video que se hizo viral en las redes sociales en Nicaragua.
La mujer de 38 años, es una comerciante de la ferretería bautizada El Cubano en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, al sur de Nicaragua. En ese lugar se vendían banderas plásticas de Nicaragua en el marco de las Fiestas Patrias de cada 14 y 15 de septiembre.
Ese martes 25 de agosto González vestía una camiseta azul y se disponía a vender banderas azul y blanco plásticas, previo al inicio de septiembre, el mes de las festividades patrias, cuando una patrulla policial con ocho efectivos irrumpió en su negocio para decomisar las banderas.
Sin justificación alguna, los gendarmes empezaron a reclamar a la comerciante y forcejear para arrebatarle el rollo de banderas plásticas con los colores nacionales y el escudo de la patria.
“Por vender banderas, miren cómo me llevan, por vender banderas en este país, por vender banderas. Aquí llevo la droga, miren las banderas, por vender banderas… ¡Patria libre! Patria libre!”, gritaba González, según se escucha en un video que sus vecinos filmaron al momento del arresto.
El argumento policial fue que algunos elementos de las banderas no eran los oficiales o estaban alterados: un arcoíris estaba diseñado con estructuras de bloque y no con los tradicionales rayos luminosos, lo cual a criterio de la policía, reflejaba los símbolos de los tranques de bloques y piedras que surgieron durante las protestas sociales de 2018.
El arresto de González, quien fue liberada cuatro horas después, no fue el primero que hizo la policía a personas por portar los símbolos patrios. Desde que inició la rebelión cívica en abril de 2018, portar la bandera azul y blanco se ha constituido en una causa de detención en Nicaragua, pero solo si se trata de opositores.
Ataque a protestas de universitarios
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), bajo el paragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), que investigó los crímenes contra la población civil ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, concluyó que habían méritos para investigar a toda la jefatura policial por crímenes de lesa humanidad, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo.
La protesta fue liderada por universitarios. Los primeros estudiantes muertos fueron víctimas de francotiradores apostados en el Estadio Nacional de Béisbol, ubicado al costado norte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), según las organizaciones de estudiantes, padres de las víctimas y videos documentados por el GIEI.
El 20 de abril de 2018, el mismo día que murió el adolescente Álvaro Conrado luego de recibir un balazo en su garganta, en las inmediaciones de la UNI, circularon en las redes sociales videos de policías con sus escopetas disparando contra los estudiantes en la zona de la Rotonda Rubén Darío, en el centro de Managua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 328 personas asesinadas desde que comenzaron las protestas en 2018, la mayoría a manos de la Policía y civiles armados leales al gobierno.
El oscuro papel de guardián de la dictadura
El 22 de abril de 2018 las calles de Managua amanecieron encendidas. Una noche antes habían matado en Bluefields, en el Caribe Sur del país, al periodista Ángel Gahona cuando transmitía en vivo las protestas.
Lea: A la Policía no basta con cambiarle el nombre y su uniforme para devolverle su credibilidad
En las imágenes de la transmisión se observa como Gahona camina cerca de policías cuando recibe un disparo en la cabeza. Esa misma noche también quemaban Radio Darío en León.
La madrugada del 22 de abril los medios de propaganda de la familia presidencial interrumpieron sus transmisiones para pasar imágenes de “grupos vandálicos” saqueando los comercios de la capital. El gobierno culpaba a la oposición de sembrar el caos en medio de las protestas, pero muy pronto quedaron en evidencia.
Muchos de los comercios saqueados tenían cámaras de vigilancia y comenzaron a salir a luz pública videos de cómo la policía movilizó en patrullas a los saqueadores, que eran en su mayoría jóvenes enviados por el gobierno para sembrar el caos.
Hay un video en particular donde dos agentes policiales, escopeta en mano, protegen a los saqueadores en un comercio de la zona de Linda Vista, un barrio de la ciudad de Managua.
Familia masacrada
No fue la última ocasión en que las cámaras de vigilancia pusieron en evidencia a la Policía al servicio de la dictadura. El 16 de junio de 2018 las cámaras de un negocio captaron cuando civiles armados, leales al gobierno, acompañados de la Policía irrumpieron en el barrio Carlos Marx, de Managua, y quemaron viva a una familia de seis personas.
Una masacre. Tres personas que sobrevivieron saltaron del segundo piso de la casa para huir de las llamas.
Los videos mostraban claramente que efectivos de la Policía participaron en la operación donde cuatro adultos y dos niños, de cuatro meses y de 3 años, murieron calcinados.
Cambio debe ser profundo
Vilma Núñez, presidente del Cenidh, dijo a Expediente Público, que subordinarse como aparato represor del gobierno de Ortega y al FSLN “es el final de un camino de corrupción a todos los niveles” en la institución.
“No se ha tenido la concepción de que la Policía sea una instancia independiente de garantizar la seguridad ciudadana, sino que desde su origen le pertenece al FSLN primero, y ahora directamente a Daniel Ortega. Ellos obedecen a sus mandos políticos”, criticó la defensora Núñez.
Lea: Expertos visualizan potencial hoja de ruta para una reforma policial
Cambiar ese modelo no bastará con reformar la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, 872, ni a la Constitución Política, porque en ambas se concibe a la institución subordinada al poder civil y de respeto a las leyes, a criterio de Núñez.
Para Núñez se necesitará “una desarticulación total” empezando por cambiar a todo el mando policial”, y después seleccionar de aquellos “que sean rescatables o no se han involucrado en crímenes contra los ciudadanos”.
