* Los opositores Tamara Dávila, Juan Sebastián Chamorro y María Laura Alvarado reflexionan sobre el desafío de reorganizar la resistencia contra la dictadura Ortega-Murillo.
** En el séptimo año de conmemorarse el levantamiento cívico el régimen de Ortega intenta borrar las huellas de abril de 2018.
Eric Lemus y Redacción Central
Expediente Público
Hace siete años, lo que inició como una protesta contra reformas al seguro social, se convirtió en una insurrección nacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La respuesta fue una brutal represión con delitos calificados como de lesa humanidad por Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos, que han identificado a los máximos responsables: 54 funcionarios del círculo de poder del régimen.
Hoy, a siete años del 18 de abril de 2018, lo que queda es un país bajo represión, una oposición fragmentada en el exilio y más de 300 víctimas sin justicia.
Pero también, como coinciden voces clave del exilio, persiste la esperanza de recuperar la democracia, aunque la construcción de nuevas formas de resistencia de la oposición, tanto fuera como a lo interno de Nicaragua siguen sin concretarse.
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¿Cuándo se unirá la oposición de Nicaragua?
Sin embargo, el paso del tiempo evidencia fracturas en el movimiento opositor que, a siete años de las protestas nacionales, no se superan.
«A mí me duele mucho que no hayamos logrado cohesionarnos en el exilio como una oposición fuerte», confiesa la expresa política Tamara Dávila. Y añade: «Siento una enorme deuda también conmigo misma, porque yo quiero regresar a mi país».
Dávila es de los 222 excarcelados políticos desterrados el 9 de febrero de 2023. Estuvo encarcelada 606 días en El Chipote, la terrible prisión en la capital, Managua. La expresa política fue acusada y sentenciada por «traición a la patria» por los fiscales y los jueces de la dictadura.
Para Juan Sebastián Chamorro, también expreso político desterrado, la clave está en comprender que la oposición nicaragüense es diversa y debe abrazar esa pluralidad como una virtud democrática.
“La unidad no es una sigla. Es unión en acciones específicas, con respeto a las diferencias. No se trata de seguir a un Mesías”, dice.
Chamorro, exaspirante presidencial desnacionalizado, rememora con crudeza los crímenes de hace siete años en la peor masacre cometida en Nicaragua en un período de democracia.
Para ambos opositores frente a un régimen que, apuesta por el aislamiento y la fragmentación, la construcción de una resistencia sólida en el exilio es una tarea pendiente.
Solidaridad como estrategia
Para la activista María Laura Alvarado, también exiliada desde 2021, uno de los pilares de la resistencia en el exilio ha sido la solidaridad.
“Se están compartiendo recursos, información legal, foros migratorios y campañas en redes para apoyar a quienes están fuera del país”, afirma a Expediente Público.
Alvarado insiste en que la ayuda entre exiliados y migrantes es una forma de resistencia colectiva frente a la violencia estatal. Igualmente, alerta sobre los efectos de la polarización y los discursos de odio entre los grupos de oposición.
“Mi mayor preocupación es que la polarización derive en un retroceso de los derechos ya obtenidos por mujeres y poblaciones diversas”, señala. Y reitera la necesidad de que Estados Unidos mantenga su apoyo bipartidista a la causa nicaragüense, como ha ocurrido durante años.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump canceló todos los programas de apoyo financiero a organizaciones opositoras de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
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Opositores de dictaduras deben aliarse
Carolina Barrero, activista cubana en el exilio, dice a Expediente Público que “la solidaridad democrática entre activistas que vivimos bajo dictaduras en Latinoamérica es crucial”.
Para Barrero, la historia compartida de represión y censura en Cuba, Nicaragua y Venezuela debe traducirse en una articulación regional de lucha por la democracia.
“Todos los caminos conducen a La Habana”, afirma, al recordar el papel del régimen cubano como mentor de modelos represivos exportados a Caracas y Managua.
Esa conexión entre dictaduras ha generado campañas conjuntas como “Está pasando de nuevo”, que denuncia los patrones represivos que se repiten en América Latina con los presos políticos, como las detenciones arbitrarias y desapariciones de opositores.
Sin embargo, Barrero celebra también un cambio de paradigma: “En Cuba, estamos viendo un giro humanista: la oposición ha priorizado alimentar, acompañar, abrazar. Esa atención al día a día es un gran acierto”.
Pero en algo coinciden los opositores nicaragüenses y la activista cubana y es que la respuesta para sacar a las dictaduras no vendrá de actores externos.
“Nadie vendrá a solucionarlo por nosotros. Esta lucha depende de nosotros”, dice Barrero.
Tamara Dávila coincide al afirmar en que la unidad de la oposición nicaragüense “es posible, aun siendo diferentes ideológicamente, podemos centrarnos en lo urgente: salir de la dictadura”.
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7 años de impunidad en Nicaragua
“Son siete años de impunidad. Más de 300 personas asesinadas. Es un momento para conmemorar esa valentía y honrar esas vidas que fueron arrebatadas por un régimen criminal”, afirma Dávila.
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Dávila insiste a Expediente Público que con el recrudecimiento de la represión “pareciera que el régimen tiene el control absoluto”.
La confiscación, destierro, impedir el ingreso al país a nicaragüenses son parte de los crímenes que se han sumado estos años contra los ciudadanos de Nicaragua. La prohibición de realizar procesiones católicas tradicionales en Semana Santa muestran la crueldad de un régimen señalado de persecución religiosa.
Sin embargo “no han logrado controlar nuestra capacidad de pensar críticamente, de no querer seguir en esta situación”, afirma.
Por otra parte, Ortega sacó a Nicaragua de foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El informe más reciente del grupo de expertos de la ONU, presentado en marzo de 2025, concluyó que el Estado nicaragüense no solo reprimió la protesta social, sino que implementó una política de persecución estatal dirigida a eliminar cualquier forma de disidencia política.
